Las políticas del FMI vuelven a destruir Kenia

«La gente se muere de hambre y los niños no van a la escuela», explica David Ngooma, vecino de Kibera, el mayor barrio de viviendas precarias de Kenia. «No vemos ninguna ayuda del gobierno». Además, según Ngooma, el presidente grava demasiado a los kenianos más pobres. Este dolor es un resultado directo de las recomendaciones políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le impusieron al país, repitiendo recomendaciones aplicadas con resultados desastrosos en la década de 1990.

Kenia se enfrenta de nuevo a la doble crisis del aumento del costo de la vida y de la deuda, agravadas ambas por las obsoletas políticas del FMI. En el último año, el precio del azúcar, alimento básico en los hogares keniatas, ha subido un 32%, mientras que el de verduras como las zanahorias y las cebollas lo ha hecho en más de un 50%. El precio de la harina de maíz, otro alimento básico keniano, también se ha duplicado en los dos últimos años.

Además, nueve de cada diez kenianos ganan actualmente lo mismo o menos que al principio de la pandemia. Según un informe reciente de Infotrak, el 73% de los kenianos sufre graves dificultades financieras o no consigue llegar a fin de mes. En la actualidad, el ratio deuda/PBI se sitúa en un enorme 68% y, según Finance Uncovered, en 2023 «Kenia gastó más dinero en el servicio de su deuda que en todas las demás partidas del presupuesto nacional juntas."

Medidas de austeridad

Personas como David Ngooma subrayan la dura realidad a la que se enfrentan muchos kenianos. «Antes conseguíamos unga [harina de maíz] por 80 KSh [80 chelines kenianos, unos 0,50 dólares], pero ahora cuesta 200 y pico», dice Ngooma. «Aquí la gente no tiene trabajo. Conseguir dinero sólo para un paquete de harina es difícil. Así que la gente sólo come una vez al día».

En un intento por salvar la economía y atajar la crisis de la deuda, el presidente keniano, William Ruto, ha recurrido a los préstamos del FMI, el último de los cuales, este enero, asciende a otros 941 millones de dólares. La deuda de Kenia con el FMI asciende actualmente a 3.500 millones de dólares (2.500 millones de derechos especiales de giro, o DEG) y no ha dejado de aumentar desde hace algunos años.

Pero, para recibir estos préstamos, el FMI obliga a los países a adoptar estrictas medidas de austeridad y a reorientar sus economías para centrarse casi por completo en las exportaciones. Kenia no fue la excepción. Apenas llegado al poder, en septiembre de 2022, Ruto respondió a una condición clave impuesta por el FMI suprimiendo las subvenciones a la harina de maíz y el combustible que los gobiernos anteriores habían ofrecido a los consumidores.

Como consecuencia, el precio de estos productos de consumo diario se disparó. Los precios del combustible en Kenia alcanzaron un récord en la primera mitad de 2023, con precios que superaron los 182,70 KSh (1,13 $). Después, en el primer trimestre del año fiscal hasta septiembre, «el gobierno redujo a cero el gasto en subsidios», tal y como había solicitado el FMI.

Además, en julio de 2023, el gobierno de Ruto duplicó el impuesto al valor agregado (IVA) del combustible, que pasó del 8% al 16%, otra de las recomendaciones del FMI. Esto condujo a nuevos máximos históricos en el coste del combustible en 2023, cuando los precios superaron los 200 KSh.

Ken Gichinga, economista jefe de Mentoria Economics, señala el impacto desigual de estas políticas, que gravan desproporcionadamente a los pobres y ralentizan la actividad económica general. «Cuando se duplica el IVA sobre el combustible, el conductor de una moto tendrá que desprenderse de un porcentaje mayor de sus ingresos para pagar este impuesto, --dice Gichinga-- a diferencia de un director general que quizá ni siquiera sea consciente de este cambio de precio porque es una parte insignificante de sus ingresos».

Gichinga también afirmó que esta forma de impuesto es sólo una solución a corto plazo para el servicio de la deuda de Kenia. «El problema de este enfoque es que altera la demanda de bienes y servicios... Un precio más alto del combustible significa menos consumo y menos actividad económica».

Christopher Obondo, un soldador de Kibera, dijo que estos impuestos básicamente lo dejaron sin trabajo. «Cuando voy a comprar metales, me encuentro con que el precio es demasiado alto. Entonces, cuando les planteo a mis clientes este alto precio de un trabajo de soldadura, resulta demasiado. Así que no consigo trabajo».

Si a esto le añadimos el elevado precio de los alimentos, muchos kenianos empiezan a pasar hambre. «Sólo hago una comida [al día], que suele ser la cena. Y aun así la cena no es suficiente... Sigo pasando hambre».

En respuesta a los impuestos a los pobres y a la supresión de los subsidios, en 2023 estallaron en Nairobi cuatro protestas masivas, dos en marzo y dos en julio. Al final, al menos treinta personas murieron a manos de la policía y cientos más fueron detenidas. Los kenianos estaban furiosos porque el gobierno seguía a rajatabla el modelo del FMI y había trasladado la carga fiscal a los pobres del país, en plena crisis del costo de la vida. Al final, el Presidente Ruto cedió a la presión de la calle y reintrodujo el subsidio a los combustibles. La medida fue duramente criticada por el FMI.

El poder del FMI en Kenia no es, por desgracia, nada nuevo. En 2011, presionó al Gobierno de Mwai Kibaki para que modificara el IVA e incluyera el combustible, que hasta entonces había estado exento del impuesto.

Sin embargo, según la Asociación Fintech de Kenia, «la política tuvo un impacto perjudicial en la economía. La inflación se disparó, las empresas tuvieron dificultades para hacer frente al aumento de los costos y el crecimiento económico se ralentizó».

En la actualidad, el IVA es sólo uno de los nueve impuestos que el Gobierno ha aplicado al combustible, ya que el Gobierno de Ruto triplicó el gravamen regulador del petróleo la semana pasada. A continuación, Ruto tiene previsto dar un paso más y aumentar el IVA del 16% al 18%.

Programas de ajuste estructural

Tal vez no resulte sorprendente que este modelo económico ya se haya probado antes, con resultados desastrosos.

A principios de la década de 1980, la mayoría de los dirigentes africanos, desde presidentes electos hasta dictadores, se vieron obligados a tomar préstamos masivos del FMI y del Banco Mundial, adhiriéndose al estricto modelo neoliberal que pregonaban estas instituciones.

Para obtener la aprobación de estos préstamos, las instituciones de Bretton Woods exigieron a los dirigentes que aplicaran «programas de ajuste estructural» (PAE). Estos programas exigían una austeridad estricta y recortes del gasto social, al tiempo que reorientaban las economías para centrarse casi por completo en las exportaciones y la extracción. Para la mayoría de los países, esto significó que desaparecieran las inversiones en educación y sanidad, mientras aumentaban las exportaciones más baratas a Occidente.

Según el FMI, este modelo impulsaría el crecimiento económico y acabaría con la pobreza. Ocurrió lo contrario.

Tras la aplicación agresiva de los programas de ajuste estructural en el África subsahariana, el número de personas en situación de pobreza casi se duplicó de 1981 a 2001, «pasando de 164 millones de personas a 316 millones que vivían con menos de un dólar al día», como señala el Banco Mundial. Según el Centro de Investigación Económica y Política, el PIB per cápita del África subsahariana descendió un 15% entre 1980 y 1998. Sin embargo, en las dos décadas anteriores (1960-1980), antes de la introducción de los programas de ajuste estructural, el PIB per cápita había aumentado un 36%.

La extensión de la pobreza y el subdesarrollo en el continente en los años ochenta y noventa llevaron a etiquetar esta época como la «Década Perdida». Ya en 1991, el Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, señaló al FMI como una de las principales causas. «Los diversos planes de ajuste estructural --que socavan a las clases medias; empobrecen a los asalariados; cierran puertas que habían empezado a abrirse a los derechos básicos de educación, alimentación, vivienda, atención médica; y también afectan desastrosamente al empleo-- suelen sumir a las sociedades, especialmente a los jóvenes, en la desesperación».

Como resultado de los PAE, el África subsahariana transfirió 229.000 millones de dólares a Occidente entre 1980 y 2004, en forma de pagos de la deuda. Según el Centro Canadiense de Políticas Alternativas, en 2004, el continente pagaba a los países más ricos 15.000 millones de dólares cada año en concepto de servicio de la deuda. «Esto es más de lo que el continente [recibía] en ayudas, nuevos préstamos o inversiones».

Sin embargo, la región que registró la mayor reducción de la pobreza durante este periodo fue Asia Oriental, la región donde el FMI no impuso estrictas medidas de austeridad.

A principios de los 80, según el Banco Mundial, «Asia Oriental era la región con mayor incidencia de pobreza extrema del mundo, con un 58% de la población viviendo por debajo de 1 dólar al día». A finales de siglo, «África Subsahariana había intercambiado el puesto con Asia Oriental».

Recomendaciones neoliberales

Uno de esos casos fue el de Kenia. Nairobi acordó su primer PAE con el Banco Mundial en 1980 y con el FMI en 1982. El país tardó en adoptar las recomendaciones neoliberales, como la eliminación de aranceles, la desfinanciación de los servicios públicos y la aplicación de recortes fiscales, lo que llevó a una modesta tasa de crecimiento del PBI del 4,2% durante la década, por debajo del 7% de los diez años anteriores. Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1980, «Kenia inició un esfuerzo más concertado y sostenido de liberalización comercial significativa», según la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. «Se redujeron los aranceles, se relajaron los controles sobre las importaciones y el gobierno fomentó el comercio a través de una serie de plataformas de promoción de las exportaciones». Sin embargo, durante este periodo, el crecimiento del PIB se volvió negativo, cayendo un 2,2% en la década de 1990.

La reducción de la pobreza también se invirtió masivamente, los precios de los alimentos subieron y el hambre se generalizó. A principios de la década de 1970, alrededor del 35% de los kenianos vivían en la pobreza. A finales de los 90, esa cifra se había disparado a más de la mitad de la población. Según la ONU, el número de kenianos que vivían en la pobreza se cuadruplicó con creces, pasando de 3,7 millones en 1973 a diecisiete millones en 2003. Los experimentos de Kenia con el neoliberalismo y los PAE sólo pueden describirse como un abyecto fracaso.

Sólo hubo crecimiento para los kenianos de élite: los kenianos con estudios universitarios vieron triplicados sus ingresos, mientras que los ingresos de los kenianos con estudios secundarios se redujeron en un 50%. Esta disparidad dio lugar a un aumento de la desigualdad, situando a Kenia entre los diez países más desiguales del mundo.

Kenia hoy

Tras años de conceder préstamos al líder autoritario de Kenia, Daniel arap Moi, el FMI finalmente le retiró la ayuda en 2000, debido a su flagrante corrupción. Tras un paréntesis de tres años, el FMI anunció que había empezado a conceder préstamos al nuevo presidente, Mwai Kibaki, elegido en 2002. Sin embargo, Kibaki optó por llevar al país en una nueva dirección. Anunció su política de «mirar al Este» y abrió el país a las finanzas chinas.

Durante la década siguiente, los préstamos de China eclipsaron a los del FMI y el Banco Mundial. Las instituciones de Bretton Woods dejaron de dictar la política económica y de desarrollo. A finales de la década, se habían logrado enormes mejoras en la reducción de la pobreza y el crecimiento del PIB había repuntado.

Con el tiempo, como ya se ha señalado, el gobierno de Kibaki sucumbió a la presión del FMI, ya que Nairobi se vio obligada a buscar fuentes adicionales de ingresos durante una grave sequía regional en 2011. Como resultado, Kibaki comenzó a aplicar las recomendaciones políticas del FMI, que culminaron con la adición del IVA al combustible.

Los sucesivos gobiernos kenianos abandonaron la política de Kibaki de mirar al este y volvieron al FMI y al Banco Mundial en busca de financiación. En apariencia, parecía que el FMI había aprendido de su desastroso historial en el África subsahariana al anunciar una nueva política, los «Pisos de Gasto Social». Según la organización, esto impedirá que los gobiernos a los que presta recorten el gasto social a tasas tan elevadas, una política que afecta negativamente a los pobres.

Sin embargo, críticos como Oxfam han tachado esto de «hoja de parra para la austeridad». En su análisis, Oxfam ha descubierto que «por cada dólar que el FMI ha animado a un conjunto de países pobres a gastar en bienes públicos, les ha dicho que recorten cuatro veces más a través de medidas de austeridad».

Lo mismo ocurre en Kenia, donde el FMI ha animado al gobierno de Ruto a realizar recortes masivos en sanidad y educación. «El FMI insistió al gobierno para que redujera el gasto en educación», afirma Njoki Njehu, coordinador panafricano de Lucha contra la Desigualdad. «Vimos que en las universidades públicas el costo de las matrículas se triplicó, eso fue una correlación directa con las políticas del FMI. Su impacto ha sido perjudicial".

Por si fuera poco, el FMI animó al gobierno de Ruto a promulgar políticas fiscales extremadamente regresivas, que suelen hacer recaer la carga impositiva sobre los más pobres del país.

A quién beneficia el sistema

A diferencia de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el FMI están controlados por el sistema de un dólar por voto, y la mayoría de las acciones con derecho a voto están en manos de naciones desarrolladas ricas. Sólo EEUU posee suficientes acciones en el FMI como para otorgar a Washington un poder de veto de facto. Por si fuera poco, según un acuerdo tácito, el director gerente del FMI es siempre un ciudadano europeo.

Quizá por eso el austero modelo neoliberal impulsado por el FMI benefició sobre todo a Occidente. Al fomentar exportaciones y extracciones más baratas, los consumidores occidentales tienen mayor acceso a las importaciones, mientras que los países africanos reciben menos.

Según un informe de Global Justice Now, en 2015, África recibió 161.100 millones de dólares en forma de ayuda, préstamos y remesas. Sin embargo, el continente perdió «203.000 millones de dólares por factores como la evasión fiscal, el pago de la deuda y la extracción de recursos, creando un déficit financiero neto anual de más de 40.000 millones de dólares»

Más recientemente, el Secretario General de la ONU António Guterres bromeó diciendo que la respuesta del FMI y el Banco Mundial a la pandemia benefició sobre todo a los países occidentales ricos.

Según Jason Hickel, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, otro gran beneficiario de los PAE del FMI son los bancos extranjeros. El FMI puede fomentar recortes en los servicios sociales para que se puedan desviar más «recursos al servicio de la deuda externa. O se pueden privatizar empresas públicas y desviar los ingresos de la venta al servicio de la deuda externa», declaró Hickel a Jacobin. «Es efectivamente un mecanismo para rescatar a los grandes bancos tomando recursos de los pobres».

Por eso algunos, como Njoki Njehu, han calificado a la deuda como otra forma de colonialismo:

La colonización ya no es lo que era en los tiempos del imperio británico . La colonización ya no es lo que era en la época del imperio británico... ahora es una forma muy diferente de operar, no se necesitan miles de soldados ocupando un país. Basta con que unas pocas personas ocupen el Ministerio de Economía.

Jacobinlat