La marginación producto del neoliberalismo: Las penas son de nosotros, los residuos son ajenos

Nuevo fenómeno social que inundó investigaciones de televisión y medios gráficos para mostrar la marginación producida por la política económica neoliberal ejecutada por décadas en el país. Voces, imágenes que aparecen únicamente para hablar y mostrar a los vecinos indignados, la basura en las calles pero raras veces preguntándose por ellos: las condiciones precarias en que realizan su trabajo, el trabajo infantil, la relación de explotación respecto de las grandes empresas recicladoras o la actitud y respuesta de los respectivos gobiernos de turno.

Los cartoneros, también denominados, ascéticamente, "recicladores o recuperadores urbanos", germinaron por obra de la desocupación. Sin trabajo formal, encontraron una alternativa de subsistencia para ellos y sus familias. Desde el 2002 son, por ley, trabajadores tercerizados de distintos municipios y ciudades del país, pero están en negro y ninguno de los derechos laborales básicos los ampara.

A las complicaciones que enfrentan diariamente al realizar su trabajo por un ingreso magro -desde la explotación infantil hasta la exigencia de pagos de coimas a la policía para que deje circular los camiones que los trasladan, la falta medidas mínimas de seguridad, de elementos salubres como guantes, credenciales y vacunas que la mismas leyes exigen pero no cumplen-, se agrega la discriminación por parte de la sociedad y el Estado, que en lugar de legitimar su trabajo, lo criminaliza.

Son varios los actores que sacan provecho del negocio del reciclado por sobre el arduo trabajo de cartonear. "El Estado, por ejemplo, se ahorra el 12 por ciento de lo que gastaría en enterrar los residuos gracias al reciclado urbano. Eso es cerca de 70 mil pesos mensuales sólo en la Ciudad de Buenos Aires", explica Rafael, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

La legislación establece la construcción de centros verdes para centralizar el material reciclable recolectado, administrados por cooperativas de recuperadores urbanos que vendan directamente a las empresas. De esta manera, podría insertarse a los recuperadores urbanos en el circuito de trabajo formal, enfrentando el problema del desempleo y, a la vez, dando alguna respuesta a la situación de emergencia de los basurales contaminantes.

Se establecen metas ambiciosas pero no se cumplen por falta de voluntad política. "Formar 20 cooperativas de 20 personas cada una no es una solución para nadie más que para los grandes empresarios y para los gobernantes que prefieren que la ciudad parezca limpia para los turistas". Paradójicamente resulta que la constitución de cooperativas que agrupen el trabajo de los recicladores urbanos -tal como se plantea desde los programas oficiales de tratamiento de residuos-, lejos de aportar una solución sirve como método para excluir y dejar sin trabajo a más de la mitad de los cartoneros.

Las agrupaciones de cartoneros surgen luchando por la conservación de su trabajo y buscando que se cumplan los derechos laborales sociales básicos. Algunas cooperativas, como El Ceibo, desarrollan programas de promoción ambiental para difundir información sobre residuos recuperables. Además, se proponen instancias de capacitación. Se intenta concientizar a los trabajadores pero también a los vecinos sobre los temas relacionados con los residuos, dada la falta de difusión de la problemática.

"Preferimos hacer pequeños cambios de conciencia y que de ahí se llegue a más gente, que sepan que sirve pelear", exponen en el MTE, al tiempo que comentan lo lento que es el proceso de organización. "La exclusión es grande y los cartoneros son vistos como un peligro por la policía y por los vecinos. Por eso es importante la toma de conciencia".

Son más de 15 mil trabajadores los que realizan su trabajo en las peores condiciones y sin reconocimiento. Desarrollar políticas superficiales que se ocupen de cómo mantener limpia las ciudades, no es más que cambiarle la máscara al problema.