México: El fracaso político de la militarización

La militarización en el Estado de Michoacán y en el país entero, con la llamada “guerra contra el narcotráfico” es la manifestación violenta sí, de la guerra, pero no contra el narcotráfico sino con todos los opositores a la política y al régimen autoritario, que se ha caracterizado por las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la protesta popular.

La llamada operación conjunta Michoacán, desde su inicio es ilegal, ha estado plagada de irregularidades e inconformidades, no sólo de la ciudadanía sino ahora del propio gobernador del Estado de Michoacán encabezado por Leonel Godoy Rangel a quien se le ha llegado a acusar sin elementos probatorios a manera de rumores de solapar a los narcotraficantes o delincuencia organizada, o peor aún de encubrirla y hasta protegerla.

No hay duda que estas acusaciones tienen el objetivo de linchar políticamente a un gobierno demócratamente electo para justificar la violación de la soberanía michoacana; vengarse políticamente del maestro Godoy por no compartir los criterios del combate al narcotráfico y oponerse a las pretensiones de Calderón de suprimir las garantías individuales en Michoacán, es decir, decretar el estado de excepción; de dar un escarmiento a los michoacanos que han rechazado desde un inicio la militarización que mantiene en estado de sitio permanente al pueblo con su llamada “operación conjunta Michoacán” en sus diferentes fases, el pueblo lejos de sentirse protegido y seguro siente inseguridad y temor por las violaciones a los derechos humanos de parte del ejército y la PFP.

Además de las largas listas de denuncias de abusos y vejaciones sufridas por militares y policías federales que muchos michoacanos han sufrido más de una vez desde el inicio de su faccioso operativo, existen innumerables casos sin denunciar porque las víctimas no se atreven a hacerlo por temor a las represalias que siempre se padecen cuando se denuncian las violaciones a los derechos humanos.

So pretexto de combatir la delincuencia se violan tajantemente los derechos humanos más elementales como son el libre tránsito, o libre circulación, además de ser juzgado o retenido por el hecho de parecer sospechoso por su forma de vestir y actuar; los allanamientos de morada, las detenciones arbitrarias entre otras son las prácticas más comunes de violaciones a los derechos humanos por parte del “glorioso y valiente ejército nacional” y sus corporaciones policiacas preparadas para “salvar a México de las manos del crimen”, disponiendo de elevados presupuestos para cometer estos atropellos.

El pueblo a parte de soportar la militarización y sus efectos tiene que cargar sobre sus espaldas la pobreza que a decir de los últimos reportes en los últimos años y particularmente en los sexenios de Fox-Calderón la pobreza aumentó drásticamente en todo el país a consecuencia del desempleo, la devaluación y la inflación que disminuyen la percepción económica del pueblo. El futuro del país es dramático mientras el espurio da declaraciones falaces y vergonzosas de un “considerable desarrollo”.

Los propios estudios del INEGI dan muestra de que en los últimos 2 sexenios aumentó la miseria en el país y por ende se ha venido estancando el desarrollo, pero como siempre los defensores del Estado como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lo justifican argumentando que se debe a la baja de los envíos de remesas del vecino país del norte y a la crisis global.

La realidad es que la disminución de las remesas y la crisis económica existente en nuestro país se debe a la crisis mundial del capitalismo; a las malas administraciones de los gobiernos espurios y vende patrias que han adoptado al neoliberalismo como la panacea del desarrollo, siguiendo dogmáticamente las indicaciones de los organismos financieros internacionales, porque si bien nuestro país es pobre, cuenta con recursos humanos y naturales para dejar de ser un país de miserables y pobres.

Lo que sucede es que esos recursos además de estar mal administrados, corrompidos y demás, sólo están beneficiando a unos cuantos oligarcas nacionales y extranjeros. Los mismos que defienden la teoría de la crisis como la culpable de la miseria en México, omitiendo deliberadamente que ellos son los principales responsables de la pobreza y miseria, y los beneficiarios eternos de las crisis económicas. Mientras en otros países en desarrollo se invierte hasta un 20% del producto interno bruto en salud y educación en México estos rubros son los más afectados al destinárseles paupérrimas aportaciones del presupuesto nacional, en cambio se destinan innumerables cantidades al llamado “combate al narcotráfico” y la “delincuencia organizada”.

Lejos de buscar una justificación el espurio todavía con burdo cinismo alardea cuando dice que la economía “nada más” cayó 9% y el desempleo 3%, para colmo del cinismo afirma que su gobierno ha podido contener los impactos recesivos de la crisis, presentándose como el héroe que salvó al país. Por otro lado contradictoriamente con las afirmaciones de Calderón, otro reporte del INEGI subraya que en solo un año el desempleo aumentó 46% y da cifras sobre los millones de desempleados, lo cual da muestras de la política errónea y entreguista del espurio Felipe Calderón.

Para los expertos en la materia la política calderonista de darle prioridad a una peligrosa militarización no nada más es contradictoria sino injusta, pues afirman que en lugar de destinar recursos innecesarios debería darle prioridad a la educación, a la ciencia en beneficio de la sociedad, a la salud, al trabajo digno de todos los sectores productivos.

Eso marcaría la diferencia para el desarrollo, pero desgraciadamente con el sistema capitalista dominante y con un gobierno como el de Calderón esto es prácticamente imposible. La solución para darle un giro al desarrollo del país no está en manos de la oligarquía y gobiernos entreguistas, está en las manos de las masas organizadas con un proyecto encaminado a un cambio radical del viejo sistema opresor, es decir, por la transformación profunda de la sociedad.

A estas alturas ha quedado demostrado el fracaso político de la militarización del país, su operación conjunta jurídicamente es ilegal e inconstitucional, políticamente está resultando un fiasco y militarmente también es un rotundo fracaso, por donde se le quiera ver o analizar es un fracaso. Los costos para el pueblo han sido altísimos, se le está privando de la educación y la cultura para destinar esos recursos a los militares, las violaciones a los derechos humanos son innumerables, los crímenes como asesinatos por parte del ejército son una práctica común puesto que como ellos mismos refieren “traen orden de matar a quien se les atraviese en su camino”... en suma el pueblo está pagando hasta con sangre las decisiones maquiavélicas de un gobierno de ultraderecha.

Revista del PDPR-EPR