Paraguay: Política tributaria del dinero

En clima de notable mediocridad política partidaria, se recuerda esta semana en Paraguay dos penosos hechos acaecidos hace un año, cuando se produjo una emboscada en el oriental Departamento de Curuguaty, muriendo 11 campesinos y seis policías, en aplicación de un plan golpista que, ocho días después, se concretó con el quiebre institucional y el derrocamiento del Presidente Fernando Lugo.

En medio de ello, el elemento público más positivo es la persistencia de una parte de la ciudadanía en condenar al gobierno faccioso con su política represiva y hambreadora, reclamando el derecho del pueblo de participar en las decisiones de los grandes problemas nacionales.

Ejemplo de esa valiente actitud fueron las manifestaciones del pasado sábado 15 en Asunción y particularmente en los campos de Marina Cué, donde miles de familias de labriegos rindieron homenaje a los campesinos asesinados. Una similar movilización está prevista para este fin de semana en varios sitios del país.

Tras una primera negativa de los comandos uniformados que, por varias horas impidieron a familiares de las víctimas y activistas sociales el acceso en masa a esa tierra, finalmente se logró ingresar y plantar varios árboles en el mismo sitio de la tragedia, originada un año atrás cuando una comitiva policial llegó para dialogar con los campesinos que habían ocupado parte de las mil 800 hectáreas del Estado que están en conflicto, usurpadas desde hace varias décadas por una encumbrada familia del Partido Colorado.

En el momento de producirse los saludos de bienvenida, afirma Articulación Ciudadana una entidad solidaria con las víctimas y sus familiares, partieron disparos con armas de guerra desde un helicóptero y del bosque, donde se habían parapetado francotiradores, alquilados por latifundistas e instigadores del plan de Golpe de Estado que se produjo ocho días después, desencadenando una feroz represión policial y la detención de numerosos campesinos heridos y mujeres embarazadas, de los cuales permanecen aún en prisión 12, sin que el Ministerio Pública haya aportado pruebas incriminatorias.

La autoría de esa masacre ha quedado en la larga lista de crímenes anónimos, entre ellos de unos 130 dirigentes labriegos en los últimos años, de un Vicepresidente, de un General Jefe de Antidrogas, de ocho jóvenes que defendían la democracia en plena plaza del Congreso y, entre muchas más, cubiertas por la impunidad y alta corrupción reinantes, de un candidato a la Presidencia de la República, en plena campaña, en un accidente de helicóptero que su familia califica de atentado político.

Las cárceles desbordan de presos, más del 70 por ciento de unos siete mil sin condena, mayoría imputados por delitos menores, pero ningún delincuente financiero o estafador de las arcas del Estado, evasor impositivo o contrabandista de alto vuelo, mercenario o capo mafioso, están detrás de las rejas, consecuencia de la tarea de un mundillo jurídico sepulturero de la ética, las buenas costumbres y el mero rubor.

El Golpe de Estado, con etiqueta de parlamentario, terminó con un proceso de cambios que, pese a sus defectos, ha representado la mejor gobernanza del país en los últimos 75 años que, involuntariamente quizás, se iba transformando en una escuela de formación cívica, estimulando una conciencia colectiva de que es posible vivir con alguna soberanía social, integrado a las naciones vecinas y participando en la obra común de recuperar la evolucionada República que hace siglo y medio fue Paraguay.

Ese naciente sentimiento de pertenencia y el atisbo mental que ganaba terreno en diferentes sectores etarios y profesionales, de que es posible revertir el atraso cultural y las injusticias que ha generado más de medio siglo de perversidades políticas, se fue convirtiendo en una amenaza para las derechas política y empresarial, ambas de pensamiento cavernario e intolerante que, colgándose de las corporaciones transnacionales, propiciaron el golpe.

La cuarta pata de la mesa golpista fue la comandancia de la ingeniería imperial que se dedica a destruir los procesos progresistas de la región, tal lo que se puede inferir de la táctica empleada, del esquema de gobierno implantado, de la composición servil del mismo y de las reiteradas injerencias en los asuntos internos del país por funcionarios diplomáticos de Estados Unidos y de algunas potencias europeas y asiáticas.

El quiebre constitucional de hace un año, resultó el primer paso de un planificado asalto al poder del Estado, amenazado por la pérdida del Ejecutivo después de siete décadas en manos del Partido Colorado, y cuyo objetivo fue el de recuperar a Paraguay como teatro de operaciones de la geoestrategia militar y económica imperialista, para la que resulta indispensable contar con partidos y gobiernos obsecuentes y venales.

El segundo paso fue la convocatoria a elecciones nacionales, respetando el calendario viejo, en una convocatoria que consiguió legitimar al organizador, el gobierno faccioso, con la participación de los sectores progresistas y democráticos que se sumaron al juego, procurando mantener sus migajas en el reparto de bancadas y otros cargos.

Tal lo sabido, Horacio Cartes, poderoso empresario y candidato del omnipresente Partido Colorado, resultó amplio ganador y hoy es el guía (en alemán fuhrer) de la política nacional con una inédita compostura que parcialmente lo sitúa fuera de la política clásica, por encima de las estructuras o aparatos partidarios, volcado a cultivar relaciones con entidades públicas y privadas extranjeras (Israel, Estados Unidos, Colombia, etc.) para concretar acuerdos de asistencia en las sensibles áreas de la seguridad y de algunos importantes servicios sociales, como la salud y la enseñanza.

La irrupción de Cartes en la vida pública paraguaya se impuso a toda una serie de acusaciones de ser cabeza de una organización delictiva regional de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando a gran escala, e incluso barrió con la vieja maquinaria electoral a la que le imprimió una mecánica empresarial moderna, basada en una fuerte inversión de capital para contratar ágiles activistas que movilizaron a cientos de miles de personas e instalaron eficaces operadores en las mesas de votación.

Dentro de dos meses, el advenedizo político, que hace apenas cuatro años se afilió al Partido al que forzó el cambio de estatuto para poder postularse, pues el mínimo era 10 años de pertenencia para tener derecho a ser candidato, será investido con la banda presidencial, caminando cómodamente por encima de las aguas grasosas de esa centenaria institución.

Lo único novedoso es que nada garantiza que el ejercicio de Cartes lo convierta en un mandatario colorado más, sino que, por el contrario, termine por alimentar el eclipse que exhibe ese partido, carcomido por la obsolescencia de su cúpula que ha sido incapaz de formar una generación de relevo, un mal que padece igualmente el Partido Liberal, cuya descendencia carece de proyecto alternativo.

El ocaso es ideológico, es de modernización y apertura teórica, filosófica, y podría terminar en pocos años, con el dinero como principal actor en la política paraguaya, con un siglo y cuarto de bipartidismo, en una coexistencia conducida por los colorados con la complicidad liberal que, en las últimas ocho décadas, ha fabricado un país dependiente de una oligarquía inculta y altanera, ajena a toda formación profesional científica y tecnológica que ha producido muchos multimillonarios y pocos alfabetos.

Con suficiente oficio en el comando de funcionarios, Cartes está convirtiendo la dirigencia colorada en meros funcionarios de su nueva empresa, como parece mirar al Ejecutivo Nacional, a juzgar por los pocos movimientos suyos que salen a luz, pero que ha invisibilizado a los más conocidos representantes del partido, sin brújula desde el exilio de su “único líder”, el General Alfredo Stroessner y el fallecimiento de su principal heredero, consuegro y colega Andrés Rodríguez, a quien Estados Unidos consideraba un capo mafioso pero que, en 1989, lo utilizó para desplazar al tirano octogenario y unos años después lo hospitalizó en una clínica donde habría encontrado la muerte, cuya causa jamás se ha revelado al pueblo.

Por ahora, el Partido Colorado aparece salvado de una nueva amenaza de implosión gracias a la aparición de Cartes, y ese mismo fenómeno afectaba en el 2008 al Partido Liberal, que su alianza con Lugo evitó, pero en la coyuntura actual ese mal expresa mayor gravedad, pues podría tratarse del ocaso orgánico, provocado por un vaciamiento doctrinario y los desméritos de una dirigencia enceguecida por esa angurria de poder que aporta enriquecimientos rápidos.

El Golpe de Estado contra Lugo, encabezado por el Vicepresidente Federico Franco, a poco de andar se reveló como una victoria pírrica, aunque pensada por los golpistas como la antesala del triunfo electoral, que el pasado 21 de abril debía instalar al candidato del partido en la Presidencia de la República, en un cálculo desastroso que le hizo perder los votos de los no colorados que, por lejos, son mayoría en el país.

En cambio, lo que los liberales han recogido con ese manotazo inconstitucional del 22 de junio del 2012, quebrando el proceso de cambios que habían ayudado a emprender, es un enorme descrédito, groseramente agravado por una conducta corrupta en casi todas las instituciones del Estado donde tienen injerencia.

Lo penoso del panorama político paraguayo es que el famoso 'Quo Vadis?' (¿adónde vas?) se aplica como zapato nuevo a todo el abanico democrático y progresista, en esa entelequia reformista que algunos llaman izquierda, que está ausente, sin respuesta frente a los grandes problemas nacionales, enfocados apenas por sus dirigentes a nivel de aparatos, los cuales cada día están más alejados del sentir popular.

El Frente Guasu, la expresión más orgánica de todas las fuerzas populares, mayoría semi desvanecidas después de las elecciones, reaccionó días atrás contra el intento de privatizar la energía eléctrica, una de las mayores riquezas del país, pero en cambio se muestra incapaz de anticiparse a operadores colorados que rechazan ciertas medidas del gobierno y del parlamento contra la población, como fue la estafa en ciernes de un proyecto, ya en marcha, de inspección vehicular pagada a talleres privados.

Otra ocasión perdida por los bien intencionados políticos paraguayos para servir mejor a la ciudadanía, se dio días atrás, cuando el gobierno condonó sus deudas con la banca estatal a muchos empresarios del transporte de pasajeros, habilitando nuevos créditos blandos a esos mismos millonarios morosos, propietarios de ómnibus chatarras, cuyos servicios son una verdadera burla humillante para las 300 mil personas que ingresan o egresan a diario de Asunción.

Tampoco se conoce la postura de los partidos democráticos, ni de las organizaciones y movimientos populares respecto a la política internacional a seguir, mudos frente a la figuración de connotados personajes de la derecha más rancia en el equipo asesor de Cartes en esa materia, lo cual crea perplejidad e incomprensión ciudadana, debido a la necesidad que tiene Paraguay de recuperar su presencia en el MERCOSUR y la UNASUR, avanzadas progresistas con las que se identifica el mejor pensamiento social

CALPU