México: El sindicalismo de negocios. Contratos a la carta

Es el modelo ideal para los empresarios y un negocio permitido por las autoridades laborales. Es una práctica extendida en todo el país: los dirigentes sindicales venden trabajo barato, inseguro, con mínimos derechos. Uno de ellos es Ramón Gámez, presidente de la Federación Sindical Coordinadora Nacional de Trabajadores, conocido como "el zar de los contratos de protección". Dirige a 350 mil trabajadores de decenas de sindicatos en 14 ramas de la economía

José Antonio Centeno llevaba más de 10 años trabajando como vendedor de Sabritas, empresa líder en el mercado nacional de dulces y botanas. Cubría jornadas de hasta 12 horas, no cobraba salario ni horas extras, sus ingresos dependían del monto de sus ventas y sus prestaciones eran mínimas. Las presiones de la trasnacional para aumentar sus ganancias se volvieron insoportables. "Si no vendes, no ganas; nos decían los supervisores", cuenta Centeno.

Cada semana le descontaban entre 15 y 20 pesos por cuotas sindicales pero ignoraba el nombre del sindicato y de sus líderes. Aunque en su lugar de trabajo (la planta oriente del DF) había dos delegados del Sindicato de Trabajadores de la empresa Sabritas en la República Mexicana, "nunca hacían nada cuando los trabajadores se quejaban de una injusticia o buscaban mejorar sus condiciones", dice el ex trabajador a Masiosare.

Así que, Centeno y una treintena de trabajadores se organizaron a escondidas para cambiar a sus líderes sindicales y luchar por un salario base.

Apenas comenzaban a reunir firmas de apoyo a fines de 2003, cuando fueron descubiertos por la empresa y el sindicato. Todos fueron despedidos. Intentaron resistir y realizaron un plantón frente a la empresa. Los demás trabajadores fueron amenazados con el despido si se acercaban a ellos.

El sindicato y la empresa solicitaron a la policía el desalojo de la protesta. Ante el acoso, el movimiento se disolvió rápidamente.

El año pasado, el sindicato firmó la creación de un salario base de 647 pesos semanales para los vendedores de Sabritas, aunque se redujo el monto de las comisiones.

Algo similar ocurrió en la planta Vallejo de Sabritas. La empresa implantó un programa de productividad y despidió a 148 trabajadores, a quienes obligó a firmar su renuncia "voluntaria" y sacó de la empresa con policías. También despidió a los dos delegados sindicales "por indeseables", pues se habían puesto del lado de sus compañeros.

Los trabajadores de Vallejo emplazaron a huelga en 2001. Demandaban 33% de aumento salarial y la reinstalación de los despedidos. El secretario del Trabajo, Carlos Abascal, amenazó a los mil trabajadores con despido masivo si no aceptaban 15%. Al final aceptaron la indemnización de los despedidos. Todo ello sucedió con la complicidad del sindicato de Sabritas, afiliado a la Federación Sindical Coordinadora Nacional de Trabajadores (FSCNT), encabezada por Ramón Gámez.

José Antonio recuerda que cuando el sindicato y la empresa mejoraron la productividad "aumentaron las ventas, pero no nuestros ingresos. Los representantes sindicales aparecían dos o tres veces por año, y nos decían que éramos privilegiados por tener empleo. Hasta presumían que teníamos una caja y un fondo de ahorro, goce de vacaciones (nueve días al año), (afiliación al) IMSS y al Infonavit. Pero como la inconformidad de los trabajadores crecía, firmaron el salario base".

La vida sindical en Sabritas, explica Centeno, se reduce a cada dos años, cuando hay revisión del contrato se escogen a tres trabajadores y los llevan a un hotel donde se hace la negociación. Sólo van como testigos, no intervienen.

La Federación de Ramón Gámez presume que el contrato de Sabritas es uno de los mejores y más modernos del país y que el sindicato logró romper el tope salarial en el año 2000. En realidad se trata de uno más de los "contratos de protección" que benefician más a los empresarios que a los trabajadores.

La trasnacional Sabritas cuenta con 15 plantas y más de 25 mil trabajadores en todo el país. Tiene 700 mil puntos de venta (70% en misceláneas) que se reabastecen dos o tres veces por semana con 11 mil camiones. Al mes, desde 200 centros de distribución en 125 ciudades, los trabajadores realizan 5 millones de visitas a las tiendas. Para la empresa y el sindicato significa un negocio redondo (si tomamos en cuenta que, además de las cuotas ípor cierto, las más bajas del mundo sindical: 2%í, Gámez recibe una compensación millonaria en cada revisión contractual).

Práctica extendida

La situación de los trabajadores de Sabritas se repite (muchas veces con mayor crudeza) en otras empresas "protegidas" por sindicatos pro-patronales. Esta práctica abarca a casi todas las centrales sindicales, desde la CTM hasta la CROC. De hecho, nueve de cada 10 contratos de empresa son firmados, modificados y negociados sin intervención de los trabajadores, coinciden los especialistas Enrique de la Garza, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Alfonso Bouzas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde hace cuatro años, ambos investigadores han indagado los contratos registrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la local del DF (hay más de 300 mil en todo el país). Encontraron que, en el caso del DF, se revisaron menos de 10% de los contratos. "Del otro 90% podemos deducir Por vías indirectas, que la mayoría son 'contratos de protección'", explica Bouzas.

Según datos de la página de Internet de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), existen 120 mil contratos registrados en el DF (no es posible acceder a la información a nivel federal desde la página de la STPS).

Al ser consultado sobre estos datos, un funcionario de la Junta local aseguró que al depurar el listado, encontraron que 40 mil eran "contratos muertos" (dejaron de existir las relaciones laborales por quiebra, cierre o fin de la obra). Sin embargo, lo alarmante es que desde 2001 sólo se han revisado 10 mil contratos.

El funcionario admite que la mayoría de los 70 mil restantes, "podrían ser contratos de protección que se celebran, actualizan y negocian a espaldas de los trabajadores". Y aporta otros datos: cada año se depositan 10 mil contratos ante la JLCA. De ellos, 9 mil 200 se resuelven sin emplazamiento a huelga y al margen de las autoridades laborales (sólo en 800 contratos hay emplazamiento y conciliación). "La mayor parte de esos contratos son de protección", dice.

Según Alfonso Bouzas (ha publicado varias investigaciones sobre el tema, una en el libro Democracia Sindical, editado por la AFL-CIO, FAT, UNAM, UAM, en 2001), "ese tipo de contratos son firmados por sindicatos o abogados laborales que son 'dueños' de sindicatos ad hoc (con 'tomas de nota' que les dio la autoridad laboral) que ofrecen 'contratos a la carta' a las empresas que abren nuevas fuentes de empleos (al gusto del cliente y de sus necesidades). De tal manera, cuando los trabajadores firman un contrato, ya está pactado por un sindicato al que en la mayoría de los casos ni siquiera llegan a conocer".

"Los contratos de protección son un gran negocio para los líderes sindicales (y para los abogados que encabezan sindicatos) pues cobran un porcentaje de la nómina (de 10 a 25%) a cambio de mantener "paz laboral" en la empresa. Es una extorsión permitida por las autoridades que beneficia a los empresarios porque así se ahorran problemas y conflictos laborales y sindicales. Este tipo de contrataciones ha desplazado a los sindicatos tradicionales", argumenta Enrique de la Garza.

"Este tipo de relaciones y contrataciones íañadeí prácticamente ha desplazado a los sindicatos tradicionales que originariamente inventaron el negocio".

Tanto los investigadores como el funcionario consultado, afirman que detectar los contratos de protección no es tan sencillo porque no existe información oficial al respecto.

El funcionario laboral da ejemplos de "grandes empresas que realizan prácticas laborales contrarias a la ley pero muy acordes con los 'contratos de protección': Wal-Mart, McDonald’s, Sanborn's, Toks, Suburbia, entre otras empresas, tienen contratos por horas, lo que es ilegal ya que deberían pagar por lo menos el salario mínimo". Hay casos, dice, como Wal-Mart, en los que todo trabajador que ingresa tiene que firmar su renuncia en blanco para que, si es despedido, no pueda reclamar ningún derecho. Hay más de medio millón de franquicias en todo el país que tienen ese tipo de contratos (sin mencionar a las maquiladoras y otras).

Este es el contexto en el encontramos a personajes como Ramón Gámez Martínez y su Federación Sindical CNT. También hay otros abogados-líderes igual o más poderosos que Gámez, como Tomás Natividad, quien resuelve los problemas laborales de los afiliados de la Coparmex y fue uno de los principales redactores del proyecto de reforma laboral promovido por Abascal.

"Esto cobra relevancia porque las reformas propuestas por el secretario del Trabajo representan un enorme beneficio económico para los empresarios", señala Francisco Farina, investigador del Centro de Investigaciones Laborales y Asesoría Sindical (CILAS). "El objetivo central de la reforma es convertir los puestos de base de las empresas en trabajos eventuales, disminuyendo los costos por salario y prestaciones de cada trabajador", asevera.

El zar de los "contratos de protección"

Ramón Gámez no es el nuevo Fidel Velázquez, aunque se le asemeja en poder y en riqueza. Es más bien un abogado laboral millonario que se adueñó de decenas de sindicatos (con ayuda de la Secretaría del Trabajo).

Su aspecto impecable, sus trajes finos y trato amable contrastan con la imagen y los modos de los líderes sindicales tradicionales. En el mundo laboral se le conoce como el "zar de los contratos de protección".

Reside en Isla Mujeres y pasa temporadas en Miami. Se dice que visita frecuentemente el Tíbet para hacerse tratamientos contra el envejecimiento y la calvicie. En su despacho hay fotografías de sus aventuras de cacería por África, continente que visita cada año.

En el libro El Despertar de México (Editorial Oceáno, 2004), Julia Preston y Samuel Dillon, ex corresponsales de The New York Times, hablan de los "abogados que actuaban en calidad de gerentes laborales" y "ofrecían a los patrones contratos de protección (...) contra cualquier otra posibilidad de sindicalización".

Los periodistas estadunidenses mencionan que "una organización que se extendió rápidamente durante el sexenio de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, por ejemplo, fue la Federación Sindical Coordinadora Nacional de Trabajadores, de tan bajo perfil que pocos mexicanos habían siquiera oído hablar de ella. Su fundador y secretario general era Ramón Gámez Martínez, acaudalado abogado trotamundos cuyas pasiones incluían el coleccionismo de antiguos muebles chinos y de arte popular africano".

La Federación Sindical de Gámez es titular de más de 2 mil contratos en todo el país y representa a 350 mil trabajadores. Agrupa a una veintena de sindicatos de lo más variado que operan en 11 ramas de la industria y los servicios (desde la aviación, petroquímica, puertos, telefonía celular, tiendas departamentales, servicios bancarios, laboratorios farmacéuticos, construcción, metálica, hasta alimentos, hoteles, restaurantes, turismo, maquiladoras).

Sólo en el DF, según información de la JLCA, cinco de los sindicatos donde Gámez ha sido registrado como secretario general, tienen mil 400 contratos que involucran a más de 30 mil trabajadores. Uno de los más grandes es el Sindicato Progresista "Justo Sierra" de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana, en el que Gámez es secretario general. En 10 más aparece como secretario general adjunto, alternando con algunos de sus empleados y socios como titulares: Rubén Romo Martínez, José Sergio Guerrero Villa, Alejandro García Orozco, Antonio Bourge Ruíz y Jorge Trejo Hernández.

Esos sindicatos operan en más de 100 empresas, entre ellas Sabritas, McDonald’s, Cinemex, Xerox, Telcel, Aviacsa, Aerocaribe, Acumuladores Mexicanos LTH, Sony Music Entertainment, Evenflo, Centros de Integración Juvenil, Transportes Figuermex, Transter, Líneas Unidas del Sur; así como universidades como Del Valle de México, Latinoamericana, Femenina de México, Colegios La Salle; editoriales como Planeta, Bruguera, Gustavo Gili y hasta agencias de noticias (El Universal); y la mayoría de las líneas aéreas extranjeras que operan en México, como United, Northwest, Air Canada, Air France, KLM, British Airways y Aeroflot. También es el rey en puertos y en destinos turísticos como Cancún, Acapulco y Cabo San Lucas.

Preston y Dillon aseguran que Gámez "dirige así uno de los más extensos imperios laborales del país, pese a lo cual pocos de los trabajadores a los que representaba saben quién era, puesto que los contratos eran mantenidos en secreto por el gobierno. (...) Gámez fue uno de los muchos astutos y apolíticos oportunistas que erigieron feudos sindicales mientras las federaciones priístas declinaban".

María Xelhuatzin López, quien ha hecho una investigación sobre este tipo de contratos en México (La Democracia pendiente, 2001, STRM), afirma que "Gámez construyó un modelo, el sindicalismo de negocios, floreciente en Estados Unidos. No es un sindicalismo de lucha, sino gestor y desligado de los movimientos sociales. No es un sindicalismo corporativo, ni ideológico, ni siquiera sus trabajadores marchan el primero de mayo. Él se dedica de lleno a los negocios con los contratos y las condiciones de trabajo".

Cómo surgió el emporio sindical

Cuando la empresa McDonald’s llegó a México en los años ochenta y puso su primer establecimiento en el DF, la CROC estalló una huelga para obtener el contrato de los nuevos empleados. La empresa se quejó con el entonces secretario del Trabajo, Arsenio Farell, y le pidió su intervención para crear un sindicato patronal.

El secretario intervino y convenció a la CROC (otra de las beneficiadas de su gestión) para que le vendiera por un millón de dólares el contrato colectivo al sindicato "progresista" de Ramón Gámez.

Cuando aumentaron las franquicias de McDonald’s en el territorio nacional se extendió el emporio de Gámez. De hecho, ante la multiplicación de las franquicias, el abogado-líder sindical también convirtió los contratos de protección en una franquicia que alquila a otros líderes sindicales.

Ramón Gámez comenzó su carrera en los setenta como asesor de sindicatos independientes como el de Envases de Hoja de Lata (que hoy tiene un contrato de protección).

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, debido a su amistad con Arsenio Farell Cubillas (secretario del Trabajo durante 12 años, hasta el periodo de Salinas), éste le "regaló" a Gámez varios registros sindicales ("tomas de nota"). Así hizo Farell con otros amigos.

El entonces secretario del Trabajo lo apadrinó y protegió: lo recomendó, le dio registros sindicales, le acercó empresas de los sectores emergentes de la economía (servicios, comercio, puertos, aviación), a las que Farell garantizaba que Gámez representa un nuevo sindicalismo apolítico, moderno ("el sindicalismo ideal" dijo al referirse a él recientemente el empresario Lorenzo Servitje).

La STPS también intervino cuando se creó Cinemex. Sacó a la CTM de la empresa y metió a la Federación de Gámez. Lo mismo ocurrió con las líneas aéreas. Con su servicio de "contratos a la carta", la influencia de Gámez se extendió en todo el país, incluso absorbió a gerentes de empresa y los puso a trabajar en su despacho. Tal es el caso de José Luis Esquivel (ex gerente de relaciones industriales de Mexicana de Envases), al que le ofreció el negocio de los contratos de protección en Aguascalientes, Zacatecas y Durango.

Gámez montó un despacho en el que sus abogados se volvieron secretarios generales de sus sindicatos en distintas ramas. Además de los registros entregados por Farell, el dirigente de la Federación sindical CNT también renta sus registros o compra otros y se divide las ganancias con quienes dirigen formalmente esos sindicatos.

Ramón Gámez no es propiamente líder de sus sindicatos, es su dueño. Controla todo lo que pasa en ellos, cuando hay conflicto él toma las decisiones.

El dirigente presume que sus contratos están entre los mejores en materia de modernización laboral, flexibilidad en la contratación y en las relaciones obrero-patronales. El problema se presenta cuando un grupo de trabajadores se inconforma o busca organizar su propio sindicato, ya que son despedidos con la anuencia y la decisión de su "líder", como les ocurrió a los trabajadores de Sabritas.

"Pago por mi protección"

En entrevista, Jorge A. de Regil, abogado empresarial del despacho Baker and McKenzie y amigo declarado de los principales líderes sindicales, particularmente de Fidel Velázquez, analiza el tema.

De Regil es contundente: "En 40 años que llevo en esto, he firmado contratos de protección con todas las centrales sindicales. Es una salvaguarda para que no me cierren una fábrica un grupo de facinerosos que quiere dinero. Lo he hecho con la CTM, la CROC, la CROM, con la Federación Sindical de Gámez, con la Federación de Sindicatos Independientes de Nuevo León, con la COM".

"Los contratos de protección ícontinúaí no toman en cuenta la voluntad de los trabajadores, pero sirven para proteger la fuente de empleo contra un emplazamiento por firma, de otro sindicato, también a espaldas de los trabajadores, cuya única finalidad es la extorsión".

Abogado cercano a Carlos Abascal y ferviente impulsor de la reforma laboral, lo pone así: "El contrato por firma es el veneno y el contrato de protección, es el contraveneno. Existen esos contratos porque los sindicatos quieren que los haya, es parte del negocio sindical. Nos cuestan parte de la nómina, pero es un mal menor".

"Teóricamente íprosigue el abogado patronalí es una cosa criticable, pero en la práctica es una solución que acaba con la extorsión. Hubo momentos, en la ciudad de México, Naucalpan, Tlalnepantla y Monterrey, que algunos sindicatos emplazaban a huelga con el directorio telefónico. Sector por sector. Eso hacían la CROC, la CTM y otras. Pago por mi protección. Así de frío y de descarado es el tema."

"Esto existe en todo el país y en casi todos los sindicatos. ¿Cuándo se acabará esto? Cuando se acabe la contratación colectiva y se quiten los sistemas de extorsión. Si quieren acabar con los contratos de protección tendrán que cambiar la ley, que los sindicatos demuestren que tienen representatividad y que rindan cuentas", propone Jorge de Regil.

Renuente a hablar de Ramón Gámez, el reconocido abogado explica: "Aunque Gámez tiene contratos de protección, algunos producen grandes mejoras. Por ejemplo, el mes pasado, Camiones y Motores Internacional, que tiene mil 200 trabajadores, revisó con 6% promedio, por encima del resto de sindicatos. La empresa acepta bajo ciertas condiciones que el sindicato apoya: la polivalencia, la capacitación y la flexibilidad laboral. Es un sindicalismo que opera de manera distinta. Hay otros sindicatos que operan así, es el sindicalismo moderno, que se sienta y trabaja con el patrón para ver qué cambios hacen, como en Sabritas, Air France, Aviacsa o los Centros de Integración Juvenil".

Ramón Gámez ídiceí "también hace sindicalismo activo", "incluso presentó una reclamación ante la OIT por el caso de las trabajadoras de Confitalia, del Grupo Covarra, en Cuernavaca, que sufrieron una agresión de la policía cuando estaban en huelga".

"No satanicemos a la gente ípideí, pero eso sí, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Queremos acabar con el sindicalismo que se presta a la extorsión y la solución es cambiar la ley".

Un líder ausente

Una casona elegante de la colonia del Valle, en la ciudad de México, que no parece ni de lejos local sindical, es la sede de la FSCNT, cuyo lema reza "sindicatos libres y progresistas".

Ubicada en la calle de Pitágoras, es domicilio de 15 sindicatos dirigidos por Gámez. Afuera del lugar esperan choferes y guardias privados a los abogados-dirigentes de la organización que entran y salen.

En las tres plantas están los despachos de los distintos sindicatos. Algunas puertas son de madera labrada. Como decorado hay muebles antiguos, óleos, fotografías de caballos y algunas esculturas. Todo es muy pulcro.

El único motivo relacionado con el sindicalismo situado a la entrada del local es una pequeña talla en madera con dos puños rompiendo unas cadenas. No hay carteles de información ni propaganda sindical.

Gámez no se encuentra, los abogados que trabajan con él informan que tiene más de un mes sin aparecer. Por un momento asoma Rubén Romo, el brazo derecho del líder, y con desconfianza explica que casi nunca dan entrevistas "porque nos han pegado mucho".

Tras justificar la falta de apertura a los medios, uno de los ayudantes de Romo deslizó un comentario revelador: "Al paso que vamos, los trabajos de base van a desaparecer porque las empresas escogerán a sus sindicatos y el tipo de trabajo que necesitan".

Fuente: Masiosare