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04/03/2021 :: Venezuela, EE.UU.

Medidas coercitivas unilaterales: A confesión de parte...

x Luis Britto García
La lógica del Imperio que tras detonar dos bombas atómicas sobre centros poblados sin instalaciones militares, arrojó una caja de curitas para demostrar su bondad

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Nos visita Alena Douhan, Relatora Especial de la ONU sobre “la Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los DDHH en Venezuela”. Dirigimos a la Relatora pormenorizada respuesta a su cuestionario, que puede ser leída en el blog https://redhvenezuela.blogspot.com.
Pero igualmente le recomendamos, así como a todo humano consciente, el examen del documento “Additional Tracking Could Aid Treasury’s Efforts to Mitigate Any Adverse Impacts U.S. Sanctions Might Have on Humanitarian Assistance”, emanado de la “United States Government Accountability Office (GAO)”.

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El texto de la GAO contiene la confesión palmaria de que EEUU mantiene una política ilegal, constante, premeditada, ensañada y alevosa de destrucción de la economía de Venezuela y de los DDHH de sus pobladores mediante las medidas coercitivas unilaterales mal llamadas “sanciones”. Así, la GAO admite que:” El desempeño de la economía venezolana ha declinado continuamente por casi una década y caído abruptamente desde la imposición de una serie de sanciones por EEUU que se iniciaron en 2015. Por ejemplo, la economía declinó desde un decrecimiento del 6.2 % en su producto interno Bruto en 2015 a un decrecimiento de 35 % en 2019 y un decrecimiento de 25 % en 2020. Las sanciones, en particular las impuestas a la empresa petrolera estatal en 2019, seguramente contribuyeron a un declive todavía más pronunciado de la economía venezolana, fundamentalmente al limitar los ingresos de la producción petrolera”. Es el propio gobierno de EEUU quien establece la relación de causalidad entre las mal llamadas “sanciones” y la destrucción de nuestra economía.

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Como en toda confesión de un crimen, la GAO aduce circunstancias atenuantes: “La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado, han solicitado informes de organizaciones humanitarias financiadas por EEUU sobre los desafíos que encaran, incluido el efecto de las sanciones. El Departamento del Tesoro de EEUU (Treasure) y el Departamento de Estado (State), han dado pasos también para mitigar las consecuencias negativas”. Entre estadounidenses te veas. La USAID, el Department of State, el Department of the Treasure y ONGs financiadas por EEUU infligen medidas coercitivas unilaterales que llaman sanciones, miden los resultados e intentan “mitigar las consecuencias negativas”. ¿Pero acaso se imponen medidas coercitivas para lograr consecuencias positivas? ¿Y si tan sincera es su preocupación por los efectos negativos de ellas ¿Por qué no las suspenden?

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Hablar de declives en la economía interna provocados por fuerzas externas suena muy abstracto, pero tiene efectos concretos en los DDHH de la población víctima. Citamos las afirmaciones de la GAO, algunas controvertibles, pero que revelan su percepción de la realidad: “De acuerdo a una reciente encuesta doméstica por una universidad venezolana un estimado 96% de la población venezolana vivía en la pobreza en 2019. Adicionalmente, una afirmación del Programa de Alimentos para el Mundo de la ONU, estimó que más de 9 millones de venezolanos, aproximadamente la tercera parte de la población, carecían de acceso confiable a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos”. Sería un abrupto cambio desde 2015, cuando nuestros indicadores señalaban sólo un 4,7% de pobreza extrema. Como para llenar de orgullo a EEUU y a la oposición que le obedece el haber supuestamente incrementado en menos de un quinquenio en 91,3% la pobreza de los venezolanos.

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La excusa para medidas tan criminales consistiría en que “Maduro se declaró victorioso en una elección Presidencial que la Asamblea Nacional Venezolana, así como muchos observadores externos, consideraron como no libre y fraudulenta”. Pero esa Asamblea Nacional no tiene atribuciones para invalidar elecciones, aparte de que fue electa en comicios regidos por el mismo Consejo Supremo Electoral y con el mismo procedimiento con que fue elegido el Presidente Maduro. De ser “no libre y fraudulenta” la elección del Presidente, también lo sería la de la Asamblea.

Por otra parte, ¿Qué leyes, qué normas, qué competencias facultan a anónimos “observadores externos” o al gobierno de EEUU para calificar, validar o invalidar lo que ocurre en otro país, y a adoptar arrasadoras medidas coercitivas que, en sus propias palabras, acarrearían que el 96% de los habitantes de éste cayera en la pobreza y que la tercera parte de ellos no tuviera acceso a alimentos? Añadamos que el Informe de la GAO, a pesar de que afirma que “EEUU reconoció al Presidente Interino Guaidó como el líder legítimo de Venezuela el 23 de enero de 2019”, siempre habla del “Gobierno de Maduro”, reconociendo que ejerce el Gobierno efectivo, real y operativo del país.

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No se cansa la GAO de enumerar los resultados nefastos de las medidas coercitivas. Según ella, ”Más de cinco millones de ciudadanos, cerca del 17% de la población, han huído del país para buscar alivio de la crisis en otro sitio, según la Plataforma de la Coordinación entre Agencias para Refugiados y Migrantes”. La noticia es falsa: ni el CIA Factbook ni el Index Mundi registran tales impactos migratorios en los países vecinos. “En 2020, la ONU esperaba asistir a 7 millones de venezolanos necesitados de ayuda humanitaria en el país”. ”Desde 2010 hasta 2015, la tasa de desempleo se había estabilizado en promedio en un 7,7%, pero desde 2015 a 2018, se elevó desde 7.4% a 35%”. La GAO no ofrece ninguna fuente confiable que pruebe el mencionado incremento y reconoce que está fundado en “estimaciones propias”; pero si éste tuviera tal magnitud y se debiera a las medidas coercitivas ¿Por qué no suspenderlas? La respuesta es sencilla: se somete al pueblo venezolano a un castigo brutal, para que éste a su vez cambie de gobierno. Es pura y simple extorsión o, como confesó Barak Obama, “torcerle el brazo” a todo un país.

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Continuemos examinando el Informe suscrito por la oficina del gobierno estadounidense “United States Government Accountability Office (GAO)” sobre los efectos destructivos para nuestra población de las Medidas Coercitivas Unilaterales adoptadas por su administración. Para destruir un país, aniquilar su industria fundamental. Y al respecto, confiesa el Informe que “las sanciones de EEUU aparentemente contribuyeron a la declinación de la economía venezolana, fundamentalmente por limitar todavía más su ingreso por las exportaciones de crudo. La producción venezolana de crudo antes del anuncio de las sanciones a PDVSA en enero de 2019 era de 1.2 millones de barriles diarios, y había declinado aproximadamente 47 % de los niveles de producción de crudo del 2010.

Desde enero de 2019, sin embargo, la producción ha caído todavía más, y en septiembre de 2020 permaneció en 324.000 diarios, un decremento de 59% comparado con el promedio de la producción para 2019. Debido a las sanciones de EEUU, pocos compradores están dispuestos a comprar crudo venezolano, y aquellos que lo hacen exigen un pesado descuento. Adicionalmente, Venezuela tiene que transportar su petróleo a países más distantes que EEUU, lo cual incrementa los costos de transporte. Como resultado de ello, el gobierno de Maduro está recibiendo menos dinero de sus ventas de petróleo, pues vende menos crudo a un mayor costo y a menor precio”. Doble extorsión: amenazar no sólo a quien produce petróleo, sino a quien lo compre.

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Privar a un país de sus medios fundamentales de vida es hazaña que debe ser pormenorizada. Y así, detalla el informe de la GAO que:”La participación de Venezuela en la producción de crudo de la Organización de Países Exportadores de petróleo ha disminuido de 10,1% en el 2000 a 2,1% en 2020. Como se muestra en la figura 6, la producción de crudo venezolana de 2011 a 2015 se mantuvo consistentemente en 2,5 millones de barriles por día. Hacia septiembre de 2020, la producción de crudo había declinado a 340.000 barriles diarios, una disminución de 86% desde el nivel de 2015”. A tal efecto, no está de más el latrocinio: el robo de 32 toneladas de oro de reservas internacionales depositadas en el Bank of England; el de incontables bienes como la red venezolana de refinerías y expendios CITGO, situadas en territorio de EEUU.

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Privar a un país del uso de sus medios de producción es devastarlo. Ante todo, en el campo hacendístico. Según la GAO: ”En 2010, la tasa de inflación era de 28.2%; hacia 2017, había alcanzado el 438%. En 2018, Venezuela experimentó la hiperinflación, que culminó en 65.374 %. Hacia 2020, la tasa de inflación disminuyó, pero siguió extremadamente alta, a 6.500%”. Son cifras estimadas por el Fondo Monetario Internacional a partir de datos del Banco Central de Venezuela y por “varios analistas de la Asamblea Nacional de Venezuela”, a quienes se supone imparciales pues no reconocen al gobierno legítimo.

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La obstrucción de ingresos aumenta la necesidad de recurrir al crédito público, y la dificultad de obtenerlo. Y así, informa la GAO: “El gobierno de Maduro tiene acuerdos de pago a largo plazo con gobiernos como los de China y Rusia, según los expertos. Pero mientras que el gobierno venezolano ha cancelado algunas de sus deudas, todavía conserva una de monto sustancial, con menos petróleo disponible para vender. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela en 2019 tenía una deuda pública general de 233% de su PIB, comparada con el 11% de 2015”. Este porcentaje ha crecido tanto en relación con el PIB, porque este último, como vimos, se ha reducido a magnitudes negativas. De la moderación crediticia, a la Deuda Impagable.

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La agresión externa concluye así desmantelando servicios públicos y políticas sociales. Añadamos otras confesiones de la GAO: “Consumo subsidiado de petróleo doméstico: El consumo doméstico oscila entre 400.000 y 500.000 barriles de petróleo diarios, los cuales son considerablemente subsidiados. El monto del combustible utilizado para el uso doméstico y el pago de la deuda deja a Venezuela con un pequeño residuo de crudo disponible para obtener provecho de su venta”. ”Según expertos que entrevistamos, los apagones han incrementado frecuencia y duración desde que EEUU comenzó a imponerle sanciones a Venezuela”.

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Podríamos continuar citando efectos atroces que el mismo gobierno de EEUU atribuye a sus medidas coercitivas unilaterales contra la población. Mejor examinemos la lógica tortuosa en virtud de la cual se intenta inmolar todo un país. EEUU sostiene que “Maduro se declaró victorioso en una elección Presidencial que la Asamblea Nacional Venezolana, así como muchos observadores externos, consideraron como no libre y fraudulenta”. La agresión contra el pueblo venezolano buscaría forzarlo a lograr lo que EEUU no pudo apoyando invasiones de mercenarios e intentos de magnicidio: deponer al Presidente. Suponer que un pueblo desarmado pueda lograr tal objetivo es admitir que vive bajo un gobierno democrático; al cual, por tanto, no habría que derrocar. Al igual que el retrato de Dorian Gray, esta lista de atrocidades no estaría completa sin el rasgo hipócrita de compasión hacia el pueblo que inmola.

El Informe GAO concluye señalando que “El Tesoro provee licencias para autorizar transacciones relacionadas con materias humanitarias, pero los bancos pueden tratar de minimizar sus riesgos limitando las transacciones que involucren entidades venezolanas”. Por lo cual “los empleados del Tesoro señalan que las organizaciones humanitarias con gran frecuencia citan retrasos en la transferencia de fondos operativos hacia Venezuela como un inconveniente asociado con las sanciones estadounidenses”. Estos retrasos han causado la muerte de niños venezolanos hospitalizados en el exterior. Pero la culpa no sería de quien destruye un país, sino de los bancos que temen al aniquilador.

Es la lógica del Imperio que tras detonar dos artefactos termonucleares sobre centros poblados sin instalaciones militares, arrojó una caja de curitas para demostrar su bondad. A confesión de parte, relevo de pruebas.

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