La intervención del gobierno argentino para manejar la inflación

El ruido de los cruces entre el gobierno de Néstor Kirchner y las patronales ganaderas, con la resurrección de añejas consignas contra la "oligarquía vacuna", no alcanza para tapar una verdad incontrastable para los sectores populares: las políticas oficiales de contención de precios no fueron eficaces, hasta ahora, para detener la inflación y sus efectos sobre los bolsillos de trabajadores ocupados y desocupados.

En cambio, sí sirven para consagrar las exigencias de los grupos empresarios en el sentido de congelar salarios y, en general, costos laborales, estrategia que se combina con la que aplica el gobierno en relación con la cantidad y montos de los planes sociales.

Todos los acuerdos que la ministra de Economía Felisa Miceli viene implementando con los representantes de las cámaras empresarias -aun aquellos que parecieron de implementación más fluida- contienen, como cláusulas de las que depende la continuidad de su aplicación, la condición de que no aumenten los costos de la producción de las distintas ramas, y en esos costos del que más se habla es el de los salarios de los trabajadores.

Como una extorsión que el Estado no sólo acepta, sino que incluso estimula, las patronales vienen planteando que la posibilidad de mantener sin modificaciones los precios de los productos de consumo masivo sobre los que se intenta acordar está atada a que el gobierno consiga convencer a las burocracias sindicales de neutralizar las exigencias de aumentos salariales de los trabajadores.

Está demás probado, a esta altura del partido, que la inflación acelerada en el último año no es, precisamente, la consecuencia de un mayor valor relativo de los salarios, ni de los costos laborales en general. El promedio de los salarios en la Argentina -calculado para el universo laboral en blanco, aunque se sabe que más de un 40 por ciento de los asalariados del país está en negro y cobra sueldos mucho más bajos- ronda los 700 pesos. Esto es, no alcanza ni siquiera a cubrir la canasta básica, que está por encima de los 800 pesos.

Se trata de una de las consecuencias de un proceso de reducción violenta de los costos laborales en la Argentina, los que en el último trimestre de 2005 fueron un 37,2 por ciento menores a los del mismo período del 2001, aquel que culminó con la gran crisis económica y social del país y con los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre.

Los operadores de Kirchner podrán llenarse la boca con exhortos a la lucha contra "la oligarquía", pero los datos de la realidad no se modifican con retórica. La rapacidad de los grandes productores de carne sigue siendo tan grande como lo fue históricamente. Pero el núcleo duro del poder económico en el país está en otro lado y sus exigencias, por ejemplo respecto de los salarios, no encuentran por parte del gobierno ni la misma retórica ni ningún otro obstáculo concreto.