Supervivencias. 1976-2006.

Mas allá de la airada reacción de Kirchner, nadie puede asegurar que no nos encontremos ante una acción encarada por uniformados, policías o militares, amparados más o menos directamente por los aparatos represivos estatales. Por lo pronto, se ha recreado la sensación de apesadumbrada incertidumbre, de suspensión imprecisa entre la vida y la muerte, que la "desaparición de personas" intentó, en gran escala y con éxito, extender por la sociedad argentina hace treinta años.

Resulta éste un momento desgraciadamente oportuno para evocar las circunstancias de la dictadura, y las supervivencias de la misma que coexisten con nosotros hasta hoy.

Para comprender el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una pregunta indispensable es acerca de las razones que impulsaron a las Fuerzas Armadas, en alianza con el núcleo del poder económico, comunicacional y eclesiástico, no sólo a dar el golpe, sino a desatar una política de exterminio de lo que visualizaban como peligrosos "enemigos internos".
Un camino hacia la comprensión se encuentra en el contexto mundial de la época. En los últimos años 60 y primeros 70, tocaba a su fin un cuarto de siglo signado en el mundo capitalista por el crecimiento económico sostenido, impulsado en buena medida por el desarrollo de los mercados nacionales y los altos salarios.

Una estrategia que había logrado aunar paz social, expansión del consumo y elevadas ganancias empresarias, llegaba a su punto de agotamiento. Los empresarios tenían obstáculos crecientes para seguir incrementando la productividad frente a sindicatos unificados y poderosos; y masas trabajadoras que habían aprendido a convertir los condicionamientos del "fordismo" en medidas para la defensa de sus intereses. La universalización de las prestaciones sociales comenzaba a ser vista como una amenaza para la rentabilidad de las empresas. El incremento explosivo de los precios del petróleo desencadenado por la "cartelización" de los proveedores tercermundistas del fluido, y el déficit de la balanza comercial norteamericana contribuyeron a hacer más complejo el panorama.

La segunda posguerra había sido marcada por sucesivas victorias de movimientos de liberación nacional, muchos de ellos definidos luego como socialistas; de China a Argelia, pasando por Cuba. Esa tendencia se había acentuado en los sesenta y primeros setenta (el que se sintetiza como el "Mayo Francés"), para culminar con un movimiento que si bien no desembocó en un proceso revolucionario triunfante, sacudió las bases políticas y culturales del orden social tradicional en el mismo centro del poder capitalista, y alentó una renovación en el campo de la izquierda mundial.

Las usinas de pensamiento del poder mundial comenzaron a movilizarse buscando el sendero para una contraofensiva que sacara al orden capitalista de su situación de crisis cada vez más integral, de su pérdida de prestigio en todos los órdenes. Germinaba una respuesta integral, que pretendía restaurar a pleno la vigencia de los postulados originales del capitalismo, al tiempo que infligir una derrota estratégica a quienes militaban por una revolución socialista, le dieran o no ese nombre.

Desde los teóricos militares que delinearon la estrategia de "guerra contrarrevolucionaria" poniendo énfasis en las batallas en el terreno de la cultura, pasando por las doctrinas económicas que sólo años después comenzarían a llamarse "neoliberalismo", y las concepciones de Samuel Huntington en cuanto a la necesidad de "restringir" los límites de la democracia de modo de socavar las bases de movimientos contestatarios, todos convergían en dirección a una revancha histórica en la que la recomposición de ganancias y la "seguridad’ para el capital ocupaban un lugar relevante.

En América Latina se vivía ese momento histórico con particularidades y tiempos diferentes. En Chile y Uruguay; dos procesos que parecían marcar la posibilidad de una transición socialista por vía pacífica dieron lugar a golpes militares que triunfaron, sin enfrentar resistencias eficaces, e impusieron dictaduras sanguinarias. En otras latitudes del continente la perspectiva de lucha armada seguía teniendo adeptos, y la extendida creencia de que el injusto orden existente no dejaba otra alternativa que su destrucción, no parecía destinada a replegarse por sí sola.

La Doctrina de la Seguridad Nacional estaba alcanzando un nuevo estadio de aplicación, con EE.UU alentándolo, consciente del riesgo de catástrofe para sus intereses. El "estado de bienestar", las políticas dirigistas de tipo keynesiano, y más en profundidad, toda la organización "fordista" de la producción y el consumo empezaban a ser cuestionadas, aún en la versión precaria y periférica que habitaba a países como Argentina. Iba quedando claro que a la generalización del cuestionamiento desde abajo a la organización de la riqueza y el poder vigente, se respondería con toda la radicalidad y violencia que fuera necesaria. No se trataba sólo de represión, sino de reestructurar las respectivas sociedades hasta que la contestación revolucionaria viera segada sus fuentes.

Con la mirada en el plano nacional, no puede comprenderse la dictadura iniciada en 1976, sin tomar en cuenta sucesos desencadenados durante el gobierno anterior. Se marchaba a una confrontación cada vez más abierta entre proyectos opuestos; que se simplifican y radicalizan en la medida que el encarnado en José Gelbard y el propio Perón, de retomar la senda de crecimiento relativamente autónomo emparentada con el primer peronismo, apareció como inviable, y buena parte de sus sostenedores se pliegan a una perspectiva regresiva y represora.

La "misión" Ivanissevich y el rectorado de Ottalagano en la UBA fueron, ya en 1974, el preámbulo de las políticas educativas y culturales de la dictadura. Los planes económicos de Celestino Rodrigo y luego de Adolfo Mondelli, señalaron el comienzo de los intentos de imponer la "economía de mercado", que Martínez de Hoz llevaría a cabo poco después, ya en dictadura. La Triple A y otras organizaciones paramilitares iniciaron una masacre de militantes populares que el decreto del presidente interino Luder disponiendo la "aniquilación" de los "subversivos" convirtió en política pública, y las denuncias de Balbín contra la "guerrilla industrial" en parte del "consenso democrático".

La desaparición de personas, sin ser todavía una técnica aplicada masivamente, se volvía día a día más frecuente, en el empeño de la reacción por hundir en su propia versión de la "noche y niebla" a la contestación social y política.

El antes y el después de 1976 vinieron a articularse como parte de una embestida contra los trabajadores y las clases populares, la que rebasó lo coyuntural para proyectarse en una perspectiva estratégica. Se pretendía atacar a la "subversión" no en sus efectos sino en sus causas, incluyendo al frente de estas últimas la existencia de una clase obrera numerosa, concentrada espacialmente, y con altos niveles de organización; a la que se pretende dispersar, debilitar en términos políticos e ideológicos y "descabezar" a través del exterminio de sus cuadros más combativos.

La dictadura no se instauró sólo para realizar el plan del ministro de Economía Martínez de Hoz, sino que pretendió realizar una "reestructuración" de la sociedad argentina en la que la política económica, la represión y la expansión de una concepción del mundo reaccionaria y "despolitizadora" se articulaban complejamente. Lo que el plan económico tuvo de destrucción de presupuestos objetivos para el desarrollo del movimiento obrero y otros sectores contestatarios, contribuyó decisivamente a cumplir los objetivos políticos y culturales de la dictadura.

El aplastamiento violento de cualquier forma de resistencia prestó un clima de "paz social" indispensable para que medidas que iban de forma evidente contra los intereses de la mayoría de la población lograran imponerse. El conjunto se articulaba en una estrategia integral, alimentada por el consenso entre las expresiones fundamentales del poder.

Los apoyos y los silencios frente a las acciones dictatoriales llegaron mucho mas allá del núcleo liberal-conservador predispuesto "naturalmente" a acoger con beneplácito a los golpes militares, y contribuyeron en parte a la realización de sus objetivos. Ninguno de los partidos políticos con alguna significación electoral dejó de participar en ellos, con recompensas que variaron entre numerosos cargos para sus dirigentes y la permisión de una precaria legalidad en lugar de la proscripción y persecución abiertas que se reservaban a quiénes se suponía inclinados a la resistencia.

La dictadura fue activa desde el primer día en promover una suerte de "derechización" radical en el conjunto social, ejerciendo a un tiempo una pedagogía del terror ("El silencio es salud’, "¿usted sabe donde está su hijo?) y la búsqueda consciente de activar impulsos autoritarios; actitudes ultraindividualistas y elementos conservadores del sentido común tradicional. Así se generaron amplias cadenas de complacencia e incluso complicidad en los más variados ámbitos sociales, que incluyeron la estigmatización de quiénes pretendían oponerse, y la justificación, directa u oblicua de secuestros, prisiones y exilios.

Además del "éxito" constituido por una desmovilización general que sólo se iría revirtiendo con mucha lentitud, la coalición que dio sustento a la dictadura logró implantar la desvalorización de las políticas de tipo "populista" y de "estado benefactor" y una virtual "demonización" de todo lo que pudiera oler a socialismo, pensamiento crítico, o inconformismo de cualquier género.

El aislamiento político y cultural de las corrientes de izquierda radical, con las organizaciones armadas en primer término, fue ampliamente logrado, facilitando un marco favorable para consumar su aniquilación. El capital concentrado y diversificado se reforzó ampliamente, y este avance pasó a constituir un dato permanente de la estructura social. Incluso habilitó al empresariado enriquecido con la dictadura a organizarse como factor de la "transición a la democracia", y pasar a cobrar en nuevas prebendas su apoyo a las instituciones restauradas, ya seguros de que la "subversión" no golpearía a sus puertas.

La conciencia de las clases subalternas quedó marcada en profundidad, no sólo por el terror, sino también por la adopción, incluso inconsciente, de ciertos postulados ideológicos predicados durante el "Proceso". La repulsa a las prácticas de la dictadura y el desprestigio ilevantable de los militares en función política que se fue profundizando y generalizando de 1983 en adelante, con todo el valor que posee, albergó una evaluación parcial y sesgada del proceso dictatorial. Se criticaron los métodos de la represión, pero no siempre se comprendieron sus propósitos estratégicos; los resultados de la política de Martínez de Hoz, pero no las bases del discurso neoliberal y antiestatista.

La impronta individualista, desvalorizadota de la militancia y la acción colectiva, se demostraría persistente hasta nuestros días. El "tabú" corporizado en que los proyectos de transformación social no debían traspasar los límites de la propiedad privada ni de la democracia parlamentaria, so pena de atraer nuevamente al terror de estado , también tuvieron prolongado arraigo. Los empeños encabezados por Alfonsín primero y Menem después por garantizar impunidad a los represores, levantaron fuertes rechazos, pero no los suficientes para impedir su puesta en práctica, prolongada por demasiado tiempo.

Todo se integró en una "visión del mundo" que vendría a ser luego fuente fundamental del apoyo que recogieron las politicas de "reformas estructurales" puestas en agenda durante la presidencia de Alfonsín y cosumadas en los 90". Ellas pueden ser interpretadas como un triunfo post mortem de la dictadura, en tanto que expresión de una ofensiva del gran capital cuyos caminos fueron allanados por el poder destructivo y de cooptación desplegado por los verdugos de 1976. Las mismas grandes empresas que impulsaron y aplaudieron la desaparición de delegados obreros en la dictadura, se congratularon junto a Menem del aplastamiento de los salarios, la precarización del trabajo y el paso de las empresas estatales a su propiedad.

Vista desde el presente y desde "abajo", el golpe militar de 1976 nos sigue señalando una derrota de vastos alcances para los ideales de construcción de una sociedad justa e igualitaria en nuestro país. Repasar la actitud de empresarios, políticos, sindicalistas burocratizados y dignatarios eclesiásticos hacia la última dictadura, entraña una lección sobre la unidad sustantiva de las clases dominantes a la hora de resolver las crisis en contra de los sometidos y explotados; lo mismo que de la absoluta falta de límites éticos y jurídicos en la elección de los medios para proteger sus intereses.

Sólo las movilizaciones de los últimos años, incluyendo en lugar destacado las de diciembre de 2001, alcanzaron a marcar una recuperación siquiera parcial de la iniciativa popular, el resurgir de la capacidad de marcar límites a las pretensiones más destructivas de quiénes habitan las diversas esferas del poder. Siquiera en términos difusos, la idea de tomar el destino en las propias manos, volvía a despuntar como un horizonte posible.

Esta vez la recomposición de la legitimidad requirió, para hacerse viable, del abandono del discurso neoliberal, de la recomposición de ciertos lazos entre estado e intereses y organizaciones populares. La presidencia Kirchner percibió la necesidad de transitar ese camino, y agregó a esa perspicacia inicial una dosis no desdeñable de habilidad en la gestión. Hasta incluyó la "oficialización" de una mirada sobre la última dictadura que abarca la reivindicación de las luchas de los 70 y la abrogación de las leyes de impunidad. Sin embargo, desde el poder se demanda, en trueque, la renuncia a toda pretensión de transformación radical de la sociedad.

Los setenta son reivindicados con un beneficio de inventario que coloca al "capitalismo serio" en el lugar de la "patria socialista" como objetivo a alcanzar. Las organizaciones populares son invitadas a la adhesión, mientras las decisiones se concentran en la cúpula. Y se busca el desprestigio y el aislamiento de las que se niegan a abandonar la protesta y permanecen celosos de su autonomía. Los renuentes corren riesgo de hostigamiento estatal, cuando no de "criminalización" por la vía judicial.

Las secuelas del golpe de marzo de 1976 siguen habitándonos. Consciente o inconscientemente, con lenguaje conservador o envueltas en discursos de apariencia progresista. La superación completa de las herencias económicas, políticas y culturales está todavía pendiente para la sociedad argentina. No alcanza para ello con el repudio de la masacre, si no va acompañado por la apuesta a futuro. Por la recuperación del sueño colectivo de terminar con la riqueza, el poder y el prestigio acumulados sobre la explotación, la alienación y la represión de las mayorías.

O lo que es lo mismo, con un orden social que sigue chorreando sangre, aunque viva la hora de las buenas maneras, de la "convivencia democrática" y la "tolerancia", que pretende aparecer concediendo graciosamente; a cambio de un horizonte de lo posible que siga reducido a la administración de lo existente.

* El presente artículo es una reelaboración del titulado "Dinero y fusiles rehaciendo la sociedad argentina" de marzo de 2006.

La Haine

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