AEK acusó ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de intentar criminalizar a la coordinadora y «ahogarla económicamente» mediante la causa abierta contra AEK hace ya tres años, dentro del sumario 18/98.

En la rueda de prensa ofrecida en Bilbo, los miembros de la Comisión Nacional de AEK explicaron que, además de la decisión de Garzón de embargar los bienes de la coordinadora para hacer frente a una supuesta deuda por presunto fraude a la Seguridad Social, la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid ha ordenado el pago de la cantidad supuestamente defraudada.

Los miembros de la Comisión Nacional aseguraron que la exigencia de afrontar la misma deuda dos veces «sólo se entiende como un intento de asfixiar económicamente a AEK» y afirmaron que no existe base para esas acusaciones. En este sentido, apuntaron que la coordinadora no tiene obligación de cotizar a la Seguridad Social «porque la relación con los colaboradores no es de naturaleza laboral sino de voluntariado». Con respecto al pago del IVA a Hacienda, recordaron que la inspección de la Diputación de Bizkaia ya confirmó la ausencia de cualquier fraude.

Petición de archivo

Desde la coordinadora relacionaron esta nueva medida con «el fracaso de Garzón en su intento de criminalizar a AEK relacionándola con ETA», y exigieron el archivo de la causa por entender que «si en tres años no han encontrado ningún indicio que fundamente su acusación el caso debe sobreseerse».

Asimismo, desde la coordinadora aseguraron que «esta nueva agresión» se enmarca dentro de «la estrategia puesta en marcha por el PP en contra del euskara» y llamaron a la sociedad vasca a responder «aprendiendo y utilizando nuestra lengua», a la vez que reafirmaron su compromiso con el euskara.