La generalización del escaqueo y la deserción militar en Ucrania

Rafael Poch.- Uno de los actuales misterios de la guerra de Ucrania es el de cómo se sostiene su ejército, cómo es que aún no se ha desmoronado. Desde luego, la ayuda occidental es decisiva, pero teniendo en cuenta los enormes niveles de deserción que se registran y el generalizado escaqueo de la llamada a filas, hay que preguntarse cuanto tiempo podrá mantenerse en condiciones de una moral de combate cada vez más baja por acumulación de reveses militares y de un cambio muy significativo en la opinión pública. En dos años, los partidarios de un final negociado de la guerra han pasado del 27% al 69%, mientras que los partidarios de resistir "hasta la victoria" han disminuido del 63% al actual 24%.

Seis millones de hombres ucranianos han eludido el servicio militar por la vía de no actualizar sus datos de registro en 2024. Eso supone más de la mitad de los aproximadamente diez millones de hombres en edad militar. Oficialmente se han contabilizado 110.000 casos de deserción en la primera mitad de 2025 (en 2024 se abrieron 89.000 casos penales por ese motivo), lo que refleja un claro incremento del fenómeno. En enero fue noticia que una brigada entera de 1700 hombres formada en Francia, la 155 mecanizada, rimbombantemente bautizada como "Anna de Kíev" por la reina de Francia y esposa de Enrique I Ana Yaroslavna (S.XI), se volatizó con muchos de sus miembros huidos en Francia.

En las redes sociales se han visto miles de videos de lo que en Ucrania se conoce como "busificación", es decir la detención callejera de jóvenes, y no tan jóvenes, que contra su voluntad son introducidos a la fuerza en vehículos, frecuentemente furgonetas no militares de camuflaje que impiden su reconocimiento previo, entre escenas violentas en las que muchas veces participan familiares y vecinos del detenido e incluso simples testigos anónimos del suceso. Desde agosto han trascendido por lo menos cuatro casos de "busificados" que murieron tras ser detenidos por los reclutadores.

Pese a que todo eso va claramente a peor, los medios de comunicación establecidos, particularmente los europeos muy apegados a la línea oficial de hacer sangrar a Rusia a costa de vidas ucranianas, apenas han informado de ello.En un país que en 1991, en el momento de la disolución de la URSS tenía 52 millones de habitantes, hoy quedan 28,7 millones, según el servicio estatal de emigración. La sangría es imparable. Últimamente el gobierno de Zelenski intenta ofrecer incentivos económicos y sociales a quienes se alisten, pero lo que funciona en Rusia, no está funcionando en Ucrania donde la mentalidad y disposición de la gente es diferente...

En este contexto llama la atención el raro artículo publicado sobre ese tema por Ukraínskaya Pravda el 5 de noviembre. UP mantiene cierta tensión con Zelenski y su influyente jefe de administración, Andrei Yermak, en el marco del "pluralismo corrupto" mediático característico del país, lo que explica su apertura a un tema mayormente silenciado por los medios locales. Por su interés aquí va, traducido, el texto completo de su autora la periodista Angelina Strashkulich.

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Cómo millones de hombres eluden su responsabilidad

Angelina Strashkulich (Ukrainskaya Pravda, 5 de noviembre)

A finales de junio de 2025, la policía detuvo a un hombre en edad de ser reclutado que circulaba a gran velocidad por el centro de Kiev. Al comprobar sus documentos, descubrieron que el infractor estaba buscado por no haber actualizado sus datos militares antes del 17 de julio de 2024, tal y como exigía la ley.

Los agentes de policía invitaron al hombre a acudir a uno de los centros territoriales de reclutamiento y apoyo social de Kiev para verificar la información.

Aceptó la invitación, pero por el camino decidió huir. Se montó una auténtica persecución: deportivo contra patrulla. El fugitivo recibió su «premio» con extras: multa, escolta al Centro territorial de reclutamiento (TCC), actualización de datos y citación para pasar el examen médico militar. Por la noche de ese mismo día regresó a casa. Hasta la fecha no se ha presentado ante la comisión médica militar. Se mudó a un lujoso complejo residencial cerrado en la capital. Desde entonces, intenta no cruzarse con la policía ni con los grupos de alerta del TCC. En una conversación con Ukraínskaya Pravda, el hombre explica sus acciones por «miedo a morir en la guerra».

Se desconoce con exactitud cuántos ucranianos en edad de prestar servicio militar están eludiendo actualmente el servicio. En respuesta a una solicitud de UP, el Mando de las Fuerzas Terrestres señaló que la divulgación de estas estadísticas supone una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania.

En los últimos meses, han aparecido en los medios de comunicación informaciones sobre un millón y medio de personas que no han actualizado sus datos militares. Cuando una periodista de UP preguntó por esta cifra a un oficial del Ejército de Tierra familiarizado con los informes sobre la movilización, este solo murmuró: «Es una subestimación». Sin embargo, no reveló las estadísticas actuales. La única mención oficial del número de infractores se encuentra en la nota explicativa de la ley sobre la reducción del 50 % de las multas del Centro territorial de reclutamiento (TCC), que entró en vigor en abril de 2025. El documento señala que, durante 2024, más de seis millones (!) de personas sujetas al servicio militar no actualizaron sus datos en el TCC, o por los otros canales.

«El TCC suele movilizar a personas enfermas y débiles, porque cada mes hay que cerrar los planes de «movilización». La mayoría de estas personas nunca podrán cumplir eficazmente sus misiones de combate. Al mismo tiempo, tenemos ejércitos de exentos e insumisos sanos, se indigna durante una conversación con UP uno de los comandantes de brigada que se ocupa de los reclutas.

«Ukraínska Pravda» investigó por qué en Ucrania no se busca a los infractores del registro militar, cómo éstos logran eludir su responsabilidad y qué se puede hacer al respecto.

Por qué en Ucrania no se busca a los infractores del registro militar

Actualmente existen tres tipos de citaciones: para actualizar los datos del registro militar, para pasar el examen médico militar y la «de combate». Los empleados de los centros territoriales de reclutamiento pueden entregarlas a los reclutas personalmente o enviarlas por correo.

El documento se considera entregado, incluso si el destinatario no lo ha recibido, por ejemplo, porque no vive en la dirección indicada en la carta. El hecho es que los centros territoriales de reclutamiento envían la citación a la dirección de residencia que figura en el registro «Oberig». La base de datos del servicio se alimenta de diversos registros estatales, desde los servicios fiscales y fronterizos hasta los registros civiles. «Oberig» también almacena la información que los jóvenes facilitan al inscribirse en el registro militar a los 17 años. Antes del inicio de la guerra, algunos ignoraban este procedimiento. Pero a finales de septiembre de 2025, los funcionarios del Gobierno tomaron la decisión de inscribir automáticamente en el registro militar a todos los hombres de entre 25 y 60 años que aún no lo hubieran hecho, utilizando la información de los registros estatales.

Ukraínska Pravda se dirigió al Ministerio de Defensa con una solicitud sobre el número de ciudadanos que se habían inscrito desde la entrada en vigor de este mecanismo. El Ministerio de Defensa respondió que se trataba de información oficial que «no podía divulgarse, ya que podía perjudicar la capacidad de defensa del Estado».

Iryna Friz, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa, explica a UP que los infractores del registro militar pueden permanecer durante un tiempo en una «zona gris», es decir, ser invisibles para el Centro territorial de reclutamiento - TCC. Esto es posible si no utilizan ningún servicio estatal o bancario y evitan encontrarse con la policía y los militares de los centros territoriales de reclutamiento.

«La tarea del TCC no es perseguir a los infractores, sino registrar los datos actualizados de todos los sujetos al servicio militar obligatorio, para que, en caso necesario, se pueda movilizar rápidamente a un número determinado de personas», explica el interlocutor de UP en el Estado Mayor.

Hay un único mecanismo legal para «buscar» a los infractores, afirma el abogado Volodymyr Romanchuk a UP. Los empleados del TCC redactan un acta de infracción administrativa y imponen al ciudadano una multa de entre 17 000 y 25 500 grivnas. Esto se aplica a la evasión de la actualización de datos y la realización del examen médico militar. A continuación, los militares transmiten la información a las fuerzas del orden, que pueden detener al sujeto y enviarlo al servicio militar. Según datos de OpenDataBot, los militares de los centros territoriales de reclutamiento impusieron más de 47 000 multas por infringir el registro militar entre enero y octubre de 2025. Durante el mismo periodo de 2024, se registraron más de 21 000 casos administrativos por infringir el registro militar. La mayoría de los multados este año son hombres de entre 25 y 45 años. Kiev encabeza la clasificación regional. Ante el enorme número de infractores, las estadísticas de multas por eludir la actualización de datos y pasar el examen médico militar parecen una gota en el océano.

Un interlocutor de UP entre los militares del TCC en el oeste de Ucrania admite extraoficialmente: «Hay muchos infractores y nosotros somos muy pocos. No podemos multar a todos los que no actualizan sus datos o no se someten al examen médico militar. Otra cosa es ignorar la convocatoria «de combate». Intentamos no pasar por alto estos casos».

Si un recluta no se presenta en el TCC el día de su envío al centro de entrenamiento, puede ser condenado a una pena de 3 a 5 años de cárcel. Porque ya no se trata de una infracción administrativa, sino de un delito penal.

La Fiscalía General ha registrado más de 19 000 procedimientos por evasión de la movilización entre enero de 2022 y septiembre de 2025. Sin embargo, el número de personas condenadas por esta infracción es mucho menor. (Nota: Los datos sobre las sentencias de 2025 aún no se han contabilizado.)

Cómo los «insumisos» eluden su responsabilidad

Una tarde de julio, Elena, una vecina de Odesa, llamó en voz alta a su marido para cenar: «¡Igor, te espero en la cocina!». Durante las dos semanas siguientes, la pareja mantuvo un silencio total. Igor temía que los vecinos hubieran oído su nombre y llamaran al TCC. Lleva más de tres años sin trabajar y vive a costa de su esposa. Desde que el Parlamento aprobó la ley de movilización, no sale del apartamento ni siquiera al vestíbulo. Por eso, hasta ahora ha conseguido permanecer en la «zona gris» para el TCC.

Algunos de los «evasores» quieren evitar la movilización y seguir viviendo su vida habitual. El precio de la cuestión, por regla general, se mide en dólares.

Uno de los interlocutores de UP, que no había actualizado sus datos militares, se fue a principios de verano de vacaciones a los Cárpatos. Las vacaciones terminaron en el primer puesto de control al oeste de Ucrania, desde donde la policía llevó al infractor al centro territorial de reclutamiento.

«Tuve que pagar tres mil dólares solo para salir del TCC. No me quitaron de la lista de personas buscadas. No me dieron ninguna garantía de que no me detendrían en otro puesto de control. Tuve que volver a casa atravesando media Ucrania por el campo», se queja en una conversación con UP.

En algunos casos, los empleados del TCC ofrecen a los infractores una gama más amplia de servicios corruptos. Por ejemplo, en julio de este año, las fuerzas del orden detuvieron al jefe del punto de reunión del Centro Territorial de Reclutamiento de la ciudad de Kiev mientras recibía un soborno de 3500 dólares. A cambio de ese dinero, prometió «ayudar» a retirar al infractor de la lista de personas buscadas en el centro de reclutamiento de Solomianka.

A mediados de septiembre, los servicios especiales y la policía anunciaron que sospechaban de soborno al jefe de una de las divisiones del centro de reclutamiento regional en Prikarpattia. Los empleados del SBU (servicio secreto) y la Policía Nacional detuvieron al funcionario cuando recibía mil dólares de un hombre que estaba buscado por no tener cartilla militar y no haber actualizado sus datos. El empleado del TCC prometió al infractor organizar una comisión médica, hacerle el carné militar y expedirle un certificado de discapacidad del grupo III para aplazar la movilización.

También existen métodos legales para eludir el servicio y evitar la responsabilidad.

«Encontrar un trabajo con reserva oficial, conseguir un puesto de trabajador civil en las Fuerzas Armadas, ingresar en la universidad», explica a UP el jefe analítico de la organización "Vuelve vivo", Anton Muraveynik. «También hay empresas en las regiones que tienen reservas «no oficiales». Han acordado con su centro de control regional que no se les moleste».

Según Muraveynyk, a los empleadores y a los funcionarios regionales no les conviene favorecer la movilización. Las empresas mantienen a sus empleados en la sombra, de forma legal o ilegal, para no perder mano de obra escasa.

«En las regiones, las autoridades locales deben informar a la población (sobre las medidas de movilización, UP) e involucrarla en la movilización. No les interesa hacerlo. Si hablamos de una comunidad pequeña, allí están todos los parientes, padrinos, amigos. Esto crea un conflicto de intereses», añade.

«Mi padre lo ha arreglado todo. Todos en la familia tienen prórrogas. Algunos «trabajan» en los servicios de nuestra comunidad, y yo me quedo en casa», cuenta a UP, bajo condición de anonimato, el hijo de uno de los alcaldes rurales. Apto para el servicio según el dictamen de la Comisión Médica Militar, este hombre de 30 años tiene una exención «hasta el final de la movilización».

Qué hacer para mejorar la movilización en Ucrania

Entre enero y octubre de 2025, el defensor del pueblo Dmytro Lubinets recibió casi 5000 denuncias de ucranianos por violación de sus derechos durante la movilización. A modo de comparación: en todo el año 2024 se recibieron 3400 denuncias de este tipo.

La información sobre la «busificación» se difunde en las redes sociales y los medios de comunicación a la velocidad de la luz. Los vídeos y fotos en los que los militares del TCC obligan a los hombres a subir a los «autobuses de la inquebrantabilidad» son un argumento adicional para los «insumisos».

Por espeluznante que parezca, los voluntarios se agotaron ya en 2022. Para lograr los resultados deseados en la movilización, las autoridades tienen ahora que trabajar con la categoría de los reclutas, que desean por encima de todo evitar el servicio. No se trata en absoluto de justicia hacia los voluntarios, pero a los hombres que aún no están en el ejército hay que animarlos a cumplir con su deber cívico y constitucional con diversos «incentivos». Iryna Friz, miembro del Comité de Defensa del Parlamento, cree que es necesario crear un «paquete de incentivos» para los reclutas. Por ejemplo, ofrecer descuentos en hipotecas y créditos para crear empresas, aumentar las primas por destruir equipo ruso en el campo de batalla y establecer pagos únicos para los contratistas.

Por cierto, el proyecto de ley con la lista de pagos adicionales para los reclutas y los militares en activo lleva casi dos años en el Parlamento sin ser examinado, porque el Gabinete no encuentra dinero para ello. Según Friz, el establecimiento de plazos claros de servicio durante el estado de guerra sería un «marcador clave» tanto para los militares en activo como para los que se van a movilizar.

En la tarde del 3 de noviembre de 2025, el ministro de Defensa, Denys Shmyhal, anunció que el Ministerio de Defensa había comenzado a preparar nuevos tipos de contratos. La principal «novedad» es el establecimiento de plazos de servicio claros. Para los contratos de 2 a 5 años de duración, se prevé un aplazamiento anual de la movilización tras la finalización del servicio.

«Tras la aprobación de los cambios legislativos, todos los defensores y defensoras podrán firmar los contratos. Tanto los que ya forman parte del ejército como los que se incorporarán a él en el futuro», precisó Shmyhal.

Por si lo ha olvidado: el Ministerio de Defensa prometió elaborar cambios legislativos sobre plazos de servicio claros en 2023, 2024 y 2025. Pero una y otra vez, los mandos militares se opusieron. El Estado Mayor explicó su posición argumentando que, en caso de que un gran número de militares experimentados abandonaran el servicio sin que las unidades se reabastecieran con reclutas, los comandantes se verían obligados a retirar sus fuerzas del frente. ¿Conseguirá el Ministerio de Defensa llevar a cabo su idea fija esta vez? «Ya veremos».

El jefe del departamento analítico de «Vuelve vivo», Anton Muraveynik, está convencido de que es necesario trabajar de forma sistemática no solo con los reclutas, sino también con sus familias, que suelen influir en las decisiones sobre la movilización. Considera que la sociedad tolera la evasión de la actualización de datos porque se basa en experiencias negativas de interacción con el ejército.

¿De qué se trata? Los infractores del registro militar a menudo se encuentran en centros de entrenamiento al día siguiente de su reunión con el TCC. En esta etapa, se les pueden confiscar los teléfonos. En consecuencia, nadie informa a sus familiares. Algunas incluso denuncian la desaparición de sus maridos tres días después de su reclutamiento forzoso.

«Cuando los familiares se comunican por primera vez con los movilizados que se encuentran en el centro de entrenamiento, se produce aproximadamente el siguiente monólogo: «¿Qué haces allí? Vamos a resolver algo. Ya hemos reunido el dinero, te sacaremos de allí», cuenta Muraveynyk a UP. «Varias semanas sin comunicación y en la incertidumbre hacen que, durante la siguiente conversación, la familia le diga al recluta: «Huye de allí. Ya ves lo que está pasando. No te dejan volver a casa. No sabemos qué pasará después»».

A finales de 2023, Zelenski, casi por primera vez desde el inicio de la guerra, habló de movilización. Comenzó a señalar a los «culpables» de los fracasos: unos eran los mandos militares, otros el Gobierno, otros el Parlamento. Al mismo tiempo, coqueteaba con los electores: «Personalmente, hoy no veo la necesidad de movilizar a medio millón de personas». Como resultado, la aprobación de las nuevas normas de movilización se retrasó más de medio año, hasta mediados de abril de 2024. Durante ese tiempo, el número de reclutas disminuyó y las «lagunas» en el frente aumentaron.

Tras la aprobación de la ley, los representantes de todos los poderes del Estado y el Estado Mayor del Ejército de Ucrania evitaron por todos los medios la cuestión de la movilización en sus declaraciones públicas, ya que era extremadamente impopular. Toda la responsabilidad recayó sobre los ejecutores: los militares de los centros territoriales de reclutamiento.

«Las funciones de los empleados del TCC deberían limitarse al envío de citaciones. No deberían buscar a los reclutas. Esa es tarea de la policía», subraya el jefe del departamento analítico de «Vuelve vivo», Muraveynyk.

En su opinión, la obligación de actualizar los datos debería haberse introducido ya en 2022. Según él, entonces los ciudadanos lo habrían aceptado mejor que en el tercer año de una invasión a gran escala. Como se ha perdido tiempo, ahora hay que cosechar los frutos de las decisiones no adoptadas.

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