El escándalo paramilitar en Colombia

Katalina Vázquez, desde Bogotá

A la parapolítica colombiana algunos le dicen fenómeno. Pero ya casi nadie cree que se trate de algo extraño, aunque a muchos los sigue sorprendiendo saber que sí es cierto que hay congresistas y gobernantes que recibieron y entregaron dinero y poder a los paramilitares. Esos políticos que se aliaron con los paras fueron los gestores de lo que hoy se conoce como parapolítica. Ellos son, entonces, los parapolíticos y el jueves tres fueron arrestados: los senadores Alvaro Araújo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof. Los detenidos fueron llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, que ya había ordenado la captura de otros tres congresistas. Están detenidos, después de indagatoria, Alvaro García Romero, Jairo Merlano y Erick Morris, también congresista, y la ex representante Muriel Benitorebollo. Así son ya diez los "padres de la patria" que están tras las rejas por sus relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Este es uno de los momentos de más alta tensión desde que la parapolítica está en la agenda pública de los colombianos. Durante los últimos años se murmuraba que la política y las fuerzas militares habían sido infiltradas por los paras, esos colombianos que se armaron hace tres décadas para defenderse de las guerrillas y poco después se convirtieron en extorsionistas, asesinos y narcotraficantes, que hoy están desmovilizados (ver aparte), en el marco de un proceso de negociación con el gobierno nacional. Y hasta del mismo presidente de la república, Alvaro Uribe, se ha dicho que tiene vínculos peligrosos con las autodefensas. El senador Gustavo Petro, del partido de oposición Polo Democrático Alternativo, anuncia para marzo un debate en el Senado sobre el papel de Uribe en la conformación de fuerzas paramilitares en los años noventa, cuando fue gobernador de Antioquia, una de las provincias más importantes del país, cuya capital es Medellín.

Así que las sospechas sobre la parapolítica no son recientes, pero sí se hicieron mayores y más tarde se demostraron cuando el ex jefe para Salvatore Mancuso entregó a la opinión pública el llamado Acuerdo de Ralito. Se trata de un documento firmado el 23 de julio de 2001 por 11 congresistas y los jefes paras Jorge 40, Diego Vecino, Don Berna y el mismo Mancuso. Los políticos y los paras se reunieron en Santa Fe de Ralito, al norte del país, para acordar y firmar un documento que define los términos para "construir una nueva patria". Los legisladores firmaron, entonces, un acuerdo con los jefes en una de las épocas de terror más agudas del paramilitarismo, y con delincuentes que eran, en ese momento, buscados por la Justicia.

"La infiltración de los grupos ilegales en la política no es un asunto nuevo. Lo que sucede ahora es que se hizo público un documento firmado por senadores y se están entregando pruebas de que hubo relaciones y pactos entre ellos y miembros de autodefensas", explicó para Página/12 el ex asesor de Paz Jaime Fajardo Landaeta.

Hoy el escándalo sacude a los más reconocidos parlamentarios, alcaldes, concejales y gobernadores del país. Son 60 las personas que la Corte Suprema ha llamado a declarar en el proceso que espera aclarar quiénes, por qué y con qué fines, han establecido relaciones de poder con los paras colombianos. El ex candidato presidencial Horacio Serpa, que dijo que "la curva de ascenso del presidente coincide con la consolidación del poder paramilitar y la celebración de pactos entre políticos y autodefensas", está en la lista de los llamados a hablar sobre este fenómeno que es la parapolítica colombiana.

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Cinco mil paras rearmándose

María Laura Carpineta

En Colombia, los paramilitares no son un problema del pasado. A sólo meses de las masivas desmovilizaciones que el gobierno de Alvaro Uribe tanto celebró, miles de paramilitares habrían retomado las armas y reorganizado sus actividades en las regiones dominadas por el narcotráfico. El gobierno reconoció que no sabe qué sucedió con casi cinco mil desmovilizados y que no tiene suficientes recursos como para asegurarles cobertura médica y una salida laboral a todos los hombres que participaron hasta ahora del proceso. Dos de los jefes paramilitares que se encuentran en prisión, Salvador Mancuso y Carlos Mario Jiménez, advirtieron a la Justicia que más de cinco mil de sus antiguos hombres, incluyendo 500 mandos medios, se están rearmando.

Como si estas cifras no fueran una alarma suficiente, cuatro dirigentes sociales que habían denunciado los crímenes del paramilitarismo fueron asesinados este último mes. Carmen Santana, Yolanda Izquierdo, Oscar Cuadrado Suárez y Gustavo Espitia habían ayudado a otras personas a denunciar las violaciones a los derechos humanos de estos grupos armados a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Este organismo es uno de los pilares que soporta el proceso de desmovilización y debería haberles garantizado seguridad a los denunciantes. Pero no sucedió. Como tampoco sucede con las cientos de familias que ya denunciaron amenazas y siguen desprotegidas de una red paramilitar que dista de estar disuelta, como asegura Uribe.

Pero para el gobierno los asesinatos, la quema de sedes de organismos de derechos humanos y las amenazas a intelectuales no son síntomas de la supervivencia del paramilitarismo. Como tampoco lo es que los territorios manejados por los nuevos grupos armados -simples bandas criminales para el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín- coincidan casi hasta el último centímetro con las regiones que antes manejaban los distintos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar del país que oficialmente ya no fue desmovilizado.

Estos nuevos grupos armados se hacen llamar Aguilas Negras y estarían ganando presencia en todo el país, especialmente en aquellas zonas donde el negocio del narcotráfico es más fuerte. "Hay lugares, como el departamento de Cauca, donde los narcos han contratado a personas desmovilizadas y otras que nunca se desmovilizaron para que les den protección", explicó a Página/12 Régulo Madero, uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

La visión de Madero y la del gobierno son parte de un debate que incluye a funcionarios, organizaciones sociales, intelectuales y a los propios jefes paramilitares. ¿Quiénes son estos nuevos grupos? Según el politólogo del Instituto Popular de Capacitación de Medellín, Jesús Balbín, hay tres respuestas. Para el uribismo son nuevos criminales que simplemente empezaron a ganar poder. Para las víctimas son la prueba de que no todos los paramilitares se desmovilizaron y no todas las armas fueron entregadas. Para Balbín, en cambio, la cuestión es un poco más complicada. Hay hombres y armas que no se entregaron, hay otros que se desmovilizaron pero al encontrarse sin dinero ni trabajo decidieron volver al oficio que mejor conocían, hay un negocio multimillonario ilegal que necesita protección ilegal y hay un sinfín de jóvenes desesperados y sin futuro que compran la promesa de poder y riqueza fácil.

El propio jefe paramilitar Ernesto Báez había advertido no hace tanto desde su prisión sobre las consecuencias de un proceso de paz hecho a medias: "Si no los ayudan a los desmovilizados, la próxima generación paramilitar será más violenta y sanguinaria que las anteriores".