La Ley Electoral obliga a los pueblos indígenas a actuar como un partido o agrupación ciudadana

Como asesor de las organizaciones sociales -especialmente indígenas, tanto del Oriente como del Occidente boliviano- el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) ha sido no sólo testigo sino también parte activa de las trasformaciones políticas y legislativas que se han ido dando en los últimos años en el país sudamericano. Iván Bascopé, abogado constitucionalista y coordinador de la sede de la institución cruceña en La Paz, ha seguido desde dentro el proceso que desembocó en el nuevo texto constitucional o, más recientemente, en la promulgación de una nueva Ley Transitoria Electoral que, según Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), ha supuesto una “traición” a los pueblos originarios por parte del gobierno de Morales.

- ¿Qué valoración haces de lo sucedido con la aprobación de la Ley Transitoria Electoral?

Yo desdoblaría la valoración en dos partes. Por un lado, la aprobación se ha dado en un contexto netamente político bajo el imperativo de ir a las elecciones de acuerdo al mandato que se da en la Constitución. En ese escenario el partido de Gobierno ha puesto todas sus armas con tal de conseguir este fin.

El otro contexto es el que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, incluido el relacionado con su representación política. Se trata de una demanda ya vieja que ha sido incorporada desde el año 2004, cuando se estaba construyendo la propuesta de Pacto de Unidad, es decir, la propuesta de Constitución que hicieron las organizaciones indígenas originarias y campesinas. Sin embargo, en este contexto, se han dejado de un lado los derechos de los pueblos indígenas y se ha logrado viabilizar una elección que a toda costa va en desmedro de una incorporación de los colectivos indígenas en la estructuración del nuevo Estado.

La propuesta de Ley [Transitoria Electoral] de la CIDOB -como ente aglutinador de los 34 pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía- tenía ciertas definiciones, que, más allá del número de escaños, hacían desarrollarse a la Constitución tal y como debe hacer una norma, que si bien es transitoria, ya marca lo que puede ser una permanente para el futuro. De los 18 escaños que propuso la CIDOB, vía circunscripción especial, el oficialismo otorgó sólo 7. Y peor todavía, no les da la definición que tenía que haberles dado: no está claro cuál es el referente territorial de estas circunscripciones especiales, no se respeta a otras minorías que también existen en los departamentos; así [la Ley] ha truncado cualquier posibilidad de que los pueblos indígenas puedan desarrollar su propia democracia comunitaria a través de sus normas y procedimientos propios, es decir sus usos y costumbres.

Lo que ha pasado es que, más allá de que a los pueblos indígenas no se les ha dejado postularse de acuerdo a sus normas propias y vía su propia organización -pese a la existencia de legislación internacional en ese sentido-, ellos ahora han de funcionar como si fueran cualquier partido o agrupación ciudadana en un sistema electoral que se caracteriza por la competencia. Plantear un sistema tan abierto podría perjudicar a las prerrogativas que han pretendido cuidar que los pueblos indígenas no se dividan. Especialmente en esta zona de nuestro país, los grupos de poder suelen cooptar a estos sujetos colectivos de forma que ellos, vía pueblos indígenas, también han logrado algunos beneficios. Esto ha sucedido por ejemplo en Santa Cruz con grupos fascistas que se han organizado para parecer como los legítimos representantes de un pueblo y que ahora trabajan en la Prefectura, que responden a las consignas del Comité Cívico Pro Santa Cruz, mismo que han participado de las tomas violentas de septiembre del año pasado.

La organización legítima, que es la CIDOB, ha pretendido que no exista esta libre competencia en la postulación de candidatos, sino que se haga a través de su organización y sus normas propias.

Además, esta Ley deja solos a los pueblos indígenas en lugar de acercarles a una alianza con el Instrumento Político, que es más amplio que el MAS. Y eso porque todavía hay una mirada desde el Gobierno que ve a los pueblos indígenas como demasiado débiles, que no tienen una preparación política a la altura de la revolución política y cultural que postula el Gobierno. Aún se cree que los pueblos indígenas del oriente son fácilmente cooptados por la derecha, que no tienen un planteamiento político claro, que en realidad es el que ha primado desde los años 90’ con las seis marchas que han impulsado la Asamblea Constituyente, cuya agenda ha sido planteada por los pueblos indígenas minoritarios.

La propuesta de Ley que se hizo desde la CIDOB se construyó conociendo la del órgano ejecutivo, por lo que se decidió trabajar desde ella, porque somos aliados del Gobierno. Porque en realidad, la CIDOB manejaba una propuesta más radical diferente a la que luego se presentó: daba pié a una reestructuración de todo el mapa geográfico electoral, se planteaba la representación directa por normas propias, tener mandatos, es decir, recoger muchos más conceptos de democracia comunitaria. Pero se decidió acatar lo que el Gobierno nos dijo en varias reuniones que se tuvo con el Ministerio de Defensa Legal a la cabeza de Héctor Arce, que es muy allegado al Presidente. Sin embargo, nuestra propuesta no fue aceptada. La propuesta del Ejecutivo señalaba en ese entonces 15 escaños indígenas. Nosotros les dijimos 18, pero al final lo que salieron fueron 7.

- ¿Qué incidencia tiene, más allá de lo numérico, esa reducción a siete escaños en las formas de organización de los pueblos indígenas?

Se le explicó a diferentes ministros y diputados del oficialismo y opositores que nosotros hicimos un mapeo con 3 pisos georreferenciados: uno era el de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), y si no las hay, donde están sus propiedades comunales; el segundo se basaba en las manchas de población, que a veces son dispersas; y finalmente, la cantidad de pueblos indígenas por departamento. Con esos datos sacamos esos 18 escaños. Por ejemplo, en el caso del Beni, en donde hay 19 pueblos, pedíamos 3 circunscripciones perfectamente consolidadas, que permitían la convivencia pacífica entre esos pueblos ya que no cruzaban conflictos internos. Esto lo presentamos como una alternativa que más que dividir a los pueblos indígenas, los estaba uniendo, a pesar de que nunca pedimos los 34 escaños que corresponden a otros tantos pueblos que existen el las tierras bajas. En otros países del mundo por cada pueblo minoritario se otorga un escaño. Por tanto, el criterio 18 no era un número caprichoso, 13 correspondían para el oriente, chaco y la amazonía boliviana, sino que tenía una razón de ser. Sin embargo, primó la dimensión política y este trabajo no se tuvo en cuenta.

Pero además, la CIDOB tenía conciencia de que esta Ley debía tener un carácter transitorio. Pero ahora leemos la ley y lo que sale es que no es una ley transitoria, por ejemplo en el caso del padrón biométrico, que será definitivo.

Además, esta ley tiene un gran error, y es que será la propia Corte Nacional Electoral la que determinará las circunscripciones. Es decir, que los 34 pueblos indígenas están supeditados a que la Corte los determine como crean conveniente. Y los mapas que ella tiene son más geográficos y de densidad poblacional, y no tanto de acuerdo al sistema antropológico y cultural que nosotros hemos logrado trabajar conjuntamente con los dirigentes y técnicos de la CIDOB y organizaciones regionales.

- ¿Cómo ves la relación que se está dando entre el Gobierno de Evo Morales y las organizaciones sociales dentro del proceso de cambio que se está en Bolivia?

Yo creo que el rol que están jugando las organizaciones sociales es básicamente instrumental. Es una instrumentalización que si bien puede venir desde el Ejecutivo, ellas mismas se han autoinstrumentalizado por una conciencia de convicción un tanto falsa y muy conservadora. Si hacemos una sociología de los movimientos sociales desde los años 90’, con la primera marcha que parte del Beni a La Paz, pidiendo tierra y territorio, y todas las marchas siguientes y movilizaciones, la historia testifica que la primera propuesta de texto constitucional integral, presentada a la Asamblea Constituyente, fue la que construyó y consensuó el Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas del país.

En ese papel está ahora la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM). Pero hay que señalar que sus dirigentes son únicamente las cabezas. Este es un grupo de personas que se ha hecho desde el Palacio de Gobierno y lamentablemente la CONALCAM ha venido a sustituir al Pacto de Unidad en el que estaban las cinco confederaciones, además que el Bloque Oriente y demás regionales. Se trata de una cuestión planificada que no tiene una fundación social, sino corporativa y para fines políticos.

- ¿Por qué el Gobierno no hizo uso de la presión popular en lugar de pactar con la derecha el texto de la nueva Ley Transitoria Electoral?

Esa fuerza se ha utilizado en otros momentos, como por ejemplo durante la marcha de octubre del año pasado cuando se hicieron las modificaciones al texto constitucional. Sin embargo, ahí ya veíamos que el movimiento indígena de la CIDOB y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) ya estaba muy disminuido porque cada vez hay más frustraciones y hechos muy concretos que han lastimado la dignidad de estas dos confederaciones.

Pero en la Ley Electoral ya no se utilizó la movilización popular. Y no fue así porque eso hubiera obstaculizado la concertación que en el fondo es una negociación que se hace a las espaldas de los pueblos indígenas. Lo que primó más que nunca fue el mecanismo de negociación, del que sólo nos enteramos después. Adolfo Chávez, Presidente de la CIDOB, cuando se enteró de todo fue a la plaza Murillo a llorar de impotencia al darse cuenta de que habían sido engañados. Nosotros pensábamos que iban a ser 8 escaños, pero los propios masistas de Chuquisaca dijeron que no querían ese escaño indígena en su departamento porque eso les iba a restar votos en sus circunscripciones uninominales, y también plurinominales.

Hay un sentido de partidocracia en Bolivia que no se está tratando de revertir y que ha sido precisamente la crítica de este Gobierno para acceder al poder: no ir a la democracia pactada, no a las relaciones clientelares, sino una democracia casi de poder compartido con los movimientos sociales.

- ¿Crees que este tipo de acuerdos del Gobierno con la derecha acabarán cuando se den otras circunstancias políticas o implican una lógica pactista que irá en detrimento de las demandas sociales también en el futuro?

Existe esa vocación pragmática del poder de ir abarcando ciertos escenarios hasta consolidar un poder. Y en esa medida creo que el Gobierno se está equivocando. Y eso lo cree mucha gente, también del propio entorno del Presidente.

Una de esas negociaciones en la que se fue aceptando cositas en detrimento de las mayorías fue la del texto constitucional el año pasado en el Congreso. Nosotros veníamos de una etapa de diálogo y negociación en Cochabamba sobre el tema de autonomías donde los movimientos sociales no estaban invitados, pero a cuyo escenario técnico y político pudimos acceder por la presión social. Allí se dieron bien las cosas. Pero lo que no nos dijeron es que el Presidente había autorizado que se reformaran todos los capítulos de la Constitución y no solo el de autonomías. Y claro, decirles eso a las organizaciones indígenas que hicieron seguimiento por dos años a la Asamblea Constituyente, fue muy doloroso. Y además no lo supimos hasta que salió la constitución reformada del Congreso con 111 artículos que fueron cambiados en un claro retroceso respecto al texto anterior aprobado en Oruro por la Asamblea Constituyente.

Pero al final los pueblos indígenas dijeron muy sabiamente que eso era muy necesario para tener una nueva Constitución porque eso luego se puede mejorar con el desarrollo legislativo posterior. Una compañera decía que habíamos tenido una derrota estratégica y un triunfo táctico. Pero la Ley Electoral nos ha partido hasta el principio.

Además, puede darse en el futuro que las organizaciones sociales no estén de acuerdo. Porque en cualquier momento esas “trillizas” -como llamamos nosotros a los campesinos, colonizadores y las “bartolinas”- que ahora están con la venda en los ojos, en el momento en que se den cuenta de que se han roto los derechos indígenas originarios y campesinos en esta Ley, ya no van a volver a hacerle caso al Presidente, o pero le van a quitar su credibilidad.

Y esto ha ocurrido con una Ley Electoral. Imagínate lo que puede pasar con una ley de recursos naturales que toca un tema mucho más neurálgico en el que interviene otro actor que son las trasnacionales.

La Haine