Entre el retorno y la proscripción. El caso de Rafael Correa en Ecuador

Días atrás el Centro Democrático anunció la candidatura del binomio Andrés Arauz Galarza-Rafael Correa para las elecciones del 7 de febrero del 2021 en el marco del gran frente popular y progresista Unión por la Esperanza. Además, se inscribieron en Ecuador otros 17 precandidatos presidenciales, lo que compete a 23 movimientos y partidos políticos nacionales. Es posible advertir una estrategia similar a la que anunció Cristina Fernández cuando, en el marco de una persecución político-judicial similar a la que enfrenta Rafael Correa en Ecuador y los endebles equilibrios internos y externos, anunció que acompañaría la candidatura presidencial de Alberto Fernández. Un “renunciamiento” histórico pero que emergía –probablemente- como única condición para la victoria electoral. Sin embargo, la embestida política y judicial contra el expresidente y su espacio político abre un interrogante sobre la posibilidad de que pueda concretarse esta estrategia.

Se transita el último año del gobierno de Lenín Moreno, quien tiene al país sumergido en una profunda crisis económica y social –que se agravó aún más con el negligente desempeño frente a la pandemia- como así también político e institucional, que está licuando prácticamente la nula legitimidad que conserva el mandatario. Vale señalar que la segunda mitad del siglo XXI mostró una clara alteración de fuerzas en América Latina con el avance de las fuerzas de derecha y el repliegue de los gobiernos nacional-populares o de izquierda, sea mediante golpes de estado de nuevo tipo como los casos de Manuel Zelaya (Honduras, 2009), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Dilma Rousseff (Brasil, 2016) y Evo Morales (Bolivia, 2019); sea a través de procesos electorales como los de Mauricio Macri (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Lenín Moreno (Ecuador) y Luis Lacalle Pou (Uruguay).

En ambos casos, las derechas han apelado a los espacios políticos e institucionales para rearticularse y concretar sus objetivos políticos siendo el Poder Legislativo y el Poder Judicial los espacios dilectos. Para pensar el caso ecuatoriano nos abocaremos a éste último ya que, tanto el retorno como la proscripción de Rafael Correa, dependen de una definición político-judicial, claro está, teñida por los intereses y las ilusiones de las clases dominantes. ¿Será posible el regreso de Rafael Correa a la política nacional o se quemarán las últimas naves para impedir el avance de su candidatura? El desenlace aún está abierto (y es incierto).

Correa junto a Andrés Arauz Galarza, candidato a presidente

El derrotero ecuatoriano: del Buen Vivir a la restauración neoliberal

Lenín Moreno asumió en el 2017: había sido elegido por el expresidente Rafael Correa y su espacio político para continuar con el proyecto iniciado una década atrás. Si tenemos que hacer una breve síntesis, la Revolución Ciudadana se caracterizó por la política del Buen Vivir –a partir de la cual la naturaleza era considerada sujeto de derecho-, la diversificación de la matriz productiva, la auditoría de la deuda externa (que logró una quita histórica del 60%) y la estatización de la actividad hidrocarburífera, por mencionar algunas de ellas. De este modo, el viraje de Lenín Moreno apenas asumió no solo expresó una traición a su propio espacio político y base social, sino que también significó un proceso de contrarevolución que atentó contra los pilares y las conquistas del proyecto político que encabezó Rafael Correa. Ahora bien, esta ruptura conllevó a una reconfiguración de las alianzas políticas y económicas que los sectores dominantes no demoraron en responder favorablemente. Lenín Moreno terminó aliado a los históricos opositores de la Revolución Ciudadana, representantes del establishment económico.

El objetivo era la restauración neoliberal: promovió el recorte del gasto público, volvió a endeudarse con el FMI, impulsó un paquete de reformas conocido como “Ley de Reactivación de la Economía” y la “Ley Trole 3” (que modifica leyes concernientes a los tributos, los derechos laborales, finanzas y empresas públicas, alianzas público-privadas, etc.). Sin embargo, tuvo su punto de inflexión: la eliminación del subsidio a la gasolina generó grandes movilizaciones populares en octubre del 2019 que pusieron en jaque la gobernabilidad de Lenín Moreno quien acusó al correísmo de “incitar a la rebelión”.

Ahora bien, la condición de posibilidad de este proyecto político-económico tenía (y tiene) un bastión principal: la guerra judicial. Para ello, apelaron tanto al aparato judicial como mediático y emprendieron una “guerra contra la corrupción” cuyo único fin era la destrucción de la imagen pública de Rafael Correa y su inhabilitación política. Un primer paso, fue la destitución y el encarcelamiento de su compañero de fórmula, el vicepresidente Jorge Glas, por el supuesto cobro de sobornos por parte de Odebrecht entre el 2010-2012. Esto inauguró un proceso de persecución política creciente contra el expresidente como así también contra funcionarios/as, asambleístas y militantes de Revolución Ciudadana.

El rol de los medios de comunicación fue clave. Es preciso recordar que, durante la gestión de Correa, se había sancionado la Ley Orgánica de Comunicación que promovía, entre otras cosas, la transparencia en el manejo de la información y un trato especial en el caso de los procesos judiciales para evitar lo que se denomina popularmente como “linchamiento mediático” –ley que fue modificada por el actual presidente. Esto le valió a Correa numerosas calificaciones –principalmente la de autoritario- y acusaciones en prime-time que lo construyeron como el jefe de la asociación ilícita.

Sin embargo, la singularidad de Ecuador es que el lawfare se institucionalizó. Con Jorge Glas detenido, Lenín Moreno convocó a un referéndum para modificar la Constitución Nacional. La consulta planteaba: “¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?”.Además, planteaba otro punto sobre el principio de alternabilidad para que todas las autoridades sujetas a la elección popular puedan ser relectas una vez para el mismo cargo. El fin parecía bastante claro.

Procesos judiciales: ¿Es posible el regreso de Rafael Correa al país del lawfare?

En julio del 2017 Rafael Correa partió para Bélgica mientras que en su país se dio la apertura de numerosas causas y pedidos de detención contra el ex mandatario que fueron, en su totalidad, desestimados por la Interpol.

Tras un juicio en ausencia, en abril del 2020 Rafael Correa fue condenado por el “caso sobornos 2012-2016” junto a Jorge Glas, entre otros 11 funcionarios y 10 empresarios. Esta causa se inició por una denuncia periodística en abril de 2019 y una semana después la fiscalía abrió la investigación en un proceso maratónico. Para el Poder Judicial quedó “probada” la existencia de una red que le permitió a Correa obtener recursos de las empresas privadas para financiar la campaña política a cambio del otorgamiento de contratos con el Estado. El expresidente fue condenado a 8 años de prisión y 25 años de inhabilitación política por el delito de cohecho.

Las pruebas para tamaña condena fueron unos cuadernos (sí, exactamente igual que en Argentina) donde estaban anotados los distintos sobornos junto a la “cooperación penal” de dos acusadas, la ex asesora de Presidencia Pamela Martínez y la ex asistente Laura Terán, quienes “aportaron” las anotaciones con los supuestos pagos recibidos. Si, un modus operandi idéntico al de las causas de los cuadernos que impulsaron los medios de comunicación, Bonadío, Stornelli y compañía. El expresidente, al igual que otros 15 procesados, apelaron a la Cámara de Casación. Este recurso fue admitido y será tratado en una audiencia el 3 de septiembre. Esta apelación fue la que le permitió a Rafael Correa postularse como precandidato a Vicepresidente para las elecciones del 2021.

Cuenta, además, con un pedido de prisión preventiva por su supuesta participación en el secuestro de Fernando Balda ocurrido en Colombia en el año 2012, cuyo juicio aún está pendiente dado que, en este caso, no puede ser juzgado en ausencia. También hay otras causas en su contra, la mayoría bajo la carátula de “peculado” que van desde irregularidades en los vuelos presidenciales (otra coincidencia con las causas que promovía Bonadío) como en la renegociación de la deuda pública.

El sistema político-judicial e institucional, en su estado actual, no establece garantías para el ex mandatario. El desenlace sobre su candidatura es aún incierto ya que el reglamento de elecciones primarias establece que la aceptación de las precandidaturas es indelegable y personal. De este modo, Correa debería presentarse en el lapso de diez días ante los delegados del Consejo Nacional Electoral en Quito. Si todo falla para el expresidente, el plan B es el otro binomio presidencial presentado, compuesto por Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

Este es el objetivo de las guerras judiciales en América Latina: el retorno o el mantenimiento de los proyectos políticos de derecha en la dirección del gobierno y el Estado y la restauración del orden neoliberal, a partir de la eliminación de los adversarios políticos que postulan proyectos alternativos (deslegitimándolos y/o inhabilitándolos electoralmente). El caso ecuatoriano es paradigmático. So pretexto de salvaguardar la democracia, se crea un estado de excepción por medio de herramientas y mecanismos supuestamente legales que vulneran derechos y garantías elementales propias del Estado de derecho socavando toda legitimidad posible.

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