Tupac Katari y la propiedad de la tierra, claves en las protestas de Bolivia

Tan solo seis meses después de ser investido presidente de Bolivia, el ultraderechista Rodrigo Paz enfrenta una de las peores crisis de los últimos 40 años. Tras tres semanas de bloqueos de carreteras —escasez de alimentos, combustibles y medicamentos— y protestas de los más variados sectores, la tensión va en aumento. Pese a que hasta ahora mantuvo una cerrazón respecto al diálogo y las demandas de la población, el 21 de mayo anunció cambios en el Gabinete y la creación de un consejo social y económico con el objetivo de frenar la movilización.

En 1781, Tupac Katari lideró la mayor insurrección indígena en contra del dominio colonial español. En lo que se conoció como “Sitio de La Paz”, los indígenas bloquearon los puntos de acceso a esta urbe con forma de hoyo, y la ciudad quedó aislada y sin provisiones durante seis meses. Katari fue capturado y lo descuartizaron atando sus extremidades a cuatro caballos, para luego exhibir sus restos como amenaza frente a futuras rebeliones. Pero la lección ya estaba aprendida.

Desde entonces, las principales protestas de esa región del Altiplano utilizan este mecanismo. Sucedió en 1781, y sucede en 2026: los caminos fueron bloqueados y las postales con las estanterías de los supermercados vacías y las largas colas para conseguir combustible en La Paz se repitieron sin cesar.

Pero, a diferencia de esa otra época, está vez el gobierno boliviano contó con el inestimable apoyo de sus aliados en la región. Tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como el de Chile, José Antonio Kast, enviaron aviones con insumos para colaborar frente al desabastecimiento. En el mismo sentido, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sostuvo que su país “no permitirá que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

La irrupción de Paz

Si bien la fragmentación del progresista Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país durante casi 20 años, hacía prever un triunfo de la derecha en las elecciones de 2025, la irrupción de la dupla Paz/Lara, causó conmoción y sorpresa. El histórico voto del MAS —que representa sobre todo a los sectores indígenas y campesinos— no fue a la derecha tradicional sino a Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). En realidad fue sobre todo al voto nulo y la abstención -que obtuvo la primera mayoría-, como preconizó Evo Morales.

“Él ganó las elecciones con una parte del voto de los movimientos sociales disruptivos, que son los que ahora están movilizados”, advierte la politóloga Susana Bejarano. “Había más identificación con el vicepresidente, pero Paz rompe con (Edmand) Lara ni bien asume, le quita funciones y lo margina. Es decir, hay un malestar profundo entre quienes lo encumbraron porque sienten que los dejó afuera, pero también con el maltrato hacia Lara, pese a que el vicepresidente tampoco era lo que esperaban”.

En abril, la Central Obrera Boliviana (COB) le presentó al Gobierno un pliego de demandas, que fue respondido un mes más tarde y rechazado casi en su totalidad. Las reclamaciones eran, sobre todo, por un aumento de salarios, aunque el conflicto de fondo es por la propiedad de la tierra.

Pese a que la COB ha sabido canalizar el creciente malestar, un antecedente importante en el desenlace de los acontecimientos actuales es un Cabildo Abierto (Asamblea de ciudadanos reconocida en la Constitución) convocado el 1 de mayo por el senador Milton Condori. Allí se definió que tanto los integrantes del ejecutivo como del legislativo se debían bajar los salarios “para compartir entre todos” los efectos de la crisis, pero que fue rechazado, lo cual aumentó la crispación.

“Todo esto se dio, además, al mismo tiempo en que se estaba presentando el presupuesto nacional”, indica Bejarano. “En ese momento, un reconocido economista aimara, Gonzalo Colque, denunció que según constaba en las planillas, los legisladores se habían aumentado los sueldos en un 40%, lo cual incrementó aún más la indignación popular”.

Si bien la COB aglutina demandas de diversos sectores, fundamentalmente de los mineros y del magisterio rural, la escalada del conflicto habilitó una serie de alianzas que, debido a peleas internas, parecían impensadas hasta ese momento, como la que estableció con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Descontento popular

“Está movilizado el mundo indígena paceño en su conjunto”, apunta Bejarano. “La Tupac Katari, que es un sindicato que agrupa a las 20 provincias paceñas, pero también Los Ponchos Rojos, que, si bien pertenecen a la Tupac Katari, en sí mismos son una organización social muy potente y con personalidad propia”. Otros sectores movilizados son las Federaciones Departamentales de Juntas Vecinales, los médicos, los mineros y los transportistas, sobre todo de La Paz y El Alto. En el resto del país se movilizan en primer lugar los movimientos sociales de EVOPueblo, que siguen al expresidente.

Si bien el pasado jueves Paz anunció cambios en su Gabinete como respuesta a la escalada del conflicto, hasta entonces el Gobierno había optado por responder tratando de estigmatizar a los sectores movilizados. La estrategia buscaba encontrar en Evo Morales un chivo expiatorio e instalar la versión de que las movilizaciones eran financiadas por el narcotráfico. “Todo esto sublevó más a la población”, sostiene Bejarano. “Por un lado, porque no todos siguen a Evo, y por el otro, porque no es cierto que los está liderando, al menos no en su totalidad”.

“En Bolivia, lo que unifica, lleva la delantera y ha puesto paños fríos en las divisiones que había dentro del movimiento popular es un gran descontento con el gobierno”, señala la politóloga Susana Bejarano

Morales es el mayor de los líderes de los distintos movimientos, pero entre las caras más visibles está la de Mario Argollo —el secretario general de la COB sobre el que pesa una orden de arresto—, y la del senador Milton Condori.

Paz asume en medio de una grave crisis económica, y de un profundo desgaste y malestar con el MAS del último gobierno, al mismo tiempo que resurge con fuerza la figura de Evo Morales, quien desde hace tiempo se mantiene arropado por miles de indígenas en la región cocalera del Chapare, que lo protegen de las ilegales órdenes de detención dictadas en su contra por muy presuntos delitos de abuso sexual de menores y trata de personas. Los movimientos sociales que lo siguen son los que más apoyan las protestas, aunque no las hayan organizado, y llama a la renuncia de Paz, como la mayoría del pueblo boliviano.

La propiedad de la tierra

“Es importante destacar que una de las victorias más grandes de la movilización fue la abrogación [eliminación] de la Ley 1720, que promovía la concentración de tierras”, opina Bejarano. Si bien la norma recupera un viejo proyecto que permite la conversión de la propiedad de la tierra para quitársela a los indígenas y modifica el régimen agrario boliviano, se trata de un asunto sumamente delicado para la historia de ese país. “El orden que logró la Reforma Agraria de 1953 permite sostener ciertos equilibrios en torno a la tenencia de la tierra que han impedido que escalen conflictos similares a los que se dan en Colombia, por ejemplo”.

En este marco, el acuerdo sellado entre la COB y los sectores campesinos fue clave en la movilización. Se trata de sectores que sufrieron un fuerte desgaste y peleas internas después del golpe de Estado de 2019, y que ahora han podido alcanzar ciertos consensos. Para muchos, lo sustancial en todo este entramado de protesta, y su mantenimiento en el tiempo, es la presencia de los campesinos, dado que pocos sectores cuentan con su fuerza.

Puntos de inflexión

Una de las medidas más antipopulares que tomó Paz poco tiempo después de su investidura fue la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, con la excusa de atraer inversiones y ordenar las cuentas públicas. En un contexto de crisis económica y ajuste, las clases populares lo leyeron como una traición y entendieron correctameente que el presidente que acababa de asumir gobernaba para las elites.

Según escribe el periodista Mijail Miranda para Revista Anfibia, otro punto de quiebre con el actual gobierno boliviano fue el nombramiento como Viceministro de Seguridad Ciudadana del excomandante policial Rodolfo Montero, “investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz y su vicepresidente”.

Por ahora, el presidente boliviano no solo parece perdido en su propio laberinto, sino que es capaz, en un mismo día y en un mismo discurso, de llamar al diálogo y criminalizar a los mismos sectores con los que dice querer sentarse a hablar. Puede que el discurso que hacía eje en el hartazgo con las fuerzas del último MAS le haya servido como plataforma para ganar las elecciones de octubre pasado, pero ya no alcanza.

Por lo demás, la decisión de insultar y desprestigiar a los mismos movimientos que le dejaron ganar no ha hecho más que horadar las bases de su precario poder en tiempo récord.

El Salto / La Haine