Ninguna perspectiva de superación de la crisis política, económica y social en Brasil

Estamos en víspera de las elecciones presidenciales. Hace cuatro años, en ocasión de la reelección de la presidente Dilma Rousseff, se inició la campaña de las fuerzas conservadoras y representativas del gran capital, nacional y extranjero, para sacarla de la presidencia. Todos los expedientes fueron utilizados y muchas veces fuera de la legalidad y/o de la ética en la política. Finalmente, hace dos años y medio, fue disparado el golpe, cuando la Cámara de Diputados, en sesión vergonzosa, aprobó su separación y la apertura del proceso de juicio político (impeachment) de Dilma.

Durante ese tiempo, Brasil ha vivido su mayor crisis económica de todos los tiempos, elevando la tasa de desempleo a las alturas, reduciendo el rendimiento de los sectores de más baja renta, profundizando su proceso de desindustrialización, y viendo sus indicadores sociales, tales como la tasa de mortalidad infantil y la población que vive por debajo de la pobreza absoluta, subir nuevamente de forma significativa.

Se suma a esa crisis, la crisis social vivenciada por la población y la crisis política, notándose que, a pesar del golpe, la oligarquía brasileña no consiguió, hasta hoy, recrear las condiciones de “normalidad democrática burguesa” para poder continuar su proyecto de reformas y de venta de lo que aún resta del patrimonio público y nacional en el país.

Pasados los primeros meses después del golpe, cuando fue aprobado el nuevo régimen fiscal, que congela el nivel del gasto federal por 20 años (incluidas las prestaciones sociales y excluido el servicio de la deuda pública), y cuando fueron aprobados cambios en la legislación laboral, que anularon todos los dispositivos anteriormente existentes que impedían que el trabajador quedara sometido a negociaciones pura y simplemente con su empleador, el avance del proyecto del gran capital ha ocurrido en el margen, profundizando el foso entre el gobierno ilegítimo y la población.

Tanto es así que sus representantes más orgánicos en la contienda, están prácticamente fuera de la puja electoral, a no ser que, en el tiempo que resta para la primera vuelta se produzca un hecho nuevo que introduzca un cambio cualitativo en la situación política del país.

Son ellos Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña, y Henrique Meireles, del Movimiento Democrático Brasileño. De continuar la tendencia actual, los dos candidatos que serán legitimados por las urnas para enfrentarse en la segunda vuelta son Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, y Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, indicado por Lula para sustituirlo.

El primero, capitán de la reserva, representa al sector más a la derecha de la sociedad brasileña, abierto defensor de la dictadura militar y de la tortura, y expresa recurrentemente opiniones misóginas, homofóbicas, racistas, entre otras barbaridades. Su vice es Hamilton Mourão, general de la reserva que no ahorra palabras para amenazar con una intervención militar en caso de que la población elija el candidato indicado por Lula, Fernando Haddad.

Así, la sociedad brasileña se encuentra polarizada, entre los que quieren el retorno del pasado reciente, pues comparan la situación actual con la vivida en el período de los gobiernos de Lula y Dilma, principalmente en materia de empleo y renta, y los que quieren el orden a cualquier costo, dado que imputan todos los problemas del país a la libertad que fue “concedida” a los movimientos sociales.

En este escenario, queda poco espacio para el crecimiento de los candidatos que están más a la izquierda en el espectro político, a no ser a nivel de los Estados, en las elecciones para diputados. Ese es el caso del candidato de la alianza del Partido Socialismo y Libertad, del Partido Comunista de Brasil y de algunos movimientos sociales, representativos principalmente de la lucha indígena y por la vivienda.

Igualmente, la izquierda radical puede desempeñar un papel fundamental en estas elecciones, de cara al futuro: sea trabando un combate sin cuartel contra el fascismo y su candidatura de extrema derecha, sea denunciando al golpe, a los golpistas y a sus cómplices, sea agitando la bandera de la revocación de todas las reformas neoliberales antipopulares, sea finalmente presentándose como alternativa anticapitalista y ecosocialista, levantando temas que ninguna otra candidatura puede blandir, a partir de las plataformas de los movimientos sociales, ecológicos, socioambientales, feministas, LGBTs, de derechos humanos, entre otros.

Este papel gana aún más importancia cuando tenemos conciencia de que las elecciones no van a resolver la crisis política del país. Gane quien gane las elecciones, la única certeza que podemos tener es que la crisis política se profundizará, abriendo un período de intenso conflicto, en el cual los partidos de izquierda más consecuentes y los movimientos sociales irán ciertamente a estar al frente de las movilizaciones y de las luchas.

* Rosa Maria Marques es profesora titular del Departamento de Economía y del Programa de Estudios de Posgraduados en Economía Política de la PUCSP
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