Suspenden el juicio contra el movimiento juvenil vasco por la "incompetencia" de los traductores

El primero en ser llamado a declarar ha sido Gorka Urbiola quien, como el resto de jóvenes llamados a comparecer hasta ahora, se ha negado a responder a las preguntas del fiscal y de la acusación particular, a quienes los jóvenes juzgados no reconocen. Urbiola ha declarado en castellano, y ha negado que haya sido militante de las organizaciones independentistas juveniles Jarrai, Haika o Segi, al tiempo que ha negado cualquier relación con la organización armada ETA. En respuestas a la defensa, Urbiola ha recordado que "únicamente milité en el movimimiento antimilitarista, durante la Guerra del Golfo, estando en el instituto. En consecuencia, mantuve contactos con Jarrai, al igual que con otras organizaciones populares". La siguiente en ser llamada a declarar ha sido Aitziber Pérez. La joven no ha reconocido ni a la Fiscalia ni a la acusación particular y ha respondido a las preguntas de la defensa en euskara. Cuando ha comenzado a explicar las razones para desacreditar a la Fiscalía y a la AVT, ha señalado que "su único objetivo es criminalizar a la juventud vasca". Esta afirmación ha tenido que ser repetida al menos en siete ocasiones por la joven, dado que la persona encargada no acertaba a traducirla al castellano. Posteriormente, a preguntas de la defensa, Pérez ha citado la palabra "erakunde" (organización) y una vez más el traductor se ha quedado sin poder trasladar la traducción a los presentes en la sala, hasta el punto que ha admitido no conocer el significado de esta palabra. Esta situación ha motivado la protesta de la defensa y los jueces han decidido suspender la sesión, que se reanudará pasado mañana. Observadores Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adoptado hoy por unanimidad un acuerdo que califica de "innecesaria e inoportuna" la presencia de observadores en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional española. El CGPJ adopta este acuerdo "ante el envío de los que se denominan 'observadores' por parte del Gobierno Vasco a la Audiencia Nacional para el seguimiento del juicio por colaboración con banda armada". La Comisión ha opinado sonbre "lo innecesario e inoportuno de tal medida" pues "los jueces y magistrados han venido garantizando, garantizan y garantizarán los derechos fundamentales en toda clase de juicios y no como inspiración o aspiración personal de cada uno, sino por constituir una de las causas y fines de la existencia de un poder judicial independiente". Añade que "los juicios penales en España son públicos, de manera que el control ciudadano sobre la presencia incuestionable de garantías intensas de los derechos fundamentales puede ser efectuada, a diario, por todos aquellos que tengan interés legítimo". Para el Consejo, "medidas de este tipo están más cercanas a fines de control del poder judicial o de cuestionamiento de nuestro sistema de justicia ante la opinión pública para desacreditar su labor y poner en cuestión sus decisiones, que a colaborar en el reforzamiento del cumplimiento de los derechos fundamentales". El CGPJ expresa "el pleno reconocimiento a la labor desarrollada por todos los jueces españoles y en concreto los que ejercen su función en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, así como la plena confianza en la actuación de los mismos". Por último, manifiesta que "España es uno de los países del mundo que ostenta un sistema de garantías y de tutela de los derechos fundamentales más avanzados y además forma parte de todos aquellos foros o instituciones multilaterales cuyo fin es precisamente la tutela de tales derechos". Con ello, "tanto en la esfera nacional como internacional tales derechos quedan garantizados con arreglo a los más exhaustivos estándares", concluye el acuerdo de la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados.

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