Perú: Represión al paro agrario provocó al menos cuatro víctimas mortales

Fuentes hospitalarias confirmaron que los agricultores murieron por balazos en la cabeza durante un ataque a la manifestación por la policía antimotines.

Tres fueron fusilados este martes, por impactos de bala en la surandina Ayacucho. El lunes había sido fusilado el primer agricultor, en la localidad norteña de Huarmey, a balazos. "Los agricultores perecieron por impactos de bala", dijo un médico del hospital regional de Ayacucho.

Los fallecidos fueron identificados como Emiliano García Mendoza y Ruben Pariona Camposano. Las fuentes dijeron que se manifestaban pacíficamente y responsabilizaron al ministro del Interior, Luis Alva Castro, por ordenar la represión.

Desde la madrugada del martes soldados y policías salieron a reprimir los caminos del norte de Perú tras el estado de emergencia declarado por el gobierno para contener a campesinos en huelga que mantenían bloqueos de rutas con incidentes.

Pese a la medida gubernamental, manifestantes se enfrentaron con efectivos antimotines en la ciudad de Chimbote, 440 km al norte de Lima. Los policías intentaban impedir con violencia nuevos intentos de cortar el tránsito en la Carretera Panamericana. Ante la respuesta popular la policía lanzó gases lacrimógenos y detuvo a huelguistas.

También hubo represión en Arequipa, segunda ciudad de Perú (1.00O km al sur de Lima), mientras en el Cusco estubo cortada la vía férrea que conduce al lugar de mayor atracción turística, el sitio arqueológico de Machu Picchu, informó la policía.

La decisión del gobierno de Alan García de enviar a las fuerzas armadas a asumir el control en las provincias declaradas en emergencia implica la suspensión de varias garantías constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y el derecho a efectuar reuniones públicas.

La huelga, con apoyo de la Confederación Nacional Agraria (CNA), rechaza la política agraria del gobierno, afirmando que es perjudicial para los campesinos pobres.

COMUNICADO DE LA COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, Chile

ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA CAMPESINOS E INDÍGENAS

El Paro Nacional Agrario convocado por las organizaciones campesinas, agrarias e indígenas del Perú e iniciado el 18 de febrero fue un éxito en todo el país.

La protesta organizada se ha hecho sentir en todas las regiones. El Gobierno, en lugar de acceder al diálogo, ha respondido con la represión indiscriminada, la declaratoria en Estado de Emergencia de ocho provincias del norte y la orden de intervenir al Ejército. El saldo hasta el momento es de, al menos, cuatro muertos.

Sin embargo, ese mismo Gobierno difunde mensajes de democracia y mejor participación, mientras implementa leyes para favorecer a las empresas transnacionales, la privatización de las aguas, la concesión de la Amazonía y las zonas arqueológicas, así como el remate de tierras para favorecer a los inversionistas extranjeros. Y quienes hacen valer sus derechos son reprimidos y judicializados.

Este accionar represivo se enmarca en el acelerado proceso de criminalización de las demandas sociales, una de cuyas expresiones fue la dación de once decretos legislativos que aumentan las penas por bloqueos de carreteras y otras acciones justas de protesta, por cuya declaración de inconstitucionalidad y derogatoria se han unido los movimientos sociales en una campaña nacional de recolección de firmas que serán presentadas al Tribunal Constitucional.

Esta criminalización, sin embargo, no se inicia con esos decretos legislativos, pues hasta la fecha existen más de setecientos comuneros e indígenas procesados judicialmente bajo cargos graves, incluido el de terrorismo, solo por defender los derechos de sus comunidades contra los efectos destructivos de la minería. A ello se agrega la persecución, acoso y amenazas permanentes a sus dirigentes.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas, CAOI, expresa su firme respaldo al Paro Nacional Agrario y su plataforma adjunta; y rechaza la represión indiscriminada, exigiendo sanción para los responsables de las muertes, el inicio inmediato del diálogo, el fin del Estado de Emergencia y un alto definitivo a la criminalización de las protestas sociales, especialmente indígenas y campesinas.