Intermediación, capítulo dos

Si no fuese por la trascendencia de la presente coyuntura, el intercambio epistolar entre el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR EPR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) podría leerse apenas como los escarceos habituales entre dos actores circunstancialmente enfrentados que, finalmente, acabarán negociando. Pero este caso no es así.

La desaparición forzada (delito de lesa humanidad contemplado en tratados internacionales que México ha suscripto) de dos ciudadanos en territorio mexicano reviste de una gravedad tal que no puede abordarse desde otra perspectiva que no fuese por su solución, debido a que sólo el esclarecimiento de este hecho permite algún reaseguro a futuro. Los otros escenarios, la no aparición o que estén muertos, auguran altas cuotas de imprevisibilidad e incertidumbre.

Por lo tanto, este caso se presenta radicalmente distinto. Sin embargo, la inicial negativa de la Segob a la formación de la Comisión de Intermediación (CI) presentó obstáculos antes que salidas y junto a la reafirmación de la propia dada a conocer por el EPR, ante los condicionamientos expresados por la administración federal, parecía condenar al naufragio a estos primeros pasos del cauce político para la resolución del conflicto.

Lo más significativo en este caso es que la negativa del eperrismo no se tradujo como un rechazo a los canales políticos sino a las formas como éstos se presentan dentro de la contrapropuesta gubernamental. El debate, hoy, rescata la vía política, lo que implica un avance de importancia si se considera que una de las partes es una organización que reivindica cuarenta años de historia clandestina.

El EPR lo ha hecho saber cabalmente: no clausura la posibilidad de este diálogo y, por lo tanto, de continuar la vía política en este caso puntual. Y aunque rechaza los términos de la respuesta de la Segob, esta vez es distinta a otras ocasiones: sus posiciones son duras, pero no radicales ni tampoco irreductibles. Tampoco ha sumado alguna nueva demanda inaceptable para la contraparte, sino que mantiene las mismas hecha pública desde en un primer momento. Habría que voltear la mirada y observar detenidamente que era lo que sucedía con el EPR un año atrás. Si se compara con el momento actual, podrá evaluarse entonces la importancia de la hora.

Parece ser este el momento más propicio para superar los intereses particulares a favor de uno mayor: el social. En primer término porque se reafirma el espacio político sobre el militar (inclusión de un actor antisistema en el contexto una mediación), y en segundo porque ese beneficio mayor tiene alcances para toda la sociedad (la erradicación de la práctica de desaparición y conclusión del riesgo de acciones político-militares). Y más allá de la estrategia discursiva de cada uno, donde se impone al otro la propia demanda, el EPR ha expresado una propuesta que de ninguna manera puede considerarse como radical.

Dentro de esta dinámica, la CI adquiere la dimensión real del papel a desempeñar. Éste no conforma simplemente un tercer eje del conflicto sino que se convierte en el vértice donde ambas partes podrán apoyarse, desarrollar sus políticas, dirimir diferencias y encontrar soluciones. Más aún, la mediación contiene un beneficio adicional: no obliga a las partes a que se legitimen mutuamente. De hecho, el EPR caracteriza de ilegal al gobierno a través de sus comunicados; en tanto que el parte de la Segob no reconoce al EPR como fuerza beligerante. La existencia de la mediación acomoda la iniciativa en su justo lugar; esto es, desde una equidistancia entre las partes para concretar, recién, una demanda puntual, determinada. Es sólo eso y no es poco.

No deben anticiparse los resultados ni fundar falsas expectativas sobre la CI. Tampoco hay que colocar los objetivos de máxima al inicio de una mediación. Por el momento no se hablará de paz, ni de salir de la clandestinidad o dejar las armas, sino exclusivamente conocer el paradero de los desaparecidos. A cambio, el EPR ha ofrecido una tregua por el tiempo que dure la mediación y, de acuerdo a comunicados anteriores, la conclusión de la campaña militar en caso de su aparición. Esta es la agenda planteada a corto plazo.

En su último y extenso comunicado el grupo fija la posición política, que por otra parte era esperable y necesaria, pero no agrega nada nuevo a lo ya dicho con anterioridad; como así tampoco las posteriores declaraciones oficiales. Gobierno y EPR reparten acusaciones que no cambian ni trastocan de fondo las primeras posiciones de cada uno (mediación o diálogo). Esta es la disyuntiva planteada. Y la iniciativa ya no la tienen las partes sino la intermediación. Empezarán, como ya lo han informado, la ronda de consultas, reuniones y el acopio de información sobre lo sucedido.

Si más arriba se ha señalado que este comunicado político emitido por el eperrismo era previsible es porque en los últimos tiempos el grupo ha cambiado mucho en materia comunicacional. En efecto, los recientes textos enviados a dos periodistas, si bien no representan una novedad, permiten descubrir el momento y la circunstancia que atraviesa al EPR. En estos momentos se muestra preocupado por revertir la campaña de desprestigio en su contra –y aunque siempre ha existido se agravó con la caracterización de terroristas tras las explosiones en los ductos– quizá como nunca antes.

Ello indica también su necesidad de reposicionarse en la opinión pública y medios de comunicación, adaptándose a nuevos tiempos políticos antes que militares que él mismo ha propuesto; pero además porque la cuestión de los desaparecidos le está produciendo algún desgaste al grupo armado ya que desde hace un año viene consumiéndole tiempo, esfuerzos y recursos (además de denunciar el acoso de paramilitares). En este aspecto, aunque a ese reposicionamiento quisiera considerársele como parte de una estrategia revolucionaria de largo aliento, no puede decirse lo mismo del tema de los desaparecidos, que desde mayo de 2007 forma parte de sus principios políticos. Hoy, antes de hablar de revolución, el EPR está obligado a reivindicar a los suyos.

Con el antecedente del zapatismo, aunque no alcanza para establecer una comparación inmediata, hoy la democracia mexicana enfrenta una oportunidad única y a la vez una prueba de fuego. Y vale la pena remarcarlo: sería apenas un desencuentro más si no fuese por lo importante del momento actual.

Investigador. Centro de Documentación de los Movimientos Armados
www.cedema.org