La actualidad del conflicto de Darfur

Las acusaciones de genocidio en Darfur formuladas por el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), que puede implicar la persecución legal del presidente sudanés, Omar el-Beshir, ha colocado nuevamente al país africano en el punto de mira de buena parte de los medios de comunicación.

Dar Fur significa "la tierra de los Fur" en árabe, y está compuesto por diferentes grupos étnicos, tanto árabes como no árabes. Los Fur, Zaghawa, Masalit, Tunjur y otros han habitado esa zona desde hace siglos, dedicándose algunos a la agricultura, mientras que otros han basado su modo de vida en una actividad nómada. Dividida en tres zonas étnicas, ninguna de ellas puede considerarse a pesar de todo de forma homogénea desde un punto de vista étnico.

A diferencia del conflicto entre Jartum y el sur del país, en Darfur los sentimientos u oposiciones religiosas no entran dentro de los parámetros del enfrentamiento, ya que ambas partes son musulmanes sunitas. Para entender un poco más el actual conflicto es necesario ubicarse "dentro del prisma de la historia", prestando atención a un abanico de diferencias y acontecimientos que se han venido sucediendo en las últimas décadas.

El proceso post colonial mostró que la independencia de Sudán fue el producto de la negociación entre las autoridades coloniales y determinadas élites políticas locales, dejando de lado a importantes comunidades y etnias del país, sobre todo a poblaciones de la periferia como Darfur. De ahí que ese acuerdo no tuviera en cuenta ni la realidad ni las demandas de esos segmentos de la población marginados política, económica y socialmente.

Si el conflicto se declara "oficialmente" a comienzos del 2003, ya en la década de los años setenta se producen frecuentes incidentes armados contra transportes e instalaciones gubernamentales en Darfur. Desde el gobierno central se dará inicio a una campaña de "negación de cualquier problema político", presentando la situación como fruto de la actividad "ladrones" e iniciando una dura represión contra las poblaciones locales de Darfur, que traerá consigo un mayor rechazo de éstos a las políticas del gobierno central.

Ya en esa época eran muchas las voces de los pueblos de Darfur que denunciaban la marginación que sufrían por parte del gobierno de Jartum de sanidad, provisión de os servicios sociales básicos, infraestructuras y representación política en las instituciones centrales del país. Al mismo tiempo señalaban el concepto de marginación de las periferias por parte de las élites de Jartum, así como la percepción de que el conflicto de Sudán no se circunscribe al enfrentamiento entre el norte y el sur, sino que se trata del pulso entre una minoría elitista apoyada social y económicamente por el gobierno central y una mayoría explotada y discriminada.

En 2003, dos grupos opositores al gobierno, el Movimiento por la Igualdad y la Justicia (JEM), con un cierto matiz islamista, y el ejército de Liberación de Sudán (SLA), laico, aprovechando la coyuntura deciden alzarse en armas contra Jartum. El gobierno reacciona como en el pasado, negando el carácter político del conflicto, aumentando la represión y utilizando milicias paramilitares locales, Janjaweed, contra los grupos étnicos que apoyan a los alzados.

Los acuerdos de paz entre Jartum y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA) apuntan a una reorganización del estado sudanés que seguirá marginando a los pueblos de Darfur. Los peligros de esa nueva marginación es evidente, y el nuevo consenso es una prueba más de que la mayoría de Darfur sigue siendo ignorada por la política oficial del país. Paralelo a todo ello será el aumento de las voces dentro de Darfur que ante la situación reclamen una separación real, y planteen la secesión como única salida real al conflicto.

La intervención del TPI en la actualidad ha supuesto un nuevo punto de inflexión en el largo conflicto de Darfur. Algunos actores han recibido con alegría la decisión de perseguir legalmente a los dirigentes sudaneses (la oposición al gobierno, algunos miembros del SPLA y los opositores de Darfur), otros han mostrado sus reservas ante la posibilidad de que le escenario futuro sea todavía peor. Mientras que los partidarios del actual presidente también han movido sus fichas para movilizar a sus bases ante lo que consideran una agresión exterior. La polarización del país es sin duda un nuevo peligro que cabría añadir ante la ya de por sí delicada situación.

Diferentes voces sudanesas, críticas con el gobierno, han manifestado con rotundidad que tampoco aceptarían un "cambio de régimen" impulsado por los intereses extranjeros. Por otro lado el presidente sudanés es consciente de que el verdadero peligro puede estar dentro de su propio círculo de colaboradores. Como ya ha ocurrido en el pasado los cambios golpistas se producen con cierta asiduidad y siempre siguen el mismo patrón de actuación, de ahí, que Omar el-Beshir desconfíe de todos.

Algunos analistas se han preguntado por qué ahora esa decisión del TPI, y han señalado la tendencia de algunos actores (medios de comunicación, EEUU, algunas ONGs) por especular al alta con el número de víctimas en los conflictos, en función de determinados intereses o para facilitar su propia intervención. Así, han apuntado el caso de Bosnia Herzegovina, donde esos mismos protagonistas cifraron en 300000 los muertos de aquel conflicto, mientras que posteriormente se ha sabido que en total fueron cien mil. Esa cifra sigue siendo por sí una enorme tragedia, pero la especulación muestra que el objetivo final no es solucionar la situación, sino desequilibrar la balanza en una u otra dirección.

El problema de Darfur es político, y representa un aparte de una crisis más profunda que afecta a Sudán. La marginación social, económica y política que han venido soportando gran parte de los pueblos de Darfur requiere de un dialogo encaminado a la búsqueda de un paz, basada en una solución política justa que elimine las raíces del conflicto y acabe por tanto con la violencia. Por todo ello la paz llegará de la mano de la justicia y ponga fin a esa situación de desequilibrio que han mantenido, primero el régimen colonial británico, y posteriormente los diferentes gobiernos de Sudán.

Hasta ahora la política de "divide y gobierna" ha sido la estrategia central de los diferentes gobernantes de Jartum, acompañada de una impunidad represiva y una cierta complicidad de algunos poderes occidentales. Y a pesar de ello, la solución más clara pasa por los parámetros negociadores señalados, sin un acuerdo podemos encontrarnos ante un escenario que repita las atrocidades de Rwanda o la República Democrática del Congo.

La intervención interesada del TPI, junto a los interese de algunas potencias occidentales, puede colocar a Sudán alas puertas del peor de los escenarios posibles: un aumento de la violencia; tensiones dentro del partido gobernante (que podría pensar en sustituir al actual presidente); una crisis al Gobierno de Unidad Nacional, llegando incluso a colapsar los acuerdos de paz con el SPLA y el reinicio de la guerra civil; la salida de los diplomáticos y cooperantes extranjeros.

En definitiva, la crisis humanitaria podría verse incrementada en ese nuevo contexto, donde la violencia alcanzaría niveles preocupantes, e incluso podría afectar a otros estados vecinos de Sudán, y donde las fuerzas golpistas podrían encontrar la excusa apropiada para actuar.

Gabinete Vasco de Análisis Internacional (GAIN)