Elecciones en Perú el 12 de abril: entre la fragmentación y el estallido electoral

El 12 de abril Perú elegirá presidente y renovará el Congreso. Conviene recordar que estos comicios llegan después de una larga crisis política. Sus raíces se remontan, al menos, a 2016, tras la derrota de la ultraderecha fujimorista frente a la derecha tradicional representada por Pedro Pablo Kuczynski.

Más tarde, y sobre todo a partir de la victoria popular del progresista Pedro Castillo en 2021, la derecha tradicional y el centroderecha político comenzaron a descomponerse, dando paso a un ensayo de régimen autoritario asentado en el Congreso. Ese bloque encontró en el Ejecutivo a figuras funcionales como Dina Boluarte, José Jerí y, actualmente, José María Balcázar, bajo la hegemonía de la tríada ultraderechista conformada por Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Fueron esas mismas fuerzas las que clausuraron a sangre y fuego el estallido popular que se desarrolló entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

El golpe parlamentario contra Castillo no significó solamente la destitución reaccionaria de un gobierno popular. Fue, más profundamente, una ofensiva autoritaria contra la mayoría plebeya más contestataria del interior del país.

La tríada ultraderechista y la posibilidad de un nuevo 'outsider'

El avance de la ultraderecha en Perú no puede leerse como un episodio meramente coyuntural. Expresa, en realidad, una crisis estructural del régimen político surgido de la transición encabezada por Valentín Paniagua en 2000. Esa transición, aunque permitió la salida del autoritarismo fujimorista, dejó intactos núcleos decisivos del viejo orden. No reconfiguró de manera profunda la relación entre poder civil y fuerzas represivas. A diferencia de otros países de América Latina, no hubo mecanismos eficaces de control ni procesos serios de depuración institucional. El resultado fue la persistencia de narrativas que todavía hoy legitiman el accionar militar durante el conflicto armado interno. A ese déficit histórico se suma ahora el agotamiento del régimen neoliberal.

Desde aproximadamente 2016, la convivencia entre liberales y conservadores entró en crisis, revelando la incapacidad del modelo para construir una democracia sustantiva capaz de incorporar los derechos económicos y sociales de la mayoría. Ese proceso se profundizó con la desaceleración económica posterior a la caída de los precios de los 'commodities' entre 2012 y 2014, que estrechó los márgenes de inclusión social (para no aumentar los impuestos a los ricos) y amplificó el malestar ciudadano.

En ese escenario, la ultraderecha peruana logró afirmarse mediante una narrativa centrada en el orden, la seguridad y la reivindicación de las Fuerzas Armadas, negando la existencia de terrorismo de Estado durante el conflicto armado interno. Según encuestas recientes del Instituto de Estudios Peruanos, las principales figuras de este campo encabezan la intención de voto, aunque ninguna supera el 12 %. Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, se mueve aproximadamente entre el 9 % y el 11 % a nivel nacional, con una implantación policlasista en Lima, la costa norte y el oriente. Por su parte, Renovación Popular, encabezado por Rafael López Aliaga, registra cifras similares de entre 10 % y 12 %, lo que configura un empate técnico en la mayor parte de las mediciones. Pero ese dato también refleja un límite: ambos espacios parecen haber encontrado su techo. La base social de López Aliaga se concentra en Lima y en las clases altas, algo que quedó expuesto en sus intentos de desembarco en la sierra central y el sur andino, donde fue abiertamente rechazado por la población mediante contramanifestaciones.

Otras figuras del mismo campo muestran desempeños mucho más débiles, lo que anticipa un posible desplome electoral. El general José Williams, de Avanza País, rara vez supera el 2 % o el 3 % en intención de voto, una señal evidente del debilitamiento de su partido. Al mismo tiempo, la irrupción del ultraderechista Carlos Álvarez como probable 'outsider' introduce una variable adicional en la disputa. Comediante y colaborador del régimen de Alberto Fujimori en los años noventa, hoy aparece por el partido País Para Todos con cifras que, según el IEP, fluctúan entre el 4 % y el 6 %. Su candidatura puede disputar una parte del electorado que prioriza agendas de orden y seguridad.

La centroizquierda antineoliberal y el castillismo

En la contienda electoral de 2026, el campo progresista y antineoliberal se expresa fundamentalmente en dos espacios: Juntos por el Perú, que selló un acuerdo electoral con el presidente derrocado Pedro Castillo, y la coalición Venceremos, donde convergen sectores de la centroizquierda y de la izquierda tradicional.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú es Roberto Sánchez, un socialdemócrata moderado que, a partir de su acuerdo con el castillismo, radicalizó tanto su programa como su narrativa. En términos de intención de voto, su candidatura muestra un crecimiento sostenido: pasó de 0,6 % en enero a 2,4 % en febrero, 3,7 % en la primera medición de marzo y 6,7 % en la última de ese mes. Se trata de un crecimiento políticamente significativo, sobre todo en sectores populares del sur andino, la sierra central y la sierra norte.

Su principal fortaleza pasa por recuperar un método clásico de acumulación territorial: recorrer ciudades pequeñas e intermedias a las que no suelen llegar ni los candidatos de las clases dominantes ni los de las clases medias progresistas. Sánchez optó, además, por reivindicar abiertamente a Castillo y el programa de transformación social levantado en 2021. A eso se suma una agenda que incluye la renegociación de los tratados de libre comercio y el desplazamiento del tecnócrata neoliberal Julio Velarde del Banco Central de Reserva, cuestionando así la continuidad de la política monetaria vigente.

La coalición Venceremos, liderada por Ronald Atencio, no ha logrado crecer de forma sostenida y se mantiene en niveles modestos. Esta vez el bloque no está encabezado por Nuevo Perú, ya que Verónika Mendoza declinó postular. En las internas se impuso el partido Voces del Pueblo con Atencio, abogado del congresista injustamente preso Guillermo Bermejo, frente a la propuesta de Vicente Alanoca.

Venceremos intentó presentarse como una centroizquierda antineoliberal, pero tendió a subestimar una sensibilidad política decisiva: el castillismo, que sigue siendo una referencia central para las clases populares del mundo andino. Pese a la prisión de su líder y a su debilidad orgánica, esa corriente ha logrado mantener viva una narrativa de transformación social con arraigo territorial.

El progresismo neoliberal

El centrista Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, articula una propuesta que combina figuras del centro progresista con una narrativa institucionalista. Su candidatura exhibe un crecimiento moderado: 4,0 % en enero, 5,3 % en febrero, 6,8 % en la primera medición de marzo y 6,3 % en la última. Es decir, se ubica en un pelotón medio todavía competitivo.

Su lista parlamentaria incluye a figuras como el coronel de la Policía Nacional Harvey Colchado, conocido por su macartismo y por su involucramiento en la persecución política contra Pedro Castillo, junto con referentes del centro progresista como Indira Huilca, Ruth Luque y Mirtha Vásquez. El sentido general de esa propuesta es claro: introducir reformas cosméticas al modelo económico vigente bajo la premisa de que la contradicción principal sería la del «pacto mafioso». En los hechos, se trata de una reedición de la coalición paniaguista, con el centro subordinado a la derecha política.

Por otro lado, el centroderechista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, experimentó un crecimiento tardío pero relevante: de 0,5 % en enero y 0,3 % en febrero pasó a 2,1 % y luego a 5,4 % en marzo. Representa sobre todo a sectores de clases medias progresistas de Lima, sin conseguir un arraigo significativo en el sur andino.

El reto de reconstruir una mayoría popular

En las elecciones de 2006 y 2011, Ollanta Humala irrumpió con banderas nacionalistas como expresión de una recomposición del bloque popular subalterno, alcanzando votaciones cercanas al 30 % y un fuerte anclaje en el sur andino y la sierra central. Sin embargo, la renuncia al programa de la Gran Transformación produjo una ruptura entre dirección política y base social, reproduciendo una dinámica clásica de cooptación estatal.

La centroizquierda que lo acompañó no logró reconstruir esa mayoría. El Frente Amplio alcanzó un 18 % en 2016, mostrando los límites de una acumulación sin hegemonía. A la vez, se produjo un desplazamiento parcial del eje material. Aunque incorporó de manera acertada demandas de género y ambientales, las reivindicaciones estructurales ligadas a la redistribución de la riqueza y a la politización de la desigualdad perdieron centralidad. El resultado fue una creciente desarticulación entre agenda política y experiencia material de las clases subalternas.

La irrupción del centroizquierdista Pedro Castillo en 2021 reactivó una narrativa redistributiva, rupturista y nacional-popular. Sin embargo, su gobierno progresista fue acosado por la ofensiva de la ultraderecha y estuvo atravesado por una lógica errática que limitó la consolidación de reformas estructurales que podrían haber expandido su apoyo entre la clase trabajadora de la costa peruana. A pesar de eso, el castillismo mostró resiliencia y logró mantener vigente su programa de cambios.

Hoy esa persistencia se expresa en Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez y una propuesta parlamentaria integrada por exministros y nuevos liderazgos populares. Sánchez no encarna el mismo factor sorpresa que Castillo, pero cuenta con su respaldo y dispone de experiencia territorial. Eso le permite articular circuitos de comunicación popular, como las radios comunitarias, que funcionan en cierta medida como aparatos contrahegemónicos.

Reconstruir una mayoría popular es hoy el desafío central para derrotar al pacto mafioso liderado por la tríada ultraderechista. Los giros al centro no ofrecen una salida. La tarea pasa, más bien, por reconstruir la unidad del campo popular, identificar con claridad a los enemigos de clase y actuar antes de que se consolide una politización conservadora de amplios sectores de la población.

Juntos por el Perú tiene posibilidades reales de pasar a una segunda vuelta, donde probablemente enfrentaría a una fuerza de la ultraderecha. En ese marco, ciertas maniobras en las encuestas, que sobrerrepresentan candidaturas como las de Carlos Álvarez o Ricardo Belmont, buscan contener un posible estallido electoral mediante la dispersión del voto.

El voto por Roberto Sánchez aparece así como una forma de continuidad del ciclo abierto en 2021, anclado en el sur andino y en las clases populares. Aunque aquella experiencia fue bloqueada por el Golpe a fines de 2022, hoy vuelve a abrirse la posibilidad de su retorno a la política nacional desde el Ejecutivo. Lo que está en juego en esta elección no es solo la formación de un nuevo gobierno, sino la posibilidad de reconfigurar la correlación de fuerzas entre las clases sociales en disputa.

Las élites políticas de centro, derecha y ultraderecha se han lanzado al unísono contra la candidatura de Roberto Sánchez, acusándolo de traidor y oportunista para separarlo del votante castillista. No comprenden el nuevo escenario político: el castillismo está jugando un papel progresivo. Y, en esa medida, la centroizquierda tiene el deber de acompañar ese proceso de constitución de una nueva subjetividad política plebeya, aportándole densidad programática y horizonte estratégico para reconstruir una izquierda popular y radical.

Jacobinlat / lahaine.org