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19/11/2019 :: Bolivia

La persecución golpista amenaza al Congreso. El gobierno de facto construye el enemigo interno

x Marco Teruggi
Cuestionamientos por el decreto que exime de responsabilidad penal a los militares. Legitiman la represión con la amenaza de "grupos violentos locales y extrajeros"

El gobierno de facto anunció que existen senadores y diputados que «hacen subversión» y que sus nombres serán publidos este lunes. El Poder Legislativo cuenta con una mayoría del MAS, partido de Evo Morales. Ya han sido asesinadas al menos 24 personas en Bolivia, en un contexto de fuerte represión.

La amenaza en Bolivia ahora apunta al Poder Legislativo. El ministro del gobierno de facto, Arturo Murillo, nombrado por la autoproclamada Jeanine Añez, anunció que existen senadores y diputados “que están haciendo subversión” y que sus nombres serán publicados el día lunes.

La persecución contaría además con fiscales que ya han sido convocados para tal fin, denunció la diputada Sonia Brito, del partido Movimiento al Socialismo (MAS) que detenta las mayorías y presidencias en ambas cámaras.

Las declaraciones de Murillo vinieron a reforzar la situación de persecución que se vive en Bolivia. En efecto, él mismo había anunciado que iniciaba una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno, y la ministra de comunicación, Rosana Lizárraga, había denunciado y amenazado a periodistas por sedición.

Ese cuadro se vio reforzado por el decreto que exime de responsabilidad penal a los militares que participen de los operativos “para restablecer el orden”. Esa decisión fue respaldada por el ministro de defensa, Fernando López, quien afirmó que se debe a la existencia de “grupos subversivos armados” y “grupos extranjeros armados” con “armas de grueso calibre”.

Las declaraciones de López fueron en respuesta a las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuestionó el “grave decreto” por “desconocer los estándares internacionales de derechos humanos” y por “estimular la represión violenta”.

El conjunto de amenazas oficializa un cuadro de persecución y asesinatos que comenzó desde antes que tuviera lugar la renuncia forzada del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. En efecto, días antes del golpe, ya se habían registrado incendios a casas, secuestros de familias y amenazas directas de diputados, gobernadores y dirigentes del MAS.

Ya han sido asesinadas 24 personas en Bolivia en 5 días. El informe fue presentado por la Defensoría del Pueblo y ratificado por Morales, quien exigió “al gobierno de facto de Añez, Mesa y Camacho identificar a los autores intelectuales y materiales”, y denunció a la comunidad internacional “estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad”.

En ese contexto tuvo lugar la reunión del embajador de la Unión Europa (UE), León de la Torre con la autoproclamada Añez. El facilitador afirmó que la UE se ofrece para que “Bolivia pueda celebrar lo antes posible elecciones creíbles”, y manifestó que apoyará el “periodo transitorio”.

Las declaraciones del facilitador de la UE coincidieron con las del enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, quien se reunió el sábado y también se ofreció como mediador para hablar con “todos los líderes y actores” para “pacificar” y convocar a “elecciones libres”.

La autoproclamada Añez también se refirió de forma breve a la cuestión electoral: “muy pronto daremos noticias sobre nuestro principal mandato, la convocatoria a elecciones transparentes y recuperación de la credibilidad democrática de nuestro país”.

La poca claridad respecto a la elección coincide con el proceso de ataque al Poder Legislativo anunciado por Murillo. En efecto, el gobierno de facto cuenta con la dificultad de que ese poder está en manos de la mayoría del MAS, y es necesaria su aprobación para lograr un paso importante: el nombramiento de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, para luego convocar a elecciones.

Quienes están al frente del golpe de Estado están frente a una decisión que tomar: intentar un acuerdo con el bloque del MAS para lograr las elecciones de las autoridades electorales y las nuevas elecciones, o avanzar sobre el poder legislativo. Esa segunda opción es la que se ha impuesto con las declaraciones de Murillo, en lo que es una estrategia de persecución sobre diputados y senadores para forzar una decisión a favor del plan del gobierno de facto.

Las amenazas se dan dentro del cuadro de licencia para matar, impunidad para hacerlo, ruptura del Estado de derecho, 24 muertos, centenares de heridos, y una protección mediática de grandes medios y editoriales que, de forma cómplice, niegan que exista un golpe de Estado en Bolivia.

Ese escenario no ha detenido las masivas protestas sociales que se han dado en diferentes partes del país, así como las que ya se ha anunciado que tendrán lugar. Así, por ejemplo, tuvo lugar un cabildo en Sacaba -sitio donde tuvo lugar la masacre donde fueron asesinadas nueve personas durante la represión- y allí se determinó exigir “la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Añez en un plazo de 48 horas”.

En el cabildo también fue aprobada la exigencia del “repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas”, así como la “aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional que garantice las elecciones nacionales en un plazo de noventa días”.

En el Alto también tuvo lugar un cabildo masivo, y una de las protestas más complejas de afrontar para el gobierno de facto: el bloqueo al acceso de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en Senkata, de donde sale gasolina y gas licuado. Esa acción ha generado dificultades de abastecimiento en la ciudad de La Paz, que se encuentra en estado de anomalía profunda desde hace más de una semana.

De esta manera, luego de una semana de la renuncia de Morales y García Linera, Bolivia se encuentra bajo un escenario de tres frentes: la persecución golpista en cada uno de los niveles políticos y sociales, la pregunta acerca de qué sucederá en el Poder Legislativo, y una situación de aumento de los levantamientos contra el golpe. La salida electoral, que parece ser el único punto compartido, aún parece difusa.

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El gobierno de facto construye el enemigo interno

El ministro Murillo dijo que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no había podido viajar a su departamento natal, Beni, por las amenazas contra ella. “La presidenta es un objetivo militar, nuestras familias son un objetivo militar”.Uno de los cocaleros heridos en Cochabamba, uno de los centros de resistencia al golpe.

Arturo Murillo, ministro del gobierno de facto de Bolivia, es el encargado de construir una de las narrativas más peligrosas del golpe de Estado: la del enemigo interno. Su discurso ha venido en un proceso de señalamiento que cuenta con dos elementos centrales, por un lado, fabricar un enemigo imaginario y peligroso, y por el otro, victimizarse.

Esa construcción escaló un nuevo paso el día lunes cuando Murillo señaló que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no había podido viajar a su departamento natal, Beni, por las amenazas contra ella. “La presidenta es un objetivo militar, nuestras familias son un objetivo militar”, dijo.

El enemigo que toma forma en el discurso del gobierno de facto estaría conformado por varios elementos: grupos subversivos internos, grupos armados extranjeros, bandas narcotraficantes bolivianas y mexicanas e integrantes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Usarían “armas de grueso calibre”.

El gobierno de facto busca así victimizarse y legitimar la acción represiva, tanto de la Policía Nacional Boliviana como de la Fuerza Armada Bolivia. Esta última tuvo un despliegue en tres pasos. En primer lugar, salió a las calles a militarizar ciudades y carreteras, luego fue exenta de responsabilidad penal en las operaciones, y finalmente este lunes le fue aprobada una partida adicional de 4 mil 800 millones de dólares.

La construcción del enemigo interno busca otro objetivo más: negar la responsabilidad en las muertes. Así Murillo negó que hayan 24 asesinados, a pesar de que ese número haya sido proporcionado por la Defensoría del Pueblo, dijo que solo existían 9 muertos, de los cuales 2 había sido asesinados con tiros de frente con calibre no convencional, es decir que no usa las fuerzas de seguridad del Estado.

Por lo tanto, el gobierno de facto sería objeto de un ataque armado para desestabilizarlo que tendría en su autoría intelectual a las fuerzas del Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir del proceso de cambio que tiene a Evo Morales en su dirección.

Morales, quien se encuentra asilado en México, se refirió a la situación represiva del país, y denunció que intentan “culparnos por las 24 muertes causadas por su “presidenta” autonombrada en 5 días”.

También declaró, en una entrevista a la cadena Al Jazeera, que busca volver para terminar su mandato que culmina el 22 de enero del 2020: “Está bien, todo por la vida, por la democracia, retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato (…) estoy buscando una forma legal de volver y estar con la gente que resiste la dictadura, el golpe”, afirmó.

Esa resistencia ha continuado su proceso de crecimiento en lugares de visibilidad, como La Paz, El Alto, Cochabamba, así como en carreteras del país, ciudades intermedias y pueblos. Es un levantamiento encabezado por diferentes movimientos que piden que Añez renuncie a lo que nunca le correspondió por la Constitución.

La respuesta del gobierno de facto, además de la represión y los asesinatos, ha sido la de descalificar las protestas: “Hay bloqueos en varios puntos del país, pero no hay demandas, ¿cuáles son las demandas?, no entiendo”, afirmó Murillo.

Junto con este escenario sigue sobre la mesa una de las cuestiones centrales: el llamado a elecciones. El discurso golpista sostiene que el gobierno de Añez es únicamente transitorio, y que sólo ha venido para “pacificar” y convocar a “elecciones libres”.

La forma de convocatoria a esas elecciones y las condiciones de participación son lo que está siendo objeto de debate. El gobierno de facto cuenta con el problema de la mayoría parlamentaria del MAS, una piedra de tranca para avanzar en la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, la decisión que pareciera tomarse, sería conformar un “órgano electoral interino elegido por consenso”, según apareció en la propuesta presentada por el ex presidente boliviano Tuto Quiroga. En esa propuesta Evo Morales no podría presentarse.

La necesidad electoral ha sido enunciada también por Carlos Mesa, quien pidió públicamente que se hiciera el llamado y que el MAS reconozca al gobierno de facto.

Esa desembocadura electoral es una necesidad por dos razones. En primer lugar, porque el golpe de Estado busca presentarse como institucional y democrático, y, por lo tanto, parte de esa construcción demanda una salida por los votos. En segundo lugar, porque la presión de las movilizaciones conforma un cuadro que el golpismo no logra controlar.

Un ejemplo de esta situación es la ciudad de La Paz, donde se presentan dificultades de abastecimiento de alimentos. La cuestión temporal es uno de los factores determinantes, y el gobierno de facto, los poderes reales del golpe de Estado saben que resultaría difícil mantener esta situación de autoproclamación por un tiempo prolongado. Buscan, antes de convocar a elecciones, haber generado todas las condiciones de persecución y proscripción que necesitan.

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