Guatemala: Rebelión popular y maniobras oligárquicas

El todavía presidente Alejandro Giammattei, acorralado por las protestas, solicitó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por un supuesto intento de golpe de Estado, al mismo tiempo que invitó a un Diálogo para tratar exclusivamente el tema de la aprobación apresurada del presupuesto de gastos del Estado.

Con esta maniobra, Giamnattei pretende dejar a un lado temas que de urgente importancia para la población, como el gasto de los fondos para combatir la pandemia, la reactivación de la economía, combate a la desnutrición, apoyo a las decenas de miles de personas que se quedaron sin trabajo, fuentes de ingreso por la emergencia sanitaria, financiamiento para las millares de familias que se quedaron sin vivienda y perdieron cultivos por las tormentas Iota y Eta, la corrupción que corroe las dependencias del Estado y un largo etcétera.

La invitación a este Diálogo elitista se hizo extensiva a ciertos organismos de estudios económicos y sociales, a la Universidad de San Carlos (USAC), al empresariado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), a algunas cámaras empresariales individuales como las de exportadores, industriales y de la construcción, y sorprendentemente, a la Alianza Evangélica de Guatemala. Tres de los centros de investigación invitados anunciaron que no participarían, por ciertos cambios de última hora que hizo el gobierno en la agenda, y porque no veían condiciones para una discusión seria.

Debido a que la Junta Directiva del Congreso suspendió el trámite para la aprobación del presupuesto 2021, el grupo de Diálogo convocado por el mandatario discutirá exclusivamente cambios al presupuesto 2020, que regirá de nuevo para el próximo año, pues el plazo para la aprobación del nuevo vence el 30 de noviembre.

Tal parece que las escaramuzas entre ambos bandos del conflicto interburgués han disminuido. La oligarquía y el CACIF jugaron bravuconamente manipulando el enorme descontento popular. Giammattei y su gobierno se declararon víctimas de una violenta conspiración; ambos, habiendo blandido al aire sus espadas de papel, ahora se han sentado a la mesa a repartirse el pastel de la discordia: el presupuesto de gastos del Estado para el próximo año, fuente de jugosas ganancias. Las poderosas familias oligárquicas ya tienen asegurado el fabuloso negocio de la compra de los bonos del tesoro del Estado a través de sus instituciones financieras, que pasará a engrosar la deuda pública. Pero eso no basta; además necesitan las inversiones público privadas en infraestructura y otros negocios que controlan alcaldes, diputados y gobernadores departamentales.

Estas maniobras de los grupos burgueses para arreglar sus asuntos no nos deben engañar. Si bien es cierto que la anómala aprobación del presupuesto 2021 fue el detonante de las movilizaciones del pasado fin de semana, constituyó más bien la gota que rebalsó el vaso. El descontento se venía acumulando por meses, debido al mal manejo del gobierno respecto a la pandemia de coronavirus, la bajísima ejecución de los gastos destinados a la atención a la población y muchos otros temas.

Las protestas no han cesado y llamamos a que continúen. El martes 24 salieron a las calles de la capital los pueblos originarios organizados en los 48 cantones de Totonicapán y el Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala, quienes pidieron la renuncia del presidente Giammattei, de los diputados del Congreso y la desarticulación del Centro de Gobierno.

La larga lista de demandas de la población debe encarnarse en una Coordinadora General Nacional de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares, que demande la renuncia inmediata del presidente Giammattei y todo su gobierno. Esta Coordinadora debe asumir el gobierno, que convoque inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y Popular.

Editorial de “El socialista centroamericano”, 24 de noviembre 2020.

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El presupuesto del 2021 será para abonar la deuda interna y externa

Armando Tezucún

El 2 de septiembre, el ministro de finanzas, Álvaro González, hizo entrega a la presidencia del Congreso de la República del proyecto de presupuesto General de la Nación para el próximo año 2021. El proyecto se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Finanzas del legislativo, y el pleno de diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo o improbarlo.

El monto total asciende a Q 99.7 millardos, el mayor que ha tenido el país en los últimos años, si no tomamos en cuenta las ampliaciones que se hicieron a presupuesto de 2020 por la pandemia, con lo cual ascendió a Q 107.7 millardos.

Lo primero que salta a la vista en el plan de gastos es que casi una tercera parte, Q 32 mil 647 millones, será financiada con deuda interna y externa. La orientación general del proyecto es la recuperación de la economía de los efectos de la pandemia del Covid-19, lo cual es correcto, sobre todo ahora que habrá que agregar la recuperación del desastre causado por la tormenta Eta. Pero el gobierno plantea implementar esta reactivación con una recaudación fiscal esperada de Q 61,426 millones, inferior a la que se espera para 2020, de Q 63,468 millones. Este absurdo pone en peligro a los trabajadores y el pueblo, pues en un futuro el gobierno podría recurrir a planes de ajuste para pagar la deuda, incrementando impuestos y recortando salarios y beneficios a los empleados estatales.

A finales de 2020 la deuda pública total será de Q 194,416.7 millones, un 33.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) esperado. Para 2021, si el proyecto de presupuesto es aprobado, ascenderá a Q 222,971.9 millones, el 36.3% del PIB (datos: Asociación El Observador). Hay que hacer notar que el 62.9% del total de esta deuda es interna, es decir consiste en bonos emitidos por el Estado, que son adquiridos por los bancos y entidades privadas de la oligarquía, y esta compra de bonos es uno de los principales negocios de estas entidades financieras. La Superintendencia de Administración Tributaria planea mejorar la recaudación de impuestos perfeccionando los trámites administrativos, lo cual es totalmente inefectivo cuando se sabe, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que existe una enorme evasión del Impuesto Sobre el Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta que en 2018 llegó a Q 40 mil millones. Esta evasión no es producto del contrabando y la economía informal, como hacen creer las asociaciones empresariales, sino que es sistemáticamente perpetrada por las empresas que hacen parte de los consorcios y grupos corporativos de los mismos bancos y financieras que compran los bonos del Estado; un negocio redondo.

En cuanto a la estructura del proyecto de presupuesto, se destina el 63% (Q 62,875.6 millones) a gastos de funcionamiento, un 22% (Q 20,597.1 millones) a inversión y el 16% (Q 16,227.3 millones) al pago de la deuda. El monto de inversión incluye Q 4,560.8 millones destinados específicamente a la reactivación económica; de ello, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Miciv) recibirá el 63%, destinado a cinco obras de infraestructura. Otros ministerios e instituciones estatales que manejan planes de apoyo directo a la población tienen destinado porcentajes mucho más pequeños: el Ministerio de Desarrollo Social un 11% (solo un 7% para programas de transferencias monetarias a los hogares), un 9% para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 4% para el Ministerio de Salud y 3% para el Ministerio de Educación.

Esto evidencia que la prioridad del gasto de reactivación va dirigido a la construcción de carreteras e infraestructura que interesan a los grandes grupos empresariales, que siempre identifican el desarrollo económico con el crecimiento de sus negocios. Los gastos en desarrollo social, salud, educación, vivienda, y apoyo directo a las familias y las y los trabajadores quedan en un segundo plano. Estas obras son: el Anillo Regional C-50, la Transversal del Sur, la Ruta Express Metropolitana, la construcción del Puente de Belice II, y el Muelle del Puerto El Arenal.

De esta manera, el ministerio con más incremento en su gasto es el Miciv, con un 69.2% de crecimiento en su presupuesto. Esto resulta sumamente preocupante si tomamos en cuenta los reiterados casos de corrupción que involucran a funcionarios de este ministerio. Por otro lado, ya hay denuncias de que el gobierno ha estado negociando favores a cambio de obras y prebendas en el presupuesto 2021, para la elección de nueva Junta Directiva del Congreso.

Como vemos, el proyecto de gastos 2021 está elaborado a la medida de los intereses de los grupos oligárquicos, sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades del pueblo trabajador. Su discusión debe darse no con los diputados corruptos, sino con las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, y comunidades que reflejan lo que realmente el país necesita.

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¡Abajo el represivo gobierno Giammattei-Castillo!

Armando Tezucún

El carácter represivo y violento del gobierno de Alejandro Giammattei se manifestó plenamente durante la jornada del 21 de noviembre. Tomando como pretexto el incendio de algunas oficinas del edificio del Congreso de la República provocado por un grupo de jóvenes, sobre todo universitarios, agentes de la Policía Nacional Civil y antimotines arremetieron salvajemente contra el grueso de los manifestantes ubicados en la Plaza de la Constitución, donde no se sabía lo que estaba sucediendo en la sede del legislativo.

Las fotografías difundidas por los medios de comunicación muestran palpablemente la saña con que los agentes de la represión atacaron a las personas aglomeradas en la plaza y calles aledañas, incluyendo niños y adultos mayores. Según información de la Cruz Roja, esta institución atendió a más de 60 personas por intoxicación de gases lacrimógenos. El Hospital San Juan de Dios atendió a 14 heridos entre 23 y 50 años de edad, y dos fueron trasladados al Hospital Roosevelt por trauma ocular. 37 personas fueron capturadas, muchas con lujo de violencia. Hacia el atardecer y primeras horas de la noche, la policía puso en circulación un vehículo que arrojaba agua a presión, atacando indiscriminadamente a los transeúntes, y agrediéndolos sin motivo. En algunas ciudades del interior las fuerzas de seguridad también atacaron a los protestantes con gases lacrimógenos, en especial en Huehuetenango y Quetzaltenango.

El Ministerio Público acusó a las personas capturadas de atentado, desorden público, manifestaciones ilícitas y depredación del patrimonio cultural. Durante el domingo 22 la mayoría habían rendido su primera declaración y los juzgados de Turno de la Torre de Tribunales les estaban otorgando órdenes de libertad por falta de mérito.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, afirmó que solicitará la destitución del recién nombrado ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y la del director de la Policía Nacional Civil José Antonio Tzubán, por los excesos cometidos por los agentes durante las protestas. Reyes justificó las capturas asegurando que se dieron atentados y actos terroristas.

Por otro lado, las piezas se están moviendo para que se de un diálogo entre las fuerzas burguesas en pugna. Por un lado, el día 21 el presidente Giammattei anunció que se está reuniendo con “…sectores y grupos de sociedad para analizar las modificaciones que en los próximos días se presenten, como una iniciativa de ley que reforme el Presupuesto 2021…” (La Hora 21/11/2020). Durante la noche del día 22 la Junta Directiva del Congreso y varios jefes de bloques de diputados se reunieron y decidieron que se suspende el trámite del Decreto 33-2020 que crea el proyecto de presupuesto 2021; esto con el fin de mantener la “gobernabilidad del país y la paz social” y crear el espacio de discusión (Prensa Libre 23/11/2020). El día 22 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades en contra de los ciudadanos que manifestaban pacíficamente, pidiendo además una investigación sobre la quema del edificio del Congreso.

Ese mismo día el presidente Giammattei solicitó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se haga valer la Carta Democrática Interamericana, para promover el diálogo entre las diversas fuerzas públicas con el propósito de asegurar el orden democrático constitucional del país. Según un comunicado del gobierno, la solicitud se hace por los “actos de violencia que coordinadamente han alterado la paz pública y ponen en riesgo la institucionalidad democrática en nuestro país…dichos actos no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado…” (comunicado del 22 de noviembre).

Es obvio que el peligro para el gobierno no son las manifestaciones que fueron salvajemente reprimidas, sino la conspiración en su contra por parte de las fuerzas de la oligarquía, utilizando entre otros medios, al vicepresidente Castillo. La invocación a la Carta Democrática tendrá que iniciar un diálogo entre las partes en conflicto. El CACIF y la oligarquía seguramente se están anticipando a la formación de una nueva oficina anticorrupción por parte del presidente electo Biden, reduciendo al orden a Giammattei y los empresarios y funcionarios corruptos que cobija bajo sus alas.

Los trabajadores, campesinos y fuerzas populares no debemos confundirnos ante estas maniobras en las alturas del poder burgués, ni mucho menos caer en el juego de respaldar a uno y otro. Nuestra meta no cambia, que renuncien el presidente, sus ministros y los diputados de Congreso, y que asuma una coordinadora de las organizaciones populares, que llame a la conformación de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.

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¿El pacto reaccionario toma control de la CC?

Úrsula Coj

Los pactos por las alturas de parte de las fuerzas ultra conservadoras se caracterizan por hacer un manejo patrimonial del Estado y en los últimos años, habían sido golpeados por fracciones reformistas burguesas sobre todo desde la Corte de Constitucionalidad (CC) que, con sus sentencias, buscaban manejar cierto equilibrio entre diversos intereses sociales.

Después del cese en su cargo por enfermedad del magistrado Neftalí Aldana, quien representaba a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la cual ha sido cooptada por este bloque de fuerza reaccionarias, pero cuyo representante se había aliado al bloque reformista, los magistrados de la CSJ lo reemplazaron por Roberto Molina Barreto, un oscuro personaje afín a estos intereses. La conformación de la CC es cuasi-corporativista, es decir está compuesta por cinco propietarios y cinco titulares, quienes representan además de la CSJ, al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y a la Universidad de San Carlos (USAC) que es la universidad pública.

Recordemos que este órgano procede del diseño constitucional de 1985 y actúa como garante de la constitucionalidad de leyes y, por ende, es el sostén institucional del actual régimen político. Por mucho tiempo fue afín a las facciones más reaccionarias de la burguesía, pero en los últimos años, había asumido decisiones más equilibradas, representando intereses de otras clases sociales, sin tampoco ser un freno al modelo de acumulación capitalista actual, solo manejando los efectos sobre los trabajadores y los pueblos.

Mientras todo esto se da en las alturas, en las calles el hastío al gobierno de turno – parte del pacto reaccionario mencionado- y en contra de todo el régimen político, se oye el llamado a una nueva asamblea constituyente que represente los intereses de los pueblos y de la clase trabajadora. El bloque mayoritario de la CSJ voto por 10 votos en contra tres la selección de Molina Barreto y Jorge Rosales Mirón como magistrado suplente.

Las magistradas que se opusieron, Delia Dávila, María Eugenia Morales y Silvia García Molina, adujeron que la sesión en que fueron electos Molina y Rosales fue controversial. El bloque mayoritario se negó a conocer dos tachas señaladas contra Molina, aduciendo que la elección no estaba regida por la Ley de Comisiones de Postulación, sino por el acuerdo 45-2020 que establecía sus parámetros excluyendo el conocimiento de tachas, y que sin embargo llegó al pleno sin firmas; la sesión tuvo que ser suspendida para que se estamparan las firmas. La elección fue ya impugnada ante la CC, por la irregularidad de su procedimiento.

Molina Barreto, recordemos, fue candidato a la vice-presidencia por el partido VALOR, que presentaba a la hija del ex dictador Enfrían Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, pero la cual no pudo participar por que la Constitución se lo impide al ser hija de un golpista. Este es un partido heredero del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco, fundado en la década de los ochenta del siglo pasado, por el ex dictador. El actual VALOR representa a la derecha más reaccionaria y anti-comunista, la cual es parte de las bancadas oficialistas.

Molina Barreto ya fue integrante de la CC en dos ocasiones, y favoreció con su voto la anulación de la condena por genocidio contra el ex jefe de Estado de Ríos Montt, rechazó un amparo para evitar el funcionamiento del Transurbano y votó por mantener la inmunidad del expresidente Otto Pérez Molina en 2015. Además, fue abogado de Represa Internacional, empresa vinculada a Gustavo Herrera Castillo, prófugo en Nicaragua, por una estafa al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, protegido por Daniel Ortega. Rosales Mirón fue diputado por el Partido de Avanzada Nacional y actualmente es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación de Gimnasia.

Con la integración de Molina y Rosales a la CC se fortalece el bloque de magistrados que se caracteriza por favorecer a funcionarios corruptos e intereses empresariales. Queda en entredicho el resultado de amparos planteados, como los que buscan dejar sin efecto la clausura de instituciones creadas por los Acuerdos de Paz, o el que busca el cierre del Centro de Gobierno, dirigido por el protegido del presidente Giammatei, Miguel Martínez.

Es muy posible que el equilibrio que la CC había venido jugando se rompa, ahora afín a este pacto de funcionarios que se caracterizan por un manejo corrupto y patrimonial de las instituciones públicas y por empresarios oligarcas que han organizado el Estado para sus intereses. Por ende, como se está viendo en las calles y ante la embestida represiva de parte de las fuerzas de seguridad, le toca a las organizaciones populares y partidos que se denominan de izquierda, crear un gran frente unido con un programa revolucionario, que coordine la movilización social.

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