La Asamblea Nacional Constituyente en los territorios

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tiene más de un mes instalada. La dinámica política del conflicto en Venezuela cambió desde esa fecha hasta hoy, el país no es en la superficie lo que era hace pocos meses atrás: la insurrección de la derecha se alejó de las calles.

Se logró uno de los objetivos centrales que buscaba la ANC: el retorno de la disputa política al ámbito de la democracia, al menos por el momento -están en marcha, por debajo de la mesa, movimientos de violencia.

Con ese nuevo equilibrio de fuerzas, se puso en marcha una nueva iniciativa: el primer despliegue de una parte de los constituyentes a los territorios. Sucedió entre viernes y domingo, días previstos semanalmente para esa dinámica que debe ser parte vertebral del proceso constituyente. Varias asambleas tuvieron lugar en el país, la mayoría barrio y campo adentro, algunas con autoridades institucionales -alcaldes, por ejemplo-, otras únicamente con la comunidad.

De ese conjunto de asambleas se recogió lo debatido en cinco de ellas: en el Central Azucarero Ezequiel Zamora, en la Plaza Hugo Chávez de Sabaneta, en el Centro Genético Florentino, en el patio de una casa en Barinitas, y en una escuela en El Cobre. Cuatro en el estado Barinas, una en Táchira, protagonizadas por obreros, productores agrícolas, comuneros, vecinos y constituyentes. De lo escuchado se puede decir que existen tres grandes ejes/necesidades planteados por las bases que allí participaron: la producción, la corrupción, la justicia.

La producción

Es una frase repetida desde hace años: es necesario producir más, depender menos del petróleo. Eso mismo se dijo en cada asamblea, donde se presentaron planes concretos productivos, tanto para empresas estatales, como para experiencias sociales/comunales -existen 137 comunas en Barinas, 75 en Táchira, casi todas con desarrollo productivo-. El planteo fue claro, la hora histórica exige aumentar los niveles de producción, la capacidad para el consumo nacional y la exportación. Quienes producen la riqueza -obreros, productores, comuneros- mostraron su voluntad de construir respuestas ante la necesidad del país.

Dentro de ese cuadro se presentó un diagnóstico respecto a las empresas en manos del Estado: no funcionan en su mayoría como deberían, producen por debajo de lo que podrían, no son el proyecto planteado originalmente. Un cuadro que representa una limitación severa en una economía de tres propiedades -privada, estatal, social/comunal- enmarcada en un ataque de guerra donde el Estado debe tener un rol central.

La corrupción

Todos los debates sobre la producción se relacionaron con la necesidad de castigar la corrupción. El problema se situó en dos ámbitos fundamentales: el Estado, y el sector privado. El énfasis estuvo puesto en lo primero, centralmente en dos aspectos. Uno de ellos, la dificultad que encuentran las iniciativas sociales/comunales, o las mismas empresas estatales, para obtener respuestas al presentar pedidos al mismo Estado, sean instituciones o empresas. El otro aspecto fue el mal manejo de recursos en empresas estatales, que se traduce, por ejemplo, en la desviación de insumos para la producción agrícola, donde las mismas empresas del Estado revenden a las redes del mercado negro, que luego venden a precios inaccesibles a los productores.

En cada uno de los casos la conclusión es clara: es necesario atacar la corrupción. Se trata de un problema que pesa desde hace años sobre la economía, hunde proyectos, impide el desarrollo del modelo productivo nacional. Sin castigo, ¿cómo reactivar la producción?, ¿cómo hacer que las nuevas iniciativas tengan éxito y no terminen con muchas de las anteriores?

La justicia

La necesidad de justicia se manifestó tanto hacia los corruptos, como hacia quienes dirigieron y protagonizaron la escalada de violencia de abril-julio que terminó con la vida de más de cien personas y elevó las formas de crimen. Ese pedido de justicia se hizo particularmente presente en las asambleas en pueblos que fueron asediados durante esos días, como en el caso Barinitas y El Cobre. En el primer caso la población estuvo enfrentada centralmente a grupos traídos desde fuera para generar los destrozos. Allí están las pruebas: la alcaldía y la estación de policía con marcas de incendios y destrozos, los negocios que todavía no han vuelto a abrir, el obrero asesinado de un disparo. En el segundo caso el plan combinó la incursión de fuerzas de choque -seguramente paramilitares- con la acción de los habitantes opositores que protagonizaron ataques contra los mismos vecinos chavistas y los centros electorales para intentar impedir las elecciones del 30 de julio.

Se necesita justicia en esos pueblos, una justicia que no es solamente la que atañe a dirigentes nacionales de las fuerzas que dirigieron la escalada -como Voluntad Popular-, sino local, compleja, donde “buenos vecinos” se transformaron en potenciales asesinos, y grupos armados ensayaron esquemas de tipo militar.

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Los constituyentes se encontraron ante un abanico de demandas. Su tarea es la de realizar una síntesis de lo escuchado para llevarlo a la ANC y a sus respectivas comisiones de trabajo -son veintidós comisiones, cada una con un eje temático diferente- ensayar una arquitectura constituyente de democracia representativa y participativa que se desarrolle tanto dentro como fuera del recinto.

Se evidenció la necesidad de estas asambleas. El desconocimiento en las comunidades sobre la ANC es grande, la sensación de lejanía con ese nuevo poder también: mientras la Constituyente realiza anuncios políticos -y habla únicamente un conjunto reducido de personas- la realidad económica desmejora día tras día. Muchas veces se distancia el idioma de la ANC con el de la gente de a pie, y esas instancias cara a cara son una de las maneras de acortar la distancia, posibilitar que las comunidades se apropien de la instancia que votaron con la expectativa de construir respuestas a sus problemas.

No existe una llave única para solucionar las urgencias y las necesidades estratégicas. Las causas de la situación son económicas y políticas, tanto internacionales como nacionales, en un cuadro de intento de asalto final dirigido desde los EEUU. Dentro de esa complejidad, donde la ANC debe tomar medidas concretas, se pueden construir mecanismos para poner en marcha un protagonismo popular. Es necesario valorarlo en su inmensa medida: la gente está dispuesta a resistir, hacer más, aun ante el deterioro de los precios, la corrupción que los afecta directamente en sus experiencias productivas, las jornadas de violencia dirigidas por la derecha, que dejaron traumas y enfrentamientos colectivos.

En el encuentro entre esas dos instancias -territorios y constituyentes- está una de las respuestas a cómo enfrentar los días que enfrentamos. Días que en superficie pueden parecer más calmos. En sus subterráneos no: la necesidad de terminar con la experiencia bolivariana en todos sus niveles está intacta. Vivimos en guerra.

La Haine