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29/09/2017 :: Chile, Anticarcelaria

Presos políticos mapuche al borde la muerte tras 115 días de huelga de hambre

x Arnaldo Pérez Guerra
"Nuestra detención se efectúa a más de diez kilómetros del lugar de los hechos, bajo el pretexto de un control de identidad"

El lonko Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol Galindo, cumplirán más de 114 días en huelga de hambre iniciada el 6 de junio, tras completar 15 meses en prisión preventiva. Son víctimas de la ley 18.314 -ley Antiterrorista-, y de “testigos sin rostro”. Declaraciones de testigos sin rostro y la tozudez del gobierno los mantienen en prisión. Les acusan de un atentado incendiario contra una iglesia evangélica. Pero Ariel Trangol, uno de los huelguistas, es evangélico… Y cuando se les detuvo, estaban a diez kilómetros del lugar de los hechos.

Han bajado casi 24 kilos. Para el Colegio Médico (Colmed), “es insostenible una huelga de más días, hay compromiso vital y de secuelas que serán irreversibles”.

En una declaración los huelguistas señalan: “Nuestra detención se efectúa a más de diez kilómetros del lugar de los hechos, bajo el pretexto de un control de identidad, y los únicos elementos que se nos encuentran son herramientas propias del trabajo de la tierra. Entendemos que este ensañamiento se debe a nuestro apoyo a los procesos de reivindicación en los lof wenteche del Gulumapu, para lo cual invocan en nuestra contra la ley Antiterrorista. (…) Somos inocentes de los cargos de los que se nos acusa. La Fiscalía no tiene pruebas y nos tiene presos injustamente, mientras nosotros arriesgamos nuestras vidas. La carpeta investigativa no tiene ningún documento de peso para mantenernos en prisión preventiva. Hacemos un llamado para que nos apoyen, por esta tremenda injusticia que estamos sufriendo, y no nos dejen morir”.

Familiares de los presos políticos mapuche y organizaciones de derechos humanos han realizado mitines en varias ciudades, un campamento en las afueras de la cárcel de Temuco, y ocupaciones de la Catedral de Cañete, Concepción y Temuco, y de la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) este 15 de septiembre, en Santiago, que fue violentamente desalojada, con incidentes que incluyeron golpizas y disparos de parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros.

Las demandas de estos presos políticos mapuche son: juicio justo en plazo razonable, la no aplicación de la ley Antiterrorista, no utilización de testigos sin rostro, y la revocación inmediata de la prisión preventiva.

OTRA VEZ LA LEY ANTITERRORISTA

Según Pablo Ortega, abogado de los huelguistas, “la solicitud de un juicio justo de acuerdo a las normas del debido proceso y que en el caso concreto implica necesariamente la exclusión al menos por parte del gobierno de Chile de la invocación de la ley Antiterrorista”. Agrega Federico Aguirre, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que el organismo “ha sostenido invariablemente desde 2010 a la fecha que la ley Antiterrorista es una legislación que mientras no esté reformada sustancialmente se debiera desistir de su invocación”.

Dicha ley, invocada por el Ministerio Público y el gobierno de Michelle Bachelet, atenta contra el debido proceso y, por tanto, contra los derechos humanos, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Norín Catrimán y otros v/s Estado de Chile, en el cual se condenó a nuestro país por violar derechos fundamentales garantizados en la Convención Americana a ocho miembros del pueblo mapuche, precisamente por la utilización de la ley Antiterrorista.

Se sigue haciendo caso omiso de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. En abril de 2013, la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet prometía que en ningún caso aplicaría la ley Antiterrorista.

El 10 de junio de 2016, el ex intendente Andrés Joauannet interpuso la querella por “incendio terrorista”, tras el ataque a una iglesia evangélica en la comuna de Padre Las Casas, en el sector de Niágara. Un grupo de encapuchados habría obligado a quienes participaban de un culto a salir del templo para luego incendiarlo. El fiscal Luis Torres, el pasado febrero, anunció el cierre de la investigación y la acusación: “Si se logra establecer una condena por delito terrorista, acreditando que este incendio tenía como objeto infundir miedo en esta población, el tribunal puede subir la sanción hasta en tres grados, y eso, perfectamente, puede significar presidio perpetuo”, dijo. Hoy se dice que la audiencia preparatoria se realizará este 27 de septiembre.

Los mapuche exigen que la Intendencia retire la querella y que el Ministerio del Interior les dé pronta solución. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó alimentar forzosamente a Benito Trangol y Alfredo Tralcal.

Cristián Tralcal, hijo del lonko, explica: “Si se levanta la querella por la ley Antiterrorista, se va a deponer la huelga. No piensan en otra solución. No tuvimos ninguna reunión en Santiago con las autoridades, nadie nos recibió. Pedimos llegar lo más cerca de Mario Fernández, ministro del Interior. Nos dijeron en Temuco que viniéramos a Santiago, que acá estaba la solución, pero no nos recibieron. Nos quedó claro que no les interesan las vidas de nuestros familiares que están en juego… Presentan insomnio, calambres, mareo permanente, pérdida de conocimiento, y una depresión muy avanzada. Han disminuido bastante de peso, están prácticamente en los huesos. En este caso se ve mucho la injusticia, principalmente por la no existencia de pruebas. Como hay familiares nuestros procesados en otros casos, también lo vemos como un ensañamiento hacia nuestras familias”.

A los cien días de huelga de hambre, los familiares viajaron a Santiago, pero en La Moneda nadie quiso recibirlos. Cristián Tralcal, agrega: “En el caso han tomado declaraciones a testigos ‘protegidos’, testigos sin rostro. No sabemos quienes están detrás de las acusaciones. No hay transparencia de la justicia. Según dice la Fiscalía, fueron detenidos en el lugar del hecho, y eso no es así porque estaban a diez kilómetros. Aparte, los testigos del incendio, que son vecinos del lugar, han dicho que no fueron mapuche quienes incendiaron la iglesia”.

DAÑOS IRREVERSIBLES

Según la doctora Aylin Curihual, “los huelguistas tienen muchos dolores musculares producto de la desnutrición. Han bajado más de 20 kilos en promedio, unos 200 gramos por día. Por eso se decidió hacerles controles periódicos”.

Tras la última visita realizada por el Departamento de Derechos Humanos del Colmed a la cárcel de Temuco, el organismo señaló la grave situación de salud: “Tienen una baja de peso progresiva y constante, que hasta nuestra última evaluación se objetiva superior en los casos más graves al 23% del peso corporal basal. Lo que expone a los huelguistas a secuelas permanentes en diversas funciones vitales, tales como son: neurológicas, función hepática, cardíaca, digestiva y renal. De prolongarse esta huelga se exponen a un severo deterioro de su condición de salud, evolucionando a una desnutrición severa”.

Enrique Morales, doctor y presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colmed, afirmó que “se deben respetar los factores interculturales que competen a las personas involucradas y su propia visión del conflicto, y no forzarlos a intervenciones de ningún tipo”.

Benito Trangol permaneció casi tres días en huelga seca y en dos oportunidades ha sido trasladado de urgencia al Hospital Hernán Henríquez de Temuco, negándose a que le realicen exámenes. “Al notar las graves consecuencias la depuso y volvió a la huelga líquida. Sin embargo, ya posee daños neurológicos severos irreversibles”, dice el doctor Waldo Wilkinson, y agrega: “Queremos enfatizar la condición de riesgo de Benito Trangol, en quien hemos constatado un cuadro de deterioro neurológico agudo, cursando con encefalopatía y ataxia. Lo que se fundamenta en los hallazgos a la evaluación clínica: alteración marcada del examen mental; bradipsiquia, desorientación temporal, deterioro de la esfera de atención y cálculo, alteración de la memoria inmediata, asociado a la marcha con aumento leve de base sustentación, incapacidad marcha tándem y dismetría”.

“De prolongarse la huelga de hambre se exponen a un severo deterioro de su condición de salud, evolucionando a una desnutrición severa, falla orgánica múltiple secundaria, llegando a un estado irreversible e incluso hasta perder la vida”, advierte el Departamento de Derechos Humanos del Colmed.

Para el doctor César Salazar, quien los examinó el día 94, “existe alto riesgo de compromiso vital, secuelas neurológicas, cardiológicas y digestivas. Por ser una situación de riesgo estamos informando a las autoridades”.

Alfredo Tralcal (46 años), lonko del Lof Lleupeco, presenta hipertensión arterial, úlcera gástrica, gastritis crónica erosiva, pólipos en el colon, rectorragia en estudio, dislipidemia severa, y episodio depresivo moderado, entre otras afecciones. Benito Trangol (34), del Lof Quilaco, de la comunidad Ignacio Trangol, presenta dolores generalizados mayores en extremidades inferiores, abdomen y tórax, además de mareos, dificultad para moverse y deterioro neurológico. Por su parte, Ariel Trangol (30), dolores en región lumbar y extremidades, cefalea y mareos, dificultad para conciliar el sueño e irritabilidad. Pablo Trangol (23), mareos, cefaleas, dolores generalizados, dificultad para conciliar el sueño, hipertensión arterial y bradicardia.

NADIE LOS RECIBIÓ

Sonia Trangol, hermana de Benito, Pablo y Ariel, dice: “Intentamos dialogar con la Intendencia, en Temuco. Fuimos a dejar una carta. Solo nos atendió el jefe de gabinete, y no tuvimos respuesta… Nos mandaron a Santiago. Viajamos a la capital a hablar con el ministro del Interior. Vinimos con nuestras familias a La Moneda, pero el ministro no nos recibió, entregamos otra carta, y nadie nos recibió… Como no tuvimos respuesta de parte de las autoridades, nos tomamos la Conadi, para presionar más, para que nos den respuesta urgente, porque mis hermanos se están muriendo. Benito ya ha tenido dos crisis. ¿Qué es lo que espera la señora Bachelet? ¿Está esperando que se mueran mis hermanos para ahí volver a pedir disculpas al pueblo mapuche, disculpas totalmente falsas?”.

Marta Galindo, madre de los hermanos Trangol, añade: “Vengo de la novena región, de la comuna de Padre Las Casas. Vine a Santiago pidiendo por mis tres hijos que están en huelga de hambre. Son cuatro comuneros: Benito, Ariel, Pablo, y el lonko Alfredo. Necesitamos una solución, que se retire la ley Antiterrorista, porque mis hijos son inocentes. Los están inculpando injustamente y los tienen encarcelados. Necesito una respuesta urgente, que me la entreguen pronto. A los ministros, a todos los que tienen los documentos de mis hijos les digo que necesitamos una solución que pueda quitar la huelga de hambre a mis hijos que están sufriendo, y que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta a sus demandas. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a que se acerquen y nos apoyen”.

Silvia Colicheo, esposa del lonko, agrega: “Hace más de un año que mi esposo y tres hermanos están detenidos por el ‘caso Iglesias’, sin pruebas ni nada que los inculpen, solamente por el testimonio de un testigo oculto, sin rostro. No les han dado la libertad, hoy están en huelga de hambre por la injusticia en que los tiene el Estado chileno. Han perdido hasta el sentido… Vamos a seguir manifestándonos, y ojalá puedan apoyarnos, porque ellos son inocentes. Solamente por ser mapuche los persiguen. Nunca los detuvieron en el hecho del que se les acusa, como dijeron al principio, los detuvieron a varios kilómetros de la iglesia, en un control de identidad, nada más que eso. Le hacemos un llamado a la gente que pueda informarse de lo que está pasando. Como familias estamos mal, pedimos que nos ayuden”.

Tras la detención de los hermanos Trangol, su padre murió. Así lo relata Marta Galindo: “Por estar presos mis hijos, falleció mi marido, porque cuando supo de los problemas, se alteró, empezó a tener mucha pena, puro llanto todos los días y falleció…”.

MEDIACIÓN DE SACERDOTE

Las protestas en apoyo a los huelguistas se han intensificado en los últimos días. En Curarrehue, este 18 de septiembre, se efectuó un corte de la ruta internacional, mientras en el Te Deum de la Catedral de Santiago, se realizaban protestas. Al día siguiente, un grupo de mapuche protestó durante la Parada Militar. El sacerdote jesuita Felipe Berríos junto a representantes del INDH y del Colmed, visitó el 18 de septiembre a los huelguistas y anunció gestiones ante las autoridades. Los presos y sus familiares solicitaron la mediación del sacerdote.

Mientras Berríos se reunía en Temuco con el intendente (s) Ricardo Chancerel, Pablo Trangol presentaba principios de arritmia y se temía que sufriera un paro cardíaco.

“Ellos dicen que fueron apresados de manera injusta. Yo encuentro que en realidad las pruebas no son muy contundentes y desde entonces, hace un año y tres meses, están en prisión preventiva, es decir todavía no se los formaliza. Su situación es desesperada. Los tres hermanos son gente pobre y me da la sensación de que los abogados defensores y los fiscales están más abocados al caso Luchsinger Mackay, que acapara todos los medios. Lo complicado de esto es que los presos han perdido unos 20 kilos en promedio. La pregunta de cuánto más pueden durar es muy difícil de responder porque en estos momentos puede haber una descompensación fatal. Estamos en una etapa urgente, si a uno de ellos le pasa algo, la cosa puede cambiar mucho. La acusación es muy grave, pero lo que no está claro es si ellos son los responsables. Si es así, la justicia tiene que ser firme, pero, ¿si son inocentes? No piden que se salte la justicia, sino que se haga un juicio pronto”, dijo el padre Berríos en radio La Clave.

Al cierre de esta edición, el último informe del Colmed advertía: “Presentan un deterioro rápido y progresivo de las funciones cognitivas. (…) Es necesario prestar atención urgentemente al hecho de que cursarían con signos que sugieren cuadros agudos, que se evidencian hoy y que pudieran tener consecuencias graves en el corto plazo, generar secuelas futuras e incluso provocar la muerte. (…) Respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, comunicada recientemente sobre la situación de Alfredo Tralcal y Benito Trangol, queremos enfatizar que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, las medidas de alimentación forzada constituyen una forma de tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura; por lo tanto, contrarios a la ética. En este sentido los profesionales de salud no pueden participar en la aplicación de estas medidas”.

El 17 de septiembre, familiares y miembros de las comunidades habían dado al gobierno un plazo de 72 horas para que se pronunciara. Recién el miércoles 20, la ministra secretaria general Paula Narváez anunció que “el gobierno presentó un recurso de protección para poder asistir médicamente a las personas afectadas”. Tras eso, volvió el silencio.

“OPERACIÓN HURACÁN”

A los 110 días de huelga, el domingo 24 de septiembre, Benito Trangol, fue nuevamente llevado de urgencia al Hospital de Temuco, por “problemas cardíacos”. Fuerzas Especiales de Carabineros han reprimido cada una de las manifestación en apoyo a los huelguistas, incluso deteniendo al werken Cristian Tralcal y a otros familiares. Por su parte, Ricardo Chancerel, intendente (s) de La Araucanía, aseguró en radio Cooperativa que el gobierno no retirará la querella por ley Antiterrorista en el caso Iglesias: “Hablamos de un punto que no puede ser negociable”, insistió.

Punto Final solicitó la opinión por escrito del líder de la CAM, Héctor Llaitul, pero sus respuestas nunca llegaron, pues el sábado 23 de septiembre, fue violentamente detenido junto a otros líderes mapuche, incluyendo a su hijo Ernesto Llaitul. A la lista se agregan los hermanos Jaime y Rodrigo Huenchullán, David Cid, Martín Curiche, Claudio Leiva y el machi Fidel Tranamil. La Fiscalía les acusa de los atentados incendiarios que se han sucedido en los últimos meses. Mientras las policías realizaban los allanamientos, el acampe de apoyo a los presos políticos mapuche frente a la cárcel de Temuco era desalojado, deteniendo al vocero del acampe, Martín Curiche, y al machi Tranamil, que había acudido a visitar a los huelguistas. Lo propio ocurría en el Hogar Mapuche Pelontuwe, de Temuco, donde seis estudiantes y un menor de edad eran violentamente detenidos.

La única prueba contra los líderes mapuche detenidos son conversaciones por WhatsApp -mensajería telefónica-. Fue la única prueba que presentó la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva de los ocho detenidos -de diez requeridos- en la “Operación Huracán”. Según el Ministerio Público “el grupo estaba concertado en una asociación ilícita terrorista liderada por Héctor Llaitul, que tenía por objetivo la quema de al menos cien camiones durante 2017”.

Los detenidos fueron trasladados a distintas cárceles, en un intento por desmovilizar la solidaridad con la huelga de hambre y los recientes detenidos. Nicolás Toro, abogado de los hermanos Huenchullán, señaló que “las detenciones no se ajustan a derecho, debido a que las únicas pruebas son mensajes intervenidos por la inteligencia de Carabineros, los cuales no sirven como elemento judicial”. Sin embargo, la jueza determinó un plazo de investigación de cuatro meses y la prisión preventiva de todos los detenidos.

“Las imputaciones son bajas, burdas, todo lo que trasciende no tiene antecedentes mínimamente contundentes que puedan sustentar las acusaciones y dictar una prisión preventiva. Creemos que esto es un montaje de inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, en complicidad con Carabineros”, señaló Toro, tras la audiencia de formalización.

Por su parte, Jorge Huenchullán -dirigente de la Comunidad Autónoma de Temucuicui-, expresó que “los detenidos son completamente inocentes de los cargos que les imputan. Todas estas detenciones obedecen a la presión política que han hecho los gremios camioneros, forestales y agrícolas. A eso está respondiendo la policía y el gobierno. Estamos frente a uno de los montajes más absurdos y burdos de las policías y el gobierno”.

El domingo 24 de septiembre, el general Gonzalo Blu Rodríguez, director nacional de inteligencia, drogas e investigación criminal de Carabineros, dijo a la prensa: “Esto recién comienza”.

A 111 días de la huelga de hambre, el lunes 25 de septiembre, Benito Trangol tomó la decisión de dejar de ingerir agua, iniciando una huelga seca que pone en serio riesgo su vida. Por su parte, al cierre de esta edición, presos políticos mapuche recluidos en diversos penales del sur del país, anunciaban que se suman a la huelga de hambre: el machi Fidel Tranamil Nahuel, Martín Curiche Curiqueo, Nicolás Railaf Ahumada, Miguel Llanquileo Cona, Dionisio Quiñelen Antileo, Rodrigo Meliman Lincopi, Juan Tralcal Quidel, Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche. Se espera el apoyo de varios más.

Punto Final

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