¡Eran niñas!: El doble infanticidio en Paraguay

Violencias sistemáticas a los DDHH, persecusión a activistas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y crímenes de líderes campesinos son el telón de fondo del aberrante asesinato político de dos niñas.

Haciéndolas pasar por guerrilleras peligrosas, además el gobierno justificó los crímenes y obstaculizó la entrega de los cuerpos a sus familias, quienes aseguran que fueron torturadas y camufladas sus vestimentas para pasar por enfrentamiento lo que fue un doble infanticidio.

Mariana de Jesús Ayala López, abuela de las nenas, con sus fotografías.

El 2 de septiembre las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del Ejército Paraguayo asesinaron a dos niñas de 11 y 12 años, y buscaron presentar el hecho como un triunfo sobre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En la operación militar y mediática estuvo involucrado el actual presidente Mario Abdo Matínez (h) y el general paraguayo Héctor Grau.

“Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal. El operativo se mantiene en desarrollo en la zona. La seguridad y la paz de la población paraguaya es objetivo primordial del Estado y como Gobierno no descansamos en la lucha contra estas organizaciones criminales”.

El tuit anunciando este “valiente” triunfo sobre la guerrilla, es del actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Martínez (h), hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stoessner. Nicolás Retamar informa que “Marito” (como se hace llamar para que lo distingan de su padre de igual nombre y de idéntica convicción fascista) terminó sus estudios secundarios en EEUU en 1989, es Sub-Teniente de Aviación de Reserva, nombrado por el Comando de Aeronáutica como Paracaidista Militar. También en EEUU se recibió de Licenciado en Marketing Político en la Post University. Su tuit disparó la campaña publicitaria que buscaba presentar al gobierno como exitoso en la “pacificación del país”.

El paracaidista aterrizó con sus mentiras estrepitosamente. Los “dos integrantes del grupo armado, abatidos en Yby Yaú”, en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amambay (una zona altamente militarizada debido a los conflictos de tierras) resultaron ser dos niñas argentinas, María del Carmen Villalba y Lilian Villalba, de 11 y 12 años, que vivían con su abuela en la localidad misionera de Puerto Rico, escapando de la persecución que sufren sus familias en Paraguay.

Las niñas eran sobrinas de Carmen Villalba, presa política del EPP desde el año 2004, quien en 2010 perdió a su hijo Néstor, de 14 años, en un caso dudoso de mala praxis en un hospital de Formosa. En aquel momento doloroso, tanto a Carmen como al padre del niño, Alcides Oviedo (también preso del EPP), les fue negado el permiso para asistir al entierro de su hijo. La violencia contra los niños y niñas es un modo de extorsionar a las familias para doblegarlas. Resulta evidente que la impunidad de los crímenes de la dictadura permite que el aparato militar policial penitenciario continúe intacto.

Miriam, la madre de Lilian, dijo que tiene miedo por los niños y niñas en San Alberto, territorio donde el gobierno actúa con impunidad y sin descanso en la persecusión y agresión de activistas y sus familias.

Frente al asesinato de las niñas, la primera respuesta del gobierno paraguayo fue, como se ve, el encubrimiento y el intento de presentación del mismo al modo de los “falsos positivos” colombianos. Sus cuerpos fueron fotografiados con uniformes militares –que luego fueron rápidamente quemados con la excusa del COVID- y ellas fueron enterradas. Los medios de comunicación informaron que eran líderes guerrilleras abatidas, después que eran jóvenes entre 15 y 17 años partícipes del grupo armado.

A partir de los numerosos reclamos nacionales e internacionales para que se esclarecieran esos hechos, se autorizó la exhumación de los cuerpos, negándose de todos modos la participación tanto de sus familiares como de Daisy Irala, abogada de la defensa, y del representante del consulado argentino en Paraguay.

Miriam Villalba, madre de Lilian Maria (12 años), una de las niñas asesinadas, y tía de María del Carmen (11 años), manifestó que “las niñas habían viajado a Paraguay a visitar a sus parientes, pero no pudieron regresar a la Argentina por las restricciones sanitarias impuestas por la cuarentena”.

En Conferencia de Prensa realizada en Posadas, Misiones, Miriam expresó: “Nosotras no vamos a dejar impune la sangre derramada por nuestras hijitas, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ellos ejecutaron a mi hija y a mi sobrina de 11 y 12 años”. Miram Villalba, hermana de Carmen, acusó al Ejército paraguayo de capturar con vida y torturar a una de las niñas.

“Peleamos mucho para que nos entreguen los cuerpitos. Estamos seguros como familia que fueron torturadas, porque a Lílian la agarraron viva, la torturaron, la ejecutaron y la vistieron con ropa camuflada posterior a eso para cubrir todas las atrocidades que cometieron. Trataron de deshacerse de todas las evidencias, le quemaron todas las ropitas. A mi hijita, luego de la autopsia que le hicieron, la enterraron en una fosa común en una caja de cartón”.

La Cancillería Argentina, la CIDH, y otras instancias internacionales exigieron al Estado paraguayo una investigación creíble sobre las circunstancias en que se produjeron estos crímenes de lesa humanidad. El gobierno argentino rechazó por absurdas las expresiones del general paraguayo Héctor Grau, jefe de las FTC, que acusó a la Argentina de “convertirse en una guardería de soldados del EPP”, tratando de involucrar al gobierno argentino en las acciones del EPP, y de presentar a las niñas como peligrosas guerrilleras.

Las FTC fueron creadas en el año 2013, con un presupuesto de 14 millones de dólares anuales, para dedicarse exclusivamente a desarticular al EPP. De modo que este tipo de actuación escandalosa no es improvisada, ni se debe a falta de recursos. Las fuerzas represivas operan en complicidad con los ganaderos, los sojeros y los narcotraficantes locales y brasileños, que se benefician de la absoluta impunidad.

En otra declaración absurda y violenta, el Ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Eduardo Petta, realizó afirmaciones criminales, ironizando sobre el reclamo del gobierno argentino, preguntando si éste se refería a la muerte de niños en la Batalla de Acosta Ñu durante la Guerra de la Triple Alianza. Entre los primeros en responder al comentario de Petta estuvo el historiador paraguayo Fabián Chamorro, quien cuestionó sus conocimientos sobre los hechos acontecido en 1869, ya que específicamente en la batalla de Acosta Ñu, participó el ejército brasileño.

De todos modos, más allá de la expuesta ignorancia del Ministro de Educación, queda en evidencia que su intervención tenía como objetivo distraer la atención de las demandas de justicia. También se busca distraer de la denuncia de estos hechos, el escándalo generado por la acción solidaria de un grupo de jóvenes feministas, que se manifestaron y pintaron el panteón de la patria. Además de ser judicializadas, distintos grupos nacionalistas amenazaron con salir a cazar feministas. La xenofobia, la mentira, la misoginia, la hostilización de las relaciones internacionales, fueron las respuestas del gobierno fascista y de sus grupos afines.

La Coordinadora de DDHH del Paraguay (Codehupy) alertó ayer que el enfrentamiento informado por el Gobierno presenta características inquietantes de un "crimen de Estado". La indignación que produce este infanticidio de Estado, se nutre del reconocimiento que no es el primer crimen producido por estas fuerzas militares y policiales. La pena de muerte, sin juicio, sin investigación, por parte de los aparatos militares del terrorismo estatal, a activistas del EPP, y también a líderes campesinos, campesinas y a sus familias, son moneda corriente en Paraguay. La investigación deberá abarcar estos crímenes y también las violaciones sistemáticas de los DDHH, así como las múltiples complicidades que sostienen la impunidad.