La educación en el Chile neoliberal

La reestructuración en los 80 que la Dictadura realizó en la educación chilena, se tradujo en la municipalización de los establecimientos básicos y medios, afectando especialmente a las comunas populares que reproducen a través de la educación la pobreza y la desigualdad, debido a que en la lucha por los recursos se enfrentan en desventaja con aquellas comunas más ricas; la atomización de las universidades a partir de las 2 estatales y 6 privadas existentes hasta ese entonces, desde donde se crearon las hoy mermadas Ues regionales -las más afectadas por la política neoliberal de educación basada en el autofinanciamiento, desregulación y desvinculación por parte del Estado-; y la creación de centros de formación técnicas, institutos profesionales y universidades, todos en manos privadas, los cuales no son regulados por ningún organismo (la llamada "Autonomía"), lo que se expresa en universidades, centros de formación e institutos de dudosa probidad en calidad y docencia, por lo que es urgente un marco regulador para hacer frente al crecimiento explosivo e inorgánico de estos entes. A ello apuntaría la Ley de Acreditación de Calidad de la Educación Superior, o más bien supuestamente, cuestión que descubriremos más adelante.

Entre los tantos fenómenos provocado por el continuismo concertacionista en esta dirección, está el hecho que a más instituciones privadas, menos son hoy los fondos públicos existentes para la educación superior estatal, por lo cual las universidades Estatales vinculadas al Consejo de Rectores, han tenido que buscar a través del autofinanciamiento nuevas fuentes de recursos en la banca privada (sólo el 30% del presupuesto de la UNAP de Iquique por ejemplo, es de aporte estatal), o a través de los aranceles pagados por los estudiantes, la venta de servicios a clientes externos, los contratos por investigación o las carreras de "tiza y pizarrón". Es decir, la mercantilización de la educación superior ha llevado a la búsqueda de recursos al corto plazo, hipotecando el futuro de la universidad y sus fines, lo que ha generado una gran incertidumbre y contradicciones internas en estos estamentos. Los mismos académicos reconocen la inadecuada estructura con que funcionan las universidades para la docencia, mientras que por otro, en el aspecto operacional, la universidad debe inventar de dónde sacar los recursos necesarios para sobrevivir.

Entonces, la educación ha quedado en manos del mercado (las manos de la clase en el poder) generando un sistema elitista y discriminatorio que se manifiesta en una formación desigual, que niega el papel fundamental que juega la procedencia socioeconómica de los estudiantes. Ahí tenemos la experiencia de la Enseñanza Media, generando sólo mano de obra barata, junto a los establecimientos técnico profesionales, verdaderos filtros de acceso a la educación superior y restringido sólo a quienes pueden pagar o endeudarse, donde es ya casi imposible el ingreso de jóvenes de los sectores populares. Dicha educación elitista, ha contado con el beneplácito de los gobiernos de la concertación, quienes con sus políticas como la Ley Marco o la misma Ley de Acreditación profundizan el mercantilismo en la educación y la cultura del país, a lo que se suma la intención de que sean instituciones bancarias y no el Estado o las Ues las que asuman la deuda de los estudiantes. En resumen, la educación es hoy un bien de consumo, una mercancía que puede ser adquirida por quien tenga los recursos disponibles.

La acreditación según el Gobierno, será encargada a una comisión nacional de acreditación (CNA), integrada por personajes públicos (docentes por ejemplo) y privados (léase empresarios), los que fiscalizarán a organismos o agencias externas -privadas (5 nacionales y 3 extranjeras)-, quienes acreditaran por cerca de US 5.000 por carrera, la calidad de la educación entregada en los pregrados. La acreditación será voluntaria, disposición contradictoria que desvirtúa la misma ley que se supone apunta a la fiscalización y regulación del caótico sistema de educación superior.

Podemos agregar también, que si bien es positivo el intento de crear un marco regulador para el sistema de educación superior, creemos que la administración de esta regulación debe estar íntegramente en manos del Estado y no en agencias privadas u externas, en especial por las desigualdades que esto generaría en cuanto a que los que tiene más dinero podrán acreditarse de mejor manera que los que no, ampliando las desigualdades sociales una vez más, la diferencia entre ricos y pobres ya enorme. Consideramos que estos planes son un paso más en la constante del gobierno por desligarse de sus responsabilidades para con la educación respecto a la igualdad en el acceso, aseguramiento material y calidad de la educación. La ley aparece tanto en forma como en contenido como un gran negocio para el Estado que se desliga de un rol fundamental, y también para los empresarios que ven en la educación superior una excelente oportunidad para hacer crecer sus fortunas y controlar la producción del conocimiento. Esta propuesta legislativa representa en cuerpo y alma lo que han sido los gobiernos de la concertación, que no han hecho otra cosa que fortalecer la herencia universitaria pinochetista, poniéndole mejor precio a la educación en Chile.

Paradójicamente, los dueños de las más importantes universidades privadas son quienes más apoyan esta ley y quienes más piden que el Estado les subvencione sus negocios educacionales, los mismos que durante la dictadura redactaron y aplicaron la institucionalidad que destruyó el sistema de educación superior estatal para abrir paso a sus empresas "educativas", que aparte de ser rentables económicamente, le permitió ventajas estratégicas en el plano de la dominación ideológica por medio de la formación. No es casual entonces, que estos últimos sean también propietarios de los principales medios de comunicación de masas (De Castro, Saieh, Edwards, Matte, etc). Ni que hablar de las instituciones financieras que prestan la plata para poder estudiar e invertir en universidades privadas. Este circuito del poder y del capital, es la dictadura silenciosa administrada por la concertación y que pretende ser coronada luego con Lavín en la presidencia.

La ley tal como se presenta: "mecanismo de aseguramiento de la calidad de la educación superior", seguramente va a servir sólo para legitimar la perspectiva del sistema educacional impuesto, es decir, mercantilizar aun más la universidad, privilegiando la privatización del financiamiento y el conocimiento que se entrega, el consumismo y la visión cortoplacista. No se busca en ningún caso el fortalecimiento de los elementos tradicionales de la educación superior, como son el pensamiento, la democracia, el pluralismo y el aporte al desarrollo nacional. Todo lo contrario, se avanza en oposición al progreso alcanzado por décadas, a la inversa incluso de los países "desarrollados" que no lograron esto a través de mecanismos mercantiles sino con un Estado fuerte que regula e invierte altas sumas en educación e investigación científica. El Estado Chileno es fuerte, pero fuerte en la defensa de los poderosos grupos económicos, de los intereses del imperialismo y el gran capital internacional.

La movilización estudiantil

Sin embargo, todo esto no ha sido fácil para la Concertación y la Derecha -los principales interesados en la privatización de la educación superior-, pues han tenido que lidiar con movilizaciones estudiantiles dirigidas a frenar estas imposiciones, aún cuando no siempre sus resultados hayan sido certeros, debido principalmente a mezquinos intereses partidarios desde la izquierda y otros sectores sociales involucrados, los que han desfigurado las movilizaciones estudiantiles en una lucha casi defensiva y peticionista, privatizando las luchas y reduciéndolas al territorio de cada universidad en particular, sin generar una plataforma de lucha nacional colectiva que apunte a una transformación estructural de la moribunda educación superior.

Hoy los estudiantes y las fuerzas populares se enfrentan a dos opciones: o aceptar pasivamente que la educación se privatice totalmente, o bien reorganizarse con nuevas formas para enfrentar dichas intenciones. En este contexto, son poco significativas las movilizaciones actuales y hasta poco transparentes en cuanto a los verdaderos intereses que representan. Insistiéndose en los caminos cupulares y a espaldas de los estudiantes. Es más, la crisis a la que se enfrenta la base estudiantil y las propias universidades estatales respecto a la ley de acreditación, es sabida por los actuales dirigentes estudiantiles desde hace rato, sin embargo, por mezquindad y complacientes intereses partidarios han sido incapaces de conducir y unificar las luchas entorno a este estratégico problema. Retornando al discurso y la organización por arriba y con objetivos "realistas", lo que viene generando un tremendo descontento y confusión en las bases estudiantiles en todas las universidades, especialmente las regionales.

Crece la inquietud y las sospechas de que los dirigentes no representan al estudiantado. Así quedó de manifiesto por ejemplo en el Foro Estudiantil realizado en la Universidad Arturo Prat de Iquique, el día viernes 23 de abril de este año, donde se trató la Ley de Acreditación y otros temas. Cuando los sectores políticos que intervinieron se dedicaron más a adularse o pelearse por cuestiones secundarias, mientras dejaban en la nebulosa las cuestiones de fondo. Se notó la ausencia de una conducción colectiva y revolucionaria, y la ausencia de un actor relevante: el estudiantado y su organización de base. Notoriamente se palparon los años de prácticas burocráticas y construcciones mañosas, que han impedido la participación de las bases y la convocatoria masiva a estos importantes eventos de decisión y acción reivindicativa. Es más, en las dirigencias estudiantiles formales ha crecido el afán "mediático", los discursos autocomplacientes o "radicales" a media, esos discursos sin propuesta y llenos de lugares comunes y conciliadores, una corriente que pretende "reinventar" las formas de movilización estudiantil, borrar las formas de movilización popular, haciendo creer que a punta de "carnavales" y otras hierbas, le doblaremos la mano al gobierno y la derecha en sus afanes de acabar con la educación estatal y pública.

Los estudiantes debemos organizarnos hasta vencer

Quienes elaboramos esta posición, creemos necesario que la CONFECH sea un instrumento para organizar y coordinar la lucha estudiantil a nivel nacional, una lucha que parta desde las bases y que cuente con una estructura que permita constituir movimiento estudiantil y no voladores de luces que sólo empantanan las luchas estudiantiles, movilizando sin objetivos y desgastando a los estudiantes.

En este sentido, para movilizarse es vital tener un proyecto claro por el que luchar, por ello es urgente construir una plataforma estudiantil de lucha a nivel de todo el país. Donde la radicalidad del movimiento no esté determinado por las formas en que se lucha, sino en los fines que se persiguen, los objetivos. Los cuales construidos desde las bases estudiantiles serán los que potencien la organización y movilización estudiantil verdadera.

Debemos ser insistentes en señalar a todos los estudiantes, que el estado actual de la educación pública, su definitiva privatización y elitización, tienen sus raíces en las mismas arenas en que parte la crisis del sistema de salud, la precarización del trabajo y el empobrecimiento de las mayorías: el actual capitalismo neoliberal administrado por la concertación, en que los ricos representados por la derecha explotan libremente al pueblo. Por eso, es que con miras las próximas contingencias y apuntando a la recomposición del movimiento popular, es que las bases estudiantiles debiéramos presionar por una convocatoria a Paro Nacional de estudiantes, coincidiendo con la convocatoria a Paro de los Trabajadores el 19 Julio, en rechazo al actual sistema de producción y distribución de las riquezas, y por la convergencia nacional para la articulación de un movimiento popular en todo el país.