La COB da 45 días de tregua, mientras Evo intenta pactar con la derecha

El ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) aprobó la noche de este martes una tregua de 45 días en su lucha por conquistar una nueva ley de pensiones solidaria, pero advirtió que retomarán las movilizaciones en caso de no lograr la aceptación del Gobierno de Evo Morales.

La reunión laboral, celebrada en La Paz, determinó también respaldar a los dirigentes Pedro Montes de la COB, Guido Mitma de la Federación de Mineros y Jaime Solares de la Central Obrera de Oruro, acusados por el Gobierno de impulsar las movilizaciones para favorecer a la derecha y de empujar a los mineros al enfrentamiento con las fuerzas represivas.

El dirigente de la COB, Octavio Urquizo, aseguró que los sindicalistas "no permitirán ningún avasallamiento de parte del Gobierno ni otro sectores por su legitimidad sindical".

De este modo, el ampliado aprobó al acuerdo alcanzado el sábado 9 de agosto con el Gobierno para concertar en 45 días una nueva Ley de Pensiones, pero advirtieron con reiniciar protestas si en ese lapso de tiempo no se cumple con la demanda laboral.

CUESTIONAMIENTOS

El secretario ejecutivo de la Central Obrera de Potosí, Gerardo Coro, el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de Caminos, José Luis Pacheco, el dirigente Jaime Solares, entre otros, sostuvieron que las bases no deben desmovilizarse en caso de un resultado adverso para iniciar la lucha hasta conseguir el triunfo de la clase trabajadora. Solares aseguró que la política conciliadora del presidente Evo Morales ha llevado a "reanimar a la derecha" por no seguir el mandato del pueblo en la agenda de octubre y que se sintitiza en minas, gas y petróleo para el Estado, tierras para los campesinos y mejor salario y jubilación digna para los trabajadores.

Durante el ampliado, los sindicalistas rindieron homenaje a Luís Hernán Montero Claros de 26 años y Roberto Cáceres Fábrica de 24 años, trabajadores mineros que fallecieron el pasado martes, con impactos de bala, durante los enfrentamientos con efectivos policiales en Caihuasi.

DIVISIONISMO

En este escenario, el ejecutivo de la Federación de Mineros, Guido Mitma, acusó al Gobierno de Morales de intentar descabezar la dirigencia sindical de los trabajadores mineros y de otros sectores sociales a fin de evitar nuevas movilizaciones. "Por el momento pareciera que el Gobierno está jugando un papel bastante sucio, porque está descabezando al movimiento obrero y Huanuni se ha caracterizado por ser la vanguardia en las luchas sindicales, por esa razón no se debe ingresar al juego del Gobierno", señaló.

Dolidos por la muerte a bala de los dos mineros y con una cincuenta de heridos entre sus filas, la última asamblea de los mineros de Huanuni había determinado desconocer a los tres principales dirigentes de ese sindicato, Isidora Vargas, Fernando Chávez y Juan Flores, además del ejecutivo de la COB, Pedro Montes, el ejecutivo de la Federación de Mineros Guido Mitma y el secretario ejecutivo de la Central Obrera de Oruro, Jaime Solares, todos mineros de Huanuni.

"Yo entiendo a los compañeros que se encuentran dolidos por la muerte de nuestros compañeros mineros en Caihuasi que fue por culpa del Gobierno, pero no se tiene que poner a un lado a nuestras entes matrices, a nuestros dirigentes, porque eso es lo que quiere el Gobierno, es decir dividir al movimiento obrero para reinar", había dicho Mitma. "En Huanuni se hará la sucesión de cargos para que no se debilite este valeroso sindicato, por lo que no existe crisis sindical y quienes estarán al frente del Sindicato de los Mineros de Huanuni delinearán la lucha de los trabajadores por los intereses de los movimiento obrero", agregó.

PLIEGO LABORAL

La COB había decretado la huelga general, los bloqueos de caminos y la marcha hacia La Paz para lograr la atención de su pliego petitorio, que incluye una nueva ley de pensiones, la nacionalización efectiva del gas, el petróleo y las minas, la expropiación de los inmensos latifundios del oriente, la distribución de tierras para los campesinos, el aumento de salarios, la nacionalización de las agroempresas que lucran con el hambre del pueblo y el control sobre los precios de los alimentos.

El eje central del pliego de la COB es la abrogación de la ley neoliberal de pensiones para sustituirla por un sistema solidario, donde los trabajadores activos, el Estado y los empresarios financien el pago de las jubilaciones.

El actual sistema privado de pensiones es administrado por las AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y sólo brinda posibilidades reales de jubilación al 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana, quedando el restante 90 por ciento sin derecho a recibir en el futuro rentas de jubilación, debiendo por tanto trabajar hasta la muerte.

Este sistema privatista se basa en la capitalización individual, donde cada trabajador realiza una contribución mensual del 12,5 por ciento de su salario con destino a su propia cuenta individual, de la cual se beneficiará con una pensión de vejez cuando se jubile. En este sistema, que permite que las AFPs obtengan millonarias utilidades al manejar 3.200 millones de dólares aportados por los trabajadores, no hay aportes de los empresarios ni del Estado.

Este sistema intenta ser preservado tal como está por la oligarquía, los partidos de derecha, las asociaciones y gremios empresariales y los grandes medios de comunicación.

El Gobierno del presidente Morales intenta, en lo esencial, mantener el sistema de capitalización individual, con la principal salvedad de que los 3.200 millones de dólares ya no sean administrados por las AFPs, si no por el Estado.

La COB, en cambio plantea, en lo fundamental: i) reducir la edad de jubilación de 65 años a 55 para los trabajadores, ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores activos aporten en una bolsa común para la jubilación de los viejos, iii) eliminar la administración privada de los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para que estos recursos sean administrados bajo control directo de las organizaciones de los trabajadores, y iv) que el Estado, las transnacionales y las empresas privadas aporten obligatoriamente a los fondos de jubilación en una cuantía que garantice la sostenibilidad del sistema.

EVO TRABAJA UN DIFÍCIL PACTO CON LA OLIGARQUÍA

El Gobierno del presidente Evo Morales comenzó a usar el notable apoyo electoral que obtuvo en las urnas, y que alcanza al 66 por ciento, para gestionar un difícil como complicado pacto con sus principales opositores, los prefectos (gobernadores) de la oligarquía que fueron ratificados con un apoyo similar y que han forjado gobiernos regionales en virtual rebeldía y desacato.

Al anochecer de este martes, Morales invitó, a través de una carta, a "las autoridades ratificadas a un diálogo nacional que permita abordar todos aquellos temas dirigidos a lograr un gran acuerdo nacional que el pueblo boliviano aguarda de sus autoridades electas y ratificadas democráticamente".

La cita estaba prevista para este miércoles a las 10 de la mañana en La Paz, pero los prefectos derechistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, declinaron inicialmente la invitación y optaron por reunirse junto a los movimientos cívicos y empresariales para definir una estrategia conjunta para enfrentar a Morales. Horas después, al mediodía, los prefectos, reunidos en Santa Cruz, anunciaron su disposición al diálogo con agenda abierta y sin condicionamientos.

"Le comunicamos (al presidente Morales) que estamos dispuestos a trasladarnos a Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz el día de hoy en horas de la tarde", señala un comunicado leído por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

En Palacio de Gobierno, en La Paz, eran intensos los preparativos para instalar la primera reunión entre Morales y los prefectos al cerrar la tarde.

VOTOS PARA EL PACTO

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el apoyo electoral obliga, tanto al Gobierno como a los opositores, a dialogar. "El apoyo que han recibido los prefectos traduce un mensaje: que los prefectos con su proyecto autonómico y el Gobierno con la nueva Constitución Política del Estado, tenemos que construir ese pacto de unidad nacional".

Horas antes el presidente Morales había señalado que el resultado de la consulta revocatoria del domingo se constituye en una conminatoria para que los actores políticos se sienten a dialogar, por lo que demandó a los prefectos que "entiendan el pedido del pueblo boliviano" y asistan a su invitación.

"Tenemos que buscar soluciones en el diálogo (...) Queremos constitucionalizar las autonomías", dijo Morales en horas de la mañana.

RESULTADOS OFICIALES

En las primeras horas de este miércoles, el conteo oficial de votos, que alcanzaba ya al 88 por ciento, daba cuenta que Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, obtenían el 66 por ciento de apoyo en todo el país. Los resultados de la Corte Nacional Electoral también mostraban que Morales y García Linera recibían apoyo mayoritario en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Pando, mientras que el rechazo hacia ellos era mayor en Santa Cruz, Beni y Tarija.

Las cifras oficiales también confirmaban el masivo apoyo a los prefectos derechistas como Rubén Costa de Santa Cruz (68%), Ernesto Suárez de Beni (65%), Mario Cossío de Tarija (58%) y Leopoldo Fernández de Pando (55%). Ellos, junto a la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, que recientemente ganó las elecciones, son los principales opositores a Morales.

Asimismo se confirmaba que fue ratificado el prefecto Mario Virreira de Potosí (76%), que es leal a Morales, y que fueron revocados en sus mandatos los prefectos derechistas José Luis Paredes de La Paz y Manfred Reyes Villa de Cochabamba.

En el caso de Oruro, Los resultados oficiales entregados por la Corte Departamental señalan que el prefecto oficialista Alberto Luis Aguilar tiene una votación del Sí que alcanza al 50,74 por ciento, mientras que el No alcanza a 49,26 por ciento, sobre el 99,16 por ciento de las mesas computadas.

Estos resultados crearon el primer conflicto en la lectura de resultados, pues, según la resolución de las cortes departamentales del 31 de julio, Aguilar ha sido ratificado, pero según la Ley 3850 la autoridad departamental necesita 59 por ciento para quedarse.

UN PACTO COMPLICADO

Con estos resultados, tanto Morales como los prefectos derechistas tienen motivos para cantar victoria, aunque en rigor ninguno de ellos ha logrado debilitar seriamente a su rival. Morales no pudo derribar a ninguno de los prefectos que han forjado gobiernos "autónomos" y en rebeldía en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones en las que virtualmente ya no puede entrar el Presidente. Del mismo modo, la oligarquía no pudo mermar el apoyo electoral hacia Morales, especialmente en el altiplano y los valles.

Por ello, unos como otros apuntan a iniciar negociaciones. Por ahora, todos quieren mostrar que están dispuestos al diálogo, aunque son los prefectos opositores los menos interesados en lograr un acuerdo, ya que han logrado grandes réditos políticos impulsando la confrontación contra el Gobierno de Morales.

Aprovechando la política conciliadora de Morales, la oligarquía tomó el control de cinco de los nueve departamentos de Bolivia levantando la bandera de la autonomía regional, mediante la cual están preservando sus millonarias ganancias que obtienen al explotar los recursos naturales, adueñarse de las tierras más fértiles y lucrar con los grandes negocios de la agroexportación, la industria, el transporte, el comercio y la banca.

Todos ellos están bloqueando la nueva Constitución Política del Estado promovida por Evo para garantizar, por lo menos en el papel, los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y para viabilizar la reelección de Morales por los dos siguientes periodos hasta el 2020.

En los hechos, la oligarquía no quiere llegar a un acuerdo con Morales y por ello exige un pliego de demandas que sólo podría cumplirse si Evo se rinde totalmente. Así demandan que el Gobierno les devuelva los recursos de los impuestos a los hidrocarburos (cerca de 200 millones de dólares al año), anule los avances de la nueva Constitución y reconozca sus estatutos autonómicos (que les permite tener su propio Parlamento, dictar leyes por encima de las nacionales, cobrar impuestos y crear su propia Policía).

PRESIÓN POR EL DIÁLOGO

Con el avance del conteo oficial de votos, crecían también las demandas para que el Gobierno de Morales y los prefectos armen un gran pacto nacional y armonicen las reivindicaciones populares con las de la oligarquía. A este pedido se sumaron la Iglesia católica, los organismos internacionales, los grandes medios de comunicación y las organizaciones empresariales, cívicas, profesionales y populares.

El Gobierno de Estados Unidos también hizo suyo este llamado e instó al Gobierno boliviano y a la oposición a que aprovechen la oportunidad que se les ha abierto después del referéndum revocatorio para "comenzar un diálogo franco" y resolver sus diferencias.

"Urgimos a todas las partes a que aprovechen esta oportunidad para comenzar un diálogo franco para resolver temas pendientes y definir un camino hacia adelante que una a todos los bolivianos", dijo el portavoz adjunto interino del Departamento de Estado, Robert Wood.

Todas estos sectores quieren que el presidente Morales frene sus reformas y mantenga en pie el neoliberalismo y los millonarios intereses de la oligarquía, precisamente todo lo contrario de lo que quiere la masiva votación emitida este domingo a favor de Morales para que profundice los cambios en la perspectiva de la agenda de octubre (nacionalización real del gas, petróleo y minas, expropiación de latifundios y entrega de tierras a los campesinos, y mejor salario, más empleo y digna jubilación para los trabajadores).