Siria: Los malos tiempos pasarán

Hace más de una década que Occidente inició la guerra en Siria, y todavía no ha terminado. El país ha resistido durante diez años un ataque combinado del terrorismo islamista, que ha enviado decenas de miles de fanáticos y mercenarios, y de las tropas y bombardeos de EEUU, Europa, Arabia, Turquía, Israel y las monarquías del golfo Pérsico. Como en otras ocasiones, esos mercenarios islamistas fueron calificados por la prensa conservadora internacional y por los canales de propaganda estadounidense como «oposición moderada».

Cuando, en 2011, comenzaron las protestas (en Daraa, donde después se hicieron fuertes Al-Qaeda y Daesh, y en otras ciudades, inicialmente contra las reformas neoliberales del gobierno y contra la corrupción) EEUU y sus aliados en la región empezaron a armar a grupos ultras islamistas opositores al gobierno de Bashar al-Ásad, que se convirtieron rápidamente en un ejército mercenario con elementos procedentes de decenas de países y dividido en facciones, muchas de las cuales dependían de los servicios secretos de Arabia, Turquía, Qatar, EEUU e Israel, que combatían junto a soldados norteamericanos, europeos y turcos. El reclutamiento de islamistas fanáticos siguió la pauta marcada por EEUU, Arabia y Pakistán para derribar al gobierno de Najibulá en el Afganistán aliado de la Unión Soviética en los años ochenta.

Dos años después del inicio de la guerra, casi dos millones de sirios se habían convertido en refugiados, y en 2015 más de cuatro millones de personas habían huido del país. Ese año, el rumbo de la guerra empezó a cambiar gracias a la ayuda rusa al gobierno de Damasco. La guerra impuesta tenía como objetivo derribar a Bashar al-Asad, en el marco del ambicioso proyecto estadounidense de cambiar fronteras y establecer nuevos Estados en Oriente Medio, consolidar la hegemonía militar israelí, debilitar a Irán y controlar las fuentes del petróleo. Siria, como antes Iraq, tenía que ser desmembrada. La guerra destruyó buena parte del país.

En marzo de 2020 se firmó un alto el fuego que ha limitado buena parte de los combates en el nordeste de Siria, aunque prosiguen los enfrentamientos en varias regiones. El gobierno sirio, aunque controla la mayor parte del país, no ha podido recuperar aún todo el territorio, subsisten serios problemas para el futuro, y grandes zonas permanecen en manos de los insurgentes: en el nordeste del país, incluidas Raqqa, Hasaka y Qamishli, opera una administración kurda del Partido de la Unión Democrática (PYD), cuyos destacamentos armados componen las "Fuerzas Democráticas Sirias" (FDS), al servicio de EEUU. Controlan el territorio desde Yarabulus (por donde entra el Eúfrates en Siria) y Kobane, todas las provincias a lo largo de la frontera turca (excepto los enclaves en poder de Ankara), y más al sur por el curso del Eúfrates hasta su entrada en Iraq: aproximadamente la tercera parte de Siria.

En esa zona, un enclave de casi cinco mil kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera turca y al sur de Tell Abiad está controlado por Turquía, cuyo ejército lanzó en octubre de 2019 la operación Peace Spring junto con sus milicias islamistas aliadas para arrebatarla a las FDS. La operación turca fue posible porque el gobierno Trump retiró sus fuerzas de esa zona abandonando a sus aliados kurdos, ofreciendo de esa forma nuevas opciones militares a Daesh (allí, denominado en inglés ISIL, Islamic State of Iraq and the Levant). Ese ejército islamista de Daesh, que recibió en su origen financiación de Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, y se financió después con el contrabando de petróleo, drogas e impuestos a la población, y que llegó a dominar extensos territorios de Iraq y Siria, ha perdido la mayor parte de sus bases.

Los islamistas (salafistas como Yeish al-Islam, responsables del atentado que mató al ministro de Defensa sirio en Damasco en 2012 y al embajador ruso en Ankara en 2016; Ahrar al-Sham, Al-Qaeda, Ejército Libre Sirio, etc) apoyados por EEUU, Turquía y las monarquías del Golfo establecieron durante años un régimen teocrático feroz en la campiña de Guta, que limita con Damasco. Esos países no han sido los únicos en financiar el terrorismo islamista: también EEUU, Israel, Turquía, Jordania e incluso Croacia han colaborado en ello.

En agosto de 2016, Turquía inició la operación Euphrates Shield [escudo del Éufrates], lanzada, en palabras de Erdogan, contra Daesh y las fuerzas kurdas, pese a que sus tropas ayudaron también a las milicias de Daesh que estaban asediadas por los kurdos en Jarabulus, quienes prefirieron entregar parte del territorio que controlaban al ejército de Damasco antes de que cayera en manos turcas; Turquía ocupó entonces unos dos mil kilómetros cuadrados del norte de Siria, que siguen en su poder.

En enero de 2018, Turquía y el "Ejército Nacional Sirio", destacamento armado dependiente de Turquía, lanzaron la operación Olive Branch (un sarcasmo denominarla «rama de olivo» porque los militares turcos llegaron a utilizar armas químicas) contra las fuerzas kurdas del YPG (Unidades de Protección Popular) y las "Fuerzas Democráticas Sirias", FDS, ocupando unos dos mil kilómetros cuadrados en la provincia de Afrin (al norte de Alepo), donde recientemente se han enfrentado militarmente varios grupos terroristas apoyados por Ankara. A esa ocupación se unió, en febrero de 2020, la operación Spring Shield iniciada por Turquía para detener el avance de las tropas sirias sobre Idlib.

Ankara mantiene así el control sobre todo el territorio sirio al oeste de Alepo a lo largo de la frontera turca, junto al saliente de Antioquía. El "Ejército Nacional Sirio" ha cometido crímenes, robado propiedades, violado a mujeres y niñas e infligido torturas a población civil kurda en Afrín y Ras al Ain e interrumpe el suministro de agua a la población. Las operaciones se detuvieron tras el alto el fuego acordado por Putin con Erdogan que incluye un corredor seguro de seis kilómetros a cada lado de la autopista M4 que termina en la costa en Latakia, que es vigilado por patrullas conjuntas ruso-turcas.

A su vez, el Ejército Libre Sirio, que depende del Consejo Nacional Sirio y recibe el apoyo de EEUU, Turquía, Arabia y Qatar, y de los Hermanos Musulmanes, y se nutre de mercenarios y de algunos desertores del ejército sirio, ha perdido buena parte de los territorios que llegó a controlar. El Consejo Nacional Sirio se integró, tras la cumbre de la oposición en Doha en 2012, en la Coalición Nacional Siria, a la que reconocen como «gobierno sirio legítimo» la mayoría de los países de la OTAN.

Además, en el centro del país, en las provincias de Homs y de Dayr az Zawr, subsisten áreas donde actúa Daesh, aunque no controla el territorio, y fuerzas kurdas al norte de Alepo. Sin olvidar los Altos del Golán, ocupados desde hace décadas por Israel, y la franja de separación controlada por la UNDOF, United Nations Disengagement Observer Force, desplegada por la ONU desde 1974. Israel, que ha sido uno de los grandes beneficiarios de la guerra siria, ha ayudado con frecuencia a los islamistas de Daesh, y pretendía que el sur sirio permaneciera bajo control del Ejército Libre Sirio, como barrera contigua a los Altos del Golán y para evitar la presencia de milicias iraníes y del Hezbolá libanés.

En 2017, las Fuerzas Democráticas Sirias, apoyadas por EEUU, expulsaron a Daesh de Raqqa y del norte sirio. Y entre 2017 y 2018, el gobierno de Damasco recuperó buena parte del país, el centro y zonas de la región de Deir ez-Zor, que cuenta con yacimientos de petróleo y gas: para el gobierno de Damasco disponer de ellos ha sido importante, aunque la recuperación económica sigue obstaculizada por la falta de recursos, y la devaluación de la lira y una elevada inflación agravaron aún más la situación. Los yacimientos del Este están en manos del FDS, que los explota con paraguas estadounidense.

La compleja situación siria y los enfrentamientos cruzados, hicieron que los kurdos llegaran en 2017 a acuerdos con Damasco, cediendo incluso territorios al gobierno de Bashar al-Ásad: eran conscientes de la debilidad kurda y de que sus principales enemigos son el ejército turco y los grupos islamistas. Además, la decisión de Trump a finales de 2019 de retirarse del norte de Siria, alarmó a los kurdos, que hablaron de «puñalada por la espalda». La retirada fue posteriormente anulada, el jefe del Pentágono, James Mattis, aumentó la ayuda a los kurdos, y Biden sigue manteniendo tropas en la región. Turquía ataca a las FDS kurdas y bombardea también con frecuencia a los kurdos del PKK en el norte de Iraq, con el beneplácito del gobierno autónomo kurdo de Nechirban Barzani, miembro del clan de los Barzani que ha controlado la región con su Partido Democrático del Kurdistán (junto a la Unión Patriótica de Jalal Talabani), y que es enemigo del PKK de los kurdos turcos.

Turquía y los grupos armados que apoya suelen acusar a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (integradas en las Fuerzas Democráticas Sirias) y al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) de atacar hospitales y zonas civiles, mientras los grupos islamistas recurren con frecuencia a los coches-bomba y encapuchados de Daesh en motocicletas causan frecuentes asesinatos. Es frecuente también por ambas partes el reclutamiento obligatorio, el cobro de impuestos y la incautación de tierras. A su vez, las redes islamistas utilizan el narcotráfico y el lavado de dinero negro para enviar recursos al Frente al-Nusra en Siria. En octubre de 2021, un operativo de mil policías alemanes desmanteló una red que había enviado más de ciento cuarenta millones de euros a los grupos terroristas en Siria, a través de Turquía. También la multinacional francesa de cemento Lafarge (luego fusionada con Holcim), ayudó con dinero y cedió una fábrica de cemento a los terroristas en Jalabiya, en el norte de Siria.

La maquinaria propagandística occidental, que destaca siempre las muertes causadas por Damasco, suele olvidar las provocadas por los aliados de Occidente. En la provincia de Hasaka, en mayo de 2021, las FDS kurdas abrieron fuego contra una manifestación que protestaba por el aumento del precio de la gasolina matando a siete personas. En Manbich, una ciudad de la provincia de Alepo, a finales de mayo de 2021 las FDS dispersaron a tiros a los manifestantes que protestaban por el reclutamiento obligatorio de jóvenes, matando a seis personas, aunque la oposición era tal que anularon después la orden de reclutamiento. Las FDS han llegado a detener a miembros del Partido Democrático del Kurdistán y a más de diez mil personas por supuestos vínculos con Daesh, incluidos niños. Cuatro mil prisioneros extranjeros se encuentran en una situación irregular: no son procesados, pero tampoco expulsados a sus países, por lo que permanecen en prisión indefinida.

En los campamentos-prisión se vulneran de manera habitual los DDHH y las fuerzas kurdas del FDS utilizan el reclutamiento de niños para sus filas. En el nordeste del país controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias tras su victoria sobre Daesh en 2019, los milicianos kurdos mantienen el campamento-prisión de Al-Hawl, donde 60.000 personas, incluidas mujeres y niños, permanecen prisioneros desde hace más de dos años y donde la Asayish (una suerte de policía de seguridad de las FDS) realiza frecuentes incursiones. También mantiene el campamento de Roj, donde permanecen casi tres mil personas más, tanto sirios como iraquíes.

En la región de Idlib se concentra hoy la mayor parte de los combates, incluidos ataques contra las patrullas conjuntas ruso-turcas que se establecieron después de la firma del alto el fuego, además de frecuentes atentados en las regiones de Afrin y Ras al-Ayn, y en Damasco, como el atentado contra un autobús, el 20 de octubre de 2021, donde murieron catorce militares. Además, se producen atentados terroristas selectivos contra mandos militares del ejército sirio, y golpes de mano israelíes. Biden se ha vanagloriado públicamente de haber dirigido bombardeos contra milicias aliadas de Damasco, como hizo en junio de 2021.

También en la provincia de Deraa, en el sur del país, se producen enfrentamientos, aunque el gobierno sirio ha conseguido la desmovilización de muchos milicianos con entrega de sus armas a cambio de indultos, como en Enkhel y Jassem. En junio de 2021, en la región de Yabal al-Zawiya (provincia de Idlib), los combates provocaron la huida de miles de personas. En las zonas de esa provincia dominadas por la Organización para la Liberación del Levante (denominada antes Frente Al-Nusra, y más tarde Frente para la Conquista del Levante, en julio de 2016, ligada a Al-Qaeda) se estableció un «gobierno de salvación», y utilizan el señuelo de los Cascos Blancos como propaganda preparando puestas en escena de salvamentos y bombardeos para rodar vídeos y acusar a Damasco de utilizar armamento químico.

En abril de 2018, con el pretexto del supuesto ataque químico en Duma (los Cascos Blancos difundieron que habían llevado a las víctimas al hospital regional de la ciudad, aunque el centro médico desmintió haber tratado a personas que hubieran sufrido un ataque químico), EEUU, Gran Bretaña y Francia bombardearon centros de investigación y depósitos en Homs y Damasco. La acción fue criticada por Moscú, cuyo embajador ante la ONU, Vasili Nebenzia, denunció que la intervención occidental podía desencadenar una guerra regional. Cinco años atrás, Guta sufrió un ataque químico que los islamistas y gobiernos de países de la OTAN achacaron a Damasco, mientras que el gobierno sirio responsabilizó a los rebeldes, que habrían organizado la provocación para facilitar la intervención militar de Occidente.

Paulatinamente, el ejército sirio recuperó muchas zonas del norte y los grupos islamistas se vieron reducidos a la provincia de Idlib, mientras Turquía lanzaba la operación Peace Spring donde su ejército y los grupos terroristas aliados pretendían expulsar a los destacamentos kurdos que se hallaban cerca de sus fronteras. En 2020, el gobierno de Damasco lanzó una ofensiva para recuperar otros territorios del norte, y en ese año se calcula que volvieron a sus tierras rescatadas más de tres millones de sirios, sobre todo en las regiones de Alepo, Deir ez-Zor y Daraa, aunque la recuperación de la producción agrícola es lenta por la destrucción de muchas infraestructuras y la falta de equipamiento y maquinaria.

En octubre de 2021, el ejército sirio volvió a asegurar el control de Daraa y Tafas, completando la recuperación de todo el sur del país, aunque EEUU mantiene la base militar de Al Tanf (justo en el punto donde converge la frontera siria con la jordana e iraquí, enclave conquistado en una operación lanzada desde Jordania) y ha establecido allí una «zona de exclusión aérea» que forma un círculo con un radio de 55 kilómetros desde la base. Desde allí, EEUU ayuda a las fuerzas del Jaysh Maghawir al-Thawra, a muchos de cuyos miembros entrenó la CIA en Jordania, aunque algunos grupos se han pasado a las fuerzas de Damasco. Al Tanf también sirve de base de operaciones para la Brigada de Mártires Al-Qaryatayn. De hecho, la vecina Jordania ha sido el centro de mando de las fuerzas norteamericanas y árabes para las operaciones terroristas y sabotajes en Siria, aunque la evolución de la guerra ha llevado al rey Abdalá a admitir ahora que hay que negociar con Bashar al-Ásad, y los ministros de su gobierno colaboran con los de Damasco en asuntos transfronterizos.

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Junto a la proliferación de grupos armados islamistas con diferentes obediencias, existen tres procesos de paz: las negociaciones indirectas de Astaná, los contactos de Doha, y las Conversaciones de Ginebra. En el proceso de Astaná, auspiciado por Moscú en Kazajastán, participa el gobierno sirio y la oposición militar que representa a la Coalición Nacional Siria (respaldada por Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, y también EEUU y España, entre otros); Ahmet Tuma, participante en las reuniones de Kazajastán, ha sido muy crítico con la actividad de los kurdos de las FDS, aunque tanto el KKS (Liga Independiente Kurda) como el Movimiento Kurdo Independiente forman parte de la coalición. La última cita en Kazajastán, en julio de 2021, ratificó el compromiso de Rusia, Turquía e Irán (la ONU también participa, e Iraq, Jordania y Líbano asistieron como observadores, pero no EEUU) con la soberanía e integridad de Siria, con el objetivo de poner fin a la crisis en el marco de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Además de esas conversaciones de Astaná, Rusia, Turquía y Qatar se reunieron en Doha en marzo de 2021 para abordar la situación en Siria. En Ginebra, participan en las conversaciones apadrinadas por la ONU, además del gobierno de Damasco, la Coalición Nacional Siria y el Consejo Nacional Kurdo, aunque persisten serias diferencias entre los representantes de la oposición sobre los grupos que deben asistir. Turquía y la Coalición Nacional Siria crearon además el Comité Conjunto Sirio-Turco, que aborda las cuestiones relacionadas con los refugiados sirios. Pese a todas esas instancias, Turquía sigue ocupando zonas del norte sirio, como EEUU, en una evidente violación de la soberanía siria y del derecho internacional.

La Coalición Nacional Siria, de la que depende el Ejército Libre Sirio, está presidida por el jeque Salem al-Meslet que sustituyó en julio de 2021 a Naser al-Hariri. Ese Ejército Libre Sirio no debe confundirse con el Ejército Nacional Sirio que depende de Turquía. Para acabar de complicar el endiablado conflicto, en Siria operan otras muchas organizaciones armadas, desde Daesh y Al-Qaeda hasta grupos terroristas de ocasión que son creados por los servicios secretos estadounidenses, israelíes y de otros países.

La evolución de la guerra, favorable ahora al gobierno de Damasco, afecta también a otros países de la región. EEUU e Israel quieren evitar la llegada al Líbano de petróleo iraní a través de puertos sirios porque fortalece las posiciones de Hezbolá y, en último término, de Teherán. También llega crudo iraní, vital para la economía siria, a la refinería de Baniyas, cerca de Tartús, puerto utilizado también por la flota rusa. Líbano se encuentra en una situación límite, pero el fortalecimiento del gobierno de Damasco con la recuperación de la mayor parte del territorio sirio, ha llevado a que países vecinos cambien cautelosamente sus prioridades: en agosto pasado, Jordania, Siria, Egipto y Líbano realizaron un encuentro ministerial para la conexión eléctrica entre Jordania y Siria, con objeto de suministrar electricidad jordana y gas egipcio a través de territorio sirio. También se ha acordado el desbloqueo del paso fronterizo de Nassib-Jaber entre Siria y Jordania. Todo ello indica el final del aislamiento sirio en Oriente Medio y en la propia Liga Árabe, de donde Damasco fue apartada en 2011 siguiendo los deseos de EEUU y Arabia. No en vano, la Liga Árabe había hecho lo mismo con Libia en el plan de la OTAN para derrocar a Gadafi. Ahora, Iraq, e incluso Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, apoyan el retorno de Damasco a la Liga Árabe, frente a la oposición de Arabia y Qatar.

Pese al llamamiento, en marzo de 2020, del secretario general de la ONU para un alto el fuego general y la renuncia a imponer sanciones económicas para garantizar alimentos y medicinas a la población, en junio de ese año entraron en vigor las nuevas sanciones (la ley César) contra Siria aprobadas por el gobierno Trump, castigando a Bashar al-Ásad y a casi cuarenta personas relacionadas con él. Pese a que EEUU inició la guerra armando a grupos islamistas, el secretario de Estado Mike Pompeo no tuvo reparo en declarar que Washington aprobaría más sanciones hasta que "Al-Ásad y su régimen detengan la brutal e innecesaria guerra y acuerden una solución política, como lo exige la resolución 2254 de la ONU". El acoso no se ha detenido con ningún gobierno norteamericano. En septiembre de 2020, Trump reveló que propuso eliminar a Bashar al-Ásad en 2017, pero que su secretario de Defensa, James Mattis, se opuso, y el plan no se llevó finalmente a cabo. Desde el inicio del asedio a Siria, Washington exigía la salida de Bashar al-Ásad como una condición imprescindible para solucionar la crisis, y tras el fracaso militar de las fuerzas islamistas, EEUU aprobó sanciones económicas contra Siria.

Las elecciones celebradas en mayo de 2021 dieron la victoria a Bashar al-Ásad, que consiguió el 95 % de los votos, aunque solo pudieron votar quienes viven en las regiones controladas por Damasco y una parte de quienes están fuera del país. A la felicitación china siguió la visita del ministro de Exteriores, Wang Yi, el primer diplomático que recibía Bashar al-Ásad tras sus reelección, y la firma de acuerdos con Damasco, entre ellos el envío de vacunas para la Covid-19 y suministros médicos. China es el mayor socio comercial de Siria. Con la mirada puesta en EEUU, China defiende la integridad territorial siria, se opone a un «cambio de régimen» y ha propuesto un plan de cuatro puntos para terminar la guerra que consiste en: abandonar la idea de una «transición» de poder en Damasco, eliminar las sanciones económicas, apoyar a Siria en la lucha contra el terrorismo y ayudar al país a superar la división política interna. Es justo todo lo contrario de lo que busca Washington, que en su objetivo de derribar a Bashar al-Ásad, ha impuesto sanciones a Siria, apoya a grupos terroristas y fomenta los conflictos internos en el país. La resolución 2254 de la ONU contempla la elaboración de una nueva Constitución, que ya ha empezado a discutirse. Como China, Rusia defiende también la resolución 2254 y apoya la elaboración de una nueva Constitución.

Mientras Rusia e Irán apoyan militarmente al gobierno de Damasco, tres países mantienen tropas en el país violando el derecho internacional: EEUU, Turquía e Israel (además de Francia y Gran Bretaña), que bombardean con frecuencia objetivos gubernamentales sirios, mientras otros países (Arabia, Qatar, EAU) financian grupos islamistas. EEUU participa incluso en el interrogatorio de prisioneros, como hace en su base militar en Deir ez-Zor, que traslada después a la prisión de Al Kasrah, donde encierran incluso a chicos menores de edad. El nuevo gobierno Biden intenta reforzar las posiciones de los grupos armados que patrocina para forzar a Damasco a realizar concesiones en la mesa de negociación, pero sabe que necesita recomponer su relación con los kurdos, mejorar las tensas relaciones con Turquía y ligar todo el tablero regional a su presencia en Iraq y Afganistán, sin renunciar, además, a acosar a Rusia en territorio sirio como moneda de cambio para obtener concesiones en otros escenarios.

No por casualidad, James F. Jeffrey, enviado especial de Trump para Siria y embajador en Iraq durante la ocupación, apoyó el despliegue de tropas turcas en Idlib, y afirmó que uno de los objetivos era atrapar a Rusia en el infierno sirio. Ya en enero de 2011, antes de las primeras protestas en Daraa, Obama envió al embajador Robert Ford a Damasco. Ford había colaborado en la organización de escuadrones de la muerte en Iraq, y en Siria apoyó las protestas desde su inicio, violando su status diplomático, llegando a participar en manifestaciones en Hama y otras ciudades y canalizando fondos para financiar la revuelta contra Bashar al-Ásad.

Hoy, violando el derecho internacional y la soberanía siria, además del ejército turco y del israelí, se hallan en el país fuerzas militares de EEUU en el noreste controlado por los kurdos: en la provincia de Hasaka, cuenta con varias bases militares y aeródromos, donde a finales de septiembre de 2021 llegó un nutrido contingente de vehículos militares con blindados y artillería, y de nuevo a principios de octubre otro convoy enviado desde el norte de Iraq. EEUU tiene desplegadas tropas en yacimientos petrolíferos, como en Al Omar, en la provincia de Deir ez-Zor. En esas regiones ocupadas se encuentran la mayor parte de los yacimientos de petróleo sirios.

El 13 de septiembre de 2021, Bashar al-Ásad se entrevistó con Putin en Moscú, cita que sirvió al presidente ruso para exigir la retirada de las tropas extranjeras de EEUU y Turquía acantonadas en Siria, destacando que se habían enviado al país sin respaldo del gobierno de Damasco ni de la ONU. También Putin y Erdogan se encontraron en Sochi a finales de septiembre de 2021. La principal preocupación turca es el enclave de Idlib, donde se encuentran los grupos islamistas que apoya.

Las diferencias de Ankara con Moscú son muchas: desde el conflicto de Nagorno-Karabaj y el apoyo turco a Azerbaiján, hasta la guerra en Libia, donde apoyan a bandos distintos, pero el firme sostén ruso a Damasco hace que Erdogan no ignore que no puede ganar en ese frente: aspira a que continúe en vigor el alto el fuego y que el ejército sirio no inicie una gran ofensiva que aumente la corriente de refugiados hacia Turquía, donde viven casi cuatro millones de sirios desplazados por la guerra.

Pero también hay muchos intereses conjuntos, y el pragmatismo se impone: Ankara ha facilitado la construcción del gasoducto Turk Stream, compra a Rusia casi la mitad del gas que necesita, y encargó a una empresa rusa la construcción de la central nuclear de Akkuyu (en la costa mediterránea turca, al norte de Chipre), donde trabajan varios miles de ingenieros rusos. Putin se ha comprometido a que la primera planta del reactor estará completada en mayo de 2023. Erdogan está también interesado en la compra de aviones rusos de quinta generación, en conseguir más sistemas de misiles S-400, y ante los retrasos alemanes en la construcción de barcos de guerra para Turquía, sugiere la posibilidad de comprar esos buques a Rusia: pretende con esos gestos la benevolencia de Putin para que no presione a los militares turcos en Idlib y puedan seguir ocupando el norte de Siria. Pero más allá de algunos desplantes hacia Washington, sin consecuencias, Turquía depende de su permanencia en la OTAN y de los acuerdos con la Unión Europea, aunque Erdogan no abandona el objetivo de aplastar a los kurdos, y mantiene su disparatado proyecto de recuperar la grandeza otomana, donde el norte de Siria sería la primera pieza a cobrar.

Sin embargo, pese a los deseos de Erdogan, su plan se complica: el CHP (el viejo partido de Kemal Atatürk y su principal contrincante) se opone a prorrogar la presencia militar turca en Siria y el norte de Iraq. El desacuerdo se basa en la presencia de cuatro millones de refugiados en Turquía, porque considera que su retorno depende de la pacificación completa de Siria. Erdogan lidia también con el apoyo norteamericano a los kurdos sirios, y la desconfianza por el episodio golpista de julio de 2016, donde murieron doscientas personas y que llevó al ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, a acusar públicamente a EEUU de ser responsable de la intentona. Además, tras la compra de sistemas rusos S-400 en 2019, Turquía fue apartada del programa estadounidense para fabricar el avión F-35, y en julio Biden anunció nuevas sanciones a Turquía si compra más equipos militares a Moscú.

Israel, que ocupa los Altos del Golán sirios, sigue utilizando grupos terroristas y bombardeando Siria. El 19 de julio de 2021, Israel bombardeó el área de Al-Safira, en el sureste de Alepo, y un centro de investigación. Casi todos los ataques fueron repelidos gracias a los sistemas de defensa aérea entregados por Rusia. De nuevo, en octubre, el aeródromo militar sirio T-4, en Homs, fue atacado por cazas F-16 israelíes; el 13 de octubre cuatro cazas israelíes bombardearon una fábrica de fosfatos en la provincia siria de Homs, cerca de la ciudad de Palmira, y a finales del mismo mes su aviación atacó con misiles las posiciones del ejército sirio en la provincia de Quneitra, a cuarenta kilómetros de Damasco. Pese a la evidente violación del derecho internacional, Tel-Aviv sabe que cuenta con la protección de EEUU y que cualquier iniciativa de condena en la ONU será vetada por Washington. El Mossad cuenta con infraestructura en Azerbeiján, desde donde trabaja para acosar a Irán y a las milicias chiítas presentes en Siria.

Siria ha resistido la acometida imperialista gracias a la ayuda de Rusia e Irán y con efectivos de Hezbolá y de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), pero ha pagado un alto precio. Han muerto más de cuatrocientas mil personas en la guerra. Seis millones de sirios se encuentran en campamentos de refugiados en Líbano, Turquía, Jordania, Iraq y Egipto, además de un número indeterminado en Europa; doce millones de sirios se han visto obligados a abandonar sus hogares, aunque antes de la guerra árabes, judíos, kurdos, cristianos, drusos, vivían juntos sin mayor problema: siempre ha sido así, en la misma Damasco. Las infraestructuras y el sistema de salud han sido devastados. Se estima que la cuarta parte de las viviendas del país y la mitad de los centros médicos y las escuelas han sido destruidas. El Programa Mundial de Alimentos estima que doce millones de sirios, más de la mitad de la población, padecen escasez de alimentos.

En el último año, las dificultades económicas, las violaciones de DDHH a consecuencia de la guerra y la pandemia de la Covid-19 han agravado la situación, y barrios enteros de las ciudades permanecen en ruinas, así como muchas poblaciones rurales. Aunque en 2021 se ha recuperado una parte de la producción industrial, en abril el Banco Central devaluó de nuevo la libra siria: un dólar estadounidense equivalía a 1.250 libras sirias y pasó a costar 2.500 libras, provocando nuevos aumentos de precios en alimentos y medicinas, y las sanciones norteamericanas tienen un efecto devastador sobre la población, porque han provocado grandes aumentos de precios en las importaciones. El Banco Mundial considera que la reconstrucción del país precisa al menos de 300.000 millones de dólares.

La guerra no ha terminado. Pese a que el plan norteamericano para derribar a Bashar al-Ásad ha fracasado y Damasco cuenta con el apoyo de Moscú, Pekín y Teherán, los riesgos siguen siendo muchos y el proceso de paz avanza con lentitud. EEUU diseñó un útil artefacto propagandístico disfrazando el viejo imperialismo con el rostro de intervenciones humanitarias, sin que después Washington se haya conmovido por la terrible mortandad causada: ha seguido armando a ejércitos mercenarios y a grupos de fanáticos islamistas, y la presencia ilegal en Siria de tropas norteamericanas, turcas e israelíes es una seria amenaza para el futuro, aunque queremos creer que los malos tiempos pasarán.

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