Elecciones en Haití, democracia, dominación imperialista y cascos azules: ¿de qué lado están los gobiernos de izquierda y progresistas?

Esa reforma estaba basada en un esquema de "gobernabilidad democrática" que debía permitirle al imperialismo ampliar y profundizar su dominación política, económica y militar en América Latina y el Caribe, sin necesidad de acudir a los métodos tradicionales, más descarnados y violentos, de injerencia e intervención.

Históricamente, el imperialismo norteamericano ha recurrido a un supuesto código de ética, basado en la defensa de la democracia, para encubrir o justificar su injerencia e intervención en América Latina y el Caribe. De acuerdo con ese código, los gobernantes de los Estados Unidos clasifican como democráticas a las fuerzas políticas que representan o se pliegan a sus intereses, y tildan de antidemocráticas a las fuerzas políticas que consideran sus adversarias. Esa doble moral adquirió una nueva cualidad desde el inicio de la "Guerra Fría" (1946), a raíz de la cual "la amenaza del comunismo" fue invocada como pretexto para imponer, en 1947, la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y, en 1948, la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA), acompañados de la promoción de dictaduras militares que sirvieran al gobierno y a los monopolios estadounidenses. La "defensa de la democracia" fue también el argumento para justificar la invasión norteamericana que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), la cual, a su vez, sirvió para afianzar el derecho de injerencia en el Sistema Interamericano.

A partir del triunfo de la Revolución Cubana (1959) y el subsiguiente auge de las luchas nacionalistas, democráticas, populares y revolucionarias en América Latina y el Caribe, el imperialismo norteamericano reafirmó el derecho de injerencia mediante las sanciones aprobadas contra Cuba en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en 1962. Sin embargo, como la política de agresión, bloqueo y aislamiento contra Cuba no destruyó a la Revolución, ni eliminó su ejemplo, el presidente Lyndon Johnson se sintió obligado a renunciar, de manera pública y formal, a la supuesta defensa de la democracia. La Doctrina Johnson proclamó que los Estados Unidos preferían contar con aliados seguros que con vecinos democráticos. Esa política se hizo efectiva en 1964, cuando el gobierno estadounidense apoyó el golpe de Estado que derrocó al presidente Joao Goulart, y creó en Brasil el prototipo de las dictaduras militares de "seguridad nacional" que asolaron a América Latina desde ese año hasta 1989. Durante veinticinco años, las dictaduras militares de "seguridad nacional" encarcelaron, asesinaron, desaparecieron, torturaron y enviaron al exilio a decenas de miles de latinoamericanos y latinoamericanas.

"Serán tiranos, pero son nuestros tiranos": reconoció en múltiples ocasiones la embajadora Jeanne Kirpatrick, representante permanente de los Estados Unidos ante la ONU durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989). No fue hasta que acabaron de cumplir sus objetivos, a saber, aniquilar a la izquierda y sentar las bases de la reforma neoliberal, que el imperialismo decidió renegar de sus tiranos, les achacó toda la responsabilidad por los crímenes cometidos, y reasumió su hipócrita defensa de la democracia y los derechos humanos, con vistas a utilizarla contra la izquierda y para mediatizar a la izquierda.

En medio de la crisis terminal de la URSS y el bloque socialista europeo -que abrió el camino a la imposición del llamado Nuevo Orden Mundial-, por medio de la invasión militar a Panamá (diciembre de 1989) y la guerra sucia que condujo a la "derrota electoral" de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua (febrero de 1990), el imperialismo norteamericano liquidó las últimas "amenazas" a su Seguridad Nacional en la América Latina continental. También apresuró la transición pactada de la dictadura de Augusto Pinochet, la única dictadura militar de "seguridad nacional" que aún subsistía, para dotar al neoliberalismo chileno de un rostro "democrático", con el propósito de hacerlo atractivo como modelo para el resto de las burguesías latinoamericanas y caribeñas.

Es en este contexto que George H. Bush impone la defensa de la democracia representativa como pilar político de la reforma del Sistema Interamericano, el cual había quedado desarticulado como resultado de la política de fuerza de Reagan, que llegó al enfrentamiento con sus pares latinoamericanos y caribeños en temas como el Conflicto Centroamericano, la Guerra de las Malvinas (1982) y la crisis de la deuda externa.

En las condiciones del mundo unipolar, el imperialismo norteamericano creyó que podría implantar en el continente un modelo de democracia neoliberal, que garantizara sus intereses sin recurrir a los métodos tradicionales de injerencia e intervención -tales como la invasión militar, los golpes de Estado, el fraude, las dictaduras militares, el asesinato, la tortura y otros- que llegaron a concitar tanto repudio de la opinión pública estadounidense y mundial. La democracia neoliberal es aquella que le rinde un culto absoluto a la forma (elecciones y pluripartidismo) pero desprovista de contenido, es decir, basada en un Estado incapaz de ejercer la soberanía nacional.

La idea era ceñirle al Estado latinoamericano y caribeño una camisa de fuerza, de manera que la satisfacción de los intereses imperialistas ya no dependiera de su capacidad de evitar, por métodos violentos o "pacíficos", el acceso al gobierno de fuerzas políticas locales que no fuesen de su absoluta confianza, sino que el sistema electoral pudiese abrirse a una alternancia de diversas fuerzas políticas, siempre que todas y cada una de ellas se comprometieran a respetar las "reglas del juego", en particular, las reglas de la transferencia de riqueza al capital financiero transnacional, que no permiten ejecutar una política de distribución social compatible con los objetivos históricos de la izquierda.

En función del nuevo esquema de dominación, el imperialismo y sus aliados en la región, adoptaron una actitud en apariencia tolerante frente a la participación de la izquierda en elecciones municipales, departamentales y nacionales. Esto no significa que favorezcan o sean neutrales ante los triunfos electorales de la izquierda, pero sí que se vean obligados a aceptar, al menos, una parte de esos triunfos para legitimar la democracia neoliberal. A esta política, iniciada por George H. Bush, le dieron continuidad los presidentes William Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001- ), cuya torpeza acelera su fracaso.

El imperialismo suponía que la camisa de fuerza impuesta al Estado latinoamericano y caribeño garantizaba que solo fueran electas al gobierno -y solo pudieran ejercerlo- las fuerzas políticas -de derecha, de centro o, incluso, de izquierda-, que no desafiaran sus intereses. Sin embargo, en esa definición no encaja la elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela (1998); tampoco cabe el respeto a la soberanía de Haití. Esta acumulación de hechos nos permite identificar un patrón.

Ya nadie puede pensar en "hechos aislados" -en "excepciones" en la política provocadas por acontecimientos imprevistos-, cuando se habla del intento de golpe de Estado, el "paro petrolero", el referéndum revocatorio y la desestabilización mediática contra Chávez; ni cuando se habla de la amenaza de interrumpir las remesas y deportar masivamente de los Estados Unidos a los inmigrantes nicaragüenses y salvadoreños, si triunfan los candidatos presidenciales del FSLN y el FMLN, respectivamente; ni cuando se habla de la intromisión en la más reciente campaña electoral boliviana para evitar el triunfo de Evo; ni cuando los marines yanquis derrocan, secuestran y envían al exilio al presidente haitiano Jean Bertrand Aristide. El fraude cometido para tratar de escamotear la victoria de Preval es la gota que colma la copa: es la prueba más reciente de que el imperialismo norteamericano fracasó en el intento de sustituir la injerencia e intervención grosera en la región, por el esquema de "gobernabilidad democrática".

Los acontecimientos ocurridos en Haití durante los últimos días sorprenden "en el lado equivocado" a varios gobiernos latinoamericanos integrados por partidos, movimientos y coaliciones de izquierda y progresistas, los cuales creyeron que podría haber algún grado de sinceridad en la prédica de la "defensa de la democracia", reemprendida por el imperialismo cuando las dictaduras dejaron de serle útiles. Esa confusión obedece, en parte, a que tal cambio en la política imperialista facilitó la apertura de los espacios electorales que le permitieron a esas fuerzas de izquierda y progresistas llegar al gobierno de sus respectivos países.

Para llenar un expediente de respetabilidad y buena conducta en el actual sistema de relaciones internacionales y, sin dudas, basados en la sincera creencia de que sus tropas en Haití podrían desempeñar un rol moderador dentro de esa fuerza de ocupación, esos gobiernos decidieron incorporarse a (o mantenerse en) la MINUSTAH. El resultado es que hoy tienen tropas en el contingente de los cascos azules de la ONU que, o ejecutó, o toleró o no evitó, o no supo evitar, el intento de fraude cometido contra Preval, y que, acto seguido, emprendió la represión contra el pueblo haitiano, cuando éste ejerció su derecho de protestar contra el fraude.

Cualquier semejanza con lo que sucedió en América Latina entre 1964 y 1989 no es pura coincidencia. La moraleja es que, dentro del heterogéneo espectro de la izquierda, puede haber muchos puntos de vista sobre qué es y qué no es democracia, pero, cuando, sea en lo conceptual o en lo práctico, una fuerza de izquierda coincide con el imperialismo en este aspecto, al margen de cualquier otra consideración, siempre debe preguntarse: ¿quién está en el "lado equivocado"?

Inprecor