Retomando a Pinochet y Videla

El presidente Uribe, con todo el apoyo del imperio, ha decidido llevar el conflicto más allá de las fronteras. En cumplimiento de la directiva presidencial que ordena capturar a los insurgentes en el extranjero, en el año 2004 comandos policiales traspasaron la línea fronteriza y secuestraron a tres guerrilleros en Ecuador y Venezuela.

El 2 de enero a Simón Trinidad de las FARC-EP en Quito, el 10 octubre a Parmenio del ELN en Maracaibo y el 13 de diciembre a Ricardo González de las FARC, en el centro de Caracas.

Fueron secuestrados por la policía colombiana apoyada por agentes del gobierno estadounidense y con la colaboración de funcionarios de los gobiernos de Ecuador y Venezuela. A Parmenio y Ricardo los sacaron ilegalmente, violando el derecho internacional y la soberanía del hermano país.

Con este tipo de operaciones el gobierno de Colombia eleva a otro peldaño la guerra, al llevarla más allá de sus fronteras e involucrar a otros gobiernos en las operaciones sucias, en una nueva reedición del Plan Cóndor de los dictadores Pinochet y Videla, en el Cono Sur.

La vinculación de otros gobiernos al conflicto interno colombiano es impulsada por la propaganda enemiga que señala a la guerrilla como una amenaza y el principal peligro para la estabilidad de los gobiernos y la seguridad regional.

Y reforzada con la presentación simplificada y amañada del conflicto interno, sin contenido político y reducido a problemas de narcotráfico y terrorismo, y de la insurgencia como desprovista de ideología, equiparada perversamente con narcotraficantes.

Estas manipulaciones le sirven de pretexto y son utilizadas por el gobierno de los Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos e imponer acuerdos perjudiciales al país.

El presidente Uribe Vélez, que tiene un historial ligado al narcotráfico y los paramilitares, para congraciarse con los gringos y lavar sus "pecados", ha extraditando en dos años 270 colombianos pedidos por la justicia norteamericana, entre éstos al compañero Simón Trinidad de las FARC.

Un año se gastó en fabricar pruebas, hacer montajes y comprar testigos para borrar el delito político como guerrillero y vincular a Simón Trinidad al negocio de las drogas y tratar de justificar así el juicio como narcotraficante por un gobierno extranjero.

El 31 de diciembre fue entregado a la DEA y trasladado a los Estados Unidos, después que le fracasara a Uribe el grosero chantaje de no extraditarlo, si las FARC liberaba sesenta y tres personas retenidas.

El ELN no está de acuerdo con la extradición de ningún colombiano, porque considera que en un futuro próximo y con la reconstrucción de instituciones realmente democráticas, podremos solucionar nuestros problemas de manera soberana.

Rechaza la caracterización que se hace del conflicto interno y de la insurgencia colombiana, la negación de éste y la desnaturalización de las causas que lo originan; la intromisión de otros gobiernos con sus propios intereses en los asuntos internos, porque impide la comprensión y obstaculiza que se encuentre la salida política al conflicto.

Vemos en la política guerrerista del presidente Uribe, en su obstinación por obtener un triunfo militar sobre la insurgencia, en el modelo social que está implantando, un obstáculo para avanzar hacia la paz.

La extradición, el asesinato, el secuestro de opositores políticos y los instrumentos sucios que está retomando de las tenebrosas dictaduras militares del Cono Sur, son otros obstáculos que se suman y distancian la solución política.

Sólo con una política de paz que parta de reconocer los graves problemas que los gobiernos de la oligarquía han causado al país, la búsqueda real de soluciones al conflicto interno político y social y la voluntad de los colombianos de construir una Colombia mejor, que es posible, la reconciliación y la solución política al conflicto, son viables. A esto le tenemos que apostar sin Uribe, cuyos intereses están bien lejos del sentir de la mayoría.