Incierto futuro para un Perú en paro indefinido contra el golpe de Estado

Luego de la tregua por Navidad y Año Nuevo, las protestas populares para exigir la renuncia de la presidenta golpista Dina Boluarte y su régimen, el adelanto de elecciones para el 2023 y una nueva Constitución se reiniciaron en todo Perú, esta vez sin las trágicas consecuencias de diciembre pasado. 

Miles de peruanos y peruanas, de sur a norte y de este a oeste comenzaron el miércoles el paro por tiempo indefinido contra el golpe y exigiendo "que se vayan todos", comenzando por la actual mandataria Dina Boluarte y el Congreso, ambos “corruptos y golpistas”, así como la convocatoria a Asamblea Constituyente y la libertad del ilegalmente depuesto presidente Pedro Castillo.

La policía, junto con el ejército, mantuvieron la defensa de la infraestructura clave para evitar avances populares, aunque se registraron múltiples actos represivos. En el centro de Lima, la Policía Nacional de Perú (PNP) atacó con bombas lacrimógenas a manifestantes que intentaban llegar al Congreso tras realizar una movilización de la Plaza 2 de Mayo en el Cercado de Lima.

En Perú se iniciaron el pasado 7 de diciembre una ola de protestas luego del golpe de Estado parlamentario que llevó a la  destitución y arresto del ex presidente Castillo. La represión a esas protestas dejó al menos 34 muertos en ataques de policía y ejército a manifestantes.

Los analistas apuntan a la figura del corrupto y torturador presidente del Congreso, José Williams Zapata, general en retiro y dirigente de un partido de extrema derecha, uno de los principales instigadores para la destitución de Petro Castillo, quien pareciera beneficiarse indirectamente del paro para suceder a Dina Boluarte en la presidencia de Perú. Zapara es acusado de violación a los DDHH, enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico según la misma DEA de EEUU.

El 2021 fue acusado de encubrimiento en la masacre de Accomarca, ocurrida en 1985, donde fueron asesinados de 69 campesinos y según la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú, en 2006 Williams fue acusado por enriquecimiento ilícito, cuando presidia el Comando Conjunto del Ejército. Según informacions de medios mexicanos, se involucró asimismo con el narcotraficante cartel de Tijuana.

Paralización de actividades en todo el país

Las protestas antigubernamentales se iniciaron en forma pacífica y en un clima de tensión, con bloqueos de carreteras, aunque con el correr de las horas el aumento de la represión policial y militar llevó a enfrentamientos.

 Como estaba previsto, la jornada del miércoles tuvo a la región surandina de Puno como principal protagonista. Desde el amanecer fue bloqueada la vía que comunica a ese territorio con Bolivia, incluyendo la carretera Interoceánica, que enlaza el sur de la costa peruana con Brasil. Hubo paralización de actividades y marchas en casi todas las provincias sureñas, según reportes de esos lugares.

Este jueves más de 40 carreteras importantes han sido bloqueadas por parte de los manifestantes. De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y el reporte del Centro de Gestión y Monitoreo, estos 40 puntos donde está interrumpido el tránsito afectan a grandes áreas del sur del país.

Este es el segundo día consecutivo, luego de reanudarse el miércoles, de las manifestaciones que piden la renuncia de Boluarte, la liberación del mandatario depuesto Pedro Castillo, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones para este año.

Desde horas de la mañana se reportaron bloqueos y concentraciones también en otras regiones del país, entre ellas Ica, Cusco y Arequipa. En Tacna sectores de la población marcharon hasta el centro cívico de la ciudad, sumándose a las demandas y exigiendo justicia para las personas que muertas y heridas durante la represión de las protestas por parte de las fuerzas militares y policiales.

Además, las comunidades campesinas de la provincia de Calca y Yanatile en Cusco también se movilizaron para demandar la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso. A la protesta en esa región se unieron miembros del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil.

Asimismo, en Ayacucho pidieron justicia para las víctimas de la fuerte represión registrada el pasado 15 de diciembre en ese departamento. En Junín, al centro de Perú, cientos de manifestantes bloquearon el puente de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, impidiendo el paso de camiones.

La Defensoría del Pueblo reportó que 30 provincias a nivel nacional mantienen acciones colectivas de protestas, entre huelgas, movilizaciones, paralizaciones y/o bloqueos de vías. Las protestas agudizaron la incertidumbre: incierta es la supuesta desmilitarización nacional cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son uno de los soportes del régimen de Dina Boluarte y reprimen sin contemplaciones.

Indicó que no le corresponde al ejército ni a la policía resolver este conflicto. “Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida de amplio consenso que le devuelva la tranquilidad y paz al país”, indicó en su comunicado.

 “Incierto es incluso que las elecciones sean el 2024, si las protestas arrecian quizás se adelanten al 2023 y si el gobierno se empodera quiera quedarse hasta el 2026; muy incierto y desalentador es el surgimiento de ideas y sangre nueva en un país aplastado por la vieja clase política que ha taponado toda propuesta de recambio. Predecible nuestra desgracia nacional, incierto nuestro porvenir, señala Rudecindo Vega Carreazo."

CLAE