Proletariado minero es protagonista en la huelga general contra el «Gasolinazo» de Paz

Bolivia vive días de intensa tensión popular en medio de la huelga general por tiempo indefinido convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503, ley señalada por sindicatos y organizaciones campesinas como parte de un "ajuste fondomonetarista" que deteriora el nivel de vida de la población trabajadora. En las protestas, los obreros mineros han sido protagonistas.

Desde el lunes 22 de diciembre, millares de mineros marchan sobre La Paz, con cascos y herramientas, estableciendo bloqueos y cercos en torno a la Plaza Murillo, sede del gobierno nacional. La policía ha respondido con represión, gases y barricadas, lo que derivó en horas de enfrentamientos y la presencia de refuerzos de otros sectores: docentes, fabriles y comités barriales.

Las movilizaciones también alcanzan Cochabamba, El Alto y corredores viales estratégicos, donde se registran cortes de ruta.

Pese a las manifestaciones, el presidente Rodrigo Paz defiende el decreto como una "medida necesaria" para eliminar subsidios a combustibles, lo que derivaría en un incremento del 86% en gasolina y 160% en diésel.

Las organizaciones sociales denuncian que el ajuste va acompañado de la eliminación de impuestos a grandes capitales, la apertura a inversiones extranjeras mediante un mecanismo de aprobación automática de 30 días, y un régimen jurídico que garantiza 15 años de protección a empresas transnacionales, especialmente en el sector minero y energético.

Según denuncian sindicatos y economistas críticos, el decreto se activa tras reuniones con delegaciones de la DFC, EXIM Bank, USTDA y el Departamento de Estado de EEUU, lo que alimenta acusaciones de alineamiento con intereses externos sobre los recursos estratégicos del país.

La COB ratificó en un plenario navideño que no levantará la huelga mientras el decreto continúe vigente. La dirigencia plantea que el movimiento debe sostenerse mediante asambleas fabriles, comandos de lucha y coordinación territorial, en un escenario que recuerda históricas jornadas del movimiento obrero boliviano.

El gobierno intenta contrarrestar la presión mediante negociaciones con transportistas, cooperativas mineras y sectores de clase media, además de una campaña mediática y política contra los manifestantes. Paralelamente, avanza un proceso electoral subnacional convocado para marzo de 2026, mientras el Tribunal Supremo Electoral evalúa la anulación de la personería del partido Morena, liderado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, en un contexto de fragmentación interna del MAS.

El conflicto no solo disputa la permanencia del "gasolinazo", sino el modelo económico, el control de los recursos naturales y el marco de soberanía regulatoria del Estado. Para sectores sindicales, la lucha define si Bolivia ingresa en un ciclo de privatización acelerada del litio, tierras raras y empresas públicas; para el gobierno, representa una prueba de fuerza para sostener su programa económico.

Los mineros, nuevamente en el centro de la historia boliviana, no retroceden. Y el país entero observa si este nuevo pulso social se resolverá en el diálogo, en la calle o en una crisis mayor.

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Bolivia: más sindicatos respaldan paro indefinido de la Central Obrera contra "Gasolinazo" de Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó este domingo que mantendrá el paro nacional como medida de presión para exigir la derogación del Decreto Supremo 5503 y la protección plena de los derechos laborales, económicos y sociales de los trabajadores.

La organización volvió a las calles este lunes a partir de las 9:00, para lo cual convocó a todos los comités de base a nivel nacional a integrarse activamente a la medida de presión, con el fin de garantizar una participación masiva, disciplinada y combativa contra la eliminación del subsidio a los combustibles y otras medidas neoliberales del mandatario Rodrigo Paz.

En ese marco, la principal organización sindical selló un acuerdo de unidad con sectores estratégicos como mineros, campesinos, trabajadores fabriles y maestros rurales y urbanos, con el objetivo de intensificar las protestas a partir de la primera semana de enero de 2026. Mediante un pronunciamiento público, el Comité Nacional de Amas de Casa Mineras de Bolivia (CONACMIN) informó que se adhiere al paro indefinido impulsado por la COB.

Asimismo, esta última organización instruyó a las afiliadas a movilizarse con pancartas, banderas y material identificativo, portando consignas claras y unitarias que reflejen las demandas sociales y el mandato orgánico del CONACMIN y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

A través de un comunicado, la FSTMB convocó a sus afiliados e hizo énfasis en que luchan por el bienestar de todos los bolivianos.

José Choque, segundo secretario general de la COB, explicó que la determinación fue adoptada de forma orgánica tras las recientes declaraciones de un ministro de Paz, quien aseguró que el Ejecutivo no modificará "ni un solo artículo" del decreto aprobado el pasado 17 de diciembre.

De acuerdo con Choque, estas afirmaciones provocaron un fuerte rechazo entre las organizaciones afiliadas, incluida la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que resolvió fortalecer las movilizaciones en todo el país a partir de enero, bajo una estrategia de presión inspirada en la línea de lucha histórica de Felipe Quispe, conocido como "El Mallku".

El dirigente sindical informó además que, desde este lunes, comenzó de manera gradual la instalación de piquetes de huelga de hambre en distintas regiones del territorio nacional, de acuerdo con un cronograma aprobado la semana anterior.

Choque señaló que también se acordó la conformación de un comité de huelga y un comité de movilización, los cuales entrarán en funciones después de las celebraciones de Año Nuevo, con el propósito de no afectar a la población que se desplaza durante las fiestas de fin de año.

También afirmó que diversos analistas y periodistas evidenciaron que al menos 101 de los 121 artículos del decreto presentan vicios de inconstitucionalidad, además, reconoció que existe crítica hacia la actual dirigencia de la COB, debido a que en las últimas dos décadas no se habían impulsado movilizaciones de la magnitud de las que ahora se proyectan.

El dirigente indicó que esperan una señal de apertura por parte del Gobierno y que, de no recibir una respuesta favorable, activarán un "Plan B", que contempla que varias organizaciones que suscribieron acuerdos con el Ejecutivo se retracten y se sumen a las nuevas protestas.

Choque advirtió que, si el Gobierno insiste en mantener vigente la norma, deberá asumir las consecuencias políticas. "Si no quiere dejar sin efecto el decreto, que aliste las maletas y se vaya. Cuando el pueblo se enoja de verdad, la situación cambia y ya no se puede controlar", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el presidente Paz ha perdido el respaldo de la clase trabajadora y de los sectores populares, y aseguró que gobierna únicamente con el apoyo de un reducido grupo de ministros.

Consultado sobre la posibilidad de recurrir a la justicia constitucional, Choque respondió que el sistema judicial se encuentra politizado, al igual que en gestiones anteriores. "La justicia comparte la misma línea del Gobierno. Vamos a exigir un pronunciamiento y dar el tiempo necesario, pero aquí se trata de estar del lado del pueblo o del lado de los ricos", concluyó.

Por su parte, el representante del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, advirtió que no iniciarán las labores educativas en la gestión 2026 si el Gobierno no abroga el Decreto Supremo 5503.

Este lunes, diversos sectores sociales ingresaron en su segunda semana de protestas contra el DS 5503. Durante su recorrido, se le consultó a Álvarez sobre si las movilizaciones afectarán el inicio de clases el 2 de febrero del siguiente año.

"Los maestros no vamos a iniciar clases si es que no se resuelve este tema del Decreto 5503", respondió a los medios de comunicación.

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