Una revolución productiva que transforma a Colombia

[En la foto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la economista alemana Isabella M. Weber y Simón Gómez-Azza en la conferencia Global Progressive Mobilisation, Barcelona, abril de 2026.]

En una de sus actividades de campaña de cara a las elecciones de este domingo 31 de mayo, el candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, se dirige a un auditorio lleno en Bogotá para hablar de la necesidad de ampliar la «revolución productiva» en curso actualmente en la economía del país.

Objetivos programáticos estratégicos como la reforma agraria, la transformación energética y la reindustrialización, afirma Cepeda, han sido los motores de aquella nueva economía que está naciendo en Colombia, y que un segundo gobierno progresista seguiría desarrollando. De acuerdo con el candidato, el actual gobierno del presidente Gustavo Petro deja «contundentes resultados en la transición de un modelo extractivo, rentista, a uno productivo, con niveles de crecimiento económico que ha beneficiado a los más pobres de la sociedad colombiana».

En un reciente informe titulado «El modelo económico está cambiando», el Centro de Pensamiento Vida ofrece una radiografía de la estrategia industrial-productiva implementada por el gobierno del Pacto Histórico en sus cuatro años en el poder. Los datos del informe hablan por sí mismos y dan cuenta de la revitalización del tejido industrial del país: las exportaciones no minero-energéticas se consolidan como las que más contribuyen a las exportaciones totales (52,6%), con un crecimiento de 23% en el período 2022-2025, y el impulso dinamizador de la reforma agraria también ha permitido un crecimiento de las exportaciones agrícolas.

En general, se ha presentado un aumento en el número de empresas exportadoras, siendo el sector de manufacturas el que registra mayor dinamismo. A su vez, el desempleo se redujo al 8,9% en 2025, la tasa más baja registrada desde 2001. Todo esto, es importante mencionarlo, con una tasa de variación anual del IPC de 5,1% para 2025, acercándose al rango de meta fijado por el Banco de la República (3%).

Uno de los aspectos más destacables de esta revolución productiva consiste en que las economías populares y campesinas no son consideradas como sujetos del asistencialismo, sino que han sido incorporadas como protagonistas del desarrollo, junto con el Estado y sectores empresariales productivos. Como han recalcado Andreas Malm y Maxy Guez, este programa económico también ha dado pasos consistentes y valientes hacia la superación de la economía fósil, impulsando nuevos sectores productivos conectados a energías limpias y renovables.

Pero no es solamente una batalla política y productiva la que está librando el gobierno del presidente Gustavo Petro. La llamada «Petronomics» también está abriendo caminos en el campo intelectual, desafiando una ortodoxia neoclásica firmemente arraigada en el pensamiento económico, incluso en sectores de izquierda. También le está demostrando a los progresismos que no basta con quedarse en la retórica de la redistribución de la riqueza, y que es imperativo también entrar con fuerza al debate sobre su producción.

En conversación con Martín Arboleda, Simón Gómez-Azza, uno de los economistas rebeldes que hoy amplían la frontera en la batalla de las ideas contra el neoliberalismo, explica los principales logros y desafíos de la estrategia productiva del gobierno colombiano. Director del Centro de Pensamiento Vida y miembro del grupo redactor del programa presidencial de Petro en 2022, Gómez-Azza es una de las voces más interesantes de la nueva izquierda colombiana que hoy da pasos decididos en el primer gobierno popular de la historia del país.

Desde la década de 1990, especialmente bajo el gobierno de César Gaviria, fueron varias las ramas de la producción que se debilitaron o directamente fueron destruidas. ¿Podrías contarnos qué efectos tuvo el neoliberalismo en el aparato industrial-productivo de Colombia?

El gobierno de César Gaviria nos dijo «bienvenidos al futuro», y ese fue su eslogan de campaña y de gobierno. La versión colombiana del «fin de la historia» de Fukuyama, en pleno contexto de caída de una parte del socialismo real, del Muro de Berlín, de la Unión Soviética. Colombia se convirtió en el «mejor alumno» del consenso de Washington, el más aplicado, probablemente junto a Chile.

La apertura económica fue un choque que aceleró algo que ya venía pasando antes, que fue la desindustrialización y desagrarización de la sociedad colombiana. En el año 1974, el PIB industrial representaba el 23,2%. Para el año 2000, diez años después de la apertura, llegó al 15%. En la década de 2010 se estabilizó cerca del 12%. Esta «apertura» significó una gran afectación del aparato productivo nacional, sobre todo en ramas como el calzado, los textiles, la marroquinería, en las que Colombia era relativamente fuerte.

También la metalurgia se vio decisivamente afectada, junto a la industria papelera y la alimentaria. En ese entonces, Colombia estaba atravesando un proceso agroindustrial incipiente en el marco de un país que nunca experimentó las grandes industrializaciones de los años cincuenta y sesenta que caracterizaron la historia de otros países de América Latina. Nuestra industrialización fue tardía. No vivimos los procesos industriales de Argentina con Perón, del Brasil de Getulio Vargas, pero sí tuvimos un modelo de sustitución de importaciones en el que el Estado tenía un papel activo en la economía. Una suerte de «versión light» de ese modelo.

En ese sentido, el neoliberalismo nos afectó de manera decidida, porque nos industrializamos tarde y, por tanto, ese proceso era bastante incipiente y todavía no estaba consolidado cuando comenzó --y muy velozmente-- el proceso de desindustrialización. Hay que decirlo: esa apertura se da de manera simultánea a la intensificación del conflicto armado, con el fenómeno del narcotráfico. En los años noventa, el narco-paramilitarismo comenzó a ganar la guerra de las guerrillas comunistas, de las guerrillas de izquierda en el país. Esto implicó un despojo de 7 millones de hectáreas de tierra productiva que antes estaba sembrada con algodón (sobre todo en el Cesar y en Córdoba).

El fenómeno de la violencia en Colombia de los años noventa en adelante debe entenderse a la luz de la quiebra de las actividades productivas que permitió que aquellas granjas que antes eran algodoneras o maiceras pasaran a ser fincas ganaderas donde los narco-paramilitares desplazaron al campesinado y empezaron a guardar la plata del narcotráfico, lavando dinero a través de la propiedad de la tierra, a través del despojo.

En otras palabras, el espacio libre que generó la desindustrialización fue rápidamente cooptado militar, económica y políticamente por sectores reaccionarios que, si se quiere, nos devolvieron un poco al pasado.

¿Por qué apostar por reindustrializar al país y no por un enfoque de ventajas comparativas?

Existe un debate histórico que opone la visión ricardiana del comercio exterior a la perspectiva clásica y marxista. Marx, por supuesto, abordó el tema, pero a quien me interesa rescatar es al pakistaní Anwar Shaikh, uno de los economistas más importantes de la tradición marxista contemporánea, de 'The New School'.

La discusión de fondo es si los países deben especializarse según sus «ventajas comparativas». La teoría de David Ricardo --y sus herederos en la ortodoxia económica actual-- sostiene que existen mecanismos de ajuste automático que, a largo plazo, estabilizan la balanza de pagos y la cuenta corriente de las naciones. Bajo esa premisa, el libre mercado nos dice que Colombia puede vivir tranquilamente de exportar apenas seis o siete productos: café, banano, flores, cocaína, carbón y petróleo. Lo que hace Shaikh es desmontar ese mito de las «ventajas comparativas» demostrando que no hay ningún ajuste «automático»: los países ricos tienen superávit crónico, y los países periféricos sufren déficits crónicos y quedan atrapados en la exportación de materias primas.

Esa visión nos condena a producir bienes de bajo valor agregado bajo la promesa de un mecanismo de estabilización que no existe, que nunca se materializa en la realidad. La globalización fue diseñada para mantener a países como nosotros en la trampa de la pobreza. Me parece muy divertido cómo lo llaman: la «trampa del ingreso medio»... yo lo llamaría la trampa de la improductividad, porque es un ingreso medio artificial.

Nuestra élite nos condenó a depender de petróleo y gas y no tenemos petróleo y gas. No somos Venezuela, no somos Catar, no somos Noruega, no somos Rusia, no somos Irán, no somos EEUU: somos Colombia. Y precisamente por eso, la propuesta del presidente Petro de una transición energética y de una transición en la matriz productiva colombiana es una propuesta de altísima responsabilidad macroeconómica y con el país. ¿Por qué digo esto? Porque si no desarrollamos nuestras ventajas competitivas, si Colombia no recupera el sector industrial, lo adapta a las realidades del siglo XXI, si Colombia no tiene una reforma agraria que permita modernizar la economía colombiana, a mediano plazo no seremos competitivos con el mundo.

El enfoque ortodoxo de ventajas comparativas tenía algo de lógica en la época de las cadenas de suministro just-in-time y la economía de los mercados abiertos. Pero ya no estamos en ese mundo. Este es un mundo que está volviendo al mercantilismo. Un mundo que está en guerra, un mundo cuyas cadenas de suministro se están rompiendo y, por lo tanto, si Colombia no desarrolla sus ventajas competitivas, no escoge unos sectores y aplica políticas de reindustrialización, no tendrá la autonomía estratégica que necesita. Es por esa razón que desarrollar nuestras ventajas competitivas es hoy una cuestión de seguridad nacional y regional.

La estrategia productiva del gobierno del Pacto Histórico se plantea, además, seguir principios ecológicos y no ser una repetición de las políticas industriales del siglo XX, ¿de qué manera planea hacerlo?

Lo que hace al gobierno de Gustavo Petro un modelo distinto para superar el neoliberalismo es que logra dar respuesta a dos cuestiones que, desde los años noventa, la izquierda no había podido resolver.

La caída del Muro de Berlín y el fracaso del socialismo real significaron un impacto ideológico tan grande para la izquierda que ciertos sectores dentro de ella --sobre todo los más universitarios y menos relacionados con la lucha de clases en concreto-- empezaron a plantear que el progreso no existía, que el desarrollo no era una categoría válida y que la historia no tenía dirección.

Parte del ambientalismo y del ecologismo bebe de esa vertiente filosófica posmoderna, y desde ahí concluye que hay que volver a una ancestralidad imposible y fantasiosa. Esa es una visión muy peligrosa, porque creo que, al menos en parte, implica una traición abierta al derecho legítimo de las clases populares de anhelar una mejor vida.

Pero también hay una izquierda negacionista de la crisis climática, que asume que podemos seguir como si nada. El peor ejemplo es Venezuela, que trató de construir justicia social repartiendo la renta petrolera, un enfoque errado (aunque mejoró mucho el nivel de vida de la mayoría de la población), dado que la riqueza viene de la producción y no de la renta. La renta no genera riqueza social y mucho menos riqueza social sostenible; además, esas políticas terminaron transformando al país en un estado fósil que contribuye a la destrucción ambiental.

Petro viene a reivindicar tanto la posibilidad del progreso como la del desarrollo, y para ello propone construir una «economía para la vida» que toma como punto de partida el hecho de que la contradicción capital-naturaleza es la contradicción principal del siglo XXI. Por supuesto, de esto no debe inferirse que la contradicción capital-trabajo no existe o no es una contradicción estructural para la lucha en cada uno de nuestros países. Lo que quiere decir es que puede existir el desarrollo y puede existir el progreso dejando el petróleo enterrado en el suelo, dejando el carbón enterrado en el suelo.

Colombia es el primer país de la historia de la humanidad que congela la frontera extractiva. ¿Qué significa esto? Actualmente Colombia tiene la mitad del país concesionada para la exploración y la explotación. Bueno, lo que está concesionado, está concesionado, al menos por ahora. Pero no damos un título más.

Entonces el gobierno propone una política de reindustrialización dirigida a cinco sectores: salud, producción de medicamentos, defensa, agroindustria y energía. Colombia tiene unas capacidades instaladas importantes en la industria militar, lastimosamente debido al conflicto armado, lo que ha generado costos hundidos o una path dependency, que hace que tengamos empresas y capacidad industrial competitiva en el sector defensa.

La reforma agraria va a dejar casi un millón de hectáreas democratizadas o en proceso de democratización a la economía campesina. Es esa clase campesina emergente, que antes no tenía tierra y ahora sí la tiene, la que debe asociarse y cooperativizarse. El papel del Estado, en este programa, es hacer política industrial con ellos para alcanzar objetivos de desarrollo nacional como la soberanía lechera, avanzar hacia la soberanía maicera o hacia la transformación productiva de cultivos agroindustriales que permitan la exportación con alto valor agregado.

En mi opinión, Colombia necesita, además, crear un fondo soberano para la transición económica y energética, que puede financiarse con los dividendos de la empresa petrolera Ecopetrol, mayoritariamente pública (aunque habría que procurar nacionalizarla al 100% nuevamente). Las regalías mineras y petroleras también pueden redirigirse hacia ese fondo soberano que haga inversión productiva, que se proponga la formación bruta de capital fijo para los sectores con los cuales se debe reemplazar el extractivismo, en particular la bioeconomía y la transición energética.

Afiche del Congreso de las Economías para la Vida, organizado por el Gobierno de Colombia y Progressive International.

Mencionabas antes la llamada «Petronomics». ¿Cuáles dirías que son sus rasgos principales, sus logros y desafíos? ¿Crees que ha logrado poner en tensión a la ortodoxia neoclásica en el pensamiento económico?

El primer elemento consiste en una recuperación de la participación de los trabajadores en la distribución funcional del ingreso y un estímulo a la demanda. Según cálculos del Centro de Pensamiento Vida, la participación de los trabajadores en la distribución funcional del ingreso cuando llegó el gobierno del cambio en 2022 se encontraba en un 38,78%. A 2025, ha subido al 43,11%. Ese incremento refleja una mayor participación de los trabajadores en el ingreso nacional y una recuperación relativa de la remuneración del trabajo dentro de la estructura distributiva de la economía colombiana.

Los más beneficiados con estas políticas, según nuestros cálculos, son los deciles más pobres. Aquellos que ganan menos del salario mínimo han tenido en este gobierno un aumento real como proporción de sus ingresos realmente muy grande, alrededor del 45,6%. Es decir, este mito que circula mucho en Colombia de que el salario mínimo solo beneficia a los trabajadores formales, es totalmente falso. Lo que nos dicen los datos es que el estímulo de la demanda en la sociedad ha beneficiado de manera diferencial a las economías populares, cuyos ingresos son menores a los de los trabajadores asalariados.

El segundo elemento es el objetivo de dejar de depender de los sectores rentistas y estimular los sectores reales de la economía. Ese, sin dudas, es un proceso largo y difícil, porque hay muchos costos hundidos. Después de treinta y cinco años de neoliberalismo, todo el financiamiento que han recibido las minas y los bancos no lo ha recibido el agro ni la industria. Recuperar eso requiere el interés compuesto de la inversión sostenida en el tiempo. Es decir, que estos sectores revivan con fuerza depende de una inversión sistemática a largo plazo, no es cosa de un año para el otro. En el sector agrícola tuvimos un crecimiento muy interesante. En los últimos años hubo períodos en los que crecimos a ritmos del 10%. El turismo, además, está en auge en el país, cosa que tiene sus problemas, obviamente, pero que hoy está siendo un gran generador de empleo y de divisas.

Entonces, el segundo punto de la «Petronomics» es transitar de unos motores del desarrollo a otros. Durante este gobierno pasamos del 2% al 16% de capacidad instalada de energías renovables, excluyendo hidroeléctricas. Esta es una parte importante del cambio de modelo: el incentivo de las energías renovables, tercer punto de la «Petronomics». Ha habido sucesivos intentos de llegar a un acuerdo nacional para incentivar los sectores productivos, pero no han sido muy fructíferos hasta el momento.

En sus cuatro años, el gobierno no ha logrado revertir la desindustrialización del país. Hay sectores específicos, estratégicos --como la metalmecánica, los automóviles, los buses eléctricos (con la primera planta de este tipo en Latinoamérica, inaugurada a partir de un consorcio con la compañía china BYD y la compañía japonesa Hino)-- en los que hubo un desarrollo importante. Pero pese a estos logros específicos, la proporción de la industria en el PIB ha seguido cayendo, y hay que entender por qué.

El gobierno Petro ha tenido que sufrir la política monetaria contractiva más fuerte de este país desde que existe un régimen de banca central independiente. Hemos sufrido una política monetaria que ha encarecido el crédito hasta tal punto que afecta la inversión productiva. Esto porque el Banco de la República ha buscado privilegiar los intereses de los tenedores de bonos y de los tenedores títulos antes que los intereses del sector productivo, lo que lógicamente ha afectado de manera decisiva la reindustrialización. Hay un problema de financiamiento para el desarrollo en sentido del costo del crédito en la economía para incentivar la inversión (en los sectores estratégicos que queremos).

¿Es posible tener una política de desarrollo productivo de recuperación de la industria en el producto de innovación con un arreglo monetario que penaliza sistemáticamente la inversión privada en la economía? Yo creo que es inconveniente para nuestros países financiar gasto corriente con emisión monetaria. Tenemos el caso de Argentina y tenemos el caso de Venezuela. Nuestros países no tienen soberanía monetaria. Una cosa es financiar gasto corriente con emisiones en los EEUU y otra cosa muy distinta es hacerlo en nuestros países. Ahora, eso no significa que no haya nada que hacer: creo que el Banco Central debería tener una política de direccionamiento de crédito barato por debajo de las tasas hacia sectores productivos específicos. Una de las cosas que hace al modelo chino lo que es, es que logran dirigir las finanzas hacia el fomento de los sectores estratégicos. Algo similar necesitamos hacer en América Latina.

También hay que insistir en el hecho de que una revolución agraria es también parte de una política industrial. La tierra es un factor de producción, así es que democratizar su propiedad y distribución también es una política industrial. Lo que necesitamos no es menos reforma agraria, sino más: hay que duplicar la apuesta para que esto se traduzca en proyectos productivos e inversión en bienes públicos rurales y crédito barato para las cooperativas campesinas.

De todas maneras, incluso en su estado actual, totalmente incipiente, considero que la reforma agraria ya es una enrome victoria de la política industrial del gobierno Petro, porque tiene como objetivo no solamente la justicia agraria, no solamente la cuestión ideológica del problema de la tierra, sino también la democratización de la sociedad en su conjunto.

¿De qué manera incide el actual contexto geopolítico en la estrategia productiva del gobierno colombiano?

Junto a la Internacional Progresista, el gobierno convocó a un festival de economías para la vida, un evento anual que hace la Internacional Progresista «hacia un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI)». Esto, por supuesto, parte de la discusión original del NOEI propuesta por los países no alineados ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1974.

Estoy convencido que estamos asistiendo a la caída del neoliberalismo a nivel global, pero eso no significa que su declive favorezca el avance de algo mejor, pues, por ahora, el mundo va en una dirección aceleracionista y fascista. Pero que está cayendo, está cayendo: los principales preceptos que lo fundamentaban ya no concitan todo el consenso que concitaban antes. ¿Cómo puedes hablar del neoliberalismo en un mundo que se está desglobalizando y mercantilizando?

Estamos de vuelta en un escenario de competencia entre grandes poderes, como si esto fuera la conferencia de Berlín antes de la I Guerra Mundial, y yo creo que América Latina puede tener un asiento en la mesa. Pero para eso se requiere unidad de acción en el continente, así como integración comercial y productiva práctica. La integración política fue muy bonita, la época del «no al ALCA», y el «ALCA-al-carajo», con Chávez, Néstor, Lula... todo eso fue maravilloso y la recordamos con muchísimo amor. Pero Europa logró empezar a unirse cuando llegó a un acuerdo sobre el acero y el carbón en los cincuentas. América Latina debe aplicar políticas comerciales de protección de nuestra región, de integración de cadenas productivas regionales, sobre todo en tiempos de extractivismo verde, donde lo que amenaza nuestro continente es que reemplacemos el carbón y el petróleo por el litio y el cobre.

El presidente Petro ha propuesto incluso integrar nuestras matrices energéticas y eléctricas para producir colectivamente energía y venderla de los EEUU. Debemos encontrar aliados que nos permitan desarrollar una posición soberana en el mundo. La soberanía se consigue con autonomía estratégica, así que América Latina en general, y Colombia en particular, deben ser capaces de entablar una relación soberana con el resto del mundo.

¿De qué manera un gobierno de Iván Cepeda le daría continuidad a esta revolución productiva? ¿Cuáles serían los principales objetivos en esta materia?

Iván Cepeda habló de revolución productiva hace poco. Y eso se debe a que nosotros venimos entendiendo que la recuperación del trabajo en la división funcional del ingreso, la recuperación de los ingresos de los trabajadores, representa una oportunidad también para el sector privado y sector productivo nacional. Este sector productivo no está compuesto solo por las grandes empresas, sino también la economía popular y campesina, que es productiva y que puede serlo mucho más.

La propuesta de Iván Cepeda respecto a la política industrial es una proyecto que tiene un doble enfoque: para el sector productivo privado, pero también para las economías populares y campesinas, que también son productivas en sectores reales de la economía. Y estos dos motores, estos dos sujetos de la política industrial, tienen la tarea en el corto y mediano plazo de lograr una recuperación de la posición de los trabajadores en el ingreso nacional.

Hay una oportunidad aquí para que el aparato productivo nacional, privado, popular y campesino, pueda abastecer y ampliar sus capacidades. Ahí hay un reto, sobre todo por el problema de financiamiento y el costo del crédito, y habrá que llegar a una remodelación también de la banca de desarrollo, para que permita abaratar los costos de crédito para la producción. De la misma manera, debe haber una negociación con el Banco de la República, porque en ausencia de esas dos iniciativas paralelas, la política industrial se enfrenta a un gran muro, que es el costo de crédito que mencionaba antes. Así que creo que debe hacerse un acuerdo para la financiación para el desarrollo, un acuerdo donde la banca tiene que ceder, donde el sector financiero tiene que ceder. Y donde el Banco de la República tiene que ser también para el desarrollo y la financiación de actividades productivas.

Atraer inversión extranjera de calidad en sectores estratégicos implica ser un poco pragmático y renunciar a algunos dogmas de la izquierda latinoamericana. Nuestros países no se desarrollan solos. Aquí hay que entender un poco el modelo chino, que en buena medida lo que hizo fue atraer inversión extranjera pero bajo ciertos condicionamientos que permitieron la transferencia de tecnología, la propiedad conjunta de las inversiones o la proveeduría local.

Colombia puede implementar políticas de ese tipo. Y ni Abelardo de la Espriella ni Paloma Valencia (derecha) van a pensar este tipo de medidas. Solo Iván Cepeda tiene la posibilidad en su programa de gobierno por la economía política colombiana de encontrar una alianza entre el empresariado nacional productivo, las economías populares y campesinas y el Estado para propósitos del desarrollo de las fuerzas productivas en Colombia.

«Por el bien de todos, primero los pobres», dice Iván Cepeda, y no es solo un eslogan. Los resultados económicos de ese orden de prioridades saltan a la vista ya desde estos primeros cuatro años de gobierno: el menor índice de desempleo en los últimos 25 años, un aumento real en salario mínimo que va a cerrar el cuatrienio en 36% y una tasa de informalidad que, aunque sigue siendo alta y uno de los desafíos más complejos a abordar, ha caído del 58% al 55% en los últimos años.

El mito de que mejorar las condiciones de los trabajadores induce a la informalidad es falso. La informalidad se combate con el desarrollo de las formas productivas, no con triquiñuelas legales, con exención de impuestos o con precarización laboral. Y yo creo que la frase «por el bien de todos, primero los pobres», además, sugiere no solo un orden de prioridades que se propone empezar por los más postergados, sino también una postura firme en materia de política económica, que entiende que la desigualdad y la pobreza limitan las oportunidades de crecimiento de una nación.

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