Represión, presupuesto y Fondo Monetario

Es muy difícil que alguien dude de cuál es la ubicación política del ministro jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, o del secretario general de la CGT, Hugo Moyano: son dos consecuentes kirchneristas. Tampoco hay muchas dudas sobre cuál fue el papel que les cupo, a Fernández y a Moyano, en la brutal represión a los trabajadores de la empresa Kraft-Terrabusi, el viernes 25 de septiembre: el jefe de Gabinete presionó al gobierno bonaerense para que pusiera en marcha el operativo represivo y Moyano, con una macarteada típica de sus épocas de dirigente de la Juventud Sindical Peronista y aliado de la Triple A, dejó en claro que la CGT no pensaba gastar ni una frase en defensa de ese grupo de trabajadores.

En concreto, es imposible no asumir la actitud funcional a los intereses de la multinacional norteamericana Kraft de parte del gobierno de Cristina Kirchner, que terminó a garrotazos con la supuesta resurrección de sus pulsiones “progres” al compás del debate de la ley de medios, suposición fortalecida por las concesiones que, en ese proceso y para conseguir la media sanción de Diputados, había hecho a las demandas de los legisladores de centroizquierda.

Amparada por la entidad política de los enemigos puntuales del gobierno en el tema de la ley de radiodifusión, tal como en buena medida había sucedido con el conflicto con las patronales rurales, la suposición resultaba de todos modos bastante antojadiza teniendo en cuenta las características más estructurales de la política oficial.

De hecho, la represión a los trabajadores de Terrabusi, y el nulo prurito del gobierno por no aparecer comprometido con esa acción, se producen en simultaneidad con la escandalosa nueva cifra del INDEC sobre el índice de pobreza, la del 13,9 %, y con la presentación de un proyecto de ley de Presupuesto de 2010 que, en el primer año en el que se supone que no va a haber ingresos excedentes sino más bien déficit, consagra el financiamiento de los costos sobre los hombros de trabajadores y jubilados.

También se da junto con la reapertura del recurso al endeudamiento, aquel famoso “retorno a los mercados voluntarios de crédito” del que nos habla desde que asumió el ministro de Economía Amado Boudou –no por nada un producto del ultraliberal C.E.M.A.-, reapertura consolidada a través del viaje de la presidenta a Estados Unidos para disciplinar la situación de la Argentina al nuevo esquema de orden económico capitalista planteado por la crisis. Ahora, nuestra economía volverá a estar supervisada por los técnicos del Fondo Monetario Internacional –ése al que le pagamos toda la deuda, aun por adelantado- aunque, ojo, Cristina dixit, el organismo “no va a decirnos cómo nos tenemos que manejar”.

En todo caso, y después de la experiencia de los acuerdos alcanzados en Diputados para la media sanción de la ley de medios, será interesante seguir el tema de la relación entre el oficialismo kirchnerista y los representantes de la centroizquierda en el trámite de tratamiento del proyecto de Presupuesto para 2010. Ya son varios los diputados de ese espacio que vienen planteando cuestionamientos duramente en contra de los diseños del proyecto –en rigor el programa de política económica del gobierno-, en la medida en que no contempla ningún instrumento de política social más allá de los fondos para el programa de la formación de cooperativas de trabajo cuya implementación punteril ya mereció una contundente medida de protesta de las organizaciones sociales. Y por lo tanto desestima la posibilidad de discutir algún sistema de universalización de los planes sociales.

También porque propone mantener intocados los salarios de los trabajadores del Estado, no pagar sino agrandar la deuda del Tesoro con la ANSÉS –esto es usar más fondos de los aportes de los trabajadores- y al mismo tiempo prevé persistir en los mismos criterios de “movilidad” a la baja –en términos de valor real- de las jubilaciones. Y, claro, ni hablar de reforma tributaria progresiva que ponga fin a las exenciones del impuesto a las Ganancias que beneficia a grupos económicos y personas individuales de los sectores de mayores ingresos.