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Si hay algo que, en estos tiempos difíciles, ningún militante
de izquierda debe olvidar es que las acciones de ETA no conceden al gobierno
de Aznar ninguna legitimidad moral y democrática frente al problema vasco.
¿Qué crédito puede tener un gobierno que hizo todo lo que
pudo para boicotear la tregua de ETA, que se ha mostrado solidario con la política
de sangre y fuego de Putin contra el pueblo checheno, que ha sido el amigo europeo
de Pinochet y de Fujimori y que se ha negado a condenar el golpe fascista de
Franco en 1.936?
Los políticos, tertulianos e intelectualidad españolista han decidido
que el problema vasco simplemente no existe. Explican una y otra vez que los
vascos "al igual que el resto de españoles", ya tienen la Constitución
y el Estatuto. Según ellos, el único problema de Euskadi es la
existencia de un fascismo vasco cuya máxima expresión es
ETA.
Pero lo que esta cofradía oculta es que el conflicto vasco tiene más de un siglo a sus espaldas, que la lucha por las libertades vascas fue un componente fundamental de la lucha antifranquista, que la Constitución española fue votada por menos de una tercera parte de los vascos, que las encuestas han estado dando una y otra vez en Euskadi una indiscutible mayoría de ciudadanos a favor de que sean los propios vascos quienes decidan su futuro, que la clase trabajadora vasca está estructurada mayoritariamente en sindicatos nacionalistas (ELA y LAB) y que las fuerzas que se reagruparon en el demonizado Acuerdo de Lizarra exigiendo a los poderes del Estado que respetaran la libre decisión de los vascos, representaban a una clara mayoría social y política.
Se está bombardeando a la opinión pública con el argumento
de que aquí todo el mundo puede defender lo que quiera, incluida la independencia.
Pero lo que nadie dice es que dicha opción es imposible con una Constitución
que sencillamente niega al pueblo vasco el derecho a decidir ya que sólo
reconoce la soberanía española. Es también evidente que,
dados los mecanismos legales de reforma de la Constitución, los vascos
no tienen posibilidad alguna de modificarla para que reconozca el derecho a
la autodeterminación. Nadie parece recordar, además, las declaraciones
que hace escasos meses hacía Serra, el anterior ministro de Defensa:
"Si hubiera un movimiento de querer arrebatar a España una parte
de su territorio, para eso está la Constitución, que dice que
actúen las Fuerzas Armadas".
Algunos periodistas e intelectuales a sueldo del gobierno han manifestado sin tapujos que el objetivo de la actual ofensiva gubernamental es "recuperar España". A tal efecto, el gobierno, con la adhesión entusiasta de los grandes medios de comunicación, ha creado un clima de linchamiento social que convierte a cualquiera que discrepe de sus tesis en cómplice del terrorismo. Que a nadie se le ocurra plantear ninguna vía de diálogo, no ya con ETA, sino con HB o con el mismo PNV. Que a nadie se le ocurra discutir la Constitución y el Estatuto o defender el derecho a la autodeterminación porque deja de pertenecer al bando de los demócratas para pasar al bando maldito de los que dan cobertura y justificación al terrorismo. Apoyándose en este clima, el gobierno ya ni siquiera necesita pruebas para hacer detener a dirigentes abertzales y acusarlos de terrorismo y nadie sabe dónde está la frontera de la pareja Mayor Oreja-Garzón para los delitos de opinión y los de terrorismo. Quieren aprobar una serie de medidas legislativas que, si se aplican, significarán la implantación de un estado de excepción encubierto, no ya en el País Vasco sino en todo el Estado. Llama la atención que esa intelectualidad democrática que cierra filas con Aznar no haya dicho esta boca es mía.
El gobierno pretende, así, que todos los actos de violencia urbana, aunque no supongan riesgo para la vida o la integridad de las personas, queden tipificados como delitos de terrorismo y que para ellos la edad penal quede rebajada hasta los 14 años. Así, un adolescente de esta edad podría ser condenado a 10 años de privación de libertad por lanzar un cóctel molotov. Para juzgar sobre estos hechos crearán en Madrid una jurisdicción especial para el menor en la Audiencia Nacional. Quieren también crear un nuevo delito llamado de exaltación y justificación del terrorismo que, según cualificados juristas, podrá ser utilizado para perseguir opiniones políticas. La ultima medida prevista es la pena de cárcel por la interrupción por parte del público de un pleno municipal.
La enorme prepotencia de Aznar y Mayor Oreja sólo es posible porque cuentan con el servilismo de un PSOE que ha renunciado a tener ninguna política distinta de la del PP. Ahora se aprestan a apoyar las nuevas medidas legales antiterroristas, incluso después de haber reconocido que por bastante menos fue obligado a dimitir su entonces ministro del Interior, Corcuera. En Euskadi, su compinchamiento político con el PP es completo en la política de acoso y derribo del gobierno Ibarreche.
IU manifestó una clara oposición inicial a las medidas legislativas propuestas por Aznar y Mayor Oreja, identificándolas justamente con un estado de excepción encubierto.
Pero la dicha no fue larga: a los días el portavoz Alcaraz se declaraba dispuesto a "pactarlas"… ¡si se recogen las recomendaciones del Poder Judicial !! Nos duele ver a IU acobardada e incapaz de desmarcarse de la ofensiva españolista, ayudando, en consecuencia, a legitimar ante los trabajadores a un gobierno reaccionario y a un régimen monárquico que no respeta el derecho de las nacionalidades a decidir su destino. Frutos ha hecho bandera electoral del cuestionamiento del derecho de autodeterminación de los vascos y del abierto alineamiento con la política del PSOE, apoyando su moción de censura contra Ibarretxe. Ha sido bien claro: "hay que decir en estos momentos con quién estamos". Se equivoca grandemente si piensa que esta fiebre de españolismo va a beneficiar a IU. Con ello sólo gana la reacción.
Desde el punto de vista de los intereses de clase de los trabajadores no hay razón alguna que justifiquen ninguna política de unidad con Aznar. Su gobierno es el del españolismo reaccionario, los ataques a los derechos democráticos, la OTAN, las privatizaciones, la Reforma laboral, la ley de extranjería, el recorte de los salarios de los empleados públicos y la amistad con las petroleras y los oligopolios. La alianza con Aznar le sirve para reforzarse, contribuye a convertir a la clase trabajadora en carne de cañón de la derecha españolista y a desarmarla ante los ataques del gobierno y la patronal.
La crítica al nacionalismo ha de ser en primerísimo lugar al nacionalismo españolista. ¿Acaso puede funcionar un matrimonio a la fuerza? No hay otra manera de lograr la unidad de los trabajadores vascos y españoles que no sea sobre la base del derecho a la autodeterminación. Defendemos el derecho de los pueblos a la autodeterminación porque no renunciamos a la lucha por el socialismo, que únicamente es posible si se basa en la libre unión de los pueblos.
Roberto Laxe y Teo Navarro / La Haine
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