Moneda única y crisis del Estado de Bienestar en Europa

Paralelamente, el creciente déficit público legitimó a los enemigos de la intervención del estado en el ciclo económico para impulsar procesos de privatización de empresas y servicios públicos, así como para remover las condiciones de protección al desempleo y la jubilación.

Estos procesos, de diferente configuración, ritmos e intensidad, según las tradiciones y resistencias en cada país, junto con los cambios en los procesos organizativos y productivos, propiciaron una creciente segmentación y apertura de diferencias en el interior de la clase obrera. La pérdida de la fuerza propia de los sindicatos es resultado y premisa de esta dinámica.

En la economía de demanda, propia del estado de bienestar, son funcionales todas aquellas medidas que favorecen el círculo virtuoso entre crecimiento de los salarios, de la producción y de la productividad, en un contexto de inflación moderada y equilibrio en las finanzas públicas. El pleno empleo es, en este paradigma económico, la condición para el pleno despliegue de las fuerzas productivas y la máxima producción de plusvalor. Al quebrarse este modelo, se produjo un cambio de paradigma. En la economía de oferta, el buen funcionamiento del ciclo económico exige como condición la competitividad, producir mas y mejor con menor coste que los competidores. Quien impide que los salarios varíen según las exigencias del mercado, se opone a la competitividad y dificulta las expectativas del beneficio del capital que, consecuentemente, reducirá o eliminará sus inversiones y con ello, se reducirán ó eliminarán los puestos de trabajo. La izquierda mayoritaria europea, incluido el sindicalismo, había abrazado la teoría liberal de Keynes, es decir la teoría que teorizaba el funcionamiento del capitalismo en un entorno de crecimiento económico sostenido y pleno empleo, una vez perdidas las condiciones materiales que posibilitaban el pacto social, para defender los derechos sociales era necesario impedir el avance de la nueva lógica económica con sus secuelas de despidos, eventualidad, crecimiento del paro, desprotección social y privatizaciones. Eso exigía fuerza. Pero la mayoría de la clase obrera, pastoreada electoralmente por la izquierda social-demócrata, se había acomodado a una forma de trabajo y consumo que desconsideraba los efectos medioambientales y la explotación y esquilmación de los países pobres, en los que dicha forma de vida se basaba. El verdadero activo de la izquierda mayoritaria europea al llegar la crisis de mediados de los setenta, no era una subjetividad crítica al capitalismo en la población asalariada, sino su integración plena en la lógica del capital mediante el consumismo irracional y la democracia contemplativa. La quiebra del empleo y el consumo como forma de pertenencia social para millones de personas, al no expresarse políticamente por la izquierda, han generado el descompromiso, el individualismo y la lucha entre los de abajo en pro de los puestos de trabajo escasos.

El capital europeo adquirió un rostro humano durante veinticinco años (para la mayoría de la población europea), no sólo por las oportunidades de inmensa reconstrucción y modernización económica que se dieron en la postguerra mundial, sino también por el poder constituyente de las revoluciones obreras europeas, una de las cuales triunfó en la Unión Soviética, dando paso a un sistema de bienestar social al margen del mercado capitalista.

No se puede hablar, por tanto, de estado de bienestar sin tener en cuenta las condiciones políticas y económicas que lo hicieron posible. Durante 25 años la construcción cultural de la clase obrera por parte de la izquierda europea, había consistido en fomentar la emulación de todos los valores de la burguesía, incluida la participación en el botín proveniente del saqueo de los países pobres, manteniendo una retórica mas o menos anticapitalista y solidaria con la humanidad doliente. Esto situaba el problema de la fuerza social y moral de la izquierda en el terreno del consentimiento de los poderes fácticos. Mas allá de las inevitables luchas locales o sectoriales, según la mayor o menor presencia de militantes sociales, la nueva lógica económica basada en precarizar y privatizar, se impuso y con ella, la teoría que la teorizaba, el neoliberalismo. El prefijo neo, rompe con la promesa liberal de bienestar desde el crecimiento económico. Convierte el crecimiento en un fin autorreferente, emancipado del empleo, del bienestar, la naturaleza y la democracia. La globalización económica y la moneda única son buenas, no porque integren a toda la población, sino porque son la expresión de la máxima eficiencia económica. Las crisis sólo son la prueba de que la sociedad no se ha puesto totalmente de rodillas ante los dictados de la economía. Por eso, para superar dichas crisis, es necesario aumentar la fuerza de la política económica que las produce. Las resistencias sociales ante los efectos de desigualdad, pobreza, hambre y violencia que genera la economía (identificada con la democracia), son muestras de comportamientos irracionales, antidemocráticos y desde el 11-S-01, directa o potencialmente terroristas.

La inanidad de la izquierda mayoritaria, en perpetua retroalimentación con la impotencia y la expropiación del poder popular, solo podía, desde dentro de esa lógica, adaptarse a las nuevas formas del capitalismo en Europa, es decir, modernizarse. Durante veinticinco años de estado de bienestar en Europa, los sindicatos disciplinaban a cada empresario, interesado en que todos los empresarios, menos él, pagaran buenos salarios para que la economía prosperase y el pudiera vender bien sus productos. Ahora, los sindicatos disciplinan a los obreros para que acepten los sacrificios (minorados, eso sí, por su mediación negociadora), que la competitividad exige en una economía global. Con el Acta Única Europea de 1.986, se hizo visible la lógica que gobierna el proceso de construcción europea: la creación de un Mercado Único. Un Mercado Único necesita una moneda única. Esa nueva etapa se consagra con el Tratado de Maastricht de 1.992, que persigue una unidad europea que ya no es política, cultural, social, ni siquiera económica, sino exclusivamente monetaria.

Tras el Tratado de la Unión Europea (TUE) conocido como Tratado de Maastricht de 1.992, el Estado español, al igual que los otros firmantes acordaron un proceso de unificación monetaria como contenido real de la retórica de la Unión Europea. Las condiciones de unidad eran precisas y aludían solamente a magnitudes relacionadas con la estabilidad monetaria que permitiera en su fase final sustituir las monedas nacionales por una moneda común: El Euro. Dichas condiciones son:

1.- Cambios fijos de las monedas desde el 1 de Enero de 1.999.
2.- Que el IPC no exceda en 1"5% a la media de los tres países con IPC mas bajo.
3.- Que los tipos de interés no excedan en 2% a la media de los tres países con tipos de interés más bajos.
4.- Que el déficit público (diferencia entre gastos e ingresos del Estado) no exceda el 3% del Producto Interior Bruto (PIB Suma del valor de todo lo producido por un país en un año).
5.- Que la Deuda Pública (Déficit históricos acumulados) no exceda del 60% del PIB de cada país.

La Europa resultante de este proceso es sólo una Europa para el Capital. Lo único que se unifica es el lenguaje del dinero, la moneda como elemento necesario para la unificación del mercado, verdadero contenido del proyecto europeo. Con estas condiciones que, voluntariamente, se dan los gobiernos se hipoteca la soberanía de dichos gobiernos para modificar la paridad de la propia moneda respecto a otras y la intervención pública en la economía. Se desiste del uso de medidas en defensa de las pérdidas de competitividad, de la dinamización económica y de la protección social. Lo que los gobiernos deciden, se presenta luego como un marco insuperable.

La debilidad política de las instituciones comunitarias, más intergubernamentales que europeas, junto a sus menguados medios para intervenir en la economía y la protección social (el Tratado de la Unión Europea establece el límite del 1"27% del PIB europeo para la fondos comunitarios), contrastan con la independencia política del Banco Central Europeo. Sin atenerse a control político alguno, tanto de los gobiernos y parlamentos nacionales como europeos, el BCE tiene como misión fijar la política monetaria (los tipos de interés) y velar por la estabilidad monetaria que exigen los capitales para moverse sin distorsiones por el espacio del euro. El objetivo es la estabilidad monetaria a costa de lo que sea (precariedad, paro pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores) y la estabilidad presupuestaria a cualquier precio (inviabilidad del seguro de paro y de las pensiones, privatizaciones). El euro unifica el lenguaje en el que se expresan las relaciones sociales capitalistas, el dinero. Las distintas monedas de los países capitalistas europeos, mantenían la capacidad de variar sus proporciones relativas mediante depreciaciones, distintos índices de subida de precios y distintos tipos de interés. El proceso constituyente del capital europeo, exigía acabar con las distorsiones debidas a las diferentes monedas y la estabilidad de los precios, incluido, en primer lugar, el precio del dinero.

El primer agente económico a disciplinar por la economía neoliberal es el estado, que maneja a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el 40% de la producción total de riqueza anual producida. El Tratado de Maastricht, limitó la capacidad del estado para intervenir en el ciclo económico, al establecer que el déficit público, es decir la diferencia entre sus gastos y sus ingresos, no podía superar el 3% del PIB y que la deuda pública (suma de los déficit históricos) no podía exceder del 60% del PIB En un contexto de protagonismo social del beneficio de las empresas, financiar el déficit subiendo los impuestos de forma progresiva, o bien acabando con el fraude fiscal de los ricos, no es "políticamente" posible porque ahuyentaría a los dueños del dinero. Por lo tanto, la única vía para reducir el déficit del estado es reducir los gastos, aunque eso suponga abandonar a su suerte a los millones de perjudicados por un mercado de trabajo controlado por los empresarios, la imposibilidad de acceso de los jóvenes a una vivienda y la necesidad de una supuesta optimización de las empresas y servicios públicos, a través de las privatizaciones en sus diferentes formas e intensidades.

El Tratado de Ámsterdam de 1.997 incorporó, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el compromiso de la estabilidad presupuestaria, independientemente de las necesidades sociales que tuviera cada país, bajo la amenaza de cuantiosas multas a los que incumplieran dicha norma.

Este tratado fracasó en los intentos de modificación de la arquitectura política europea de cara a una ampliación de países miembros. Sin embargo, dio una vuelta de tuerca a la subordinación de la sociedad respecto a la estabilidad monetaria y al protagonismo del beneficio empresarial, al incorporar el Pacto de Estabilidad en la legalidad comunitaria. Este Pacto establece que, salvo recesión económica, los países que incumplan las condiciones de déficit público mayor al 3% del PIB, tendrán, por ese solo hecho, una multa de 0"2% de su PIB. Por cada punto porcentual que exceda el déficit del 3%, la multa se incrementará en una décima (0"1% sobre el PIB) hasta el límite del 0"5%.

Las cantidades, que serán detraídas de los fondos de cohesión y los fondos estructurales que, presumiblemente, recibe el país infractor, permanecerán en una cuenta del BCE sin remuneración durante dos años. Si el país infractor persiste en su incumplimiento, a los dos años la cantidad retenida pasará a propiedad del BCE para ser repartida posteriormente entre los países que sí cumplan la condición de estabilidad presupuestaria. Estamos ante un caso de discriminación negativa. Los países más débiles, que son los que se verían obligados a gastar mas recursos públicos para superar sus deficiencias, serán castigados con sanciones económicas que les volverá más débiles aún, para acabar repartiendo esas cantidades entre los países virtuosos que serán los más fuertes.

La involución del Estado como mecanismo de redistribución de la renta y de protección social es de tal intensidad, que en posteriores acuerdos, los ministros del ECOFIN (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea), han establecido el objetivo de Déficit cero. En esa política, como alumno adelantado, inscribe el Gobierno Español sus planes legislativos de Estabilidad y reforma fiscal: Rebajar impuestos directos para atraer inversiones extranjeras y para que circule el dinero y active los negocios, aunque eso impida al Estado disponer de recursos para atenuar las desigualdades que origina el mercado. Descargar al Estado del esfuerzo financiero de garantizar las pensiones, la sanidad, la educación, en la inteligencia que el mercado, la persecución del interés privado protegerá mejor estos derechos constitucionales. Prohibir por ley la financiación de la inversión pública mediante endeudamiento de las administraciones. Precarizar y despojar de derechos al trabajo asalariado para hacerle transparente a las leyes de la oferta y la demanda, poner a las personas a los pies de los inversores de capital y de las empresas de tráfico de esclavos, aplastar las necesidades humanas para que no estorben al funcionamiento de la mercancía fuerza de trabajo.

Condicionar los subsidios y prestaciones por desempleo a la disponibilidad ante las empresas privadas, que ofrecen los contratos basura. Flexibilizar los contratos a tiempo parcial de manera que ya no sean compatibles con los cuidados familiares sino el principal camino de ingreso al mercado de trabajo de jóvenes y padres de familia, cuyas madres y esposas deben estar en casa para administrar y optimizar los escasos ingresos.

Esta dinámica, que ignora y vulnera de forma estructural y continuada los derechos políticos y sociales, es una dinámica europea, impulsada o consentida por toda la clase política. Pero en España contiene elementos específicos. La forma como se instauró la monarquía parlamentaria permitió que la clase política y empresarial del fascismo ocupara el aparato del estado y las organizaciones de la gran patronal, ahora formalmente democráticas. La cancelación del movimiento popular y el enfrentamiento con cualquier movimiento constituyente, fue el tributo de la izquierda para aplacar a los militares golpistas e ingresar en el Estado. El capitalismo español, ya sin freno, se empleó a fondo en su inclusión en la Economía Mundo, donde esperaba obtener y ha obtenido, enormes beneficios.

A ese proceso le llamó modernización y construcción europea. Su precio no solo es patente en términos de precariedad, participación popular y libertades democráticas. Ante la falta de pulso de la clase obrera, resurge con fuerza la identidad original del moderno capitalismo español. Los programas electorales de la izquierda cuando está en la oposición, demostrando sobre el papel que otra política económica es posible, contrastan con su entusiasta apoyo al proceso de unidad monetaria europea y la implacable ejecución de las políticas de flexibilización, privatización y represión de la protesta social, cuando está en el gobierno. Bajo gobiernos socialdemócratas, los períodos de depresión económica y el desmontaje de la protección social, han generado el estado de necesidad que obliga a millones de personas a aceptar "libremente" condiciones de trabajo por debajo de las leyes. El consentimiento del fraude de ley generalizado en el mercado de trabajo y de la violación sistemática de las normas laborales para con los sectores precarizados, por parte de los empresarios, constituyen la condición para que éstas políticas funcionen. Las reformas laborales, impulsadas desde el gobierno, tanto por la socialdemocracia como por la derecha, han ido convirtiendo en legal lo que ya era moneda corriente ilegal en la realidad.

En los períodos de crecimiento económico, los nuevos contingentes laborales entran en el mercado de trabajo bajo condiciones, ya precarizadas, que son constantemente presionadas hacia abajo, en franco y abierto desafío al estado de derecho, reprimiendo a quienes pretenden ejercitar los derechos fundamentales de negociación colectiva, expresión, reunión ó sindicación. La alarma social, el miedo de masas y la inseguridad que este estado de cosas produce, se naturalizan al mirar la izquierda hacia otro lado, colaborando con ello a la profundización de las diferencias entre los estables y los precarios.

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(Con pedido de publicación en La Haine)