Un poder institucional que cambia de manos

La contundente victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia marca un nuevo panorama en el país y abre expectativas sobre el tipo y sentido de la influencia que puede tener en la región. No se trata sólo de que el líder indígena se impuso contra Jorge "Tuto" Quiroga, el candidato opositor que representaba los intereses de las sectores económicos que predominaron en Bolivia hasta la actualidad, y ex presidente, sino también porque el triunfo de Evo es resultado de la consolidación de los movimientos sociales del Altiplano que crecieron con las luchas de los últimos años.

Una de las primeras declaraciones que hizo Evo Morales luego de ser elegido presidente de Bolivia fue realizada frente a los trabajadores mineros en una reunión: "Vamos a cambiar el modelo económico", les aseguró.

Morales ganó con el 54 por ciento de los votos, porcentaje que, además de expresar un sólido respaldo de la sociedad, permite que no sea necesaria la definición última del Congreso, que generalmente hacía caso omiso a la cantidad de votos obtenidos por cada candidato y elegía al segundo o tercero, según los intereses de los sectores hegemónicos.

Desde las elecciones del 18 de diciembre, tras conocerse los resultados del sufragio, el Mas comenzó el período de transición para asumir la presidencia el 22 de enero. El responsable de los asuntos económicos del partido, Carlos Villegas, aseguró que se estudia aplicar un impuesto a la renta a las personas que tienen ingresos altos, algo así como un tributo a la riqueza. Evo, junto a su equipo, ya anunció la derogación del decreto 21060, que hace veinte años permitió el inicio de las reformas neoliberales en Bolivia, y prohibirá la libre contratación en las empresas públicas y privadas y la libre importación de mercancías en el país.

Algunas de las medidas que impulsa ya recibieron críticas y resistencias. Ante el pedido hecho al actual presidente de congelar los ascensos militares hasta su asunción, el comandante del Ejército manifestó su desacuerdo y reclamó que "no haya abusos ni sobreposiciones en el orden administrativo".

Evo también afirmó que su gobierno "debe ser de los movimientos sociales, del movimiento popular" e instó a diversos dirigentes sociales a sumarse a la conformación del gobierno. "Es mi deseo personal y por eso quiero la participación institucional de todas las fuerzas sociales del país", definió. En este sentido, realizó un acuerdo con los movimientos sociales de la zona de El Alto, de La Paz, protagonistas fundamentales de las luchas que concluyeron en la caída del ex presidente Sánchez de Lozada y en la renuncia de Carlos Mesa.

El escenario que se presenta es sumamente complejo. A la polarización social que hay en Bolivia se le suma la resistencia a los cambios de los altos sectores de la sociedad boliviana, beneficiados por los esquemas neoliberales aplicados en las últimas décadas. Mientras tanto, los movimientos sociales mantendrán sus reivindicaciones y presionarán para que se conviertan en políticas concretas del nuevo gobierno, en especial la nacionalización del gas. El motivo que desencadenó la movilización popular que terminó con el gobierno de Lozada fue un proyecto para exportar gas a California y México a través de Chile, que las organizaciones sociales de distinto tipo rechazaban por los ínfimos ingresos que obtendría Bolivia en comparación con las ganancias del consorcio petrolero Pacific LNG (más de 1300 millones contra 70 para el país andino). El pedido de los movimientos sociales es la anulación de la Ley de Hidrocarburos. Durante el gobierno de Carlos Mesa, el Mas sólo reclamó que Bolivia participara de las regalías en un 50 por ciento. Bolivia tiene la tercera reserva más importante de hidrocarburos en América Latina y se cree que las exportaciones de este año ascenderán a 2.500 millones de dólares.

En una entrevista a un medio periodístico, el vicepresidente electo, Alvaro García Linera, aseguró que el Mas quiere "nacionalizar los hidrocarburos, recuperar la presencia del Estado, acabar con las privatizaciones y potenciar la microempresa, potenciar al empresariado boliviano". Una síntesis de programa que se contradice con las exigencias de algunos movimientos sociales, para los cuales las modificaciones deben ser más firmes y radicales.

Los gobiernos de Perú, Paraguay, Argentina, Brasil, el Príncipe de Asturias, el economista uruguayo Enrique Iglesias [neoliberal, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo] y varios premios Nóbel han confirmado su presencia en el acto de cambio de gobierno del domingo 22 de enero. El presidente chileno Ricardo Lagos, con poca cortesía y ninguna diplomacia, anunció que no iría. Lo contrario a la actitud que tuvo cuando asistió a las exequias del ex dictador Hugo Bánzer.

En términos de la influencia en la dinámica regional del triunfo de Morales, habrá que ver si la reacción de Lagos debe interpretarse a partir de la posición que tuvo el presidente electo de Bolivia en el frustrado negocio gasífero del que iba a participar Chile o si, por el contrario, representa temores expresados por uno de los principales aliados de Washington en América latina.

A propósito del acto de su asunción, Evo había planteado que "no solamente hay que invitar a presidentes extranjeros, sino que tienen que estar las organizaciones sociales de toda Latinoamérica, que servirán para frenar la soberbia del imperio". Su vice, García Linera, sostuvo que la Bolivia que viene "es una Bolivia de integración regional; una Bolivia que ve al continente, a los países andinos, como el gran escenario para ir construyendo una gran plataforma continental que nos ubique de manera firme, de manera sólida, en condiciones de igualdad a las grandes plataformas planetarias".

El modo en el que se resuelvan en los hechos algunas de las contradictorias promesas de Morales y García Linera de fortalecer un "capitalismo boliviano" y, al mismo tiempo, los niveles de participación de las organizaciones sociales dirá si Bolivia será en la región otra expresión "centroizquierdista" signada por políticas de conciliación "realista" con las actuales relaciones de poder en el Continente -al estilo de Lula o Tabaré Vázquez-, o si generará un nuevo polo de cambio hacia un proceso de autonomía de la región sostenido en una creciente participación y organización de los sectores populares, más equiparable con la Venezuela de Hugo Chávez