¡Extranjeros… afuera!

En Europa los supuestos culpables son inmigrantes que huyen de Africa o del Oriente cercano, perseguidos por hambrunas, crisis climáticas o guerras en las que las potencias occidentales han estado involucradas. También de algunos países de América Latina.

En la Argentina, son bolivianxs, paraguayxs, peruanxs, chilenxs y venezolanxs que han cruzado fronteras buscando disfrutar las migajas del Estado de bienestar que quedan en Argentina. Lo principal: Educación, salud pública y una legislación no discriminatoria contra los extranjeros.

La Nación Argentina se construyó combatiendo contra las potencias europeas: el colonialismo español, inglés, portugués y francés; pero, quienes muchos años después construyeron el Estado Argentino, no solo eran admiradores de Europa, sino que promovieron la inmigración desde ese continente. El desprecio por los gaucho y los originarios fue una constante en personajes muy influyentes de la segunda parte del siglo XIX, como Domingo F. Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Con la diferencia que Sarmiento creía que la educación podría conseguir que las razas nativas se elevaran, mientras Alberdi era más radical y escribía: “Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción: en cien años no haréis de él un obrero inglés”.

Esa admiración por Europa y por la inmigración de ese origen motivó que la Constitución Argentina de 1853 fuera muy favorable para los extranjeros. En su preámbulo dice expresamente que su objetivo es: “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Está redactado desde el concepto que los derechos son otorgados por la condición de habitante, no exclusivamente por la nacionalidad argentina.

La inmigración europea a la Argentina fue muy importante a principio del siglo XIX, al punto que el censo de 1914, mostraba que la tercera parte de la población era inmigrante.

Las primeras desilusiones de la oligarquía argentina con la inmigración europea se produjeron cuando muchos trabajadores de ese origen se involucraron o, peor aún, fueron organizadores de conflictos sindicales y de sindicatos de inspiración anarquista, comunista o socialista.

Miguel Cané, que fue el inspirador de la Ley de Residencia, se lamentaba en 1899 por que junto a “los hombres de buena voluntad, que llamaban para cultivar el suelo, ejercer las artes y plantear industrias vinieron enemigos de todo orden social, que llegaran a cometer crímenes salvajes, en pos de un ideal caótico, por decirlo así, que deja absorta la inteligencia y que enfría el corazón”

La respuesta oligárquica fue la ley N° 4.144, más conocida como Ley Cané, promulgada en 1902. Esta ley autorizaba al poder ejecutivo a impedir la entrada o expulsar a extranjeros “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. La Ley de Residencia estuvo vigente hasta 1958 y permitió la expulsión de miles de extranjeros, la mayoría activistas sindicales. El mensaje del gobierno cuando se envío la ley al Congreso hacía expresa referencia a “la huelga en que se han declarado numerosos obreros de distintos gremios, que amenazan el orden público, los intereses del comercio y la navegación y, por consiguiente, la riqueza pública”.

En 2017, durante el gobierno de Macri se aprobó un Decreto de Necesidad y Urgencia que introducía cambios en la Ley de Migraciones (25871) para poder expulsar del país en forma inmediata a extranjeros y extranjeras ligados a cualquier proceso penal. Esta disposición no contemplaba el tipo de infracción, si había condena o no, si la persona tenía residencia definitiva, si toda su familia estaba arraigada en el país, si tenía trabajo, etc. Pero esta vez las víctimas no iban a ser inmigrantes europeos, sino de los países vecinos.

La iniciativa de Macri fue acompañada por dirigentes de otras fuerzas políticas como Sergio Massa del Frente Renovador y Sergio Berni del Partido Justicialista. Durante el gobierno macrista hubo un promedio de 3.000 expulsiones por año. En 2021, el gobierno de Alberto Fernández derogó ese decreto, alegando que había incluido modificaciones a la ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

Patricia Bullrich está aprovechando la conmoción creada por los asesinatos producidos en Gonzalez Catán para volver a insistir con la posibilidad de expulsar a extranjeros, que ”cometan delitos”. Expresamente ha dicho que: “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente”.

De la misma manera que quienes aprobaron la Ley Cané, no estaban preocupados por los delitos comunes, sino por los trabajadores extranjeros que se sindicalizaban y que participaban en conflictos laborales dirigidos por la FORA, Patricia Bullrich y el gobierno de Milei no están preocupados por los asesinatos o los crímenes del narcotráfico.

Las leyes que quieren imponer están dirigidas a miles de migrantes que han conseguido su vivienda construyendo asentamientos [chabolas en tierras del Estado o a veces privadas] , que son parte de las organizaciones piqueteras, que organizan comedores populares en los barrios o llevan adelante proyectos de economía social. Les preocupa que sean parte de proyectos populares que muestran que hay alternativas a las propuesta egoístas del neoliberalismo.

La xenofobia de Milei y Patricia Bullrich tiene un sello de clase. El odio solo está destinado a los migrantes pobres. Uno de los artículos del DNU actual deroga la Ley de Tierras 2011, que pone límites a la titularidad y posesión de suelo a personas físicas y jurídicas extranjeras. Si esto se concreta, grandes empresarios extranjeros o empresas multinacionales tendrán menos dificultades para apropiarse de tierras y bienes naturales de nuestro país.

Recientemente Milei ha mostrado su entusiasmo por la posibilidad que el magnate sudafricano Elon Musk venga a invertir al país. La propuesta de vender a a YPF, Aerolineas Argentinas y otras empresas donde el Estado es dueño o tiene una fuerte participación accionaria, solo tiene como compradores posibles a empresas extranjeras. El esposo de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco, ha cultivado relaciones con el régimen de Israel y ha sido acusado de ser el nexo de venta de armas israelíes a nuestro país durante el gobierno de Macri.

La oligarquia de principios del siglo XX que dictó la ley de Residencia contra los inmigrantes pobres y rebeldes, suspiraba por vivir en Paris. Hoy quienes dicen: “los extranjeros afuera”, quisieran vivir en Miami, Berlín o Tel Aviv.

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