La impunidad en los casos de gatillo fácil: El maldito poder judicial

Luego se conocería el intento de "plantarle un arma". Diez días antes, otro muchacho de 22 años, Eduardo Gastón Díaz, fue asesinado por la espalda por un sargento en Nechochea. Si bien en ambos casos se está investigando a los miembros de las fuerzas represivas, el accionar del poder judicial, que es parte del Estado, demuestra cómo se termina garantizando la impunidad por no investigar. Un claro ejemplo es la libertad de casi todos los policías inculpados en la "Masacre de Wilde", sucedido el 10 de enero de 1994 cuando los uniformados asesinaron a cuatro personas.

Darián Barzabal fue detenido por un supuesto intento de robo a la casa de un policía. El dueño, Luis Doratto, lo detuvo y lo entregó a la policía local esposado y sin armas. Dentro del patrullero Barbazal fue asesinado poco antes de llegar a la comisaría tercera. Los oficiales a cargo intentaron justificar la muerte del joven aludiendo a que estaba armado. Sin embargo, poco después se conoció que el arma era de un vecino de la zona que había muerto en octubre pasado en un operativo policial y uno de los policías imputados declaró que su jefe había decidido "plantar un perrito". En efecto, quien está más complicado judicialmente es el ex sargento Santiago Regalía, quien envío una carta a otro de los policías implicados, Christian Gutiérrez, acusándolo de "haberlo mandado al frente".

Tras el fracaso de montar una escena en donde se inculpaba al joven asesinado, se procedió a la detención de cinco policías -uno de ellos Regalía- por el homicidio y otros cuatro por encubrimiento. Luego, el Ministerio de Seguridad mandó a intervenir la comisaría para garantizar la transparencia de la investigación y separó de la fuerza a los policías imputados. Los fiscales de turno, Delucis y Di Gregorio, a cargo de la investigación, son los mismos que investigan la Masacre de Magdalena, y que a más de un año del asesinato de 33 jóvenes de entre 25 y 30 años a manos del Servicio Penitenciario Bonaerense, no tienen ningún detenido.

Con este antecedente, no sorprende que nueve días después Delucis y Di Gregorio brindarán el beneficio de la excarcelación a los oficiales Eduardo Zaffino y Carlos Morales, ex segundo jefe de la comisaría 3ra de Los Hornos, Iván Martínez, Lucas Oyarzábal y Christian Gutiérrez, todos acusados por encubrimiento agravado por la muerte de Darián Barzábal. Sólo Regalía, acusado de ser el autor del disparo que mató a Barzábal, continúa en prisión.

En la madrugada del 1º de enero, Eduardo Gastón Díaz de 22 años de edad, fue asesinado por la espalda por un policía bonaerense de Necochea. Díaz y un amigo, intervinieron cuando dos policías golpeaban brutalmente a su cuñado. Según explicó Adelina Martorella, abogada de la madre de la víctima, los policías llamaron a más móviles y Gastón y su amigo fueron apuntados por los efectivos. El amigo, menor de edad, respondió levantando los brazos y quedándose quieto, mientras que Gastón optó por salir corriendo y fue perseguido por el sargento Alberto Quesada (46) y por una mujer policía. A los pocos metros, recibió un disparo en la nuca y murió.

La fiscal Analía Duarte, a cargo del caso, afirmó que Quesada "quiso golpear al joven en la cabeza con la pistola y fue ahí, cuando se le escapó el tiro", por lo que la carátula del caso fue primero "homicidio culposo" y ahora pasó a "Averiguación de Hecho". El sargento no declaró hasta ahora porque fue internado "en estado de shock" a una quinta en las afueras de Necochea. La familia de Díaz denunció que la fiscalía pone trabas a la hora de dar información, ya que no permitió a los familiares ver el expediente y se negó a fotocopiar la causa a sus abogados.

En ambos casos, a pesar de ser conocidos públicamente, y de ser investigados y apartados los policías de sus funciones se vislumbra la posibilidad de que salgan en libertad o ser declarados inocentes por "falta de pruebas". En el caso de Díaz, la fiscal Duarte no ha imputado a ninguno de los policías, a pesar de la declaración de los testigos. En tanto, en el asesinato de Barzabal, los cinco policías acusados de encubrimiento están en libertad.

Además, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Asociación Miguel Bru, patrocinantes de la familia Barzabal, exigieron que se garantice la imparcialidad de la investigación y expresaron que no se ha investigado todavía a los encargados de la custodia del arma que intentaron "plantarle" al joven. Además, pidió que se extremen las medidas para resguardar los efectos secuestrados en la causa ya que desapareció el paquete basculo-nervioso de Cristian Domínguez obtenido en la operación de autopsia, evidencia contundente para acreditar el asesinato.

Este accionar de las fiscalías y del poder judicial, tienen su referente en la llamada "Masacre de Wilde" sucedido el 10 de enero de 1994 cuando un grupo de policías inició un tiroteo sobre un auto sospechoso que resultó ser un remise y en la que murieron sus tres ocupantes y en el que en una "confusión" también fue asesinado a Edgardo Cicutín. La pericia de Gendarmería nacional determinó que el vehículo tenía 239 orificios de bala, todos de afuera hacia dentro.

Hace unos días el Programa Nacional de Anti-impunidad, que depende del Ministerio del Interior, alertó que casi todos involucrados en el caso "Siguen en funciones". (Los policías Eduardo Gómez (DDI de Mercedes), Hugo Reyes (Dirección de Narcotráfico), Marciano Gónzalez (hasta el 2006 en Seguridad presidencial Ezeiza), Roberto Mantel (Capitán de la Jefatura deparmental de Quilmes) y Pablo Dudek (se retiró como subteniente de la DDI de Lomas de Zamora))

El reclamo del CIAJ y la Asociación Miguel Bru concluye de manera terminante: "El caso de Darian, en que la respuesta institucional fue acorde a lo esperado en un Estado de Derecho, nos demuestra que en tantos otros casos impunes, no es posible una maldita policía sin un maldito poder judicial"