Ayotzinapa: verdades y mentiras históricas

De la muerte de seis personas –entre ellas tres estudiantes asesinados a quemarropa– y decenas de heridos, por el ataque de fuerzas oficiales en Iguala, Guerrero. A un año de estos gravísimos hechos, que concitaron interminables ecos de protesta y solidaridad en todo el país y el mundo, seguimos sin respuestas: ¿qué pasó con los estudiantes y dónde están?, ¿por qué los atacaron salvajemente?, ¿quién coordinó el ataque en el que participaron policías municipales, estatales, federales y Ejército?

Pero así como la muerte y desaparición de los estudiantes de esta modesta y ejemplar escuela unió a mucha gente y movimientos desde entonces, rasgando irreparablemente el manto de ocultamiento sobre la represión y las desapariciones forzadas en México; ahora un informe de expertos independientes sobre Ayotzinapa vuelve a marcar un hito contra la impunidad, sentando un precedente único en América Latina.

El 6 de septiembre 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa (GIEI), comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe de 560 páginas, resultado de seis meses de investigación, que con extrema minuciosidad y rigor hizo añicos la llamada verdad histórica del gobierno.

Obligado por la amplia reacción nacional e internacional, distintos niveles de gobierno construyeron una versión falseada de lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre 2014, incluido que los estudiantes fueron a la ciudad a agredir un acto de la presidenta del DIF (esposa del entonces alcalde de Iguala); que el secuestro y supuesta muerte de los estudiantes fue responsabilidad de un cártel de narcotráfico y que si hubo policías eran manzanas podridas vinculadas a éste. J. Murillo Karam, entonces procurador general, dio por cerrado el caso afirmando que los estudiantes fueron quemados por sicarios en el basurero de Cocula, y sus cenizas arrojadas al río San Juan, de las que luego un instituto austriaco logró reconocer ADN de uno de los estudiantes.

La relación del gobierno con los familiares de las víctimas ha sido todo el tiempo irrespetuosa y hasta cruel, importándole siempre más el efecto mediático que informar y dialogar con ellos.

El GIEI, integrado por Alejandro Valencia y Ángela Buitrago (Colombia), Claudia Paz (Guatemala), Francisco Cox (Chile) y Carlos Beristáin (Estado español), hizo lo opuesto. Explican que se centraron en cuidar las víctimas y sus familiares, que la relación con ellos “…ha sido clave en todo el proceso. El informe trata de recoger su experiencia, porque en ella habitan muchos aprendizajes del impacto de la desaparición forzada y de la influencia que tiene el trato de autoridades del Estado y organizaciones sociales”.

Paso a paso, confrontando documentos oficiales, hablando con muchos actores a los que pudieron acceder –el Ejército se niega a ser entrevistado–, el informe demuestra con implacable rigurosidad muchos puntos que desarman la versión oficial. Documentan que fue un ataque masivo (seis muertos, 43 desaparecidos, más de 40 heridos y 80 víctimas de persecución) en nueve distintos escenarios de ataque, durante más de tres horas. Fue concertado: policía municipal, estatal, federal y Ejército monitoreaban desde horas antes, por el sistema de comunicación C-4, que estudiantes de Ayotzinapa iban en autobuses y dónde se encontraban. Curiosamente, en el registro del C-4 hay dos vacíos justamente a la hora que desaparecen los estudiantes. Todos esos cuerpos oficiales participaron agrediendo o como observadores en los ataques en uno o varios de los nueve escenarios. Testigos confirman que hubo una coordinación general y estructura de mando jerárquica en todo el operativo.

El GIEI constata que llevarse y retornar autobuses es una práctica usada por estudiantes rurales y nunca había sido reprimida de esta forma; que los estudiantes no iban armados, que no se dirigían a Iguala y lo hicieron al no poder llegar a su destino; que llegaron mucho después de finalizado el acto de la esposa del alcalde; que existía un quinto autobús que posiblemente estaba cargado de heroína y que los estudiantes tomaron sin saberlo (ese autobús fue desaparecido de las evidencias y las declaraciones iniciales de su chófer fueron muy distintas de su declaración posterior). El GIEI sugiere que el transporte de droga en autobuses de servicio público podría explicar por qué el ataque se centró en impedir que los estudiantes dejaran Iguala.

Un hito central del informe es el análisis de José Torero, técnico de renombre mundial en dinámica de fuegos, que demuestra que no pudo haber en el basurero de Cocula una pira suficiente para incinerar 43 cuerpos, lo cual requeriría 60 horas, 13 mil 330 kilogramos de neumáticos, generando una llama de siete metros y un penacho de humo de 300 metros, lo cual no fue visto por ningún vecino, además de que el intenso calor hubiera causado un incendio forestal, de lo cual no existe seña. El GIEI constató que los supuestos perpetradores de la quema fueron torturados.
Según anota Anabel Hernández, su verdadero crimen fue ser albañiles que viven cerca, pobres y sin medios para defenderse, que fueron torturados y amenazadas sus familias, para hacerlos confesar crímenes que no cometieron. (Hernández y Fisher, Proceso 13/9/15). El GIEI señala que las declaraciones de esos albañiles son contradictorias y no coinciden en tiempos, lugares y personas.

Hay muchos más datos e importantes recomendaciones en este informe histórico (http://www.lahaine.org/informe-ayotzinapa) que no nos trae los estudiantes desaparecidos, pero limpia el horizonte de mentiras y nos conforta en la búsqueda. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

* Investigadora del Grupo ETC
La Jornada