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Libertad a Luis Miguel Ipiña Doña
Entre los méritos de los gobiernos surgidos de la Revolución mexicana estuvo el de otorgar asilo a perseguidos y exiliados políticos de Guatemala, Cuba, Argentina, Chile, Nicaragua, El Salvador, España, Alemania, Italia, Checoslovaquia, Portugal y de otros países que sufrían feroces dictaduras de derecha. México fue un refugio, a lo largo de las décadas de 1920 a 1980, de miles de transterrados por sus ideas y acción políticas. Por nuestras tierras pasaron Gustavo Machado, Julio Antonio Mella, Tina Modotti, Agustín Farabundo Martí, Aníbal Ponce, Luis Buñuel, Rodolfo Halffter, Pedro Bosch Gimpera, Joaquín Xirau, Juan Comas, Wenceslao Roces, Adolfo Sánchez Vázquez, Egon Erwin Kisch, Anna Seghers, Raúl Castro, Clodomiro Almeyda, Pedro Vuskovic, Alejandro Witker, Luis Maira, Adriana Puigross, Noé Jitrik, Tununa Mercado, Gerard Pierre Charles y Luis Cardoza y Aragón, por mencionar a algunas destacadas personalidades.
Con el triunfo del proyecto neoliberal en México, desde 1982, esa tradición democrática de carácter solidario se vino abajo. Los gobiernos entreguistas, tecnocráticos, antinacionales y progringos de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa echaron por la borda el derecho de asilo y se embarcaron en una política completamente contraria. Por ello, no sólo la patria de Cárdenas ha dejado de ser tierra de refugio, sino que ciudadanos vascos han sido entregados al gobierno español, que, como lo han dejado en claro la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y el Comité Europeo en Prevención de la Tortura, aplica amplia y extensamente la incomunicación, la tortura y los tratos crueles y degradantes contra los presos políticos y de conciencia. España, es útil recordarlo, en el mundo hispanohablante sólo es superada en el número de presos políticos y sociales por Colombia. Le siguen por el número de presos políticos Perú, México y Chile, cuyos gobiernos derechistas están al servicio de la política antilatinoamericana de Estados Unidos, aunque hay que señalar que en Perú el fujimorismo y el aprismo de derecha acaban de recibir un severo trancazo.
Las detenciones de nacionales vascos, algunos de los cuales se han naturalizado en México y tienen esposas e hijos mexicanos, se han realizado en muchas ocasiones en flagrante violación de la Constitución General de la República y otras leyes: sin órdenes de aprehensión, con cateos sin mandato judicial, con violencia contra los detenidos, quienes son sometidos a incomunicación y sin el apoyo inmediato de abogados, “siembra” de armas y maltrato a los familiares, además de la intervención en su vigilancia, detención y reclusión de jueces y policías españoles, atentando gravemente contra la soberanía nacional. Obsequiosos con los imperialistas yanquis y españoles, y violentos y atrabiliarios con los nacionales de un pueblo oprimido: así son los neoliberales mexicanos. Son los malinchistas del siglo XXI: agringados y serviciales con los derechistas y racistas peninsulares.
Los neoliberales mexicanos son auténticos reaccionarios. Sin el más mínimo respeto a la Constitución y las leyes nacionales e internacionales, el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa tuvo el descaro de entregar al académico Miguel Ángel Beltrán Villegas, acusado de formar parte de la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al gobierno narcoparapolítico de Álvaro Uribe Vélez. De esta manera, el neoliberalismo “nacional” ha llegado al extremo de obedecer consignas y órdenes del Israel de América Latina. Dada la probada inocencia del profesor, éste fue liberado en fecha reciente.
El último caso de represión en México contra nacionales vascos es el de Luis Miguel Ipiña Doña, naturalizado mexicano. En el Comunicado 549/11 de la Procuraduría General de la República, del 23 de mayo de 2011, se desinforma a la opinión pública: “Como resultado de la investigación realizada por el Fiscal de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), se ejerció acción penal contra Luis Miguel Ipiña Doña, por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
“Por lo anterior, el inculpado fue ingresado al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Chiconoautla, en Ecatepec, Estado de México.
“El inculpado se encuentra presuntamente relacionado con una investigación existente contra Juan Carlos Recarte Gutiérrez, presunto miembro de la Organización Terrorista Vasca ETA, quien fue expulsado de nuestro país para ser entregado a las autoridades del Gobierno de España.
“En seguimiento a esa investigación por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y terrorismo, y con motivo de las diligencias realizadas se obtuvieron indicios de que Luis Miguel Ipiña Doña, de origen español con residencia legal en México, probablemente también tuvo vínculos con la citada organización terrorista cuando vivió en España, por lo que la investigación iniciada también se siguió en su contra.
“Por ello, el fiscal de la SIEDO, con apoyo de agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos oficiales, realizó diligencia de cateo ordenada por un Juez Penal Especializado, en el domicilio que ocupaba Luis Miguel Ipiña Doña, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, lugar donde se localizó al probable, en posesión de un fusil calibre 7.62mm, y una pistola calibre .25 mm, motivo por el cual fue detenido en flagrancia, y le fueron aseguradas las armas de fuego.
“La SIEDO, continúa realizando diligencias a fin de acreditar la probable responsabilidad de dichas personas, y las que pudieran derivarse en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y terrorismo.
“Hechos como éste, reafirman el compromiso del Estado Mexicano de no permitir que miembros de organizaciones terroristas internacionales se establezcan en México, realizando actividades ilícitas en perjuicio de la sociedad mexicana y la comunidad internacional”.
Las imputaciones de la PGR no son creíbles y tienen como sustento solicitudes ilegales de los chovinistas hispanos. Pero la respuesta no se hizo esperar. La solidaridad con Ipiña Doña se expresó rápidamente en los sectores más activos del movimiento social y la intelectualidad avanzada. Así, Miguel Concha Malo, Gilberto López y Rivas, Carlos Fazio, Rosario Ibarra de Piedra, Pilar Noriega y otros expresaron su “preocupación por las acciones de la Procuraduría General de la República, que, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, busca criminalizar a la comunidad vasca que radica en nuestro país, en especial a los refugiados.
“El caso más reciente fue el consumado contra Luis Miguel Ipiña Doña, quien obtuvo nacionalidad mexicana desde abril de 1987 y fue detenido por la policía federal ministerial el 20 de mayo de 2011, acusado del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. “De acuerdo con la causa penal, desde julio de 2010 está en curso una averiguación previa por terrorismo internacional, terrorismo y delincuencia organizada, en la cual se investiga a diversas personas de origen vasco que desde hace más de tres décadas residen en nuestro país, en calidad de ciudadanos mexicanos.
“Para cumplir su cometido, el Ministerio Público Federal no sólo ha recurrido –no obstante que legalmente le está vedado– a los informes de los servicios de inteligencia y la tergiversación y fabricación de pruebas. De esta forma obtuvo una orden de cateo para el domicilio de Luis Miguel Ipiña Doña. También, durante la pesquisa, la autoridad ministerial cometió múltiples irregularidades, como la siembra de un arma AK-47, cinco cartuchos y graves violaciones procesales que anulan el valor probatorio de la diligencia de cateo y las evidencias recabadas.
“El Poder Judicial de la Federación, por medio del quinto tribunal unitario en materia penal del segundo circuito, tiene la oportunidad de corregir las arbitrariedades cometidas por el Ministerio Público federal, las cuales fueron avaladas por el juez segundo de distrito del estado de México, quien dictó formal prisión contra Luis Miguel Ipiña Doña en la causa penal 24/2011. “Solicitamos al ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal que exhorte al titular del quinto tribunal unitario para que al resolver el recurso de apelación 156/2011 revise de manera exhaustiva las actuaciones que integran la causa penal y los argumentos de la defensa de Luis Miguel Ipiña Doña”.
En un Manifiesto en defensa de la comunidad vasca en México, suscrito por varias personalidades y organizaciones democráticas, se plantea: “A partir de un material informático supuestamente incautado en un cateo al domicilio de Rekarte después de su expulsión, se armó un expediente policial que es el pretexto para la ilegal detención de Ipiña, durante la cual se sembraron pruebas en su domicilio. Además, a partir de un supuesto trabajo de inteligencia se intenta vincular a Ipiña con la Diáspora Vasca Xavier Mina y con activistas solidarios con el pueblo vasco, ubicando falsamente a estos dos últimos como parte de ETA.
“Diáspora Vasca Xavier Mina, una asociación que hace trabajo público y transparente por los derechos civiles, culturales y políticos del País Vasco, no tiene ningún tipo de relación con ETA. Ipiña, al igual que cientos de personas, ha asistido como público a algunas de las Jornadas abiertas que realizan la Diáspora y solidarios mexicanos; esa es la única relación existente y no hay en ello acto criminal alguno. Por ello entendemos que este montaje, que mantiene a Ipiña en la cárcel con pruebas falsas, tiene la finalidad de criminalizar, desvirtuar las actividades y perseguir el compromiso solidario de ciudadanos vascos y mexicanos.
“Creemos que si el Gobierno Mexicano quiere tener algún papel en el conflicto y el nuevo panorama abierto en el País Vasco, éste debe ser en clave de soluciones y no en clave de encono. Por ello:
“- Exigimos el cese de todo tipo de actuaciones policíaco-judiciales arbitrarias, ilegales e injustas con fines políticos en contra de activistas y miembros de la comunidad vasca en México, y en particular en el caso de Luis Miguel Ipiña Doña y, por lo tanto,
“- Exigimos al gobierno su inmediata puesta (en) libertad y
“- Hacemos responsables a las autoridades federales de lo que le pueda suceder a cualquier miembro de dicha comunidad o a mexicanos solidarios”.
Las demandas levantadas en el citado manifiesto son correctas y deben generalizarse en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales e instituciones culturales. Los intelectuales pueden desempeñar un papel muy positivo en esta lucha. Es indispensable desarrollar una actividad mayor en torno a los derechos humanos de los refugiados políticos. No puede permitirse que con argucias leguleyas se aprehenda, encarcele y expulse del país a ciudadanos de naciones sin Estado, y, peor aún, que se entregue a patriotas vascos al Estado español, conocido, entre otras cosas, por permitir que en su suelo existan bases militares del imperialismo norteamericano, no obstruir el paso de aviones de la CIA por su cielo para trasladar prisioneros de guerra y presos políticos hacia los campos de concentración gringos, participar con tropas cipayas en guerras de agresión de Estados Unidos y Gran Bretaña, defender a los regímenes de derecha en América Latina y realizar husmas en México, Chile, Argentina y otros países hermanos.
A ese régimen opresor de vascos y otras nacionalidades, por principio, jamás deben ser entregados perseguidos políticos. Al contrario, a los exiliados integrantes de la diáspora vasca debe otorgárseles refugio, protección y ayuda. Por lo pronto, hay que rodear de solidaridad y alcanzar la libertad de Luis Miguel Ipiña Doña. La situación así lo exige.
