Furia minera en México. Obreros en batalla campal contra la policía: 2 muertos y 80 heridos

x Gustavo ruiz. La voz de Michoacán

Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich.- En un intento por desalojar a los mineros que tienen tomadas las instalaciones de SICARTSA desde hace 19 días, la PFP, PEP, y la Policía Ministerial fueron repelidos por los sindicalistas que apoyan a Napoleón Gómez Urrutia, tras cinco horas de lucha.

Quedó de manifiesto la falta de coordinación entre los tres sectores de gobierno, el intento de desalojo se había programado para las 06:00 horas de hoy, partieron del lugar de reunión los contingentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) con aproximadamente 600 elementos así como la Policía Ministerial con 175 policías.

Al llegar los elementos policíacos a unos 500 metros de la puerta dos del complejo, esperaban la llegada de la Policía Federal Preventiva (PFP) con alrededor de 500 elementos, quienes llegaron y de inmediato comenzaron el intercambio de proyectiles con los sindicalistas, por lo que el personal de la PEP y de la Ministerial tuvieron que intervenir apresuradamente sin antes implementar una estrategia.

En un autentico campo de batalla se convirtió parte del complejo SICARTSISTA así como las calles de Constitución de 1917, Rector Hidalgo y Libramiento en donde por espacio de cinco horas intercambiaron proyectiles, del lado policiaco gases lacrimógenos y por el lado de los mineros balines de acero de aproximadamente 10 cm. de diámetro.

Los huelguistas se apoderaron de tres trascabos con los que a modo de avanzada repelían los ataques de los efectivos policíacos, y tras de ellos alrededor de un mil quinientos revoltosos armados con balines, bombas molotov, piedras, palos y al parecer armas de fuego.

Alrededor de las 12:00 horas en un intento por retomar las instalaciones, los trabajadores en huelga con el trascabo empujaron dos vehículos que minutos antes acababan de incendiar, con lo que lograron replegar a las fuerzas policíacas al mismo tiempo cientos de obreros que caminaban tras del tractocamión armados con piedras y balines de acero lograron hacer correr a los mas de un mil policías, quienes ya nada pudieron hacer, mas que salir corriendo del lugar y abordar el primer vehiculo que pasara cerca de ellos para emprender la huida.

A las 13:15 horas a la cede del C4 en Ciudad Lázaro Cárdenas arribaron Gabriel Mendoza Jiménez, secretario de Seguridad Pública, Mario Bautista, director de la Policía Estatal Preventiva y Jaime Liera, coordinador de la Policía Ministerial, quienes sin emitir declaración alguna se dirigieron a una reunión privada con la finalidad de analizar los resultados del operativo y las estrategias a seguir.

En los datos preliminares se tiene conocimiento de tres mineros muertos, 45 policías lesionados, dos de ellos de gravedad quienes serán trasladados a la ciudad de Morelia, 10 vehículos incendiados, las oficinas centrales de Sicartsa incendiadas (Centro Monarca), las instalaciones de la empresa acerera fueron saqueadas por los paristas.

Así mismo se tiene conocimiento de cinco sujetos detenidos todos vecinos de Ciudad Lázaro Cárdenas y quienes responden a los nombres de Flavio Romero Suárez de 62 años de edad, Jesús Baltierra González de 52 años, Andrés Reyes Chávez de 40 años, César Augusto Godinez de 25 años y Samuel Baltierra González de 54 años, se esta investigando la posible participación de ellos en los sucesos de hoy.

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Fotos: La voz de Michoacan

La represión

x Luis Javier Garrido

El gobierno foxista se termina en un baño de sangre, luego de la brutal represión que hiciera el día de ayer (20 de abril) la Policía Federal Preventiva de los trabajadores mineros en huelga de Ciudad Lázaro Cárdenas (Michoacán), abriendo así un nuevo escenario político en el país.

1. La violenta represión llevada a cabo por el gobierno de Vicente Fox de los 3 mil trabajadores mineros de la sección 271 -que desde hace 18 días se hallaban en huelga ante la pretensión del gobierno foxista de imponerles a un incondicional suyo como dirigente sindical-, con saldo de varios muertos y más de 100 heridos de bala, es un indicador de las acciones que será capaz de tomar en las próximas semanas el grupo de panistas de El Yunque que gobierna a México ante el riesgo de perder el poder.

2. El nerviosismo no puede normar las acciones de un gobierno, en especial cuando el Ejecutivo se halla en manos de un individuo que desde meses atrás ha dado muestras de un profundo desequilibrio, y sin embargo, lo que era evitable aconteció. Varias voces se habían levantado ya en los pasados días para advertir de los riesgos que entrañaba para el país la desesperación de Fox y de sus amigos ante el fracaso de su gestión y las evidencias de que Acción Nacional perdería las elecciones de este 2006, como la de José Emilio Pacheco, quien señaló en Proceso (núm. 1537) que la violencia verbal de Fox y de sus adláteres Felipe Calderón y Manuel Espino era preocupante en extremo porque, enfermos de poder, muy fácilmente podrían pasar de las palabras a los hechos, como desafortunadamente ya aconteció.

3. La responsabilidad criminal por lo acontecido recae en términos constitucionales en el propio Vicente Fox, pero también en los directamente implicados en la matanza: Eduardo Medina Mora (secretario de Seguridad Pública) y, desde luego, Carlos Abascal Carranza (secretario de Gobernación) y su secuaz Francisco Javier Salazar (secretario del Trabajo y Previsión Social), quienes desde hace semanas, envalentonados por la impunidad de que disfrutaban tras haber logrado evadir su responsabilidad criminal por dejar morir a los trabajadores en la mina de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas (Coahuila) luego de la explosión del 19 de febrero, habían lanzado una escalada de iniciativas tendientes a un solo objetivo: destruir al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM), tal como lo exigen los consorcios trasnacionales y el nuevo primer ministro.

4. La escena de las fuerzas armadas disparando contra una multitud de trabajadores en huelga, armados sólo de piedras y palos, es un lugar común en la historia de América Latina, donde gobernantes sátrapas e imbéciles han cometido todo género de crímenes en su afán de imponer su voluntad a la realidad social. En México, sin embargo, la represión en Sicartsa de 2006 reviste la mayor de las gravedades, pues se le vio venir como consecuencia del empecinamiento de los extremistas de derecha que "gobiernan" a México desde Los Pinos en moldear la realidad social confome a sus intereses, y no se hizo nada por impedirla.

5. La actitud de los funcionarios del gobierno foxista hacia los trabajadores del sector minero a lo largo de las últimas semanas no fue sólo la de prepotentes servidores de los empresarios, afanosos de imponerles un nuevo marco legal para servir a unas cuantas grandes corporaciones, sino la de un desprecio y de un odio visceral hacia los trabajadores que probablemente no se veía en México desde los años de la Revolución Mexicana.

6. "Los mineros se las truenan", dijo por ejemplo Salazar en una entrevista con Milenio Diario (29 de marzo), tratando de responsabilizar a los trabajadores, y no a los empresarios, de la explosión en Pasta de Conchos (11 de abril), olvidándose de paso de que el gobierno es el principal responsable de lo que ocurra en las minas en materia de seguridad, pues las empresas que las explotan no son propietarias de éstas, sino simples concesionarias. Esto lo dijo un individuo que, como se sabe, tiene antecedentes penales, y aún así Vicente Fox lo hizo secretario de Trabajo, durante los días difíciles en que madres e hijos dolidos reclamaban los cuerpos de sus esposos y padres en Sabinas, por lo que se suscitó una andanada de exigencias para que fuese cesado, cosa que no hizo Fox, con las consecuencias que ya se ven.

7. El conflicto en Ciudad Lázaro Cárdenas, como no puede desconocerse, lo generó el propio Fox al pretender imponer a un líder charro, esta vez azul, al frente del sindicato minero, con la finalidad de buscar su desmantelamiento. El, como sus colaboradores Abascal y Salazar, fueron quienes en una serie de decisiones irracionales se empecinaron en terminar a la mala con el movimiento sindical en el ámbito minero a fin de satisfacer las exigencias de las grandes corporaciones concesionarias de las minas de tener una mano de obra barata y no sindicalizada, carente de derechos colectivos y sociales. Y es él, en fin, quien para satisfacer esos intereses de las tres grandes empresas concesionarias ahí enquistadas ordenó que la PFP desalojara por la fuerza a los 3 mil mineros en huelga, pues es el único que pudo legalmente hacerlo, y ello a sabiendas de que los trabajadores se iban a resistir en defensa de sus intereses legítimos. En todo caso, hace tres días había ya advertido, amenazador, durante un viaje por Michoacán, donde se entrevistó con los concesionarios, que esas empresas deberían "regresar" al trabajo, y que para ello "no había tiempo que perder en argumentos y debates políticos" (17 de abril).

8. Fox cumplió su promesa de intervenir con la fuerza pública poniéndose del lado de los empresarios y, por lo mismo, es sobre quien recae la responsabilidad criminal por dar la orden de tirar sobre trabajadores desarmados. Es él quien deberá enfrentar las acciones legales correspondientes que pueden llevar a su destitución, y es él quien, desde luego, deberá enfrentar el juicio de la historia, junto con los funcionarios venales corresponsables de la matanza: Abascal, Salazar y Medina Mora.

9. La primera reacción del SNTMMRM, que subraya la responsabilidad delictiva de Fox, y las de otras organizaciones sociales, que abiertamente lo llaman "asesino", dan cuenta del escenario de tensión que se está creando en el país en este año de elecciones y de relevo gubernamental, por la pretensión de los extremistas de El Yunque que gobiernan México, de no dejar el poder y de seguir gobernando con Calderón.

10. Los extremistas de derecha del PAN están demostrando en los hechos que son capaces de todo, y es por ello que urge detenerlos cuanto antes y someterlos a la razón y al derecho para evitar que el país vaya hacia la pendiente de violencia a la que ahora, sabiéndose perdidos, quieren llevarlo.

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Fotos: LaJornada

Cananea Otra vez

x Luis Hernandez Navarro

Sólo quien desconoce la gran tradición de lucha de los obreros del complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, puede sorprenderse ante su revuelta de ayer.

Sólo grises y autoritarios burócratas que ignoran la sólida capacidad de resistencia y voluntad autónoma de los trabajadores pueden pretender que éstos reconozcan dócilmente a líderes sindicales nombrados por el gobierno y no respondan a las agresiones de la fuerza pública.

El paro de labores, la toma de calles, la defensa de la autonomía sindical, el rechazo a las agresiones policiales por los trabadores de la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) no son cosa nueva.

La sección 271 obtuvo su registro el 14 de enero de 1973, cuatro años antes de que la planta acerera fuera inaugurada en forma oficial. Previamente, los obreros habían intentado sin éxito formar un sindicato independiente.

La combatividad de los trabajadores del complejo comenzó desde el momento en que empezó a construirse. En 1972, 1973 y 1976 movimientos con alto contenido de espontaneidad pusieron las banderas rojinegras. En 1977, con la planta en operación, sus obreros estallaron una huelga. Lo mismo hicieron en 1979.

El sindicalismo de clase practicado por los obreros de Sicartsa no era una excepción en el sector metalmecánico. Trabajadores de compañías como Altos Hornos de México o Fundidora de Monterrey también lo vivieron, con muchas dificultades, desde mediados de los 70 y los 80. Sin embargo, la crisis económica de 1982 y la política de reconversión industrial en el sector cambiaron drásticamente el entorno de la lucha. La mayoría de los focos del sindicalismo democrático fueron derrotados.

En 1990, Sicartsa se privatizó en favor del grupo Villacero y más de 2 mil 600 obreros fueron despedidos. Gran parte de los mineros más integrados al sindicato, en quienes había una experiencia organizativa y de lucha, quedaron fuera de la empresa. La sección se debilitó y se impusieron comités ejecutivos cada vez más ajenos a la base de los trabajadores y más cercanos a la empresa. Las consecuencias no se hicieron esperar. En 1999 fue mutilado el contrato colectivo al ser modificada la tabla del bono de producción y disminuido el salario de los empleados. A pesar de ello, no pudieron doblegar la voluntad obrera.

En julio de 2001, los empresarios dieron inicio a una campaña para formar un sindicato blanco y desaparecer el contrato colectivo. Sicartsa compró a los funcionarios de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, y en la revisión contractual, que vencía el 31 de julio, se archivó el expediente alegando que el sindicato no contaba con representación jurídica. Cuando los trabajadores discutían si estallaban o no la huelga, el entonces gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, quien apoyaba a la empresa, mandó 500 granaderos para intimidar a los mineros.

El 14 de octubre de ese año, los charros trataron de manipular una asamblea para hacer creer a la base trabajadora que si no abandonaba el sindicato nacional minero nunca lograría aumento salarial y que se requería formar un gremio "independiente", que en realidad es blanco. Tres días después, los trabajadores destituyeron al comité ejecutivo charro y acordaron convocar a elecciones.

El 23 de octubre, mil 823 mineros, de un total de 2 mil 600, eligieron en asamblea un nuevo comité local, el cual no fue reconocido por Sicartsa. Además, la empresa no dejó entrar a la planta a quienes estaban con el nuevo comité, levantó actas penales contra 12 trabajadores y despidió injustificadamente a 70.

En diciembre, los trabajadores instalaron un plantón en todas y cada una de las puertas de la planta para presionar a la empresa por su reconocimiento legal, mediante el cual impidieron la entrada de materia prima a la planta, así como la salida de productos. En lo que semeja una prefiguración de lo sucedido este 20 de abril de 2006, el día 19 de diciembre de 2001, granaderos provenientes de Morelia atacaron a golpes y balazos a los obreros que se encontraban en plantón y los corretearon por toda la ciudad. La población lo escuchó en la radio y muchos ciudadanos de Lázaro Cárdenas salieron a la calle a apoyar a sus vecinos: los trabajadores. La situación se invirtió y fueron los policías quienes terminaron correteados. El 20 de diciembre estalló la huelga. Finalmente los obreros ganaron.

Dos años y medio después, el 10 de agosto de 2005, las banderas rojinegras se colocaron nuevamente. Después de 10 días, el paro fue declarado inexistente. Sin embargo, los mineros mantuvieron tomadas las instalaciones durante mes y medio y obligaron a los dueños a negociar.

El 2 de abril de este año, los obreros estallaron una huelga por la pretensión gubernamental y de la empresa de imponer a Elías Morales como dirigente nacional del gremio y amenazaron con tomar el puerto. Los miembros afines a Morales fueron expulsados de la asamblea. Diecisiete días más tarde las autoridades laborales determinaron que el paro era ilegal.

Apenas 24 horas después de la declaratoria, los gobiernos de Michoacán y el federal enviaron a la policía a romper el movimiento gremial. Las fuerzas del orden actuaron con lujo de violencia. Los trabajadores se sublevaron y tomaron el complejo siderúrgico.

Apenas dos días antes, en Tultitlán, estado de México, los gendarmes dispararon por la espalda a un joven mexicano al que confundieron con un indocumentado centroamericano. El pueblo se amotinó.

Esos son los aires que soplan arriba; ésas son las tormentas que se están gestando abajo. La revuelta obrera en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es la nueva Cananea, la celebre huelga con que comenzó la Revolución Mexicana de 1910-1917.

La represión en Las Truchas muestra que, más allá de las distintas siglas partidistas, la intolerancia y la incapacidad son la norma de los gobiernos de Vicente Fox y Lázaro Cárdenas Batel. Ambos se han manchado las manos de sangre obrera en nombre de las leyes.