La criminalización de los menores con problemas (IV). Las empresas sacan tajada de los reformatorios

En otoño de 2006, Esperanza Aguirre inauguraba un nuevo centro de reforma en la madrileña localidad de Brea del Tajo. La apertura de este reformatorio, bautizado con el nombre de Santa Teresa de Calcuta, constataba la nueva política de masificación de los reformatorios. Este nuevo centro para "menores infractores" cuenta con 130 plazas, 120 en régimen cerrado y 10 para internamiento terapéutico. Estos números han supuesto un incremento del 30,6% del número de plazas para la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores en la Comunidad de Madrid, con lo que actualmente ascienden a cerca de 600 repartidas en los 18 centros dependientes de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).

La gestión del centro recae íntegramente en la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), bajo la supervisión de la ARRMI, y supondrá unos ingresos para la empresa adjudicataria de más de 157 millones de euros durante los próximos 15 años, periodo que dura la gestión de GINSO.

Según se puede leer en su propia página web, el fin social de GINSO es desarrollar "un proyecto que integra aspectos tan diversos como los arquitectónicos, equipamiento, mantenimiento, seguridad, procedimientos regimentales, administrativos, jurídicos, psicológicos, sociales, formativos, prelaborales y laborales".

Entramado empresarial

No es extraño comprobar que el presidente de esta asociación sin ánimo de lucro, Alfredo Santos García, encargara el proyecto y la construcción de la obra a tres empresas a las que está íntimamente vinculado. Una de ellas, Icono Consultores SA, es suya casi en su práctica totalidad. En otra, Prodos Project-Process SL, Santos posee el 9% de las participaciones sociales.

Sus socios en esta empresa son los dueños del Grupo IBADESA, la tercera compañía implicada, y la encargada de construir el centro de Brea de Tajo. Además, Santa Teresa de Calcuta forma parte del acuerdo firmado por la Comunidad de Madrid en mayo de 2006 con el Consistorio del municipio, y que se amplió a las localidades de Valdemoro y Aranjuez. Este acuerdo estableció las bases para la creación de tres nuevos centros de aplicación de medidas judiciales en régimen cerrado con capacidad mínima para 120 menores, y equipados con unidades terapéuticas.

GINSO gestiona otros tres reformatorios en Andalucía. Al menos dos de ellos, Tierras de Oria (Almería) y La Marchenilla (Cádiz), han sido construidos mediante un proceso similar, aunque en ambos casos la Junta andaluza encargó primero el proyecto de obra a Icono Consultores SA, y después cedió la gestión del centro a GINSO, la asociación sin ánimo de lucro de Santos.

Otro de los casos paradigmáticos de la proliferación de negocios en torno a la privatización de los centros de menores lo constituye la Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, que gestiona actualmente, en la región de Madrid, cuatro centros en régimen abierto y semiabierto: El Pinar, El Laurel, Los Nogales y El Pinar II. Grupo Norte, con cerca 4.000 empleados, posee una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemárketing y una ETT. La fundación, pese a pertenecer a este holding, contempla en sus estatutos el carecer de afán de lucro, requisito exigido por la Ley Penal del Menor para la gestión de estos centros. La Fundación Grupo Norte fue denunciada en febrero de 2002 por los malos tratos a que eran sometidos los menores del Centro Zambrana en Valladolid.

Varias voces de abogados y jueces como la de Félix Pantoja vienen criticando desde hace tiempo el negocio generado en torno al menor.

Cicerón Siglo XXI: el escándalo canario

Tras la entrada en vigor de la Ley del Menor, los centros de menores canarios pasaron a manos de la ONG Cicerón Siglo XXI, que los gestionó hasta julio de 2004, cuando los responsables fueron destituidos después de que el fiscal de menores requisara correas de contención psiquiátrica en tres de los reformatorios. En uno de ellos hubo incluso casos de violación. El subdirector del antiguo centro Nivaria fue acusado de haber cometido y permitido los malos tratos. Por el momento ha sido el único trabajador de un centro de menores acusado, detenido y condenado por infligir malos tratos a los chavales.

El director ingresó en prisión y la sentencia dictada por un juzgado de primera instancia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Con el recurso que presentó el trabajador ante la Audiencia obtuvo su salida de la cárcel y, pese a estar condenado, nunca volvió a ingresar en Tenerife II. Actualmente la gestión de los centros es asumida por el Gobierno canario a través de la Fundación Pública Ideo. Sin embargo, esta misma fundación reconoce que "no controla a los chicos" y cree que con la llegada de funcionarios de prisiones "se volverá al estilo carcelario de Cicerón".