Tres días bastaron: el terremoto que puso a prueba el discurso de Abelardo

Colombia no había terminado de asimilar el cambio de Gobierno cuando la tierra recordó, con una violencia brutal, que existen realidades que no entienden de campañas electorales, discursos ideológicos ni ceremonias de posesión. El lunes 10 de agosto, apenas tres días después de que el ultraderechista Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia de la República, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió buena parte del territorio nacional y dejó una tragedia cuya dimensión todavía estamos intentando comprender. Los balances conocidos durante las horas siguientes comenzaron a hablar de casi 300 personas fallecidas, miles de heridos, viviendas destruidas, infraestructura afectada y comunidades enteras enfrentadas al miedo, la incertidumbre y la pérdida. Las cifras, como ocurre siempre en estas tragedias, continuarán modificándose mientras los organismos de socorro recorren los territorios afectados y avanzan las labores de búsqueda.

El azar convirtió así una catástrofe natural en la primera gran prueba del nuevo Gobierno. Y no solamente en una prueba sobre su capacidad para coordinar organismos de emergencia, movilizar recursos, garantizar seguridad o comenzar la reconstrucción. Lo ocurrido está confrontando tempranamente al nuevo presidente con algunas de las ideas que defendió durante la campaña y, especialmente, con su discurso sobre el tamaño del Estado, la austeridad y la eliminación o transformación de instituciones públicas. O que el nuevo ministro de Vivienda se vaya a la playa estos días. Hay momentos en los que una discusión política puede desarrollarse durante años en columnas, debates televisivos y programas electorales sin encontrar una respuesta definitiva; y hay otros en los que la realidad irrumpe y obliga a contrastar las consignas con las necesidades concretas de una sociedad. El terremoto del 10 de agosto pertenece claramente a la segunda categoría.

Un presidente estrenado entre los escombros

Hay que comenzar reconociendo algo que cualquier análisis serio debería admitir: el Estado reaccionó tarde y el Gobierno finalmente activó los mecanismos institucionales disponibles. De La Espriella finalmente suspendió parte de su agenda, convocó instancias de coordinación, se desplazó hacia regiones afectadas y posteriormente fue declarado el desastre de carácter nacional, abriendo la posibilidad de movilizar recursos extraordinarios para atender la emergencia. Organismos de socorro, autoridades territoriales, personal sanitario, Fuerza Pública, servidores públicos y comunidades comenzaron una carrera contra el tiempo para encontrar sobrevivientes, atender heridos, evaluar estructuras y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Decir simplemente que el Gobierno no hizo nada sería desconocer esa respuesta institucional y, sobre todo, invisibilizar el trabajo de miles de personas que desde diferentes entidades públicas han estado enfrentando las consecuencias del desastre, pero también hay que aclarar que ha sido la ciudadanía organizada, la gente en los barrios, las organizaciones sociales y comunitarias las que han llevado el peso de la búsqueda y la construcción de redes de solidaridad.

Además, mientras la maquinaria institucional comenzaba lentamente a funcionar, las primeras intervenciones públicas del presidente generaron una controversia diferente. Algunas imágenes de De La Espriella sonriendo, haciendo gestos distendidos y realizando referencias religiosas mientras comunicaba información relacionada con una tragedia que ya acumulaba decenas de muertos circularon rápidamente por redes sociales y fueron registradas por distintos medios. Conviene ser rigurosos: una sonrisa aislada no permite afirmar que un presidente se esté burlando de las víctimas y sería irresponsable presentar una interpretación como un hecho. Pero también sería ingenuo desconocer que la comunicación presidencial, particularmente durante una catástrofe, no está compuesta exclusivamente por palabras. Un presidente comunica con su rostro, con sus silencios, con el tono de su voz, con la manera en que ocupa un escenario y con la capacidad que tenga para representar simbólicamente el dolor de una nación. En esos momentos no habla simplemente un dirigente político: habla el jefe del Estado, y millones de ciudadanos esperan encontrar en él serenidad, humanidad, empatía y liderazgo.

La paradoja de la UNGRD

Pero la discusión realmente importante no debería quedarse atrapada en los gestos presidenciales. Hay una contradicción política mucho más profunda que esta tragedia ha puesto sobre la mesa y que seguramente acompañará el debate nacional durante las próximas semanas: el papel de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Durante la campaña electoral circularon propuestas relacionadas con una profunda reducción del aparato estatal y con la eliminación, fusión o transformación de diferentes entidades públicas; entre las instituciones cuyo futuro fue puesto en discusión apareció precisamente la UNGRD. Es necesario hacer una precisión para no convertir la crítica en caricatura: existieron controversias respecto del alcance definitivo de aquellas propuestas y representantes de la campaña negaron que algunas de las listas divulgadas correspondieran a decisiones oficiales e inmodificables. Pero la discusión sobre la reducción institucional existió y formó parte del proyecto político con el que De La Espriella llegó al poder.

Por eso resulta imposible ignorar la ironía histórica de lo sucedido. Apenas instalado en la Casa de Nariño, el presidente que construyó buena parte de su narrativa electoral alrededor de la austeridad, la reducción del aparato estatal y la eliminación de entidades consideradas innecesarias tuvo que apoyarse precisamente en esa institucionalidad para enfrentar su primera gran emergencia. La UNGRD, cuestionada con absoluta razón por los escándalos de corrupción que durante años han deteriorado su credibilidad, aparece ahora cumpliendo la función para la cual fue creada: articular capacidades nacionales y territoriales frente a una catástrofe. La pregunta que emerge de los escombros es inevitable: ¿qué habría ocurrido si un terremoto de esta magnitud hubiera encontrado al país después de un proceso precipitado de destrucción, debilitamiento o fragmentación de su sistema de gestión del riesgo?

Esa pregunta no constituye una defensa de la corrupción ni una absolución de los gravísimos hechos que han ocurrido alrededor de la UNGRD. Precisamente porque el dinero destinado a prevenir tragedias y atender damnificados es sagrado, cualquier apropiación criminal de esos recursos debe investigarse y castigarse con todo el peso de la ley. Pero combatir la corrupción y destruir la capacidad institucional son cosas completamente distintas. Si una entidad está capturada por redes corruptas, hay que desmontar esas redes; si existen funcionarios responsables, deben responder; si los mecanismos de contratación facilitan el saqueo, deben reformarse. Lo que no parece razonable es concluir que, porque una institución fue utilizada para delinquir, el país debe renunciar a las funciones esenciales que esa institución desarrolla. La corrupción se persigue, los responsables se juzgan, las instituciones se reforman y los controles se fortalecen. La capacidad pública para proteger vidas no se desmonta: se mejora.

Cuando el discurso del "Estado pequeño" se encuentra con la realidad

Durante décadas hemos escuchado una idea repetida casi como dogma: el Estado es demasiado grande, hay demasiadas instituciones, demasiados servidores públicos y demasiada burocracia. Es un discurso extraordinariamente atractivo mientras las carreteras funcionan, los hospitales permanecen abiertos, los incendios están controlados, las montañas no se deslizan y la tierra permanece quieta. Pero las catástrofes tienen la particularidad de desnudar rápidamente las abstracciones. Cuando un edificio se desploma sobre decenas de personas, nadie pregunta si el equipo de rescate pertenece al sector público o si su existencia incrementa el gasto estatal. Cuando una familia necesita una ambulancia, cuando una carretera queda bloqueada, cuando miles de personas pierden sus viviendas o cuando una comunidad completa necesita agua, alimentos y refugios temporales, la discusión sobre el Estado deja de ser una batalla de consignas y adquiere una dimensión concreta: necesitamos instituciones capaces de responder.

Cuando tiembla la tierra queremos bomberos, hospitales, ambulancias, ingenieros, científicos, organismos de rescate, helicópteros, carreteras despejadas, comunicaciones, servidores públicos y autoridades capaces de coordinarlo todo. Queremos información confiable y oportuna; queremos saber si nuestras viviendas pueden volver a ocuparse; queremos saber dónde se encuentran nuestros familiares; queremos que alguien garantice agua potable, alimentos y atención médica; queremos que las escuelas sean revisadas antes de que regresen los estudiantes. En otras palabras, cuando llega la tragedia queremos Estado. Pero no cualquier Estado: queremos uno competente, transparente, técnicamente preparado, territorialmente presente y suficientemente robusto para responder cuando la normalidad desaparece.

Ahí está probablemente una de las primeras grandes contradicciones que deberá resolver el Gobierno de De La Espriella. Una cosa es prometer austeridad desde una tarima electoral y otra administrar un país extraordinariamente vulnerable a terremotos, inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales, sequías y erupciones volcánicas. La reconstrucción posterior a este terremoto exigirá enormes recursos públicos. Y no es buena señal que se haya rechazado la asistencia y el despliegue de equipos de rescate provenientes de China, México y Brasil. Habrá que reparar o reconstruir viviendas, hospitales, colegios, carreteras, puentes y redes de servicios; habrá que sostener temporalmente a familias que perdieron sus medios de subsistencia; habrá que recuperar economías locales y garantizar la atención de poblaciones desplazadas por la emergencia. Todo eso significa gasto público, coordinación institucional y presencia estatal. La pregunta, entonces, no será simplemente cuánto Estado quiere De La Espriella, sino qué Estado necesita realmente Colombia.

El Puracé: otra advertencia en el sur del país

Como si la naturaleza quisiera añadir una segunda advertencia a este debate, mientras el país intenta recuperarse del terremoto permanece abierta otra situación que exige vigilancia científica e institucional permanente. El volcán Puracé, en el Cauca, dentro de la cadena volcánica Los Coconucos, se encuentra en alerta naranja debido al incremento de diferentes parámetros asociados con su actividad. Desde antes del terremoto se habían registrado cambios en la sismicidad, emisiones de ceniza y gases y concentraciones elevadas de dióxido de azufre. La alerta naranja no significa que exista certeza de una gran erupción inmediata, pero sí representa un escenario de mayor inestabilidad que obliga a mantener monitoreo permanente, planes de contingencia y comunidades preparadas frente a una posible evolución del fenómeno.

Después del terremoto comenzaron a circular rápidamente versiones que relacionaban ambos acontecimientos y afirmaban que el sismo había "despertado" al Puracé. Hasta el momento no existe evidencia científica suficiente para sostener semejante conclusión. El volcán ya presentaba un comportamiento anómalo antes del 10 de agosto y precisamente por eso se encontraba bajo un nivel elevado de vigilancia. Esta distinción es fundamental porque durante una emergencia el miedo puede convertirse fácilmente en desinformación. Y aquí aparece nuevamente aquello que muchas veces se despacha despectivamente como "burocracia": científicos del Servicio Geológico Colombiano observando permanentemente la sismicidad, las emisiones de gases, la deformación del terreno, las temperaturas y los cambios internos del sistema volcánico. Cuando una población necesita saber si debe evacuar, la ciencia pública deja de parecer un gasto abstracto y se convierte, literalmente, en una herramienta para salvar vidas.

Los maestros también estuvieron ahí

Hay otra imagen de esta tragedia que merece permanecer en nuestra memoria colectiva. Cuando comenzó el terremoto, miles de maestras, maestros, orientadores, directivos docentes y trabajadores de la educación se encontraban dentro de instituciones educativas acompañando a niños y jóvenes. En cuestión de segundos tuvieron que pasar de la normalidad de una jornada escolar a una situación de emergencia: activar protocolos, organizar evacuaciones, controlar el miedo, identificar estudiantes, acompañar a quienes entraban en pánico y garantizar, hasta donde fuera humanamente posible, que cada niño y cada joven estuviera protegido. Mientras muchas familias buscaban desesperadamente información, en los colegios había docentes cuidando aquello que para esas familias es lo más importante.

Vale la pena recordarlo en un país donde algunos dirigentes han convertido al magisterio en un adversario conveniente para sus discursos políticos. Durante años se ha intentado instalar la caricatura del maestro privilegiado, perezoso, ideologizado o enemigo de las familias. Pero cuando la tierra comenzó a moverse no apareció esa caricatura. Aparecieron mujeres y hombres responsables de otros seres humanos.

La escuela pública mostró nuevamente que no es simplemente el edificio donde se imparten matemáticas, ciencias o lenguaje: es una de las mayores redes sociales de cuidado que tiene Colombia. Allí se alimenta, se escucha, se protege, se orienta y, cuando ocurre una emergencia, también se salva. Quizás quienes reducen permanentemente la discusión educativa a evaluaciones, sanciones, descuentos y mecanismos de control deberían detenerse por un instante frente a esas imágenes.

huelladelsur.ar