"Unidad nacional y desarrollo" ¿Para quién?

Desde el siglo XIX, se ha utilizado por las clases dominantes el concepto demagógico de que los ricos o millonarios amasan sus inmensas fortunas por el producto de su trabajo. Desde esa época los científicos sociales se han encargado de desmentir esta hipótesis, demostrando que "la fuente de toda riqueza es la naturaleza junto con el trabajo que se encarga de transformarla"; en otras palabras las fortunas de los millonarios no son más que producto de la explotación de la fuerza de trabajo de millones de trabajadores, que a lo largo de la historia han sido los productores de las inmensas riquezas, de las cuales se han apropiado los ricos de cada época.

Sin embargo, no sólo la explotación y sobreexplotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores ha sido la fuente de la riqueza, sino ha habido otros factores, realizados por muchos gobiernos, como por ejemplo la entrega de sus recursos nacionales a empresarios, como es el caso del gobierno mexicano, A este proceso lo conocemos comúnmente como privatizaciones. En relación con esto, vale la pena analizar la reciente reunión de empresarios, académicos, intelectuales y artistas, convocados recientemente por el millonario Carlos Slim, en el alcázar del Castillo de Chapultepec, donde dieron a conocer a la opinión pública el "Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, la inversión y el empleo".

Alrededor de 300 empresarios, intelectuales y académicos,(con la complacencia de Carlos Abascal, Secretario de Gobernación), firmaron e hicieron público este acuerdo, conocido como "el pacto del Castillo de Chapultepec" que bajo una visión totalmente empresarial, plantea 5 ejes, con el objeto según ellos, de "convocar a los mexicanos a la construcción de una democracia para garantizar nuestras libertades, nuestra pluralidad y nuestros derechos" (Periódico La Jornada, 30 de Septiembre de 2005).

Dichos ejes son los siguientes:

1. Estado de Derecho y Seguridad Pública
2. Desarrollo con Justicia, Crecimiento Económico y Empleo
3. Formar y desarrollar Capital Humano y Social
4. Desarrollo de Capital Físico
5. Reforma de Administración Pública.

Destaca el eje 2, "Desarrollo con justicia, Crecimiento económico y empleo" en donde entre otras cosas, se propone "cambiar el marco legal para poder sumar el ahorro privado y el social a la capacidad de las finanzas públicas", aludiéndose a un punto en donde existe un profundo rechazo de la sociedad mexicana: el de la privatización parcial o total del Sector Energético Mexicano. Esta propuesta no es casual, ni nueva, ni bien intencionada, ni busca mucho menos construir desarrollo con justicia, sino está acorde con lo planteado por los gobiernos Neoliberales de nuestro país, desde 1982, por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, después pon Salinas de Gortari, luego por Ernesto Zedillo, y ahora por Vicente Fox: Entregar nuestros recursos energéticos(Petróleo y Electricidad), a los empresarios nacionales y trasnacionales.

Más aún, este "acuerdo para la unidad nacional" está planteado por un puñado de millonarios, quienes han sido los principales beneficiarios de la política de privatizaciones de empresas públicas implementada en México desde 1982: Carlos Slim, además de Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, dueños de televisión Azteca y Televisa respectivamente, que son los principales promotores de este documento empresarial.

Como es de dominio público, el gobierno federal a partir de 1982 empezó con la política de privatizaciones de organismos públicos. Con el afán de maquillar este proceso desde aquel entonces lo llamaron "proceso de desincorporación de empresas públicas", que de acuerdo a datos del banco de México y de la Secretaria de Hacienda, de los 1155 organismos públicos que existían en 1982, el gobierno mexicano vendió más de 1000, dando como resultado que la fortuna de un grupúsculo de magnates adquirieran una serie de empresas que eran públicas a precios preferenciales, por no decir risibles, como por ejemplo:

Carlos Slim adquirió entre 1982 y 1983 Hulera el Centenario y las cadenas de restaurantes Sanborns; en 1985, compró Porcelanite, Euskady y las fábricas de papel Loreto y Peña Pobre; en 1986, la Compañía Minera Frisco y Nacional de Cobre; en 1989, Bicicletas de México. El negocio más grande y jugoso de Slim vendría en 1990, cuando el Gobierno mexicano subastó Telmex que en aquel entonces era empresa pública. Grupo Carso (Con Slim al frente) encabezó al consorcio ganador que pagó 1 mil 757 millones de dólares por la compañía. Sectores de izquierda denunciaron que había sido favorecido por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. El resultado es que su fortuna creciera enormemente, a tal grado en los últimos años aparece en la llamada lista de Forbes, que publica las fortunas de las 500 personas más ricas del planeta. Este es el último reporte de esta revista:

Los más ricos

Según la revista estadounidense Forbes, las diez personas más adineradas del mundo son:

1. William Gates, Microsoft (Estados Unidos, US$ 46,500 millones de dólares).

2. Warren Buffett, inversiones (Estados Unidos, US$ 44,000 millones de dólares).

3. Lakshmi Mittal, manufacturas (India, US$ 25, 000 millones de dólares).

4. Carlos Slim Helu, comunicaciones (México, US$ 23,800 millones de dólares).

5. Alwaleed Bin Talal Alsaud, inversiones (Arabia Saudí,US $23,700 millones de dólares).

6. Ingvar Kamprad, ventas (Suiza, US$23,000 millones de dólares).

7. Paul Allen, software (Estados Unidos, US$21,000 millones de dólares).

8. Karl Albrecht, supermercados (Alemania, US$18.500 millones de dólares).

9. Lawrence Ellison, software (Estados Unidos, US$18,400 millones de dólares).

10. Robson Walton, ventas Estados Unidos, US$18,300 millones de dólares)

Los beneficiarios de las privatizaciones en México

Como se puede observar el ascenso de Slim ha sido espectacular, para un empresario que hace poco más de quince años no era una figura nacional ni internacional, pero que gracias a la política neoliberal de privatizaciones es la cuarta fortuna mundial.

Asimismo, otros firmantes de este "Acuerdo de Unidad Nacional", como Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcarraga, María Asunción Aramburuzabala, etc., también han visto crecer sus fortunas al amparo de las privatizaciones de empresas públicas:

• Ricardo Salinas Pliego (2 mil 600 millones de dólares; María Asunción Aramburuzabala (mil 800 millones de dólares); Jerónimo Arango (3 mil 600 millones de dólares); Alberto Bailleres (2 mil 700 millones de dólares);); Lorenzo Zambrano (2 mil 200 millones de dólares); Roberto Hernández (2 mil millones de dólares); Alfredo Harp Helú ( mil 200 millones de dólares) y Emilio Azcárraga Jean (mil millones de dólares)
(Fuente: Revista Forbes, periódico la Jornada.)

Este proceso de privatizaciones le salió caro a México, como lo muestran los siguientes datos:

De los 1155 organismos públicos que existían en 1982, el gobierno mexicano vendió más de 1000, obteniendo por su venta 31,538 millones de dólares, esto incluye la venta de carreteras, bancos, aerolíneas, telecomunicaciones, etc. Lo que los mexicanos hemos tenido que pagar después, para rescatar estas empresas de la quiebra, son 109 214 millones de dólares, casi 300% más de lo que había ingresado al fisco por la venta de las citadas empresas. (datos del Banco de México).

Por otra parte, de acuerdo a cifras conservadoras del INEGI, cerca del 60% de la población mexicana, se encuentra en estado de pobreza. Situación que no va a cambiar con la firma de un "Acuerdo Nacional para la Unidad’, sino solamente con un cambio profundo en la política económica de nuestro país

Por otra parte, hay que señalar que muchas afirmaciones que se hacen en este documento denominado "Acuerdo nacional", no son más que justificaciones, del modelo económico Neoliberal, como por ejemplo las llamadas "consideraciones generales", En donde se dice :" Los recursos disponibles del sector público son y serán insuficientes para que el Estado se haga cargo de estos desafíos por si solo. Para nuestro desarrollo sostenido y sustentable, es necesario sumar los ahorros privado y social."

En este punto hay que recordarles a Slim y compañía que el problema no es la falta de recursos del sector público. Como ejemplo tenemos las auditorias realizadas en 2004 por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), a empresas públicas como CFE y Luz y Fuerza del Centro, las que arrojaron , entre otras conclusiones que los ingresos de estas dos empresas las hacía autosuficientes, por lo que no había necesidad de inversión privada en materia de generación eléctrica.

Este viejo argumento de la "falta de recursos del sector público", es el mismo que utilizó Zedillo en su iniciativa de privatización de la Industria Eléctrica en febrero de 1999; asimismo lo mismo ha argumentado Vicente Fox, al promover su iniciativa de privatización del Sector Eléctrico el 16 de agosto del 2002. Argumentos desmentidos por el Congreso de la Unión, y por expertos en la materia. Más aún, los recursos que ingresan a estas empresas, y que Hacienda recauda, se destinan para el pago de la deuda externa. Los datos del Gobierno demuestran lo anterior:

1. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, la deuda externa hace diez años era de 117 mil 600 millones de dólares.

2. La deuda externa de México al 2004 creció a 155 mil millones de dólares. Entre 1992 y 2002 México envió al exterior recursos por 135 mil millones de dólares, para pagar exclusivamente los intereses de la deuda externa.

3. Además del pago de intereses de la deuda, se efectuaron pagos de amortizaciones (compensaciones), de la deuda o pagos al capital por 152 mil millones de dólares.

4. En otras palabras, entre pagos de intereses y de capital, México erogó al exterior 288 mil millones de dólares, por compromisos de la deuda externa más de dos veces la totalidad de la deuda que hace 10 años era de 117 mil 600 millones.

Por lo tanto, mientras se siga privilegiando el pago de la deuda externa, lógicamente no habrá recursos para invertir no sólo en el Sector Energético, sino también en educación, salud y vivienda.

UNIDAD DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS

Ante esta nueva embestida privatizadora, promovida ahora por este grupo de empresarios millonarios, en su "Acuerdo para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la inversión y el Empleo" los trabajadores mexicanos tenemos la necesidad, de profundizar nuestra organización, con el objeto de delinear que modelo de Nación queremos. Un gran esfuerzo han sido los 2 Diálogos Nacionales organizados por el Frente Sindical, Campesino, Indígena Social y Popular (FSCISyP), condensando su programa en El Programa Mínimo no Negociable. Asimismo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el 30 de Agosto de este año, por acuerdo de su Asamblea General, planteo toda una jornada de actividades, con el objeto de avanzar en la lucha por la defensa del Sector Energético, de la Seguridad Social y de los derechos de los Trabajadores.

Cabe destacar que en esta Asamblea General nos hemos fijado como objetivos centrales: La derogación de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que gravaría todas las prestaciones de los trabajadores a partir del 1º de Enero de 2006; la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo privatizador que ha violentado el párrafo sexto del art. 27 Constitucional, al otorgar 355 permisos a particulares en materia de generación de Energía Eléctrica; la demanda al Gobierno Federal y al Congreso e la Unión, de un presupuesto suficiente a Luz Fuerza del Centro y a CFE, a efecto de que puedan llevar a cabo sus planes y proyectos productivos; y la elaboración de una propuesta de Nueva Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que no sólo derogue las reformas privatizadoras que hizo Salinas de Gortari a esta ley en 1992, sino que esté acorde con el texto Constitucional, tal y como lo establece el artículo 133 de la Constitución Política Mexicana, a efecto de que se le presente a la Cámara de diputados. Nuestro Sindicato debe impulsar con mucha decisión estos acuerdos, además de seguir en la defensa de los artículos 27 y 28 Constitucionales.

Hay que tener claro que en el marco de la política de alianzas que el SME ha tejido en estos años, por necesidad hemos tenido que mantener una relación política con algunos dirigentes sindicales que no buscan un modelo de Nación diferente al Neoliberalismo, sino que solamente quieren encumbrarse políticamente, valiéndose de estas alianzas. Es el caso del dirigente del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien reiteradamente ha manifestado que su prioridad es el proceso electoral de 2006. El SME debe ser muy riguroso y no permitir que Hernández Juárez nos utilice para sus fines electoreros.

Debemos recordar que en Junio de 2004, el Banco Mundial publicó una encuesta que realizó a nivel de América Latina, para valorar la opinión de los ciudadanos de esta región sobre las privatizaciones. En el caso de México el resultado fue el siguiente:

"Con base en información de empresas de demoscopía regionales, el Banco Mundial señaló que al menos tres de cada cuatro mexicanos desaprueban las privatizaciones, cifra que revela un cambio de tendencia respecto de lo que ocurría hace apenas seis años. En 1998, la incorporación del capital privado a actividades reservadas al Estado era desaprobada por 40 por ciento de la población, pero en 2000 ya era 60 por ciento y creció hasta 75 por ciento en la última muestra."

El reporte Reformando la infraestructura, divulgado por el Banco Mundial el lunes pasado en Washington, establece que "la hostilidad’ creciente a las privatizaciones "no está limitada a un puñado de manifestantes radicales". Encuestas de opinión pública en varios países en desarrollo o en transición (como se identifica a las naciones del ex bloque comunista) revelan "un creciente desencanto" hacia estas políticas, una desilusión alimentada por el despido de personas, el incremento de precios, el retraso (o ausencia) de los beneficios prometidos y el impacto de las privatizaciones en la distribución de la riqueza"

La conclusión es clara: Tres de cada cuatro mexicanos rechazamos las privatizaciones.

Queda claro que lo planteado en el "Acuerdo para la Unidad nacional", entre otras cosas no es más que un intento de los empresarios para revertir esta tendencia y culminar el proceso de privatizaciones, con el objeto de apoderarse sobre todo del Sector Energético (Petróleo y Electricidad).

En este contexto político, hacemos las siguientes

PROPUESTAS:

1. El SME debe rechazar públicamente la propuesta del eje 2 del "Acuerdo para la Unidad Nacional", que establece "es necesario cambiar el marco legal para poder sumar el ahorro privado y el social a la capacidad de las finanzas públicas.", en virtud de que esto traería como consecuencia la privatización total del Petróleo y de la Industria Eléctrica.

2. El SME debe promover en el marco del Frente Sindical, Campesino, Indígena, Social y Popular el rechazo a firmar este acuerdo que es promovido por los millonarios beneficiados por las privatizaciones, quienes quieren imponernos un modelo de Nación empresarial.

3. Es necesario que el SME, profundice su política de resistencia a la privatización del Sector Energético, y en el marco de los acuerdos de Asamblea General del 30 de Agosto de 2005, la JORNADA EN DEFENSA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, sea lo más amplia posible, con el objeto de que el rechazo de la población mexicana a las privatizaciones sea mayor.

4. Debemos exigir al Congreso de la Unión, se renegocie el pago de la deuda externa, a efecto de que haya recursos suficientes para PEMEX, CFE y Luz y Fuerza del Centro.

FRATERNALMENTE
"Por el derecho y la justicia del Trabajador"
Octubre de 2005.

David Miranda Pérez y José Manuel Pérez Vázquez
Trabajadores de base del Sindicato Mexicano de Electricistas