Represión y movimiento popular al margen de las elecciones

Oaxaca/México.- A principios de mayo era la población de San Salvador Atenco la que era objeto de un ataque basado en la lógica militar frente a un pueblo que consiguió paralizar el multimillonario proyecto del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, en el que la tortura, las violaciones y los asesinatos trataron de mostrar la fortaleza de los gobiernos basados en la democracia electoral; a un mismo tiempo, los gobiernos municipal, estatal y nacional (del PRD, PRI y PAN respectivamente) daban un toque de atención a La Otra Campaña zapatista que, casualmente, se encontraba en esas tierras. Todavía hoy siguen 30 personas en prisión sometidas a un juicio político repleto de ilegalidades.
La idea de que la justicia social no es posible en un sistema político diseñado para favorecer a las elites económicas, tomó cuerpo en Atenco donde se llegó a conformar un Concejo Popular que desconoció el poder del alcalde elegido en las urnas. Esta idea, cada vez más presente entre las organizaciones sociales más combativas, ha cristalizado en Oaxaca de un modo más radical.
La llegada hace un año y medio a la gobernación del Estado de Oaxaca del priísta Ulises Ruiz Ortiz, marcó el comienzo de una ola de represión y violencia frente a los colectivos que se mostraban disconformes con sus planes económicos para la región. Las demandas magisteriales obligadas a materializarse en un plantón en el Zócalo de la capital, fueron respondidas con un intento de desalojo que costó la vida a varias personas.
Siete días después, el 21 de junio, nacía la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) con el fin de dar unidad a todas las organizaciones presentes en la lucha. Las marchas, algunas de hasta 800.000 personas en una ciudad que no llega a los 300.000 habitantes, la toma de los principales centros de poder e, incluso, de la televisión pública oaxaqueña, han sido respondidas con ataques a medios de comunicación, asesinatos, tortura, desapariciones, llegando incluso a invadir casas de dirigentes y a amenazar de muerte, a punta de pistola, a su esposa e hijos.
Un movimiento popular que se está extendiendo por todo el estado de Oaxaca y que, en definitiva, da la espalda al actual conflicto electoral en México en busca de un cambio político estructural que acabe con la miseria de buena parte de la población.







