Trump, Biden y el factor Venezuela

En momentos en que los vínculos bilaterales entre Washington y Caracas parecen estar en punto muerto, el Estado profundo (Deep State) que dirige la estrategia de tensión de Joe Biden estaría impulsando una nueva forma de gobierno paralelo en Venezuela, con objetivos similares a los de la política de máxima presión de su predecesor Donald Trump: hacer colapsar a la nación sudamericana como vía para su reconquista absoluta (colonialismo del siglo XXI) y apropiarse de su petróleo, vital para la seguridad energética imperial en el contexto de su actual disputa geopolítica con China, Rusia, Irán y Europa. Y ante el nuevo rejuego multipolar, evitar que Venezuela se salga de la órbita del dólar.

En el marco de la guerra proxy de EEUU y la OTAN contra Rusia en Ucrania, y de la crisis energética mundial emergente, las ilegales sanciones y medidas coercitivas unilaterales emitidas por EEUU contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, parecen haberse convertido en un búmeran.

Los últimos años, la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) fue el principal blanco de la guerra económica de Washington, lo que provocó una caída de la producción de crudo y daños a infraestructuras críticas. Pero desde mediados de 2022, definida la nominación para su reelección como candidato del Partido Demócrata, y debido a una combinación de factores básicos del mercado energético −que incluyen el aumento de los precios mundiales del petróleo por recortes de producción de los países de la OPEP, la dinámica de la oferta y la demanda, los impuestos y los costos de transporte−, Biden buscó establecer vías de comunicación y negociación con Caracas, porque necesita del crudo venezolano.

Los signos de distensión entre EEUU y Venezuela iniciaron en octubre de 2022, cuando tras el envío de varios funcionarios de la administración Biden a Caracas −recibidos en el Palacio de Miraflores por Maduro−, fueron canjeados detenidos venezolanos y estadounidenses. En noviembre siguiente, el gobierno de EEUU emitió la licencia GL 41, que autoriza a la trasnacional petrolera estadunidense Chevron a reanudar algunas operaciones que se encontraban suspendidas en Venezuela. Y en enero de 2023, la llamada Asamblea Nacional de 2015, reconocida por Biden, puso fin al interinato de Juan Guaidó, lo que parecía cerrar la agenda de cuatro años de un seudogobierno colaboracionista utilizado por Trump como herramienta de recolonización del país.

Pero el dinamismo de esas negociaciones se estancaría desde entonces. El 1º de mayo pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro y encargada de administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, publicó la licencia general 42, que establece la autorización para liquidar los activos de Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EEUU. Dicha licencia abre la puerta para indemnizar a los acreedores internacionales que han demandado a Citgo y, de concretarse, significaría la pérdida absoluta del principal activo del Estado venezolano en suelo extranjero.

A su vez, el secretario de Estado, Antony Blinken, recrudeció las tensiones con Miraflores al autorizar a Dinorah Figuera, ex diputada y prófuga de la justicia venezolana, acceder a cuentas bancarias con unos 347 millones de dólares de Venezuela, congelados en bancos de EEUU. Según Misión Verdad, Figuera desfalcaría esos recursos bajo la espuria titularidad de la Asamblea Nacional de 2015, con lo cual Biden daría oxígeno político y financiero a una nueva forma de gobierno paralelo, mientras exige elecciones libres en Venezuela.

Más allá de las narrativas y las formas que ha adoptado la guerra no convencional, híbrida o difusa contra Venezuela, la política de cambio de régimen de cuatro sucesivas administraciones de EEUU es bipartidista: abarca a los partidos Republicano y Demócrata. No obstante, hay contradicciones. El 11 de junio, durante un mitin de campaña, Trump dijo que cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo.

El ex presidente buscaba cuestionar a Biden por el hecho de estar comprando petróleo a Venezuela cuando se lo pudiera haber robado. Sin filtros, de manera voluntaria y sin estar sometido a ningún tipo de coerción, el magnate confesó un delito que ante un tribunal internacional podría configurar crímenes de lesa humanidad. Porque además de la opción militar −que siempre estuvo sobre la mesa, incluidos intentos de magnicidio y el uso de los mercenarios involucrados en la Operación Gedeón para derrocar al presidente Maduro−, durante su gobierno Trump intensificó los mecanismos de asfixia económica, financiera y comercial contra Venezuela.

Instrumento de la guerra económica, el plan de desestabilización de Venezuela del que tomaron parte activa el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), contó con el apoyo del ex vicepresidente Mike Pence, el exsecretario de Estado Mike Pompeo, el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton y el criminal convicto Elliott Abrams. Dirigida a hacer gritar la economía −como en el Chile de Salvador Allende que culminó con el golpe de Estado de Augusto Pinochet−, la estrategia de máxima presión de Trump generó una crisis humanitaria, con saldo de 40 mil muertos a causa de la mezcla destructiva de indisponibilidad de medicinas, alimentos y otros bienes básicos y la caída de la producción petrolera.

Las declaraciones de Trump han sido un parteaguas, porque certifica que el colapso venezolano fue producto de un diseño de guerra de Washington y también desnuda a una oposición colaboracionista con los intereses neocoloniales de una potencia extranjera, a la que se le habría facilitado la apropiación de las vastas reservas de hidrocarburos una vez derrocado Maduro. El plan no cristalizó porque Trump perdió la reelección. Y ahora Biden busca crear su propio gobierno paralelo cipayo, con vistas a suprimir la soberanía de la República Bolivariana, quedarse con su petróleo y evitar que se sume al proceso de desdolarización del sur global.

La Jornada