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13/11/2012 :: Argentina

De profecías, monopolios y caminos alternativos

x Natalia Vinelli
El problema de la ley de medios en Argentina no es sólo con 'Clarín'. Los requisitos no tienen nada que ver con la televisión alternativa, popular y comunitaria

Ley de medios y el 7 de diciembre: El día después

Venimos esperando que se termine el mundo desde que arrancó 2012. La profecía del apocalipsis o el surgimiento de una nueva era, según la interpretación más o menos libre que se haga del calendario maya, nos tenía lo suficientemente preparados como para dejar que el tan agitado 7D nos oscurezca aspectos centrales de la ley de medios que siguen sin cumplirse. El fundamental, porque hace a nuestra práctica y porque consideramos estratégico en el marco de la construcción de poder popular, es el de la legalización y el fomento de los medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios, que a tres años de la sanción permanece en lista de espera.

Es claro que la cercanía del 7 de diciembre trae aparejada la polarización de las posiciones. Hoy todo se reduce a la pelea entre el gobierno y 'Clarín'. Así los balances sobre lo realizado en estos tres años desde que se aprobó la ley 26.522 quedan encorsetados en una lógica binaria, que impide la reflexión so pena de “hacerle el juego a la derecha” (si se le hacen preguntas a la ley o a su reglamentación), o de ser acusados de pertenecer al “coro de la dictadura K” (si se denuncia la conformación de los multimedios en el país). Nuestra propuesta es superar este binarismo haciendo todas las preguntas necesarias, pero sobre todo, instalando en el debate haberes y debes de cara a una efectiva aplicación de la ley.

Entre los “haberes” o puntos a subrayar, el más importante para nosotros es el debate que movilizó el proyecto y luego su aprobación. Pero no nos referimos a los “foros” más o menos institucionalizados que se realizaron en el país, sino a las discusiones en las calles, en los bares, en los hogares. La comunicación y el papel de los medios sobre la subjetividad social pasaron de ser tema de “especialistas” o “entendidos” a ser polémica en la mesa familiar, en el lugar de trabajo o en el barrio. Reaparecieron categorías como "manipulación" y ejercicios de "crítica ideológica" de los mensajes, que habían sido desechados desde la investigación académica en beneficio de unos análisis que privilegiaban al contrario la prolífica actividad de los receptores frente a los mensajes mediáticos, y por lo tanto destacaban su libertad de toda determinación.

Aunque sin ser profundizados y pese a verse simplificados de manera grotesca (por ejemplo, en el programa oficialista '678'), estos cambios favorecieron un cuestionamiento generalizado al papel que los medios cumplen sobre el imaginario social. El contexto regional, sobre todo a partir del golpe de Estado en Venezuela en 2002, colaboró en este sentido, generando un escenario proclive a la movilización que el gobierno, con el debate de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, supo capitalizar (sobre todo a partir de otro binarismo, aquel que oponía la “ley de la democracia” a la “ley de la dictadura”, dejando de lado que ésta última tuvo muchos más años de democracia que de dictadura, que en democracia se acentuó su carácter excluyente y concentrador y que los primeros años de kirchnerismo fueron más bien de “simpatía por el demonio” que de denuncia de los monopolios).

No obstante lo último hay que afirmar que la ley de medios significa un importante paso adelante, y que abre un escenario más amigable con los medios alternativos, populares y comunitarios que la anterior ley 22.285, que directamente prohibía la comunicación que no tuviera como fin el lucro. Pero que sea “más amigable” no significa que sea el marco legal más apropiado o que mejor interprete las realidades de estos medios. Incluso ni siquiera son tratados de este modo en el articulado de la ley, que los confina en la lavada figura “medios sin fines de lucro”, igualando las experiencias dependientes de las grandes fundaciones como la Ford o la AFA con los emprendimientos comunicacionales de las organizaciones sociales, lo que los pone en situación de gran desigualdad a la hora de pelear por el acceso a licencias.

El problema de la definición de los medios populares según la herramienta legal adoptada por los colectivos para funcionar y no por sus características y objetivos no es una cuestión menor. Eso salta a la vista cuando se revisan los pliegos de los dos llamados a concurso para televisión sin fines de lucro convocados en 2011 y suspendidos a mediados de este año. Valores restrictivos para la compra de los pliegos, 24 mil pesos [unos 4.000 euros] por mes para el ARSAT en concepto de antena, plan de inversiones en el corto plazo, declaración de empleados, obligación de establecer relación de dependencia laboral con locutores o programadores pueblan las bases y condiciones para concursar. No hay que rascar mucho para advertir que estos requisitos no tienen nada que ver con la televisión alternativa, popular y comunitaria.

En este sentido, desde el Espacio Abierto de Televisoras venimos peleando por un tratamiento como actor diferenciado dentro del sector sin fines de lucro. Esta batalla no la pudimos lograr durante el debate en diputados, porque si bien se describe a los “medios comunitarios” como tales en el artículo 4, no se vuelve a utilizar esta denominación en el resto de los artículos. Luego, durante la reglamentación de la ley, se hizo evidente que lo que faltó fue voluntad política del gobierno y seguramente mucha más presión desde las organizaciones populares para arrancar esta conquista, porque sí se estableció una “diferenciación positiva”…, pero según los considerandos y la reglamentación del inciso b del artículo 21, no para nosotros sino para las micro y pequeñas empresas.

Más allá de esto, que nos mantendrá organizados por nuestros derechos e intereses, tampoco es que se haya avanzado en la legalización de los sin fines de lucro a secas. Cosa notable, porque no existe ninguna medida cautelar que impida avanzar en la legalización de las experiencias que vienen emitiendo, que se censaron en 2009 (datos que no se dieron a conocer pese a ser información de carácter público) y que transmiten sin ningún apoyo oficial. Ésta es una de las deudas más importantes de la ley de medios: la demasiado lenta aplicación en lo que hace a la efectivización del 33 por ciento del espectro radioeléctrico reservado para este sector, que el Estado debiera garantizar y que es la única manera de enfrentar a los monopolios instalando otra forma de hacer comunicación.

¿Qué es lo que demora la legalización de estos medios? ¿Por qué en estos tres años se hizo tan poco por las voces populares? ¿Por qué, cada vez que se nos nombra, se nos exigen requisitos y una “sustentabilidad” que el Estado y el mercado no superan del todo bien, o directamente no superan si no es con financiamiento estatal a través de la publicidad oficial? ¿Por qué, en cambio, 360 TV, la UOCRA o C5N pueden "experimentar" en televisión digital solamente con un trámite y sin concursar? Lo que está frenado hasta el 7 de diciembre es el artículo 161 sobre la adecuación de los grupos multimedia a la nueva ley a través de una medida cautelar presentada por 'Clarín', que ni siquiera es extensiva al resto de los grupos que también tienen que desinvertir. Nosotros peleamos por que la desconcentración sea a fondo; la denunciamos desde la conformación de los multimedios en los noventa, escrachamos 'Clarín' y 'Radio 10' en el 2001 y montamos nuestros canales y radios cansados de ver nuestras realidades silenciadas o tergiversadas por los medios hegemónicos.

No están suspendidos el resto de los artículos. Por eso cabe preguntarse, a tres años de aprobada la ley (y no a meses o semanas del 7D), por las razones de esta política, porque a tres años la lentitud deja de ser inercia para convertirse en política. Creemos que los motivos hay que buscarlos en el paradigma de la comunicación que se viene imponiendo, que apuesta más por el cambio de manos entre un grupo empresario y otro que por el desarrollo de medios en manos de los sectores populares. Ojalá en lo poco que queda hasta el “fin del mundo” la nueva presidencia del AFSCA atienda estos reclamos y empecemos, entonces, a escribir otra nota.

Revista Sudestada

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