Keiko Fujimori promete orden, no reconciliación

Los centros de votación llevaban poco tiempo abiertos cuando Keiko Fujimori llegó al cementerio junto a su hermana menor y sus hijas adolescentes. Vestidas todas de manera uniforme, con blusas blancas almidonadas y jeans lavados en azul, avanzaron por el césped, cada una con un ramo de rosas y claveles. Las mujeres de mayor edad se arrodillaron ante la tumba de su madre y colocaron las flores de un rosa pálido en un jarrón. Con la cabeza inclinada, permanecieron así un breve momento. Luego, tomadas de la mano, caminaron otros veinte pasos entre las lápidas. Para su padre Alberto, que fue presidente peruano entre 1990 y 2000, Keiko había traído un arreglo floral en los colores nacionales, rojo y blanco. Encabezó una oración familiar antes de darse vuelta para sonreír hacia los periodistas. Más tarde ese día, emitió su voto en una elección presidencial en la que, a su cuarto intento, ganó el cargo más alto del país.

La visita de Keiko a las tumbas de sus padres fue una suerte de respuesta tardía a los detractores de Alberto Fujimori, quienes se burlaban de un presidente sin ancestros enterrados en suelo peruano. Fujimori era apenas el hijo de migrantes japoneses cuando irrumpió en la escena política tras su primera elección en 1990. Su apellido no tenía precedente ni significado. Poco después de llegar a Perú en la década de 1930, el padre de Alberto había adoptado un nuevo nombre. Fujimori se traduce, de manera aproximada, como «madera de glicina». Fue una elección acertada. Con el tiempo abriría una floristería en su país de adopción, donde Alberto trabajó de adolescente, entregando en bicicleta espectaculares composiciones florales en las mansiones modernistas de Lima. Desde sus humildes orígenes, Fujimori ascendió lejos y rápido. Más lejos aún llegaría su caída: en 2009 fue condenado a veinticinco años de prisión por abusos a los DDHH y corrupción.

Ahora los huesos de los Fujimori yacen en las profundidades de la tierra andina. Aun así, el linaje de Keiko sigue siendo, sin duda, motivo de controversia. Durante dos generaciones, los peruanos siguieron las elaboradas tramas de dramáticas disputas familiares, comenzando por la pelea entre su padre Alberto y su madre Susana Higuchi, quien también formaba parte de la comunidad japonesa. Su conflicto, ampliamente difundido, salió a la luz en 1992, cuando Higuchi acusó a la familia de su marido de apropiarse indebidamente de donaciones benéficas enviadas desde Japón. Keiko apareció por primera vez ante la opinión pública durante el amargo divorcio de sus padres: cuando tenía apenas diecinueve años, su padre, en su calidad de presidente, la invitó a reemplazar a su madre como primera dama. Empresaria exitosa y dos veces congresista, Higuchi también aspiraría a la presidencia, aunque sus ambiciones fueron sofocadas por una campaña vengativa orquestada por su exmarido para bloquear su candidatura. Ella respondió afirmando que había sido torturada por orden de Fujimori. La tumultuosa relación entre Susana y Keiko ha sido, desde hace tiempo, objeto de especulación. Estas disputas no las han favorecido. Perú es una nación conservadora que le otorga un gran valor a la integridad y la discreción, especialmente entre las élites y los sectores influyentes.

Alberto Fujimori murió en 2024, a los ochenta y seis años, poco después de haber sido liberado de prisión por razones humanitarias. Su muerte le dio a Keiko nuevas libertades en su última campaña presidencial, entre ellas la posibilidad de reescribir la historia familiar, incorporando una reconciliación entre sus padres en el lecho de muerte de Higuchi. Según la puesta en escena de Keiko, ramos de olivo similares se habrían extendido también entre otros miembros de la familia. En el funeral de Fujimori, Keiko abrazó a su hermano Kenji, visiblemente afligido, a quien había expulsado de su partido Fuerza Popular en 2018 luego de que este se negara a apoyar su intento de destituir al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. A cambio, Kenji obtuvo de Kuczynski el indulto para el padre de ambos (aunque este fue rápidamente revocado por la Corte Suprema, lo que postergó su liberación seis años más). Keiko justificó su oposición a Kenji afirmando que Fujimori debía ser plenamente absuelto por el Poder Judicial y no simplemente exonerado por el Poder Ejecutivo.

Sus críticos señalaron que, en realidad, ella anteponía el cálculo político a un intento genuino de liberar a su padre enfermo. En 2022, Keiko anunció el fin de su matrimonio de dieciocho años, aunque destacó que se trataba de una separación amistosa. En febrero de este año, la propia hija de Keiko cuestionó sus políticas antiaborto ante más de cuatrocientos mil seguidores en Instagram. Keiko atribuyó la publicación a un sano debate político y no a tensiones familiares.

El mensaje de unidad de Keiko no es solo un asunto privado. La primera mujer elegida presidenta de Perú también prometió unir a una nación polarizada. Las últimas cuatro elecciones dividieron el voto casi exactamente por la mitad: cada vez que Keiko perdió, lo hizo por un margen mínimo. Finalmente, también esta vez se impuso por muy poco, después de que los votos de los emigrantes peruanos inclinaran la balanza a su favor. En el país, su base electoral se concentra a lo largo de la urbanizada costa del Pacífico, proveniente de ciudades industriales como Chimbote, Chiclayo y Trujillo. En la segunda vuelta, capturó votos conservadores en la Lima metropolitana que antes respaldaban al extravagante exalcalde Rafael López Aliaga, magnate empresarial y miembro del Opus Dei. Los distritos rurales de los Andes y de la Amazonía, en cambio, le brindaron su respaldo al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Postulándose por Juntos por el Perú, Sánchez hizo campaña por redactar una nueva Constitución, promovió un desarrollo liderado por el Estado y una reforma policial y prometió justicia para las víctimas de la represión estatal durante la lucha armada de las décadas de 1980 y 1990. De manera más simbólica, la candidatura de Sánchez representaba una reivindicación para su aliado Pedro Castillo, quien fue presidente durante dieciséis meses antes de su destitución en 2022 y que actualmente cumple once años de prisión por intentar cerrar el Congreso. Al final, el programa de izquierda de Sánchez fue derrotado por la agenda proempresarial y de Estado fuerte de Keiko, que respaldaba una seguridad de mano dura y la expansión del Ejército, mientras le restaba importancia a los legados sociales del conflicto civil.

¿Perú con orden?

La unidad, en este sentido, no significa una verdadera reconciliación nacional, sino más bien la consolidación de una coalición populista de derecha en torno al apellido Fujimori. En efecto, es la postura dura de Keiko frente al crimen lo que ha galvanizado a sus seguidores, algunos de los cuales aplauden la violenta cruzada de su padre contra la organización armada maoísta Sendero Luminoso, que tenía decenas de miles de miembros y seguidores en todo el país, pero que resultó en su casi total aniquilación y puso fin a la guerra civil. No así a los motivos que la originaron.

Mientras que en sus anteriores campañas presidenciales Keiko se había mantenido a distancia del legado paterno, en esta ocasión capitalizó su reputación de hombre fuerte. Esta estrategia resonó particularmente entre los residentes de las comunidades urbanas informales. Los índices de criminalidad en Perú se dispararon en los últimos meses, convirtiéndose en una importante fuente de temor. La violencia de las bandas alcanzó niveles inéditos en todo el país. Los barrios de bajos ingresos están plagados de robos callejeros y extorsiones. Desde 2019, la tasa de homicidios aumentó de 7,4 a 10,7 por cada 100.000 habitantes.

Bajo el eslogan «Perú con orden», Keiko priorizó la seguridad pública y prometió desmantelar las redes criminales transnacionales que operan en territorio peruano. Sus políticas de seguridad establecen que desplegará soldados en zonas de alta criminalidad, aumentará la capacidad carcelaria, reformará el sistema penitenciario y fortalecerá el control policial de las fronteras internacionales. Al reivindicar a las fuerzas de defensa nacional, también busca fortalecer a las agencias de inteligencia nacional, aumentar la autonomía de las Fuerzas Armadas respecto de los tribunales y retirarse de la Corte Interamericana de DDHH. Estas tendencias autoritarias sugieren que, al menos en la guerra contra el crimen, el gobierno de Keiko persigue una continuación de la política interna de Alberto Fujimori. Y muy posiblemente, al igual que su padre, esta guerra contra el crimen irá en realidad dirigida contra las huelgas campesinas, mineras y obreras ante las miserables condiciones de trabajo y de vida de sectores mayoritarios de la población.

Aun así, Keiko asume un gobierno de un tipo muy distinto. En 1990, su padre ganó por amplio margen. Dos años después, cerró el Congreso y suspendió la Constitución, antes de instaurar una asamblea constituyente unicameral diseñada para concentrar el poder en el Ejecutivo. Keiko no cuenta con un mandato semejante. Este año marca la restitución de una cámara bicameral, luego de que fuera desmantelada por su padre. Fuerza Popular no tiene mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en el recién instaurado Senado. Para gobernar de manera efectiva, Keiko se verá obligada a formar coaliciones multipartidarias. Su legislación será escrutada doblemente. Un electorado agotado, desesperado por superar una década de gobiernos maniatados, la instará a entablar el diálogo.

Perú ha tenido diez presidentes en igual cantidad de años. La mayoría de ellos renunció, fue destituido o terminó en prisión. Algunos, como el presidente de fines de la década de 2010 Pedro Pablo Kuczynski y, más tarde, Castillo, cayeron como resultado de las maniobras de Keiko para utilizar los poderes del Congreso en función de su propia agenda. Esta instrumentalización del Congreso da testimonio de un sistema político que permite que las ambiciones de líderes individualistas se coagulen en organizaciones partidarias. Sin embargo, Keiko tampoco es inmune a este tipo de maniobras. Ya ha sido víctima de ellas una vez, cuando pasó dieciséis meses en prisión mientras era investigada por corrupción, causa que luego fue archivada pero que podría reaparecer. Por lo tanto, tendrá incentivos para negociar.

Todavía está por verse cuál será la interpretación más amplia de Keiko sobre la libertad democrática. El 28 de julio, cientos de hombres y mujeres viajaron desde distintos puntos del país hasta el centro de Lima para protestar contra su asunción. Entre ellos había familiares de personas muertas durante las masivas manifestaciones contra Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, quien llegó al poder con el respaldo de Fuerza Popular tras la destitución de este. En los tumultuosos meses que siguieron a su ascenso, Boluarte desplegó a las fuerzas militares para disolver las protestas en las ciudades del sur, lo que provocó la muerte de al menos setenta civiles.

Los movimientos sociales y organizaciones campesinas acusan a Keiko de avalar la violencia estatal al proteger a los responsables de las muertes, y consideran su elección como una señal de que las clases altas de Perú respaldan una cultura de impunidad. Esto se ha sumado a las familias de las miles de personas que fueron asesinadas o desaparecidas por los escuadrones de la muerte militares que operaron bajo la supervisión de Alberto Fujimori en la década de 1990. Marchando junto a estudiantes, organizaciones socialistas y sindicatos, han resucitado el emblemático ritual de lavado de bandera, utilizado para denunciar la corrupción durante el último año de gobierno del expresidente. En el pasado, Keiko ha ignorado en gran medida esta expresión popular del movimiento antifujimorista. Esto podría cambiar, ahora que la protesta se está masificando.

Jacobinlat