Terrorismo de estado e institucionalización fascista

Desde el inicio la ultraderecha, incómoda con los avances, conspiró contra lo que ella tenía de democrático, dando rienda suelta al proceso de hundirla desgarrada y por pedazos.

El Estatuto Antiterrorista, aprobado el 10 de diciembre último en el Senado, desmantela los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución que establecían la inviolabilidad de las comunicaciones y el libre movimiento de las personas, prohibían las detenciones y allanamientos sin orden judicial y no permitían que las fuerzas armadas fuesen juez y parte a la vez.

Con esta aprobación se legalizan las atrocidades de los responsables del terrorismo de Estado y se fortalece su estructura de guerra sucia, confiriéndoles dispensa para que sigan cometiendo impunemente los crímenes. Antes lo hacían sin Estatuto y ahora lo harán con más fuerza y descaro, bajo la égida de la ley maldita. Hay un cambio, pero para mayor desgracia del país.

Los jinetes de la guerra sucia empotrados en las instituciones del Estado tienen por qué estar de pláceme pues el Congreso los premió el día universal de los derechos humanos con la aprobación de la ley que reclamaron insistentemente y que les confiere franquicia para continuar con los crímenes horrendos y las arbitrariedades, sin las amarras de la incómoda ilegalidad que tantos sinsabores les producía.

También están de fiesta los generales lenguaraces que ya están diciendo que ahora sí van a derrotar la insurgencia en poco tiempo porque tienen el instrumento que reclamaban desde años atrás. Se sienten tan seguros del éxito con las manos libres para actuar, que hasta apuestan la renuncia si fracasan en un año. Al calor de ellos los negociantes de la guerra baten palmas porque se les despejó el panorama para hacer prósperas inversiones en la maquinaria de la muerte.

El que no tiene de qué alegrarse es el país con el agregado de semejantes perversidades. Por el contrario crece la angustia porque serán mayores los sufrimientos y peores los días a los vividos hasta hoy.

Lo que se avecina es muy grave para Colombia pues el estatuto que entrará en vigencia en unos pocos meses modifica la Constitución y confiere facultades especiales a reconocidos violadores de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a funcionarios sin escrúpulo que escriben novelones con testigos comprados, inocentes condenados y culpables libres; a militares y fiscales corruptos refundidos en la telaraña del narcotráfico y el paramilitarismo impartiendo "su justicia", para vergüenza del país y horror de la humanidad.

Dentro de poco, y con el pretexto de la cruzada contra el terrorismo acuñada por el Sr. Bush, los agentes del gobierno podrán arrasar lo poco que queda de organizaciones y dirigentes sociales, conculcar las libertades individuales y derechos civiles de los ciudadanos, mostrar humildes colombianos asesinados y encarcelados como resultado de combates que nunca se dieron con "terroristas", como siempre han hecho para abultar cifras, hacer méritos y satisfacer a los patrocinadores.

Con la categórica exigencia hecha por el Presidente a los generales, de presentar resultados en corto tiempo o se van para la casa, tendrá que ser mayor la contabilidad de muertos y presos inocentes para conservar el puesto.

No es "caña", ni cualquier cosa el ciclón que está anunciado desde la campaña presidencial en el programa de gobierno de Uribe, con el respaldo del establecimiento y el asesoramiento del imperio. Con el pretexto de la defensa de la seguridad ciudadana viene sepultando lo que resta de Estado social de derecho, con las reiteradas reformas al poder público está dando pasos a la institucionalización de un Estado autoritario de corte fascista.

Con su prepotencia no escucha las voces sensatas de humanistas e instituciones solidarias defensoras de los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, que rechazan el estatuto por funesto e inconveniente para la democracia y los derechos humanos. Ni siquiera la voz autorizada de la ONU y sus advertencias fueron escuchadas, pues ha hecho caso omiso de las recomendaciones y de los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano.

De esta estrategia de inspiración fascista hay que esperar lo peor: que la intolerancia convierta y trate como enemigo a quien no es su amigo, que para terminar de eliminar al movimiento social extienda el concepto de terrorismo e incluya como tales a los luchadores gremiales y sociales, los que hacen oposición al régimen y por supuesto a quienes reivindicamos el nuevo país.

Tampoco es de extrañar que la guerra de exterminio legalizada contra los colombianos se irradie hacia los países vecinos como parte del Plan Colombia para atajar el auge de los movimientos sociales en el sur del continente, que tienen en aprietos al establecimiento y enredada la estrategia colonizadora del imperio. El asesinato de siete militares venezolanos a manos de paramilitares en la frontera con Colombia puede ser el anuncio de una provocación con propósitos de más largo alcance.

Es también de esperar la intensificación de la ofensiva ideológica, complementaria de la militar, contra la insurgencia dirigida a borrarle el carácter político de su lucha y a aislarla recurriendo al calificativo de terrorista y al montaje de espantosas mentiras para fundamentarlo. Desde luego no será fácil lograrlo pues la naturaleza genuinamente política de la guerrilla colombiana no depende de un acto gubernamental, sino de los objetivos altruistas que persigue y que la identifican con los intereses de las grandes mayorías nacionales.

Pero lo perverso y rechazable, desde todo punto de vista ético y moral, es que el gobierno equipare como guerrilla a la población civil residente en las zonas de confrontación y la involucre en el conflicto.

Las últimas instrucciones dadas por el Presidente a la tropa, donde le ordena hacer detenciones masivas, bloquear la entrada y salida de alimentos a comunidades y le exige resultados inmediatos en la guerra contrainsurgente, es apenas el abrebocas de lo que se está cocinando. Estas medidas refrescan el recuerdo de las torturas en las caballerizas de Usaquén, durante el gobierno de Turbay Ayala, la horrorosa noche con Laureano Gómez a mediados del siglo pasado y la pesadilla que envolvió a los europeos en la primera mitad del siglo XX.

Los espacios y condiciones para avanzar en la solución política y lograr la paz con justicia social y desarrollo, se distancian cada día que pasa con las características que está tomando el régimen.

La comedia montada con la desmovilización de un grupo de paramilitares y las negociaciones que continúan tras bambalinas, además de pretender legalizar a los narcoparamilitares amigos e incluirlos en la fuerza pública, busca con la mímica de la ternura y el perdón a éstos, enviar mensajes a la opinión internacional de que está logrando la paz.

Con el panorama que se anuncia, los ungidos del unanimismo de Uribe serán los únicos a salvo del estatuto recién aprobado y de las barbaridades que a su sombra van acontecer.

Los negros nubarrones que se ciernen sobre Colombia preludian grandes tempestades. Lo que está sucediendo es muy grave como para quedarnos cada quien quieto o haciendo lo suyo desde su esquina. Antes que la tromba arrase con todo y todos se impone, con carácter de emergencia, sumar fuerzas y esfuerzos para resistir y enfrentar con firmeza y valor el régimen que se está implantando y acumular para avanzar con la perspectiva cierta de construir la Nueva Colombia que soñamos.

No se puede esperar más. Revolucionarios, demócratas y progresistas que soñamos con el otro país, que nos estremece lo que se avecina y definitivamente no cabemos en el país de hoy, tenemos que hacer un frente común. Estamos en el cuarto de hora de las grandes decisiones, de unirnos para salvarnos en torno a lo que tenemos de común respetando las diferencias, de aliarnos en torno a plataformas amplias que tengan al centro la defensa de la patria, la democracia, el desarrollo con interés de nación y la justicia social para los colombianos.

¡Atrevámonos ya!. Está la patria de por medio y el futuro de los colombianos. Demos pasos unitarios enterrando sectarismos y actitudes prepotentes, dañinas y convirtamos el 2004 en el año de la unidad para resistir y combatir el régimen.